El informe del Departamento de Estado sobre la Iniciativa Mérida es una burla a la intención de incluir las cuestiones de los derechos humanos en el paquete de ayuda en seguridad. A pesar de que menciona un aumento en seis veces de denuncias en materia de derechos humanos contra el ejército mexicano, la falta de procesamiento de ni si quiera un solo caso por tortura, y la continúa práctica de inmunidad militar frente a tribunales civiles—entre otros funestos indicadores—el Departamento de Estado justifica la liberación de los fondos retenidos en base a promesas vacías, en programas que aún deben aplicarse y en reformas políticas que en la práctica han tenido un impacto negativo en los derechos humanos.
La violencia relacionada con el crimen organizado en México es un problema muy serio. Así como también lo son las violaciones a los derechos humanos y la corrupción en las fuerzas de seguridad. Estos retos no tienen que verse como mutuamente excluyentes. El informe enaltece el proyecto binacional del combate a las drogas como si este fuera el único medio de confrontación con el tráfico ilícito de drogas, cuando investigaciones demuestran que las estrategias orientadas a la rehabilitación son más rentables y tienden a mejorar en vez de violar los derechos humanos. El informe ni siquiera menciona la preocupación de canalizar grandes cantidades del dinero de los contribuyentes estadounidenses exclusivamente a los militares mexicanos, a la policía y a agencias de inteligencia que en realidad exacerban la violencia, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.
La Iniciativa de tres años diseñada por la administración Bush termina en 2010. Ésta no ha sido eficaz en detener el flujo de las drogas ilícitas. Y ha fallado espectacularmente en la reducción de la violencia. El poder del crimen organizado en México se acrecienta, incluso en áreas ocupadas por las fuerzas militares apoyadas por los E.E.U.U. El Congreso adjuntó muy pocos puntos de referencia cuantificables para la Iniciativa Mérida. Al final de este ciclo el público debe exigir una completa contabilidad de los resultados, no solo las intenciones. Basado en información completa y transparente, y con la prioridad de los derechos humanos, el gobierno de los Estados Unidos debe transformar la fallida Iniciativa Mérida en un plan integral de cooperación con México—uno que equilibre la ayuda a las fuerzas de seguridad con la asistencia para crear comunidades fuertes que sean capaces de resistir la invasión del crimen organizado sin la militarización.
