El estallido social ha desnudado la imagen de bienestar de la sociedad chilena que vendía el establishment internacional, ha afectado su liderazgo regional y sus proyecciones de crecimiento económico y ha mostrado a una sociedad herida, que ha sumado temas pendientes de solución como los juicios por violación de los derechos humanos, la reparación a las víctimas de la violencia y la situación de los presos políticos.

Los refugiados mexicanos, provenientes de los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán y Guerrero, ocupan una cuadra entera cerca de la entrada del puente, a sólo algunos metros del monumento que erigió la comunidad a las víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez, conocido como La Cruz de Clavos.

Con el fin de la CICIG, pierden las mujeres y hombres honestos, los trabajadores públicos que cumplen, los políticos y funcionarios que han dado su vida por construir otro país, los empresarios que invierten y realizan sus responsabilidades, los pequeños y medianos inversionistas que no se dan por vencidos a pesar de que no pueden competir con los corruptos monopolios, los estudiantes y los trabajadores del campo.

El pasado 30 de septiembre, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso de la República amparándose en el artículo 134 de la Constitución y convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020. Con esta medida puso fin a una insostenible relación entre su gobierno y el Congreso de la República.