La reforma migratoria: La llave de la seguridad fronteriza

Puntos Clave

  • Con el nuevo marco de seguridad nacional, los migrantes son clasificados como terroristas y traficantes de drogas que amenazan la seguridad nacional.
  • La Patrulla Fronteriza estadunidense aumenta la seguridad, específicamente para combatir el contrabando de personas. Sin embargo, las medidas de seguridad más
    estrictas propician que los migrantes dependan más de los contrabandistas profesionales.
  • La construcción de una infraestructura de seguridad fronteriza, dispuesta únicamente con el fin de frenar el flujo de migrantes, se ve incrementada con la nueva retórica de política nacional.
  • El aumento en la seguridad impuesta por la Patrulla Fronteriza empuja a los migrantes hacia cruces poco seguros en el desierto y a asumir nuevos riesgos.

La misión de la Patrulla Fronteriza es fomentar la seguridad nacional de Estados Unidos evitando la entrada ilegal de personas, bienes y contrabando a través de nuestras fronteras soberanas.
Jay Ahern, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, 8 de mayo de
2003.

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 al Centro de Comercio Mundial y al Pentágono, las políticas migratorias y la seguridad fronteriza se tornaron prioridad central del gobierno del presidente estadunidense George W. Bush. El Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés), que es ahora responsable de la seguridad fronteriza a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (BCBP, por sus siglas en inglés), ha tomado ventaja del
debate en torno a la seguridad para impulsar políticas anti migrantes
en nombre de la defensa nacional. Los migrantes son ahora amontonados junto
a los terroristas y los traficantes de drogas, y la Patrulla Fronteriza–bajo
la dirección de la BCBP–impulsa agresivas políticas migratorias
para impedir el flujo de migrantes.

La Patrulla Fronteriza apuntala su personal y acelera la construcción
de infraestructura a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos, de
acuerdo a los planes fijados por la Estrategia Fronteriza del Suroeste, de
principios de los noventa del siglo pasado. Hay planes en marcha para completar
un proyecto de triples rejas en San Diego, California, y otros planes de bardeo
en algunos otros pasos de la frontera de Arizona. Lo más alarmante
es la propuesta, puesta en marcha en octubre de 2002, cuyo fin es bardear
250 millas de la frontera México-Arizona. Pese a que el plan se suspendió
debido a la intensa presión pública, la Patrulla Fronteriza
continúa sometiendo a consideración propuestas alternas con
el fin de construir partes de esta reja masiva. Todos los documentos presentados
invocan el terrorismo como una de las principales justificaciones para estos
proyectos de construcción.

La Estrategia Fronteriza del Suroeste es en realidad una serie de políticas
fallidas que fuerzan a los migrantes a pasos poco seguros del desierto, lo
que ha causado cientos de muertes en un año sin amainar la ola de migrantes
que logran entrar a Estados Unidos. El argumento del terrorismo saca ventaja
del miedo del público, con tal de combatir el problema, no relacionado,
de la inmigración ilegal.

Es más, mientras los migrantes enfrentan riesgos mayores al cruzar
la frontera suroeste debido a las más fuertes medidas de seguridad,
el gobierno culpa a los contrabandistas de migrantes de ser una de las causas
principales de muerte a lo largo de la frontera. Conocidos como coyotes, lucran
de las condiciones extremas de seguridad. Dado que la mayoría de los
que cruzan la frontera no puede alcanzar Estados Unidos por sí misma,
se ve forzada a confiar en los traficantes profesionales familiarizados con
las operaciones de la Patrulla Fronteriza y las rutas de patrullaje. La demanda
de servicios de coyotaje incrementa rápidamente conforme los migrantes
buscan la forma de eludir la seguridad reforzada que Estados Unidos pone en
operación.

El gobierno de Bush debe reconocer que la única solución
real para obtener control de la frontera suroeste es crear mecanismos legales
que permitan a los trabajadores provenientes del sur entrar en Estados Unidos.
La nación requiere un paquete integral de reformas migratorias que
encare la demanda de trabajadores y que trate en forma humana a los trabajadores
que llegan a Estados Unidos en busca de una mejor vida.

 

La nueva retórica: los
migrantes como terroristas

Casi inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001, las fronteras
estadunidenses se vieron afectadas por la nueva realidad política.
El mismo día, se prohibieron durante 48 horas todas las entradas legales
de cualquier persona que viniera de México, frenando el comercio y
evitando que la gente entrara a, o saliera de, Estados Unidos. Pese a que
las fronteras reabrieron, continúa el incremento en la seguridad de
los puntos de cruce, con el fin de disminuir el flujo continuo de personas
y bienes; los tiempos de cruce entre ciudades principales–como Tijuana-San
Diego, o Ciudad Juárez-El Paso–pueden exceder las cuatro horas en
un día cualquiera. El gobierno de Bush ha encontrado la manera de facilitar
las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos mientras justifica
el incremento en las medidas de seguridad.

Para diciembre de 2001, el gobierno articuló su nueva estrategia.
En un discurso acerca del tráfico de migrantes, el Procurador General,
John Ashcroft afirmó: "Los ataques terroristas del 11 de septiembre
le recuerdan a los estadunidenses, de la forma más dolorosa, que necesitan
defender sus fronteras, manteniéndolas abiertas a las personas pacíficas
y amantes de la libertad. Seguimos comprometidos con recibir a los migrantes
legales, pero no toleraremos violaciones a nuestras fronteras. Tendremos mucho
menos paciencia con aquellos que buscan violar las leyes migratorias de la
nación". Esta declaración articula con claridad un antes
y un después en el punto de vista gubernamental con respecto a los
migrantes: antes del 11 de septiembre había un lenguaje positivo usado
para describir a los trabajadores migratorios provenientes del sur, como se
usó en los diálogos migratorios con el presidente mexicano Vicente
Fox; ahora se describe a todos los migrantes ilegales como amenazas a la seguridad
nacional.

Una vez que el DHS absorbió toda la responsabilidad de las funciones
de control fronterizo a principios de 2003, la retórica que entremezcla
terrorismo y migración ilegal se ha desarrollado plenamente. La Nueva
BCBP fundió a los inspectores migratorios del Servicio de Inmigración
y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés), a los inspectores
en materia agrícola del Servicio de Inspección Sanitaria de
Plantas y Animales, a los inspectores aduanales del Servicio de Aduanas estadunidense
y a toda la Patrulla Fronteriza. Antes del 11 de septiembre, estas agencias
tenían responsabilidades mínimas en torno a la seguridad nacional.
Ahora, sus tareas e intenciones originales están acaparadas por la
"guerra contra el terrorismo".

En su testimonio ante el congreso, Jayson Ahern, uno de los funcionarios
principales del BCBP, asegura; "La misión prioritaria del BCBP
es evitar que ingresen terroristas y armamento a Estados Unidos. Esta misión,
extraordinariamente importante, significa mejorar la seguridad en las fronteras
físicas… En suma, la misión del BCBP incluye aprehender a
los individuos que intentan entrar a Estados Unidos ilegalmente; cortar el
flujo de drogas ilegales y otros contrabandos; proteger nuestros intereses
económicos y agrícolas de enfermedades y pestes dañinas;
proteger los negocios estadunidenses…" Aquí los migrantes no
se hallan en la lista de las amenazas terroristas que debe frenar el BCBP.
Se les enlista como la principal amenaza, antes que el tráfico de drogas
y otros bienes ilegales. Equiparar a los migrantes con la amenaza terrorista
se tornó ya práctica usual para la BCBP.

 

¿Por qué son terroristas
los migrantes?

Después de los ataques del 11 de septiembre, creció significativamente
el miedo legítimo de no saber quién estaba en Estados Unidos.
Pese a que todos los terroristas implicados en los ataques entraron a Estados
Unidos con visas legales, la sospecha de que los terroristas se escurren entre
los residentes indocumentados es entendible. Sin embargo, en vez de reconocer
que la gente entra a Estados Unidos por diferentes razones, el DHS califica
a todos los residentes ilegales de sospechosos. Dado que la vasta mayoría
de residentes ilegales son trabajadores, y la mayoría de esos trabajadores
ilegales son de origen mexicano o latinoamericano, este grupo carga con todo
el peso de la políticas del DHS.

La agencia enfoca todos sus esfuerzos sobre los traficantes de inmigrantes,
conocidos en toda la frontera suroeste como coyotes o polleros. La lógica
es que los terroristas pueden sacar ventaja de las rutas clandestinas de contrabando
de personas que utilizan los coyotes para entrar a Estados Unidos. Thomas
Homan de la Oficina de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración y Aduanas
(BICE, por sus siglas en inglés), una nueva división del DHS,
explica: "El ambiente para hacer cumplir las leyes a nivel nacional e
internacional cambió significativamente después de los ataques
del 11 de septiembre. BICE sitúa un énfasis significativo en
identificar las organizaciones de contrabando de "ajenos" que presentan
amenazas para la seguridad nacional. Este énfasis reconoce que los
terroristas y sus asociados son propensos a aliarse con algunas redes específicas
de tráfico de "ajenos" para ingresar, sin ser detectados,
a Estados Unidos. Además de la emergente amenaza terrorista, tres factores
han creado un ambiente donde los terroristas y las empresas contrabandistas
pueden combinar sus esfuerzos criminales, unos que implican riesgos importantes
a nivel nacional e internacional. Estos factores son: el creciente volumen
y sofisticación de las organizaciones criminales para explotar la corrupción
pública; los laxos controles migratorios en los países de origen
y de tránsito".

Pese a afirmar que los terroristas y los traficantes de personas tienen
el potencial de trabajar en combinación, Homan no proporciona evidencia
alguna de conexiones entre ambos grupos. Tampoco reconoce que la función
primordial de los traficantes de inmigrantes es ingresar trabajadores a Estados
Unidos. El DHS tiene aún que establecer evidencias creíbles
de vínculos entre terroristas y traficantes de personas. Pese a que
el DHS puede abrigar dudas racionales de que los coyotes sean usados por los
terroristas, dicho departamento no reconoce la dinámica subyacente
que crea la necesidad de contrabandistas de inmigrantes. Antes de que en 1993
se implementara la Estrategia Fronteriza del Suroeste, la mayoría de
los migrantes ingresaba en Estados Unidos sin ayuda, cruzando a través
de áreas urbanas principales que les proporcionaban cobertura al llegar.
Los coyotes eran un fenómeno menor, reflejado en las cuotas bajas que
cobraban–un promedio de 300 dólares.

La Estrategia Fronteriza del Suroeste busca empujar la migración
de las áreas urbanas a los enclaves rurales, a los pasos deshabitados
de la frontera, con la teoría de que los migrantes no pondrán
más riesgos a sus vidas cruzando por áreas peligrosas. A lo
largo de los últimos diez años, esta apuesta ha sido mortal
y equivocada. Las estadísticas de la Patrulla Fronteriza muestran que
en los últimos seis años, más de 2,200 personas han muerto
al entrar a Estados Unidos por el suroeste. Como tal, la demanda de coyotes
ha crecido en forma dramática. Los migrantes requieren guías
que les muestren las rutas para ingresar en Estados Unidos evadiendo la detección
de la Patrulla Fronteriza.

Las estadísticas de la Patrulla Fronteriza muestran también
que la migración no ha disminuido desde 1993: se mantiene estable.
Lo que la Patrulla Fronteriza no reconoce es que el incremento en la seguridad
fronteriza ha hecho que florezca la industria del contrabando de personas.
Mientras más controles haya en la frontera, más necesitan los
migrantes a los coyotes. De nuevo, las cuotas de los coyotes reflejan este
fenómeno: ahora cobran un promedio de 1 500 dólares por persona.

BICE afirma que una de las amenazas centrales procedentes de los contrabandistas
de personas es su "creciente volumen y sofisticación". Irónicamente,
esta amenaza ha crecido en respuesta a los esfuerzos de la Patrulla Fronteriza
por controlar la frontera. El DHS ha creado una dinámica en la cual,
mientras más se aprieta la seguridad para combatir a los coyotes, más
sofisticado se vuelve el círculo de contrabando. A la fecha, no se
reconoce que la única manera de disminuir la amenaza que implican los
contrabandistas de inmigrantes (por sus lazos potenciales con los terroristas),
es eliminar la lógica económica que hace posible su existencia.
Si los inmigrantes que buscan empleo en Estados Unidos pudieran entrar por
canales legales, las operaciones de contrabando de personas se tornarían,
instantáneamente, obsoletas.

Además de disminuir la capacidad de los círculos de contrabando
de personas, un reforma migratoria integral serviría para documentar
a los millones de residentes ilegales en Estados Unidos. Sin embargo, el DHS
sigue proponiendo soluciones irrealizables que basan su lógica en militarizar
la frontera.

 

Qué saca el DHS

Como resultado de la militarización en respuesta a la migración
ilegal, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza recibe un aumento
dramático en financiamiento para nuevas tecnologías e infraestructura,
y para contratar más personal. Su justificación para obtener
estos incrementos es siempre la ecuación entre migración y terrorismo.
Richard M. Stana, director de Asuntos de Justicia y Seguridad Interna en el
BCBP afirma, "En nuestro último informe sobre la Estrategia Fronteriza
del Suroeste, en agosto de 2001, reportamos que la Patrulla Fronteriza estimaba
que requeriría entre 11 700 y 14 mil agentes, personal de apoyo adicional,
y cientos de millones de dólares en tecnología e infraestructura
suplementaria para instrumentar plenamente la Estrategia Fronteriza del Suroeste…
sin embargo, esta estimación fue realizada antes de los ataques del
11 septiembre de 2001".

De acuerdo con datos de la petición de presupuesto del DHS, la Seguridad
Fronteriza y de Transportación requiere a grosso modo del 50 por ciento
del presupuesto solicitado por el DHS para 2004, unos 18 mil millones de los
36 200 millones de dólares propuestos. Esto es el doble de lo que recibían
sus agencias combinadas en 2002. De esta cantidad, tan sólo 6 700 millones
van al BCBP, lo que significa un incremento del 33 por ciento desde 2002.

El comisionado adjunto de la Oficina de Operaciones de Campo de BCBP explica
el incremento de los recursos. "Después de los ataques del 11
de septiembre, se han hecho esfuerzos por ‘endurecer’–evitar los cruces no
autorizados–las fronteras terrestres norte y sur. Además de aumentos
en el personal, el endurecimiento de estos puertos de entrada implica la instalación
de puertas, señales, luces y sistemas de vigilancia remota en los puertos
de entrada, muchos de los cuales se hallan en localidades alejadas."

En octubre de 2002, la Patrulla Fronteriza comenzó a someter a consideración
nuevos planes de infraestructura a lo largo de la frontera de Arizona con
México. También aceleró planes para completar un reja
triple de 14 millas en la frontera de San Diego, en el área de California.
Aunque la reja de San Diego recibió ya financiamiento, los proyectos
de Arizona requerirán financiamiento adicional, mucho más de
lo solicitado para el año fiscal 2004.

La Declaración Programática de Impacto Ambiental (EIS, por
sus siglas en inglés) proporcionada por la Patrulla Fronteriza, para
el caso de Arizona, hasta el momento sólo ha mostrado detalles de la
magnitud de la construcción propuesta. (Bajo la Ley Nacional de Protección
Ambiental estadunidense se requiere mostrar declaraciones de impacto ambiental
que evalúen el efecto de cualquier construcción gubernamental
sobre el ambiente, incluidas las comunidades humanas.) La EIS considera planes
para construir dos rejas paralelas de aproximadamente 15 pies de alto y más
de 250 millas de longitud, separadas por un camino patrullado. Las dos rejas
tendrían el fin de atrapar a los migrantes en medio, donde podrían
ser aprehendidos más fácilmente. El plan incluye más
de 800 millas de construcción y mejoramiento carretero y la instalación
de cientos de luces tipo estadio, cámaras de vigilancia remota y detectores
de movimiento en tierra. Esto es equivalente a enrejar tres cuartas partes
del estado de Arizona–la cerca más grande construida en el mundo hasta
la fecha. Creará también una de las fronteras más militarizadas
del mundo.

La EIS concluye con una discusión de "propósito y necesidad":
"Después de los ataques terroristas en suelo estadunidense el
11 de septiembre de 2001, el procurador general estadunidense enfatizó
la necesidad de prevenir el terrorismo. La Patrulla Fronteriza y el Servicio
de Inmigración y Naturalización son elementos clave para responder
a esta nueva amenaza a nuestra nación y a sus ciudadanos. La capacidad
de la Patrulla Fronteriza para asegurar la integridad y seguridad de nuestras
fronteras nacionales sería una parte integral en este esfuerzo por
frenar y prevenir el terrorismo. El despliegue de infraestructura operativa
y las estrategias tecnológicas a lo largo de la frontera con México
son elementos clave en los esfuerzos de la Patrulla Fronteriza por disuadir
e impedir que los terroristas ingresen en Estados Unidos".

Pese a que se afirma que cercar es una parte integral en la estrategia
anti terrorista de la Patrulla Fronteriza, el documento no proporciona detalles
específicos de cómo la reja encaja en tal estrategia. Sin embargo,
sí se va a los detalles específicos de cómo evitar que
los migrantes entren a Estados Unidos. Esta es otra clara indicación
de que la Patrulla Fronteriza está usurpando un discurso anti terrorista
para ir más a fondo en su trabajo anti migrantes.

La Patrulla Fronteriza retiró su declaración de impacto ambiental
de octubre de 2002 al sentir la presión pública: "La EIS
encara el peor escenario y puede verse como una salida de poca utilidad excepto
en el caso de una invasión masiva". Pese a retractarse de la EIS,
la Patrulla Fronteriza planea difundir lo que llama una propuesta "más
realista" en el verano de 2003. La carta de retractación indica
que la nueva EIS contendrá todavía propuestas de infraestructura.

Al retirar su declaración de impacto ambiental, la Patrulla Fronteriza
afirmó que nunca intentó cercar Arizona de México, pero
la agencia continúa sometiendo a consideración documentos de
evaluación ambiental que buscan llevar a cabo proyectos de enrejado
a lo largo de la frontera de Arizona. La única diferencia entre estos
documentos más pequeños y la declaración de octubre de
2002 es que en lugar de enfocarse en toda la frontera del estado, estos documentos
plantean franjas fronterizas de 20-30 millas. El efecto global es hacer más
difícil que grupos ciudadanos supervisen los planes de construcción.
También le permite a la Patrulla Fronteriza deslindarse de un proyecto
de enrejado integral mientras arma pedazos de un rompecabezas a un ritmo más
pausado.

Justo unas semanas antes de retirar su declaración integral, la
Patrulla Fronteriza emitió cuatro documentos de evaluación ambiental
que proponían nueva infraestructura en Arizona, que iban de la construcción
de cercas hasta la construcción de campamentos remotos en el desierto
de Arizona. De los cuatro documentos, la evaluación ambiental de la
infraestructura del Corredor Naco-Douglas en Arizona, deja ver que existe
un seguimiento de la estrategia planteada en octubre de 2002. En el documento,
la Patrulla Fronteriza propone la construcción de más de 22.5
millas de cerca primaria y 18 millas de enrejado secundario, casi 65 millas
de carreteras y 13 millas de iluminación permanente. La infraestructura
propuesta es prácticamente semejante a lo que discutía la declaración
de impacto ambiental de octubre de 2002. La infraestructura terminada sellaría
efectivamente la frontera completa entre naco y Douglas, y extendería
una muralla por más de 30 millas al oeste de la frontera de Arizona
y Nuevo México (incluidas las cercas ya existentes entre las áreas
de Douglas y Naco).

Al proponer esta nueva infraestructura, la Patrulla Fronteriza utiliza
el mismo lenguaje anti terrorista que uno encuentra en la declaración
de impacto ambiental (EIS) de octubre de 2002. Va incluso más allá,
al declarar que personas de 56 países diferentes fueron detenidos durante
el año fiscal de 2002 en el Sector de Tucson en operaciones de la Patrulla
Fronteriza de Arizona. No obstante, no proporciona detalle alguno de dichos
detenidos, y mucho menos evidencia de que alguno tuviera conexiones terroristas.

De igual forma, este verano la Patrulla Fronteriza intenta someter la declaración
de impacto ambiental definitiva para completar el proyecto de una triple reja
en San Diego que se interne un buen tramo en el Océano Pacífico.
Existe una reja simple que se extiende en cuarenta de las sesenta millas entre
San Diego y Jacumba, California, con huecos únicamente en las áreas
montañosas donde el terreno hace muy difícil la construcción.
El costo de construir un reja doble en San Diego ya sobrepasa los 40 millones
de dólares.

La expansión de la infraestructura propuesta, especialmente el enrejado,
a lo largo de la frontera suroeste, busca explícitamente controlar
el flujo migratorio a Estados Unidos. Todas las propuestas recientes utilizan
los alegatos del DHS afirmando que los migrantes entrañan una amenaza
peligrosa para nuestra seguridad nacional, con tal de justificar nuevos proyectos.
En un momento en que los miembros del Congreso se apresuran a mostrar sus
credenciales anti terroristas, estos proyectos reciben poco escrutinio antes
de aprobarse y así, el presupuesto del BCBP se hincha a proporciones
sin precedentes. En el debate senatorial en torno al decreto de apropiaciones
del DHS, del 22 de julio, el senador Robert Byrd, de West Virginia, presentó
incluso una modificación para proporcionarle al BCBP cien millones
más, haciendo referencia expresa a la necesidad de terminar la reja
triple en San Diego en nombre del anti terrorismo. Esta modificación
fracasó, como otras tantas enmiendas presentadas en la cámara
de diputados y senadores, que pretendían financiar aún más
al BCBP. La minoría demócrata propuso muchas de estas modificaciones
sabiendo que no pasarían, en un esfuerzo por debilitar a la mayoría
republicana, con respecto al terrorismo.

 

Una auténtica reforma
migratoria

En agosto de 2001, La Contraloría General estadunidense (GAO, por
sus siglas en inglés) hizo en el Congreso una revisión de la
Estrategia Fronteriza del Suroeste. Concluyó que los "Servicios
de Inmigración y Naturalización no habían evaluado los
efectos globales de la estrategia en torno a la entrada ilegal al país
y no ha analizado los datos claves del desempeño". Anotó

además que los efectos principales de la Estrategia Fronteriza del
Suroeste había sido desviar las entradas ilegales a Estados Unidos,
de puntos de cruce con mucho tráfico a áreas más remotas.

El estudio de la GAO fue uno de los primeros esfuerzos por revisar la efectividad
de la Estrategia Fronteriza del Suroeste y recomendar nuevos cursos de acción.
Por desgracia, con los ataques terroristas acaecidos un mes después,
todos los intentos por evaluar y revisar las políticas de control fronterizo
desaparecieron. En cambio, hemos visto como se redoblan los esfuerzos basados
en esta estrategia, así como el presupuesto y el personal. Todo lo
anterior apunta a una militarización de la frontera.

Al mismo tiempo, el diálogo positivo entre el gobierno de Bush y
el gobierno mexicano de Fox, relativo a la reforma migratoria, se cayó

de la mesa. La reforma migratoria sería el mejor curso de acción
por variadas razones.

Primero, un paquete integral de reformas migratorias que legalizara a la
población actualmente indocumentada en Estados Unidos y que proveyera
con medios legales de entrada a los futuros migrantes, serviría los
propósitos de la inteligencia estadunidense, pues proporcionaría
datos concernientes a millones de residentes invisibles en el país.
Segundo, una reforma migratoria integral aminoraría la carga que hoy
tiene la Patrulla Fronteriza, pues canalizaría la vasta mayoría
de migrantes a través de puertos legales de entrada. Esto liberaría
a la Patrulla Fronteriza, lo que haría posible que monitoreara la frontera
en busca de genuinas actividades terroristas. Tercero, una reforma que proporcionara
ingreso legal al país eliminaría la industria del coyotaje,
pues le cortaría su fuente de recursos, lo que despejaría los
temores del gobierno de que las redes de contrabando de personas pudieran
ser utilizadas por los terroristas. Lo más importante es que le daría
a los migrantes la opción de entrar al país sin tener que incurrir
en travesías peligrosas a través del desierto del suroeste,
reduciendo las cientos de muertes anuales de migrantes.

Ya hay movimiento en el Congreso para renovar el debate en torno a la reforma
migratoria. En julio de 2003, cuatro republicanos propusieron dos programas
de trabajadores invitados para atajar este problema. El senador John McCain,
junto con el representante Jim Kolbe y el representante Jeff Flake (los tres
de Arizona) propusieron un plan para legalizar los actuales migrantes en Estados
Unidos y establecer un sistema para manejar el asunto de los nuevos migrantes.
También el senador Jon Cornyn (de Texas), propuso un programa menos
extensivo de trabajadores huéspedes. Aunque estas propuestas son el
primer paso para renovar en el Congreso el asunto de la reforma migratoria,
no han recibido aún el apoyo del gobierno de Bush ni de muchos miembros
del Congreso.

Sin embargo, haberlas planteado trae esperanza, por lo menos en lo que
respecta a los migrantes, y hace posible que la retórica anti terrorista
comience a amainar y se debatan soluciones sensatas. Estos debates deben alentarse
y sería bueno impulsar propuestas alternativas. Por encima de todo,
los miembros del Congreso necesitan escuchar de toda su base electoral que
el actual estado de cosas es inaceptable y que es prioridad nacional una reforma
migratoria.

En la guerra contra el terrorismo, los migrantes son bajas invisibles.
Cientos de muertes pasan desapercibidas para el público estadunidense,
como también es invisible el hecho de que los migrantes lavan nuestro
autos, limpian nuestros hoteles, construyen nuestros edificios, cuidan a nuestros
ancianos y ejecutan incontables tareas que impulsan nuestra economía.
Muchos más migrantes morirán probablemente este año al
intentar ingresar en Estados Unidos que soldados estadunidenses en la invasión
de Irak. La guerra contra el terrorismo cambió la forma en que considerábamos
la seguridad al interior de nuestras fronteras. Es hora de que separemos las
amenazas reales de las ficticias y enfoquemos nuestra energía a soluciones
efectivas si hemos de ganar esta guerra.

Notas:

  1. Testimonio de Jayson
    P, Ahern, comisionado adjunto, Departamento de Operaciones de Campo, de la
    Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Audiencia judicial del
    Comité Camaral: "America’s Response to Terrorism: Use of Immigration-Related
    Tools to Fight Terrorism." ("La respuesta estadunidense al terrorismo:
    el uso de instrumentos de migración relacionados con el combate al
    terrorismo"), 8 de mayo de 2003.
  2. Transcripción
    del Departamento de Justicia. "Attorney General Ashcroft Announces Results
    of Operation Great Basin" ("El procurador general Ashcroft anuncia
    los resultados de la Operación Gran Cuenca") 10 de diciembre de
    2001.
  3. Testimonio de Jayson
    P, Ahern, comisionado adjunto, Departamento de Operaciones de Campo, de la
    Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Audiencia judicial del
    Comité Camaral: "La respuesta estadunidense al terrorismo: el
    uso de instrumentos de migración relacionados con el combate al terrorismo",
    8 de mayo de 2003.
  4. Ibidem.
  5. Testimonio de Thomas
    Homan, Agente Especial Asociado Interino a Cargo, San Antonio, Texas. Oficina
    de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración y Aduanas. Comité
    Camaral de Audiencia Judicial: "Alien Smuggling." ("Contrabando
    de Ajenos"), 24 de junio, 2003.
  6. Tayler, Letta. "Desperation
    Fuels Sophisticated Networks of Human Smugglers", ("La desesperación
    aviva las redes sofisticadas de contrabandistas de humanos"), Christian
    Science Monitor
    , 20 de julio de 2003.
  7. Ibidem.
  8. Testimonio de Richard
    M. Stana, director de Asuntos de Seguridad y Justicia Interna, BCBP. Audiencia
    del Comité Camaral sobre Seguridad Interna, en "Challenges Facing
    the Department of Homeland Security in Balancing its Border Security and Trade
    Facilitation Missions", ("Retos que encara el Departamento de Seguridad
    Interna1para equilibrar la seguridad fronteriza y la misión de facilitar
    el comercio"), 6 de junio de 2003.
  9. Departamento de Seguridad
    Interna, Resumen del Presupuesto. www.dhs.gov/interweb/assetlibrary/FY_2004_Budget_IN_BRIEF.pdf
  10. Testimonio de Jayson
    P, Ahern, comisionado adjunto, Departamento de Operaciones de Campo, de la
    Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Audiencia judicial del
    Comité Camaral: "La respuesta estadunidense al terrorismo: el
    uso de instrumentos de migración relacionados con el combate al terrorismo",
    8 de mayo de 2003.
  11. Borrador de la declaración
    de impacto ambiental programático de las actividades de la Patrulla
    Fronteriza estadunidense en las áreas fronterizas de los sectores de
    Yuma y Tucson, Arizona. Preparado por la Patrulla Fronteriza estadunidense
    y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadunidense, octubre de 2002.
  12. Ibidem.
  13. Carta de William Fickel,
    junior, Jefe de la División de Ambiente, Planeación y Regulación
    del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadunidense, Distrito de Forth
    Worth, 13 de junio de 2003.
  14. Borrador de la evaluación
    ambiental suplementaria para la infraestructura en el Corredor Naco-Douglas
    de la Patrulla Fronteriza, en el condado de Cochise, Arizona. Preparado por
    la Patrulla Fronteriza y el Cuerpo de Ingenieros estadunidense, mayo de 2003.
  15. Ibidem.
  16. Registros del Congreso
    de Estados Unidos. Debate senatorial relativo al decreto de expropiaciones
    del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés),
    senado estadunidense, 22 de julio de 2003, p. S9686.
  17. Informe de la Contraloría
    General a los Comités del Congreso. "INS’ Southwest Border Strategy
    Resource and Impact Issues Remain After Seven Years" ("Asuntos de
    impacto y recursos en la Estrategia Fronteriza del Suroeste tras siete años"),
    agosto de 2001. Report GAO-01-842.

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