Costa Rica es el único país potencialmente miembro del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC) que todavía no lo ha ratificado. Y la apuesta del movimiento popular y social es a mantener esta situación.

Después de una corta negociación a lo largo de 2003, los gobiernos de Centroamérica y Estados Unidos (posteriormente también República Dominicana) suscribieron este acuerdo, parte de la estrategia del gobierno de Bush para imponer por la vía bilateral la profundización del libre comercio, que no ha logrado resolver en espacios multilaterales como la OMC o el ALCA. Esto ha desatado una enorme discusión en todo el territorio nacional y una articulación popular diversa y creciente, que cuestiona la esencia misma del modelo económico promovido desde el Norte y busca abrir puertas para un modelo de desarrollo más congruente con la historia costarricense y las necesidades de los países del Sur. Junto con la rígida posición del gobierno que pretende imponer el TLC a toda costa, el año 2007 se perfila como definitorio para el futuro de este país centroamericano.

De dónde partimos

A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, donde se aplicó casi literalmente el Consenso de Washington desde hace años, en Costa Rica la inversión pública en servicios sociales y en sectores estratégicos de la economía ha sido un factor determinante para tener una calidad de vida relativamente mejor que la que tienen otros países hermanos: hablamos de un país sin ejército, que invirtió en salud, seguros y educación, en energía y telecomunicaciones, durante los años en que Centroamérica se desangraba en guerras civiles por derechos humanos básicos. El índice de desarrollo humano costarricense es de 0.838 (ocupa el lugar 47 en todo el mundo), el índice de pobreza se mantiene alrededor del 20% desde hace quince años (no disminuye, pero tampoco aumenta), el analfabetismo es apenas del 7.4%, el desempleo (abierto) ronda el 6%, y la cobertura del seguro de salud abarca aproximadamente a un 82% de la población. La cobertura del agua potable es de 75.7% y de 98.3% para la electricidad, la densidad telefónica es de casi el 60% y la red de Internet se extiende por todo el país; se cuenta además con unas de las tarifas más bajas en el continente para la electricidad, telefonía fija, celular e Internet.1 Esto ha sido posible en el contexto de un Estado Social de Derecho respaldado constitucionalmente, que garantiza que ciertos servicios estratégicos puedan ofrecerse desde el Estado, bajo una lógica solidaria y con amplia cobertura, independientemente de la capacidad adquisitiva de las familias.

Marcha la sociedad civil en contra del TLC con Estados Unidos.

Sin embargo los Programas de Ajuste Estructural, en los años 80, marcaron el inicio de un viraje sostenido de este modelo. En los últimos 25 años y a pesar de sus efectos negativos para la mayoría de la población, el proyecto neoliberal ha ido ganando espacio con la implementación de un Estado con menor intervención en la economía nacional, que cede espacio al libre mercado como regulador de las relaciones no sólo económicas sino también sociales, políticas y culturales. Esta tendencia se ha expresado en un importante deterioro de la institucionalidad pública, a través de límites a la inversión, corrupción e impunidad, y una enorme presión por el traslado paulatino de actividades al sector privado bajo la idea de que lo público es ineficiente y se requiere, por lo tanto, que la iniciativa privada se haga cargo directamente de servicios que hasta ahora han estado en manos del Estado como administrador del interés colectivo.

Otro elemento importante ha sido la apuesta casi exclusiva a las exportaciones y a la inversión extranjera directa como mecanismos dinamizadores de la economía (en detrimento de políticas públicas dirigidas a pequeñas y medianas empresas o al crecimiento del mercado interno). Sin embargo estas actividades han crecido al mismo tiempo que el desempleo y han demostrado su incapacidad para generar o distribuir riqueza, en razón de sus prácticamente nulos encadenamientos fiscales, productivos o sociales con la economía nacional.

La concentración de la riqueza viene aumentando de forma sostenida en el país: entre 1988 y 2005 los ingresos del 20% de la población más pobre cayeron un 13.9%, y los del 20% más rico aumentaron un 67.9%. En cuanto al empleo, el sector informal sigue siendo el de mayor aumento cada año (absorbió el 65% de los nuevos empleos en 2005), lo que se refleja en un deterioro en la calidad de las condiciones de trabajo para la mayoría de las personas en el país. En este contexto, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos expresa la consolidación de una tendencia que no es nueva y que ya ha demostrado sus enormes limitaciones para generar un sistema sustentable, solidario y justo. Con el TLC, eso sí, esta tendencia se convertiría en permanente y prácticamente en la única vía de