5 años de impunidad y lucha en el caso de Jaime Enrique Gómez, escrito por su hija

Nota de Redacción: Este ensayo forma parte de una serie de artículos del Progama de las Américas sobre la crisis de derechos humanos en Colombia y su relevancia para el debate actual sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el Congreso de los Estados Unidos.

Mi padre, Jaime Gómez, fue desaparecido el 21 de marzo de 2006 cuando se encontraba realizando su caminata matutina por los cerros situados en el centro de Bogotá. Hoy hace 5 años recibí solo sus restos, luego de un largo mes de buscarle con vida. Desde entonces mi vida, así como las del resto de la familia y amigos cercanos, se transformaron radicalmente.

La historia que conocía en la vida de otras mujeres en Colombia apareció ante mis ojos como mi propia realidad. Entonces tuve que enfrentarme a la tristeza de perderle, al miedo que genera la desaparición forzada, a la rabia que la impunidad y las injusticias que ocurren permanentemente en nuestro país generan, y a la incertidumbre por mi propia situación de seguridad. Mi hermano y yo perdimos un padre, un amigo y un maestro; mi abuela, su hijo mayor– dolor del que no ha podido recuperarse–; su esposa, a un compañero de vida; mientras que el resto de la familia, sus amigos y el país no solo perdieron a un buen ser humano, sino a un intelectual y un comprometido con otra Colombia.

Para marzo de 2006 mi padre se desempeñaba como asesor de la Senadora Piedad Córdoba. Además de ser asesor político, era historiador, politólogo y dirigente sindical. Fue sindicalista de la Empresa de Teléfonos de Bogotá desde la década del setenta por cerca de veinte años, en donde se desempeñó en varios periodos como presidente del Sindicato. Fue promotor de la creación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Concejal de Bogotá en la década del noventa, y docente de diversas universidades en la capital.

Al momento de su desaparición ocurrieron otros hechos en distintas partes del país, que dan cuenta de una serie de intimidaciones a Poder Ciudadano, el grupo político liderado por Piedad Córdoba dentro del Partido Liberal.

Desde su desaparición, la familia activó todos los mecanismos consagrados por el Estado colombiano en casos de desaparición forzada, asimismo, buscamos reunirnos con distintas dependencias del Estado para exigir su búsqueda con vida. Dentro de estas reuniones tuvo lugar una con el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, quien planteó que la desaparición de mi padre podría haber sido ejecutada por grupos de ultra derecha antichavistas; reductos de grupos paramilitares que se encontraban en proceso de reorganización en el Bloque Capital; y/o Inteligencia del Ejército y/o la Policía. Información recolectada por la familia durante la desaparición de mi padre corroboraban estas hipótesis.

Por ejemplo, mi padre visitó Suacha – una ciudad a las afueras de Bogotá – haciendo campaña para la elección al  senado de la candidata Piedad Córdoba,  días después de su visita, paramilitares circularon información planteando que no querían ver en la zona a nadie del equipo de la Senadora haciendo campaña. Durante la desaparición de mi padre, la Senadora Córdoba recibió una llamada anónima en la que se planteaba que mi padre estaba retenido en una guarnición militar. El relacionamiento intimidatorio que distintas dependencias del Estado establecieron con la familia, así como las irregularidades que ocurrieron, nos han llevado a pensar en el involucramiento de algunos de ellos en las violaciones de derechos humanos de las que fue objeto mi padre. El primer Fiscal de la investigación, quien determino que efectivamente se trataba de un homicidio, estaba avanzando en las hipótesis relacionadas con la acción de paramilitares y grupos de ultra derecha.

Durante todo el proceso de su búsqueda fue visible la inoperancia del Estado, la negligencia por parte de funcionarios e instituciones, además de irregularidades que daban cuenta de la no garantía y respeto de los derechos humanos de mi padre, de nosotros como familiares y de los copartidarios de Poder Ciudadano. Los interrogatorios de autoridades como la SIJIN y el Gaula del Ejército (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) estuvieron más dirigidos a presionar a la familia que a recolectar información pertinente para el hallazgo con vida de mi padre. El tono de esas “entrevistas” se caracterizaba por ser acusatorio y tendiente a culpabilizarlo a él de su desaparición o a formular una hipótesis de auto desaparición. Este tipo de actitudes, además de otras que han acompañado la historia de mi padre luego de su desaparición, las sentimos como violencia o intimidación psicológica.

En las interlocuciones con instituciones del Estado fue común que no se valorara la desaparición de mi padre como desaparición forzada. Para nosotros como familia ha sido de suma extrañeza que el perfil de dirigente social de mi padre, las labores realizadas con Piedad Córdoba, los otros hechos que ocurrieron el mismo día de su desaparición en el país, las evidencias que se iban acumulando, no fueran tenidas en cuenta. Las instituciones del Estado, pese a estar obligadas a trabajar coordinadamente en casos de desaparición forzada no lo hicieron, al tiempo que no hubo celeridad en la recolección de datos, testimonio de los testigos y búsqueda de mi padre.  Esta actitud de negligencia fue común no solamente en el momento de la desaparición, sino también durante el levantamiento del cadáver y en los casi cerca de cinco años que lleva abierta la investigación.

Los restos de mi padre se encontraron el 23 de abril de 2006, un mes y dos días después de su desaparición, en una zona en la que se había buscado previamente con cuerpos especializados y por la cual mi padre no transitaba. Para nosotros como familia esto da cuenta de un traslado del cuerpo del lugar en el cual fue asesinado a la zona del Parque Nacional, con el objetivo de seguir desvirtuando la desaparición forzada. De nuevo como nos es común, se presentaron serias irregularidades en el levantamiento del cadáver, su traslado a Medicina Legal y la información que se difundió por los medios de comunicación. De alta preocupación fueron las aseveraciones del Director de Medicina Legal, Máximo Duque, quien insistió a la prensa que lo de mi padre se trataba de un accidente. Mientras el planteaba esto, expertos forenses contactados por la Comisión Colombiana de Juristas – representantes de la familia – concluían que se trataba de un homicidio con arma contundente.

Días después de enterrarlo, el entonces presidente Uribe en defensa del TLC en Estados Unidos, dijo a Senadores Demócratas que lo sucedido con mi padre había sido un accidente y que tenía como demostrarlo. Desde entonces las irregularidades en Medicina Legal aumentaron, al punto que la entrega de exámenes cruciales para la investigación que corroboraban el homicidio, la tortura, el traslado del cuerpo de un lugar a otro, y el tiempo de muerte, se demoraron demasiado tiempo sin ninguna justificación. En octubre de 2007, la Fiscalía reconoció públicamente que mi padre fue asesinado.

Otros acontecimientos violentos del país ocurridos durante el mismo tiempo, recibieron un trato mas expedito que el de mi padre. Por el mismo tiempo fue asesinada la hermana del ex presidente Gaviria. Fiscalía en un tiempo corto estableció los móviles y los responsables. Para lograr esto ofreció una recompensa que sobrepasada de manera exagerada la ofrecida por información relativa a la desaparición de mi padre. Mientras nosotros esperamos mas de dos años los exámenes de entomología y botánica para establecer tiempo y lugar del asesinato de mi padre, cuando los diputados secuestrados por las FARC fueron encontrados muertos, estos mismos exámenes se realizaron en un tiempo record de menos de dos días.

Podría seguir relatando una serie de irregularidades que configuran un cuadro de impunidad que con el paso del tiempo se consolida. Pese al reconocimiento oficial de que que mi padre fue asesinado en 2007, para marzo de 2011 el sexto Fiscal asignado al caso considera que debe empezar una investigación de cero. Se siguen ignorando las causas políticas del asesinato, incluido el hecho de que mi padre aparece en las listas del Departamento de Seguridad del Estado, DAS, en las cuales se identificaban personas de oposición política que debían ser objeto de seguimientos ilegales.

Es alarmante que cinco años después, el sistema de justicia de Colombia y la manera como funciona la impunidad pongan en duda no solo que mi padre fue objeto de desaparición forzada, sino su carácter de victima de la violencia en Colombia y de esa manera nuestro carácter de víctimas sobrevivientes. Vemos con alarma como la desaparición forzada muta, de tal manera que los restos de los desaparecidos aparecen pero nunca emerge el reconocimiento del crimen, y con ello se desaparece el reconocimiento jurídico y simbólico del hecho. De esa manera es mas fácil plantear que en Colombia la situación en relación a los derechos humanos ha mejorado, pues lo que se hace es negar la existencia de profundas violaciones a la integridad humana y al derecho de protestar.

Esto es más evidente cuando como su hija, he sido objeto de manera sistemática de intimidaciones, seguimientos y hostigamientos, los cuales me llevaron a abandonar el país luego de amenazas escritas de las Águilas Negras en marzo de 2008. Cada vez que visito mi país recibo llamadas intimidatorias en casa de mi madre, o se me hace saber de seguimientos por parte de distintas instituciones del Estado y particulares. De manera asombrosa cuando devuelvo llamadas que he recibido a mi casa me contestan de instituciones como la Fiscalía, el Gaula, la Policía. En mi caso, desde la dignidad de una hija que ha perdido violentamente a su padre, lo único que busco es mantener el derecho a la verdad y la justicia por crímenes que en llamadas democracias no deberían ocurrir.

Diana Gómez, hija de Jaime Enrique Gómez Velásquez, Colombiana, y es integrante de la organización Hijos e Hijas por la memoria y Contra la impunidad. 

 

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