El 16 de mayo, un grupo de sobrevivientes de una masacre, provenientes de uno de los barrios más pobres de Haití, le dieron al mundo una lección sobre persistencia. Después de luchar durante 14 años en búsqueda de justicia en las cortes de Haití y Estados Unidos, las cortes les dieron $400,000 dólares como compensación de los daños sufridos en la Masacre de Raboteau del 22 de abril de 1994. El valor de las víctimas y su insistencia por usar la justicia formal también deberían ser una lección para su propio gobierno, dado que Haití sigue teniendo problemas con una nueva transición democrática.
El dinero de las víctimas de Raboteau salió de las ganancias de la lotería del estado de Florida del Coronel Carl Dorélien, quien era miembro del alto comando militar durante la dictadura de facto de 1991 a 1994 en Haití. Dorélien escapó de Haití en 1994, cuando la democracia fue restablecida, y después ganó más de tres millones de dólares con un boleto afortunado en 1997. Este dinero no hará ricas a las víctimas. Fue dividido entre 97 personas, y sin duda será dividido cientos de veces más entre los miembros necesitados de familias, vecinos y amigos. La mayoría de las víctimas seguirá despertando cada día en pequeñas y sobrepobladas viviendas sin agua corriente. Saldrán a las calles de Raboteau, que están inundadas con agua del drenaje durante la estación de lluvias, y que carecen de árboles para tapar el sol. Sin embargo, el dinero será de ayuda, especialmente ahora que Raboteau y el resto de Haití sufren por la crisis mundial de alimentos. Más importante aún, por el resto de sus vidas, las víctimas podrán decir que le dieron a su país y al mundo una lección acerca de pelear por la justicia, al haber ganado tres demandas sin precedentes en dos países.
Desde hace 14 años, el progreso en la lucha por la justicia de las víctimas de Raboteau ha sido un buen indicador del progreso de Haití para establecer una democracia. Mientras los gobiernos democráticos de Haití (1994-2004) establecían un Estado de Derecho y reformaban el corrupto sistema judicial del país, el caso Raboteau progresaba. Bajo la dictadura de facto y el anticonstitucional Gobierno Interino de Haití (IGH, 2004-2006), apoyado por Estados Unidos, el caso se detenía o retrocedía.
La Masacre
El 22 de abril de 1994, la Armada de Haití y sus aliados criminales descendieron en Raboteau, antes del amanecer. Este barrio era la única comunidad que seguía protestando abiertamente en contra de la deposición del gobierno democrático de Haití en 1991. Los atacantes estaban determinados a terminar con Raboteau, así que los rodearon por tierra y por mar. Saquearon casas, golpearon a los hombres, mujeres y niños y dispararon a aquellos que intentaron escapar. Nadie sabe cuántas personas murieron—a los familiares se les impidió recuperar los cuerpos, así que muchos fueron arrojados al mar, o enterrados en tumbas poco profundas en la playa. Pero los sobrevivientes estaban tan aterrados que todo el vecindario (tal vez 4,000 personas o más) huyó.
La lucha por justicia en Haití
Las víctimas no se quedaron calladas. Por el contrario, respondieron a la ilegal brutalidad del régimen iniciando quejas con la justicia local para la paz, nombrando a los perpetradores de los actos. Esta acción fue valiente, casi temeraria: los militares podrían haber confiscado las quejas y buscado a sus autores.
La probabilidad de que estas quejas fueran tomadas en cuenta por el sistema de justicia mientras el régimen de facto siguiera en el poder era nula. Seis años después, Roland Paphuis, el fiscal de gobierno en tiempos de la masacre, fue cuestionado sobre por qué no le dio seguimiento al caso en abril de 1994. Él citó el proverbio: konstitisyon se papye, bayonet se fe (la Constitución es papel, una bayoneta es de acero). Las víctimas tenían el derecho constitucional de perseguir su caso; Paphius tenía la obligación legal de ayudarlos. Pero cualquiera que llevara a soldados ante la corte bajo esa dictadura se arriesgaba a ser encarcelado o asesinado.
El régimen de facto fue expulsado por una fuerza multinacional en septiembre de 1994, y un gobierno constitucional, dirigido por el Presidente Jean-Bertrand Aristide, fue restablecido. El gobierno hizo de la justicia para las víctimas de violencia política una prioridad: una Comisión de Verdad y Justicia fue establecida, además de equipos especiales de policía que investigaban los crímenes motivados por causas políticas. El gobierno también le dio su apoyo al Bureau des Avocats Internationaux (BAI), una oficina legal de interés público, atendida por abogados haitianos e internacionales, que llevó la representación de las víctimas de Raboteau.
El gobierno restablecido y su sucesor, dirigido por el Presidente René Préval (1996-2001), también hicieron grandes e importantes mejorías de raíz al sistema de justicia. Los abogados y jueces que habían estado colaborando con las políticas de represión de régimen de facto fueron reemplazados con oficiales nuevos, muchos de los cuales recibieron entrenamiento en el extranjero o en la nueva Academia Judicial de Haití.
Las víctimas de Raboteau siguieron impulsando su caso por todos los medios que estaban a su alcance. Interpusieron nuevas quejas y testificaron en las audiencias previas al juicio. También presionaron a los oficiales de la justicia y mantuvieron su lucha a la vista pública a través de manifestaciones, conferencias de prensa, campañas para escribir cartas e incluso canciones.
En un principio, el sistema de justicia de Haití, después de tantos años de dictadura, no estaba listo para enfrentar el reto de las víctimas de Raboteau. Los jueces y fiscales no estaban acostumbrados a suministrar justicia a los pobres: incluso insistían en hablar en francés en la corte, cuando solamente la elite en Haití lo habla, a diferencia del Creole Haitiano, que es hablado por todos. Las instalaciones de las salas en las cortes, así como los materiales básicos, eran inadecuados—muchas cortes carecían de textos legales básicos, e incluso de hojas de papel. Así que el caso iba avanzando muy lentamente.
Las víctimas siguieron luchando, y mientras más tiempo estaba la democracia en Haití, más mejorías había en el sistema de justicia. Los nuevos y mejor entrenados jueces y fiscales perfeccionaron sus habilidades en el trabajo, al poder ejercer dentro de un sistema de justicia democrático por primera vez. Se construyeron nuevas cortes. El Presidente Préval creó una oficina especial para apoyar a las víctimas de Raboteau y organizar la logística de los juicios.
Un "gran paso adelante"
Para cuando el caso de la masacre de Raboteau alcanzó juicio en septiembre de 2000, Haití ya había disfrutado de seis años continuos de democracia. El sistema de justicia fue capaz de proveer un juicio que fue superior a todo lo que cualquiera hubiese creído posible cuando las quejas fueron interpuestas. Después de seis semanas de juicio, la corte encarceló a 53 personas, incluyendo a los líderes de la dictadura, por asesinato y otros crímenes. La corte también resolvió en un juicio civil la compensación por mil millones de Gourdes Haitianos (alrededor de 28 millones de dólares).
Marjorie Cohn, una profesora de derecho internacional, y Presidente del Gremio de Abogados Nacionales, se refirió al juicio de Raboteau en Haití como "uno de los casos más importantes de derechos humanos del continente americano". Adama Dieng, el Experto Independiente en Haití de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le llamó "un gran paso adelante" para Haití. Grupos nacionales e internacionales de derechos humanos encontraron que el caso fue justo tanto para los acusados como para las víctimas. El juicio fue transmitido por televisión nacional y radio, y las personas en todo Haití pudieron ver cómo el sistema de justicia podía ser usado por los pobres para defender sus derechos constitucionales en contra de los ricos y poderosos.
Pero el sistema de justicia no fue capaz de poner sus manos sobre los más altos líderes de la dictadura (o su dinero) dentro de Haití. Los tres miembros más importantes de la junta que gobernaba habían huído a Panamá y Honduras anticipando el restablecimiento de la democracia en 1994. Otros huyeron a Estados Unidos, incluyendo a casi todo el Alto Mando de la milicia y a Emmanuel Constant, el líder del conocido escuadrón de la muerte FRAPH. Todos estos líderes habían sido sentenciados in absentia en el juicio haitiano. Aunque tenían derecho a un nuevo juicio al regresar a Haití, los sentenciados in absentia eran sujetos de arresto inmediato y estaban obligados a cumplir los términos del juicio civil.
Peleando por la justicia en los Estados Unidos
La lucha de las víctimas de Raboteau siguió a los líderes de la dictadura hasta Estados Unidos. Abogados del Bureau des Avocats Internationaux trabajaron con grupos de derechos humanos en Estados Unidos, así como con oficiales de inmigración para localizar y deportar a los fu j itivos de la justicia. Tres miembros del Alto Mando, incluyendo al Coronel Dorélien, fueron deportados en los siguientes tres días para enfrentar cargos. Uno de ellos, un Mayor-General, es el oficial militar con el mayor cargo jamás deportado por Estados Unidos para enfrentar cargos de derechos humanos.
El Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA por sus siglas en inglés), con base en San Francisco, interpuso dos demandas legales en nombre de las víctimas para recuperar las ganancias de la lotería de Dorélien. La primera, en la Corte Federal en Miami, fue interpuesta bajo el "Alien Tort Statute", una ley que ha sido usada en contra de violadores de los derechos humanos provenientes de El Salvador, Guatemala, Argentina y otros países. El segundo caso fue interpuesto en la Corte Estatal de Florida, para lograr el cumplimiento del juicio civil haitiano.
Un "gran paso hacia atrás" en Haití, un paso adelante en Estados Unidos
Mientras tanto, Haití sufrió otro golpe de estado en febrero de 2004, esta vez con participación activa de Estados Unidos, Canadá y Francia. Miles murieron en la violencia política de los dos años siguientes, cientos de personas a favor de la democracia fueron ilegalmente encarceladas. La nueva dictadura, conocida como el Gobierno Interino de Haiti (IGH por sus siglas en inglés), ferviente por borrar el precedente de que los dictadores podían ser tomados como responsables por sus actos, sistemáticamente desmanteló la decisión de Raboteau. Todos los que estaban en la cárcel fueron liberados. El juez fue golpeado. A una de las víctimas que había testificado durante el juicio le dispararon poco después del golpe de estado. A otros dos les incendiaron sus casas, perdiendo lo poco que tenían.
El IGH también hizo otros grandes ataques a las reformas a la justicia del gobierno democrático. Muchos de los jueces y fiscales que habían sido entrenados con anterioridad fueron forzados a renunciar y reemplazados con amigos del régimen. Las cortes en Haití se convirtieron nuevamente en un instrumento de represión, mientras que las cárceles se llenaban de los opositores políticos del IGH. Cuando el régimen no estuvo de acuerdo con una resolución de la Suprema Corte, ilegalmente despidió a la mitad de los jueces y los reemplazó con aliados suyos, escogidos especialmente.
En lo que Amnistía Internacional llamó "un gran paso hacia atrás", en mayo de 2005, la Suprema Corte del régimen revocó algunos de los encarcelamientos de Raboteau, usando las mismas bases legales que la Suprema Corte, la Corte de Apelaciones y los expertos internacionales habían rechazado unánimemente en 1999, bajo los gobiernos democráticos.
Las víctimas tuvieron mayor éxito en sus batallas en EEUU. En 2006, una Corte Estatal de Florida encontró que el juicio civil haitiano era legal y se podía hacer cumplir en los Estados Unidos. Ésta fue una de las primeras veces que una corte en EEUU ha hecho cumplir una sentencia de derechos humanos extranjeros. El caso de Florida es especialmente histórico porque demostró que el tan criticado sistema de justicia en Haití podía responder de acuerdo a la ocasión y llevar un caso complicado, cuyo resultado satisfizo los estándares de Estados Unidos.
Un año después, el caso de la Corte Federal se fue a juicio en Miami, en nombre de las víctimas de Raboteau y de Lexiuste Cajuste, un líder obrero que había sido brutalmente torturado en 1993. Después de escuchar los testimonios y la defensa del Coronel Dorélien, el jurado ordenó a Dorélien pagar a la parte acusadora 4.3 millones de dólares.
¿Justicia en Haití?
El IGH fue sustituido hace dos años, en mayo de 2006, por una administración elegida, encabezada nuevamente por el Presidente Préval. El nuevo gobierno no está arrestando a los opositores políticos o despidiendo ilegalmente a los jueces. Ha creado la suficiente seguridad como para que las víctimas pudieran ser capaces de repartirse su compensación—una gran cantidad de dinero en un país que está muriendo de hambre—entre todos ellos sin que nadie muriera en el proceso.
Pero la administración de Préval, al mismo tiempo, no está haciendo nada para perseguir las violaciones de derechos humanos durante la dictadura del IGH o las otras. No hay fiscales especializados, ni policía, y los oficiales de gobierno no hablan públicamente sobre justicia para las víctimas del IGH. Muchos de los fiscales y jueces que participaron en los juicios durante el IGH siguen en sus puestos, y siguen ejerciendo. Algunos prisioneros políticos siguen en la cárcel, otros han sido liberados, pero sus casos continúan. La Suprema Corte sigue estando dominada por los jueces que el IGH puso ahí ilegalmente.
El gobierno del Presidente Préval tampoco está haciendo nada para resucitar el caso de Raboteau. No ha hecho nada por arrestar a los que escaparon de prisión en 2004, o para apelar el gran paso hacia atrás que dio la Suprema Corte en 2005.
El Presidente Préval no está ni a la mitad de su período de cinco años, por lo que aún hay tiempo para que este gobierno actúe. Durante su primera administración, la mayoría de los triunfos de Préval, incluyendo el juicio de Raboteau, se dieron al final del período. Pero las semillas para esos triunfos se sembraron con anterioridad, y no parece que en este período se hayan sembrado aún las semillas para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Haití está también luchando con su transición democrática en las ramas legislativa y ejecutiva, además de la judicial. Las elecciones para un tercio del Senado, que la Constitución estipulaba para el pasado diciembre, ni siquiera han sido programadas. El Parlamento, que había sido muy inefectivo por dos años, ahora está prácticamente paralizado. Después de que hubo disturbios por alimentos en abril, el Parlamento forzó la renuncia del Primer Ministro y desde entonces ha rechazado dos propuestas para reemplazarlo, dejando un vacío de liderazgo en el poder ejecutivo.
El ejemplo de las víctimas de Raboteau es, ahora más que nunca, relevante para Haití. Las víctimas dejaron pasar oportunidades de venganza violenta en contra de sus opresores, e insistieron en hacer que el sistema formal de justicia funcionara y en apegarse a la Constitución. Entendieron que la estabilidad a largo plazo no llegará a Haití hasta que se establezcan instituciones democráticas y sustentables, que sean aceptadas por los oficiales, ciudadanos y la comunidad internacional. También entendieron que para establecer estas instituciones se requería trabajo duro, persistencia y el sacrificio de los intereses personales a corto plazo.
El ejemplo de las víctimas de Raboteau es particularmente relevante para el liderazgo actual de Haití y para los miembros de la comunidad internacional que ejercen influencia significativa en Haití, especialmente los Estados Unidos, Francia y Canadá. Debería inspirar a los líderes haitianos a poner de lado sus intereses políticos a corto plazo y enfocarse en el desarrollo a largo plazo de instituciones políticas. Debería inspirar a los miembros poderosos de la comunidad internacional a renunciar al cambio anticonstitucional de régimen cuando no les agreden los líderes elegidos por los haitianos.
