Ya es hora de que el gobierno mexicano asuma alguna responsabilidad por la crisis migratoria.

Ahora que más mexicanos fracasan en poder cruzar al otro lado de la frontera norte o se encuentran nuevamente en México tras ser deportados desde Estados Unidos, es hora de que el gobierno mexicano demuestre que él—y no el gobierno de EEUU—es primordialmente responsable del bienestar de sus ciudadanos.

Raymundo Pacheco de 28 años, es un ciudadano mexicano que merece la ayuda gubernamental. En junio, Pacheco, originario de Santa Cruz Nexila—pequeña aldea indígena en el centro de Oaxaca—fue deportado de California a Tijuana. Desde 2002 Pacheco había estado trabajando como jornalero en los campos del Valle de Salinas en California. Su padre, Primo Pacheco, y otros miembros de su familia no inmediata continúan trabajando allí, imposibilitados de visitar a Raymundo por temor a no poder cruzar de nuevo a los Estados Unidos.

Depositado al otro lado de la frontera sin dinero, trabajo o parientes en la localidad, Pacheco no tenía a donde ir. Así que se unió a la creciente población de hombres, mujeres y niños inmigrantes sin techo en Tijuana.

Hoy, Pacheco yace en una unidad de cuidado intensivo en el hospital de la Cruz Roja en Tijuana. Una organización de compatriotas oaxaqueños en San Diego está tratando de reunir fondos para el desafortunado trabajador agrícola. La razón, Pacheco ya no tiene oportunidad de encontrar trabajo y es improbable que alguna vez vuelva a trabajar, en uno u otro lado de la frontera.

Hace tres semanas, el 5 de julio, Pacheco, aún sin casa, fue arrollado por un tren de carga; perdiendo ambas piernas, su brazo izquierdo, y parte del derecho. Mientras caminaba a lo largo de las vías del tren, fue arrastrado debajo de él, perdiendo primero las piernas, y después los brazos cuando trataba de soltarse del tren.

La Cruz Roja, después de numerosos intentos, finalmente logró localizar al resto de la familia de Raymundo en Santa Cruz Nexila, y su madre y hermana han llegado para acompañarle en el hospital.

Sus familiares y amigos han abierto una cuenta en Tijuana para recibir donaciones. La cuenta en Banamex es la número 284-7575762 (clave interbancaria número: 002 028028475757623) y está a nombre de la madre de Pacheco, Otilia Barrios Morales.

¿Qué tiene que ver México con esto?

¿Qué tiene que ver esto con el gobierno mexicano? Nada y todo.

Cada uno de los presidentes de México, aunado a un coro de intelectuales, medios de comunicación y toda la élite política, critican la política de inmigración y control fronterizo de Estados Unidos a la menor oportunidad.

Poco después de asumir la presidencia y al criticar las propuestas para la construcción de un muro fronterizo, Felipe Calderón, pronunció este consejo para Estados Unidos: "Pero al mismo tiempo consideramos, de manera respetuosa, que sería mejor detener la migración construyendo un kilómetro de carretera en Michoacán o Zacatecas que 10 kilómetros de muro sobre la frontera."

Existe mucho que criticar en las políticas de control fronterizo e inmigración de Estados Unidos, incluyendo la práctica de deportar mujeres y hombres trabajadores, como Pacheco, que cosechan el alimento que los estadounidenses comen.

Pero cuando se trata de la crisis de la inmigración, el gobierno mexicano debería invertir más tiempo poniendo en orden su propia casa. Para empezar, el gobierno de Calderón debe reconocer que el problema comienza en casa, no al otro lado de la frontera mexicana.

El principal producto de exportación de México es su propia gente.

Casi 30 millones de residentes y ciudadanos en Estados Unidos son descendientes directos de migrantes mexicanos, de acuerdo con un informe del gobierno mexicano.

Y de los 107 millones que se estima forman la población mexicana, alrededor del 10% vive en Estados Unidos, y el 15% de la mano de obra mexicana trabaja en Estados Unidos.

Uno de cada siete trabajadores mexicanos se dirige a Estados Unidos para encontrar trabajo. De los 12 millones de inmigrantes ilegales que se estima viven en EEUU, casi el 60% son de México.

La migración mexicana a Estados Unidos se inició hace más de un siglo. En parte, es un intercambio natural entre vecinos. Pero la actual diáspora proveniente de México—y de Centroamérica—parte de tendencias históricas en sus cifras y tipo de inmigrantes.

En México, la crisis económica a principios de los años 1980s desencadenó la ola, y en los 1990s una combinación del auge económico en Estados Unidos, el impacto adverso del ajuste estructural y la liberalización en México, así como un esbozo de política migratoria liberal (que incluía visas para la reunificación de las familias) acrecentó drásticamente los flujos anuales de la inmigración.

México es una nación en vías de desarrollo y Estados Unidos es una nación industrializada con la economía más grande del mundo. Es de sentido común—y económico—que parte de su relación vecinal sea el flujo de mano de obra, acompañado de flujos de comercio e inversión.

Sin embargo, México ha llegado a depender de la emigración masiva como estrategia principal de desarrollo económico. En lugar de instituir programas para asegurar empleos y fomentar el desarrollo rural en comunidades como Santa Cruz Nexila, desde los 1980s el gobierno mexicano ha dejado ir a su población.

Este flujo de mano de obra hacia el norte—que alcanza 400,000 a 500,000 emigrantes al año—no sólo ha significado que el gobierno mexicano no se siente intensamente presionado por asegurar el bienestar de medio millón de personas más cada año. También, ha producido grandes dividendos en términos de remesas. Se estima que en 2007 entraron a México unos $24 mil millones de dólares en remesas, prácticamente toda esta cantidad fluyó hacia el sur desde los Estados Unidos.

México recibe con gusto el efectivo, mas no a los deportados

A medida que los operativos anti-inmigrantes se endurecen y la economía estadounidense se hunde, a los mexicanos les cuesta mucho más esfuerzo cruzar hacia los Estados Unidos. También se les está deportando en números nunca antes vistos, y algunos incluso cruzan la frontera de vuelta al sur a medida que la vida en Estados Unidos se vuelve cada día más difícil.

Pese a las protestas sobre la seguridad fronteriza y las condiciones que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos, México demuestra poca preocupación por los inmigrantes mismos. Cuando se les echa de nuevo a México sin dinero ni lugar a donde ir, el gobierno mexicano no aparece por ninguna parte; no hace nada para ayudar a los Raymundos Pacheco—quienes se ven súbitamente arrancados de sus empleos, hogares y familias en Estados Unidos y arrojados de regreso a lo que, para muchos mexicanos, es una patria dura y hostil.

A lo largo de toda la franja fronteriza, el cuidado de estos inmigrantes devueltos depende de los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales, iglesias y grupos de voluntarios. En Nogales, Sonora, un grupo de voluntarios estadounidenses mantiene una tienda de campaña en la frontera para ayudar a los inmigrantes dejados ahí por la Patrulla Fronteriza.

El rojo, blanco y azul quedan atrás, mientras el verde, blanco y rojo de la bandera mexicana saludan a los inmigrantes que regresan.

Pero el gobierno mexicano no está ahí con un saludo de "Bienvenido de Vuelta a Casa". Para los inmigrantes como Pacheco es su problema ver cómo sobreviven: hallar un sitio dónde dormir, buscar trabajo, mendigar para poder volver a sus aldeas, darse maña para encontrar algo que comer.

Los emigrantes mexicanos merecen mucho más de su propio gobierno. Abandonan su propio país para encontrar trabajos en una tierra desconocida e impulsan la economía mexicana con sus envíos de dinero a seres queridos en sus comunidades, con lo que es hoy la segunda fuente de divisas extranjeras para el país después de las exportaciones de petróleo.

El gobierno mexicano tiene ante sus ciudadanos la responsabilidad de dirigir una economía que mantenga a su población. Esto puede resultar demasiado pedir de un gobierno tan estrechamente concentrado en satisfacer las demandas de su élite económica.

Pero no debiera ser demasiado esperar que el gobierno mexicano dé la bienvenida a sus ciudadanos de regreso a casa: que esté presente ahí, en la frontera, con organismos que proporcionen abrigo, alimento, transporte y atención médica a todos los cientos de miles de Raymundos y Raymundas que están volviendo a su patria muy a pesar suyo.