La administración Obama está intentando zafarse de la crisis de inmigración que creó la administración Bush, sin dar ningún paso decisivo para distanciarse de las políticas migratorias y prácticas de aplicación de las mismas de su antecesor.

Los últimos anuncios de la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Janet Napolitano y de funcionarios del Servicio para el Cumplimiento de Leyes de Inmigración y Aduanas del DHS (Immigration and Customs Enforcement, ICE) respecto a reformas en el sistema—en rápida expansión—de detención de inmigrantes de ICE, pusieron de relieve un aspecto trágico del desorden que reina en la parte oculta de dicho sistema, un desorden creado por la campaña de persecución de inmigrantes que dirige el propio ICE.

Empero antes que resolver la situación de frente, la administración Obama ha preferido favorecer remiendos administrativos chapuceros para atenuar algunos de los peores rasgos del enormemente costoso y vergonzoso servicio de Operaciones de Detención y Deportación (Detention and Removal Operations, DRO).

La expansión en detenciones de inmigrantes

Inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001, con el apoyo del Partido Demócrata, la Administración Bush procedió a reforzar la aplicación de la legislación antiinmigrante. Como parte del proceso de creación del Departamento de Seguridad Nacional, la administración decretó un régimen de aplicación de leyes antiinmigrantes más amplio y agresivo, cuya planificación está expuesta en el documento estratégico de la llamada Operation Endgame ("Operación Final de Juego") que elaboró el servicio DRO.

Publicada en 2003, la Operación Final de Juego describe una estrategia a diez años para: "Promover la seguridad pública y nacional asegurando la partida de los Estados Unidos de todos los extranjeros sujetos de deportación a través del cumplimiento justo y eficaz de las leyes de inmigración nacionales."

Con la finalidad del juego claramente estipulada –la deportación de todos los extranjeros sujetos de eliminación—la puesta en práctica de la estrategia dependía sólo de un financiamiento y los mecanismos para su aplicación. Con el fuerte respaldo de ambos partidos que prosiguió bajo la administración Obama, el DHS ha recogido 1,800 millones de dólares para detenciones tan sólo este año en autorizaciones del Congreso de fondos para aplicación de la ley y ha desencadenado una corriente continua de nuevas iniciativas para el mismo fin tales como Devolver al Remitente (Return to Sender), Operación Efecto Aerodinámico (Operation Streamline), y Comunidades Seguras (Secure Communities).

El Congreso también ha demostrado su gran disponibilidad para autorizar la creación de nuevas "camas" para los inmigrantes capturados a quienes se destina a la detención y deportación. El número de "camas para detención de inmigrantes" se ha triplicado desde mediados de la década de 1990, llegando hasta 33,000 para un estimado de 440,000 inmigrantes a quienes se "procesará para deportación" en 2009.

Con todo el dinero que puede manejar y el entusiasmo congresista por la aplicación de la ley, el DHS ha estado ampliando sin cesar el espacio para la detención de inmigrantes e incluso ha abierto un nuevo centro de detención para familias inmigrantes arrestadas. Pero en lugar de hacerse directamente responsable de la detención masiva de inmigrantes levantados por su Operación Final de Juego, el ICE ha subcontratado su responsabilidad a un complejo batiburrillo de centros de detención de participación pública/privada.

Típicamente, a los inmigrantes detenidos se les envía ahora a centros de detención que funcionan como prisiones, son operados por el sector privado, y con frecuencia son propiedad de gobiernos locales resueltos a rellenar los presupuestos con cuotas diarias para detención cobradas de unas arcas del ICE aparentemente inagotables. Técnicamente estos inmigrantes están bajo custodia del ICE, pero los inmigrantes detenidos muy rara vez, si acaso, llegan a ver funcionarios del ICE.

Al menos en teoría, la subcontratación del manejo de inmigrantes funcionaría si existiera una supervisión y control adecuados de la industria de prisiones privadas y los gobiernos locales que las patrocinan. Pero la supervisión del ICE es escasa en la práctica, lo que deja el bienestar de los cientos de miles de inmigrantes en la Operación Final de Juego en poder de los llamados "particulares" y de los pueblos prisión, donde tanto uno como otro ven a los inmigrantes en términos de mayores flujos de ingresos obtenidos de los presos inmigrantes. Sin embargo, aún dentro de la media docena de centros de detención de inmigrantes que posee y opera el ICE, la mayor parte de los cuidados de custodia se subcontrata a operadores privados.

La Operación Final de Juego se concentró en qué se necesitaría para eliminar a todos los inmigrantes deportables para 2012. Fuera de la estrategia quedó un plan que asegurara que el servicio DRO fuera administrado de manera apropiada y humana.

En lugar de haber planificado un sistema de detención civilizado, a los "extraños deportables" se les trata rutinariamente como delincuentes detenidos y canalizados a prisiones de administración privada donde se les trata como criminales. En las prisiones rurales de difícil acceso, la mayoría ubicadas a lo largo de la frontera sudoeste, se priva sistemáticamente a los inmigrantes de asistencia legal, contacto con familiares y atención médica adecuada.

Muertes y detenciones

Las historias de horror sobre muertes innecesarias bajo detención han provocado una ola de informes escandalosos, de policías e investigadores, así como demandas colectivas. Los expedientes muestran que 104 inmigrantes han muerto en estas instalaciones de detención temporal, donde la estancia, desde 2003, es de 31 días en promedio. La publicidad adversa, la labor de apoyo de grupos como Detention Watch Network (Red de Observación de Detenciones) y los costos crecientes de mantener un sistema gravemente defectuoso, obligaron a la nueva administración a actuar.

Reconociendo el estropicio de centros de detención que sus programas para el cumplimiento de la ley y la estrategia Final de Juego han propiciado, la administración Obama promete ahora crear un "sistema de detenciones verdaderamente humano" bajo la supervisión estricta del servicio ICE. Éste ha declarado que durante los siguientes cinco años su nueva Oficina de Política y Planeación para Detenciones transformará su sistema para ese fin y ubicará nuevos centros de detención cerca de ciudades importantes para asegurar una mejor supervisión, y apoyo legal y de familiares.

Ciertamente las reformas prometidas en detenciones del ICE son bienvenidas, se requerían de hace mucho tiempo. Pero al no suspender la estrategia de la Operación Final de Juego y los programas de aplicación de leyes antiinmigrantes que le siguen, la administración ha revelado la continuidad esencial de la política y prácticas antiinmigrantes de la administración Bush. Ni el Presidente Obama ni la Secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano prometieron nunca una dirección totalmente nueva para sus políticas de aplicación de leyes migratorias, y ahora sí están cumpliendo con esta falta de promesa.

Al formular el ejercicio de las leyes migratorias dentro de un marco legal estrecho, los funcionarios de la administración Obama, reiteradamente, han dado señas de estar sólidamente comprometidos con la imposición junto a una voluntad ésta mucho más débil, de reformar políticas o cambiar las leyes que categorizan como "extranjeros criminales" a inmigrantes que bajo cualquier otra consideración son respetuosos de la ley. En lugar de ello, han incrementado el cumplimiento de las normas antiinmigrantes a través de una falange de programas para "extranjeros criminales" y "seguridad fronteriza" en nombre de establecer un estado de derecho.

Así, no hay sorpresa alguna en que tanto el director del ICE John Morton, fiscal de carrera, como la Secretaria de Seguridad Nacional Napolitano predigan que el número de inmigrantes procesados por el servicio DRO no disminuirá durante su gestión. Como informó recientemente el diario Miami Herald, Napolitano admitió que las reformas a las detenciones de ninguna manera implican menos arrestos de inmigrantes. "Aceptamos que el número de detenidos se sostendrá y potencialmente se incrementará," declaró Napolitano.

Un mandato abandonado

Aún más sorprendente, tal vez, que el compromiso permanente del DHS con las detenciones y deportaciones masivas, ha sido su ceguera burocrática ante los vastos alcances del desorden que reina en su sector de detenciones oculto al público. Su falta de atención a las lecciones de la historia de las políticas recientes es igualmente alarmante.

A fines de los 1990s, el Congreso y la Casa Blanca del Presidente Clinton reaccionaron al sistema de detenciones en rápida expansión que manejaba el Departamento de Justicia, si bien tal período de expansión fue mucho más modesto que la actual explosión de centros de detención. El aumento en los flujos de inmigración y leyes nuevas y estrictas dirigidas contra inmigrantes tanto legales como ilegales, tuvieron por consecuencia un sistema de detenciones desorganizado, mal administrado y en su mayor parte omiso en la rendición de cuentas. En una iniciativa un tanto apática, aunque bienvenida, el Congreso autorizó la creación de un Fiduciario de la Oficina de Detenciones Federales (OFDT), en un intento de sistematizar, racionalizar y regular los sistemas de detenciones manejados por el Servicio de Comisarios (U.S. Marshals Service, USMS) y el Servicio de Inmigración y Naturalización, (los dos, agencias del Departamento de Justicia).

El OFDT del Departamento de Justicia abrió en septiembre de 2001, pero nunca pudo funcionar como la oficina coordinadora que los reformadores preveían. La creación del DHS tomó el componente principal de las detenciones federales de las manos del Departamento de Justicia, y las preocupaciones sobre centros de detención no coordinados ni regulados, previas al 11 de septiembre, se desvanecieron en el ambiente de las políticas que siguieron al 11 de septiembre.

Todos los inmigrantes que arrestan la Patrulla Fronteriza y el ICE tarde o temprano pasan por los centros de detención patrocinados por este último. Pero para un porcentaje siempre creciente de inmigrantes procesados para su eliminación, estos centros son tan sólo la última parada antes de la deportación. Hasta un tercio de ellos pasan un tiempo en los centros de detención del USMS y las instalaciones de la Oficina de Prisiones (BOP en inglés) antes de ser reenviados a las cárceles del ICE.

Como parte de la estrategia de la Operación Final de Juego, el DHS configuró el marco de sus políticas no sólo para la detención sino también para el encarcelamiento. Antes de la detención entraría en acción una estrategia de disuasión, que advertiría a futuros inmigrantes no autorizados que serían tratados como criminales antes de su deportación.

Según el documento de la estrategia, el DHS "promueve una estrategia para el cumplimiento de la ley equilibrada e integrada que asegura que la probabilidad de la aprehensión y el impacto de las consecuencias sean suficientes para la disuasión de actividad ilegal futura… Crearemos consecuencias y formas de disuasión para la inmigración ilegal. El servicio DRO y sus socios para el cumplimiento de la ley trabajan diligentemente para identificar, ubicar, aprehender, procesar y deportar a extranjeros que violen las leyes de inmigración de esta nación."

La promesa del Director del ICE Morton de crear un "centro de detenciones verdaderamente civilizado", es insincera en el mejor de los casos y un engaño en el peor. Morton supervisa un aparato de imposición de la ley agresivo que envía a cientos de miles de inmigrantes tanto ilegales como legales hasta el núcleo del sistema de justicia penal del país, conde se les trata como criminales en un conjunto en multiplicación descontrolada de centros de detención del USMS y prisiones del BOP a lo largo de la frontera.

Tanto la Oficina de Prisiones como el USMS dependen de un sistema hecho de retazos de operadores privados y prisiones propiedad de condados; el mismo del que depende el ICE –en su mayor parte, prisiones de propiedad local y de operación privada con fines de lucro. Ambas agencias del Departamento de Justicia han creado un conjunto de prisiones separadas, pero no iguales para extranjeros criminales, que en su mayoría lo son únicamente por las nuevas prácticas para el cumplimiento de leyes y estrategia de disuasión abusiva del ICE. Como los centros de detención del ICE, estas cárceles para inmigrantes y centros (para inmigrantes que esperan sentencia) se caracterizan por su falta de transparencia, omisión en la rendición de cuentas, subcontratación de responsabilidades y atención médica de ínfimo nivel.

Desde mediados de los 1990s, y especialmente en los últimos años en que se ha endurecido la campaña anti inmigrante, La Oficina de Prisiones y el USMS han estado en búsqueda frenética de nuevos socios públicos y privados que proporcionen encierros para las masas de inmigrantes que el ICE les envía.

La identidad de extranjeros criminales que se les impone ha provocado que las condiciones de maltrato a que se enfrentan estos inmigrantes bajo la custodia del Departamento de Justicia, no atraigan la misma clase de atención legal, de organismos no gubernamentales y de los medios de comunicación que condujeron a las reformas del ICE recientemente prometidas.

El ejercicio de una mayor supervisión del sistema de detenciones del ICE es ciertamente una parte necesaria de la reforma migratoria. Pero en el mismo instante en que promete mejoras y cambios esperados en su sistema de detenciones, el ICE sigue arrollando con la imposición de su Operación Final de Juego y estrategias de encarcelamiento cuyo resultado es un auténtico gulag de presos inmigrantes.