Recientamente se dio a conocer la decisión de Gobierno Mexicano de hacer una reducción muy significativa de las aportaciones de México a la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA).
La CCA es un organismo paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) creado a petición expresa de la sociedad civil, sindicatos, académicos e investigadores y congresistas de México, Canadá y Estados Unidos, con el fin de monitorear los impactos ambientales que el acuerdo de libre comercio traería a la región y de sentar las bases para el trabajo conjunto en la región en materia ambiental. Entre los objetivos que se perseguían con su creación están: establecer las bases para la coordinación de políticas públicas ambientales; incrementar la cooperación entre los tres países; fortalecer la cooperación en el desarrollo y la aplicación de regulaciones en la materia, políticas y prácticas ambientales; promover la transparencia y la participación pública en el desarrollo de regulaciones y políticas ambientales, y promover prácticas tendientes a prevenir la contaminación.
La CCA recibe cada año una cantidad de 3 millones de dólares por parte de cada país miembro del Tratado, 9 millones en total. La intención del gobierno mexicano de reducir su contribución de 3 millones de dólares anuales a 1.2 podría representar la virtual liquidación de esta instancia ambiental internacional y se suma a la enorme lista de desaciertos que en materia de política ambiental ha tenido la administración del presidente Vicente Fox. Esta decisión fue rápidamente repudiada por organizaciones ambientales mexicanas, entre las que se encuentran Greenpeace-México, el Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat (IFAW), la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comer cio (RMALC) y, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA).
Esta decisión unilateral del gobierno de México no fue consultada en ningún momento con la sociedad ni con el Secretariado de la CCA. Si algo ha buscado y promovido la CCA han sido los consensos y las consultas, la transparencia y la participación social, así como la aplicación efectiva de la legislación ambiental en cada uno de los tres países. Es importante resaltar que hay programas en marcha, proyectos en ejecución, así como compromisos adquiridos a nivel trinacional que un país no puede pretender desconocer, de la noche a la mañana, a través de una reducción en sus aportaciones.
Lo anunciado es absurdo y sin sentido. Si algún gobierno se ha beneficiado con la existencia de la CCA ha sido precisamente México. De llevarse a cabo el recorte anunciado, ello significará una muy considerable reducción de su presupuesto y prácticamente su inminente desaparición. Dado que es un convenio en el que las participaciones económicas de los países parte deben ser iguales, la reducción por parte de México podría llevar eventualmente a que Estados Unidos y Canadá hagan lo mismo (el artículo 43 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) establece que ninguna parte está obligada a pagar más que las otras). Esto bien podría equivaler en el tiempo a la desaparición de la CCA o de algunas de sus partes mas importantes, como son los Reportes del artículo 13, las peticiones ciudadanas y los Expedientes de Hechos de los artículos 13, 14 y 15, así como del Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC), ya que ahora se tendrá el excelente pretexto por parte de los gobiernos para decir que no hay dinero para financiarlos. De hecho, el monto de 3 millones de dólares que aporta cada año cada país miembro no ha sido aumentado desde que la CCA se creó hace 11 años. La reducción de este monto por parte de México representa una violación grave tanto del ACAAN como de la Convención de Viena sobre Tratados, que establece que ningún país puede tomar medidas que atenten contra el objeto y fin de un tratado (artículos 18 y 60).
La CCA: un mecanismo para las investigaciones ambientales
A lo largo de sus ya más de 11 años de vida, la CCA ha investigado numerosos problemas ambientales bajo las dos modalidades mediante las que le es posible hacerlo. Una la constituye lo establecido en los artículos 14 y 15: a partir de una petición ciudadana se elabora un expediente de hechos en el que se investiga la falta de aplicación efectiva de alguna legislación ambiental en cualquiera de los 3 países. Por este procedimiento, la CCA ha seguido 51 casos (29 relacionados con México). Otra es la establecida en el artículo 13, según la cuál la CCA puede elaborar estudios científicos sobre diversos problemas ambientales, no importa si se trata de iniciativas ciudadanas o bien de casos tomados por iniciativa de la CCA. Bajo este procedimiento se han seguido cinco casos (dos en México: la contaminaci ón transgénica del maíz y la contaminación en la Presa de Silva en Guanajuato). ¿Acaso estos dos mecanismos han sido tan molestos para los gobiernos como para que ahora intenten deshacerse de ellos? De ser el caso, ciudadanos interesados, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en su conjunto se lo repudiarán con mucha firmeza y con razón a los tres gobiernos. Hacerlo mostraría la falta de sensibilidad de estos no sólo hacia lo ambiental sino también a lo social y a la agenda que tanto le interesa a quienes están legítimamente interesados en mejorar las condiciones de hoy en día y de las de futuras generaciones.
Al conocerse la noticia, los grupos ambientalistas mexicanos referidos anteriormente hicieron un enérgico llamado al gobierno mexicano a reconsiderar el recorte de recursos para la CCA. Asimismo, señalaron que esta medida reafirma que la actual administración desconoce los mecanismos de cooperación internacional de los que se puede valer México para realmente proteger y conservar el ambiente y los recursos naturales compartidos con Estados Unidos y Canadá. Además, evidencia su total desdén hacia lo que la propia ciudadanía ha establecido para monitorear los impactos del comercio en nuestras sociedades.
Falta de compromiso gubernamental en asuntos ambientales
Con esta intención de cortar el financiamiento por parte del gobierno de México a la CCA, se refleja un ánimo de debilitar hasta llegar posiblemente a aniquilar la CCA, lo que pone nuevamente en evidencia la intención de esta administración de desmantelar el marco legal e institucional que se ha venido construyendo a lo largo de tantos años. Esta es una situación que se repite tanto a nivel nacional como internacional. En el caso nacional, siendo Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Alberto Cárdenas, se autorizaron proyectos perjudiciales para el entorno, como es el caso de la Escalera Náutica, y se modificó la Norma Oficial Mexicana 022 que protege en México al mangle y a los humedales con la finalidad de que se pudieran desarrollar otros proyectos como es el relativo a la ampliación del Muelle de Manzanillo, en el Estado de Colima. ¿A quién le preguntaron o con quién consultaron los actuales funcionarios de SEMARNAT la pretendida reducción del financiamiento a la CCA?
Lo peor de todo es que el primer gobierno que supuestamente estaría interesado en boicotear y debilitar a la CCA sería el del Presidente George Bush, el cual no tiene un muy buen record ambiental a nivel nacional e internacional, y al cual le han molestado muchos de los casos que ha investigado dicha Comisión, destacadamente el caso relativo a la contaminación genética del maíz mexicano. En este asunto, la CCA tenía listo el informe del Secretariado y las recomendaciones sobre los posibles daños a la agro-biodiversidad causadas por las importaciones de maíz transgénico desde el 7 de junio de 2004, pero esta información no se hizo pública en tiempo y forma debido a las presiones del gobierno estadounidense y se publicó hasta noviembre de ese mismo año como consecuencia de que ya se había filtrado a la prensa. Las causas de la dilación eran dos: la difusión del informe influiría en el caso legal que el gobierno de Bush presentó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra la Unión Europea por los controles que ha impuesto a algunos productos transgénicos, y que el gobierno de Bush tenía interés en que no se diera a conocer el informe antes de las elecciones a fin de no perder el voto de los fuertes sectores cerealero e hispano. En este proceso, el gobierno estadounidense manifestó su molestia hacia la CCA y su gestión. Resulta lamentable que hoy sea el gobierno mexicano el que dé el primer paso para acotar la labor de la CCA, en consonancia con los intereses del gobierno estadounidense.
Otro caso polémico en el que la CCA tuvo un destacado papel fue el relativo a la construcción ilegal de un muelle en Cozumel, Estado de Quintana Roo, en 1996, en el que ambientalistas mexicanos denunciaron al gobierno de México ante el Secretariado de la CCA por la falta de aplicación efectiva de su legislación ambiental por parte de la propia autoridad ambiental (entonces Semarnap) al proyecto en cuestión. Derivado de esta petición, y pese a la inconformidad y el enojo del gobierno mexicano, se realizó el primer Expediente de Hechos por parte de la CCA y se lograron la declaratoria por parte del Presidente Ernesto Zedillo del Área Natural Protegida Arrecifes de Cozumel, su plan de manejo y la considerable disminución de un megaproyecto que incluía un club de golf, un spa, un hotel, un centro comercial, bares, restaurantes, etc., a sólo una terminal portuaria. Asimismo, y después de 6 años de trabajo, se logró entre todos los actores sociales de Cozumel y los tres niveles de gobierno la publicación del Ordenamiento Ecológico del Territorio, mismo que está en vigor actualmente.
La sin razón de la decisión
Al denunciar este intento del gobierno de México, los ambientalistas también señalaron que una decisión de esta naturaleza no puede ser tomada por el Ejecutivo de manera unilateral, ya que el Poder Legislativo aprobó el Decreto de Presupuesto Federal en el 2004 que en esta materia el mismo Poder Ejecutivo le propuso y que incluía el financiamiento para 2005 de 3 millones de dólares para la CCA. Por lo tanto, una vez emitido el Decreto, el presupuesto para cumplir con la contribución de México a la CCA no está sujeto al manejo discrecional de nadie.
Es incongruente que frente a irresponsabilidades presupuestales y de falta de previsión que conducen a tragedias humanas y ambientales como la que hoy vive Nueva Orleáns en Estados Unidos con el huracán Katrina, y el propio México, particularmente en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con el huracán Stan, el gobierno de México pretenda seguir el mal ejemplo de la administración Bush y cortar el financiamiento a la investigación y previsión de crisis ambientales.
La CCA ha sido y debería seguir siendo una institución que promueva la participación pública en la toma de decisiones ambientales a nivel trinacional y que fomente al mismo tiempo que se mejore la observancia y la aplicación efectiva de la legislación ambiental en cada uno de los territorios de las partes. Es una institución que en su momento fue pionera, única, y que se ha ido ganando el respeto de la sociedad ya que siempre ha estado buscando su independencia de los gobiernos y su objetividad en sus trabajos. Es una de las pocas herramientas internacionales con las que la sociedad puede contar para sacar a la luz pública casos de falta de aplicación efectiva del marco legal ambiental aplicable a casos concretos, en los que las autoridades locales al actuar no hacen que el marco legal ambiental se cumpla como se debe. No se permitirá que a través del recorte de recursos se debilite esta importante función que la CCA ha venido desarrollando. Es momento de fortalecer a la CCA y no de debilitarla.
Cabe señalar que un frente amplio de organizaciones advirtió en México que desde mayo de 2005 la Secretaría de Medio Ambiente emprendió una agresiva estrategia para debilitar a la CCA. Para lograrlo, ahora busca debilitar financieramente a la Comisión y persiste en su intención de que ello suceda, lo cuál de ninguna manera es algo nuevo, ya que en la reunión anual de los tres Secretarios del Medio Ambiente de Canadá, Estados Unidos y México llevada a cabo en el verano del 2004, en la Ciudad de Puebla, México, el Secretario Alberto Cárdenas intentó que la contribución de México a la CCA se redujera en 500 mil dólares, lo que afortunadamente no sucedió. Sin embargo, hay que hacer notar que México tiene una deuda con la CCA de alrededor de 800 mil dólares. ¿Es esto aceptable?
Ante este panorama, ¿Hay algo que hacer? Definitivamente sí. Las acciones que podrían llevarse a cabo para detener las intenciones del gobierno de México podrían incluir las siguientes recomendaciones :
- Las organizaciones ambientalistas de los tres países interesadas en la CCA y en su debido funcionamiento deben lanzar una campaña trinacional entre las organizaciones civiles de los tres países para impedir el desmantelamiento de la CCA.
- El Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) debe hacer un extrañamiento público y por escrito al Consejo de Ministros de la CCA y hacerle asimismo la recomendación pertinente para que se exhorte y se invite al Gobierno de México para que cambie su posicionamiento en relación a la posible reducción de su contribución a la CCA. El CCPC, al pelear a favor del presupuesto de la CCA, lo estaría haciendo también a favor de la misma CCA.
- Los Comités Consultivos Nacionales (CCN) de Estados Unidos y Canadá (el de México no, porque no ha operado desde que el Presidente Fox está en funciones) deben hacer un acercamiento con sus propios gobiernos y manifestarles la preocupación que se tiene al respecto y solicitarles que de la manera mas atenta se invite al Gobierno de México a que siga apoyando a la CCA como lo vino haciendo desde un principio.
- El Director Ejecutivo de la CCA debe luchar a favor de la institución, lo que implica hacer las gestiones al más alto nivel con los representantes de la Agencia de Protección al Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés), Ambiente de Canadá y SEMARNAT. Esta decisión que es tan importante para el futuro de la CCA no se puede decidir a nivel de los Representantes Alternos (representantes de los Ministros o de sus equivalentes ante la CCA) (sin desmeritar en ningún momento sus capacidades y buenos oficios) ni de su personal de apoyo para estos casos, quienes, estos últimos, se reúnen en lo que se conoce como el General Sterring Committee. Ello ha provocado que lo que pasa en la CCA se decida en segundos y terceros niveles sin que los Secretarios del medio ambiente o su equivalente en los tres países estén involucrados en la deliberación previa.
- Que los gobiernos dejen de juntarse
