Centenares de integrantes de organizaciones en lucha contra emergencias socio-ecológicas y en busca de justicia ambiental participaron en la pre audiencia nacional del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, sobre la devastación del sistema hídrico, realizada en San Miguel de Allende, Guanajuato, el 20 de septiembre.
Con sede en Roma e inspirado en el Tribunal Russell que juzgó los crímenes de la guerra de Vietnam, el TPP se concibe como un “tribunal de conciencia” que a pesar de no emitir dictámenes vinculantes, busca sacar a la luz pública las violaciones de los derechos humanos contra los pueblos, coordinar y dar espacio a la denuncia ciudadana y presionar a los estados para que asuman la responsabilidad por sus actos.
El capítulo México del TPP juzga la desviación de poder del estado mexicano en beneficio de empresas nacionales y extranjeras y su agresión a la mayor parte de la sociedad, específicamente en los siguientes ejes: violencia estructural e impunidad en contra del pueblo, violencia en contra de migrantes, crímenes contra las mujeres, violencia laboral, violencia contra la agricultura y el maíz nativo, devastación ambiental y violencia simbólica en el manejo de los medios informativos; una realidad de desastre social y ambiental generada sobre todo a partir de la imposición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que ha convertido al país en un edén para las trasnacionales.
Los casos acreditados permitirán acciones legales posteriores tanto en ámbitos judiciales del país como internacionales.
Emergencia nacional del agua
Se presentaron trece casos en la pre-audiencia, con el objeto de mostrar documentadamente sus experiencias de destrucción de las cuencas hidrológicas que conllevan innumerables agravios para pueblos y comunidades, violaciones de derechos humanos individuales y colectivos, afectaciones a la salud de las personas y del medio ambiente y una escandalosa falta de acceso a la justicia.
Representantes de las organizaciones sociales y ONG de varias regiones del país llegaron a denunciar sus casos, la gran mayoría presentados por mujeres. Los casos se dividen en tres grandes bloques: de contaminación de aguas, de sobreexplotación de acuíferos y de trasvase de aguas.
La organización anfitriona, la Coalición en Defensa de la Cuenca Independencia (CODECIN) habló de la sobreexplotación de los acuíferos y afectaciones a la salud humana en la cuenca de la Independencia, en Guanajuato, en un caso ampliamente documentado y que contó con el testimonio de cinco mujeres de distintos pueblos en la cuenca.
La región del río Laja, con San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y cuatro municipios más, en un área de 7 mil km2 —que representa una cuarta parte de la superficie de la entidad—, presenta problemas de desertificación, agotamiento de mantos acuíferos y contaminación del agua por fluoruro y arsénico.
El acuífero (recipiente de agua subterránea) se explota intensivamente para proveer a cerca de 60 mil hectáreas de riego, la mayoría en cultivos de exportación de agricultores privados, privilegiados con bajas tarifas del líquido y subsidios en energía eléctrica.
El fluoruro y el arsénico están presentes en el agua de consumo humano entre dos y diez veces más de lo que la norma oficial mexicana señala como límite de inocuidad. El primero causa osteoporosis, dolores de huesos y desaparición del esmalte de los dientes. El arsénico origina enfermedades neurológicas, epiteliales y cáncer, entre otras.
Una mujer de Terreros rompe en llanto cuando narra cuánto han sufrido sus hijos como resultado del exceso de fluoruro en el agua y la falta de apoyo a la comunidad que después de años de reconocer el problema el gobierno aún no pone fin al envenenamiento de la población. “Todavía hay niños chiquitos con los dientes manchados,” dice. “Se está terminando el agua, no sabemos cuánto tiempo tenemos.”
Hubo un momento de conmoción en el auditorio cuando la presentadora pide que se levanten quienes padecen afectaciones a su salud por las causas mencionadas, y enseguida se pusieron de pie más de cien personas—hombres, mujeres y niños, muchos con evidentes afectaciones de la piel y los dientes.
Las organizaciones denominadas Consejo Estatal de Pueblos Indígenas de Guanajuato, Va por San Miguel de Allende, Charco del Ingenio y Frente Pro Patrimonio añaden el problema de la autopista de Silao a San Miguel de Allende que destruirá humedales, atravesará ríos, dañará bienes arqueológicos en más de 70 sitios y afectará varios yacimientos antropológicos. El proyecto consiste en la construcción de una carretera de 60 metros de ancho, cuyo proceso de aprobación carece de un estudio de impacto ambiental.
Otro caso de sobreexplotación de acuíferos por la voracidad de la industria privada protegida por el gobierno se encuentra en la región de La Laguna, donde la industria lechera está acabando con el agua. Situada en parte de los estados de Coahuila y Durango, la Comarca Lagunera vivió el colapso del cultivo del algodón a finales del siglo pasado. Hoy padece el asentamiento de la empresa más grande de producción de leche en el país, Leche Lala, que ha rentado y comprado terrenos de ejidos y comunidades y acapara el 80 por ciento del agua disponible en la región. La empresa consume 2,400 litros de agua para producir cada litro de leche, con la consiguiente proliferación de pozos que entre más profundos más arsénico tienen.
“La mancha de arsénico ha llegado cada vez más allá y hasta las zonas urbanas por la sobreexplotación del acuífero,” explica la representante de Encuentro Ciudadano Lagunero. Remata, “Más de un millón de laguneros están expuestos al arsénico, mientras una veintena de empresarios son los beneficiarios del problema de la población.”
Previamente, la destrucción de la economía campesina por las políticas de libre mercado y las prolongadas sequías ocasionadas por la crisis climática habían dejado sin opciones a la gente del campo que hoy trabaja de peones en ranchos ganaderos y plantaciones de forraje, como esclavos en las maquiladoras o cruza la frontera hacia el país vecino. Ahora les amenaza la falta de agua limpia. “Cuando se acabe el agua, la Lala agarra sus vacas y las lleva a otro lugar. ¿Y nosotros qué hacemos?”
La Coordinadora por un Atoyac con Vida relata que el l Río Atoyac, en Puebla y Tlaxcala es uno de los diez ríos más contaminados del país. Su olor repulsivo y tóxico invade las comunidades aledañas y se intensifica por las noches, creando una atmósfera casi irrespirable.
Desde los años 80 operan tres parques industriales en la región, con fábricas de pisos cerámicos, hilados y tejidos y elaboración de colorantes para alimentos industrializados. Hay presencia de los ramos textil, refresquero, farmacéutico, agroindustrial y el complejo petroquímico Independencia de PEMEX.
La organización local documenta que las dependencias federales incurren en omisiones y francas violaciones en la aplicación de leyes y privilegian el uso industrial del agua sobre el agrícola y doméstico. No inspeccionan la aplicación de la normativa ambiental, no desarrollan programas sanitarios y preventivos ni atienden a las víctimas.
El resultado es el despojo del agua a las comunidades y la desvalorización de los cultivos campesinos que tienen que ser irrigados con aguas contaminadas.
Ante los altos niveles de daño toxicológico, la proliferación de diversas enfermedades y alteraciones precursoras de cáncer, los denunciantes demandan clausurar las industrias altamente tóxicas y anuncian que se mantendrán en la lucha porque “no habrá justicia social mientras no hay justicia ambiental”.
Contaminación mortal
Quizás el caso más grave de contaminación de agua presentado en la pre-audiencia fue el del Río Santiago. Un breve video mostraba un rio blanco por la espuma química que lleva, víctima de la descarga de desechos industriales del estado de Jalisco y aguas negras de la zona metropolitana de Guadalajara que vierten en el cauce fluvial más de mil contaminantes, incluidos metales pesados.
En el Salto, Jalisco, viven unos 120 mil habitantes, 20 mil de ellos en la cabecera municipal. La población es víctima de múltiples enfermedades y ha sufrido la pérdida de actividades agrícolas y el deterioro de tierras cultivables.
Las aguas industriales representan el 80 por ciento de la contaminación que vierten ácido sulfhídrico y arsénico al caudal del río del cual “nadie en su sano juicio se atrevería a tomar agua”, según expresó un denunciante de la organización Un Salto de Vida, que sustentó el caso ante el tribunal popular, demandando castigar a las autoridades gubernamentales responsables de este ecocidio, declarar zona de emergencia ambiental a toda el área contaminada y aplicar medidas efectivas para limpiar el ambiente y devolver la vida al río.
Otra fuente de contaminación citada por el denunciante de Veracruz son las descargas y desperdicios de los rastros. El Río Atoyac de Veracruz, cuyo nacimiento se ubica en Amatlán de los Reyes, en la zona del Pico de Orizaba, está agonizando por esta polución y por la deforestación, además del saqueo indiscriminado de materiales pétreos de los lechos fluviales y la pérdida de biodiversidad.
Ahora se pretende bombear aguas del nacimiento del río a la ciudad de Córdoba para abastecer a 6 mil personas que no cuentan con servicio de agua potable, según justifica el gobierno, pero en realidad se trata de beneficiar intereses industriales, señalan los denunciantes, quienes exigen cancelar el proyecto de trasvasar agua del río a la ciudad.
Además de la deforestación y destrucción de manglares en la Riviera Maya, donde se encuentra el sistema de ríos subterráneos más importante del planeta y asiento de una cultura milenaria ahora marginada, hubo otros casos presentados y algunos quedaron pendientes porque los denunciantes no pudieron llegar a la sesión debido a los bloqueos viales causados por el impacto de los huracanes Ingrid y Manuel.
En noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales presentó una denuncia en el Tribunal Latinoamericano del Agua, contra los tres poderes y los tres niveles de gobierno por la destrucción del sistema hídrico nacional, con base en un trabajo de investigación y sistematización de casos y luchas que le llevó a la organización unos cinco años, e incluye la contaminación causada por empresas mineras, por el uso y abuso de agroquímicos y pesticidas y por la construcción de infraestructura inadecuada en las cuencas hidrológicas.
La ANAA sostiene que en los últimos 60 años se redujo en 75 por ciento la disponibilidad de agua potable para cada uno de los mexicanos y en los próximos 15 años esta disponibilidad disminuirá otro 75 por ciento.
Octavio Rosas, dirigente de la ANAA, afirma que en Guanajuato, debido a la irresponsabilidad criminal de Javier Usabiaga, magnate agroexportador y Secretario de Agricultura en el gobierno de Vicente Fox, y otros empresarios y funcionarios, incluido el ex presidente, están instalando fábricas automotrices en la región, ocasionando una crisis de abastecimiento de agua para consumo humano, porque el líquido es desviado a la fabricación de automóviles de exportación, cuya producción de uno solo de ellos requiere 400 mil litros de agua.
Integran el comité dictaminador de la pre audiencia: Patricia Ávila, ingeniera civil con maestría en desarrollo urbano y doctorado en antropología social; Martha Bañuelos, maestra en ciencia política (FLACSO) y especialista en derechos humanos por la Universidad Complutense de Madrid; Narciso Barrera Bassols, maestro en desarrollo rural y en antropología social y profesor investigador de la Facultad de Agrobiología de la Universidad de Puebla; Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas, analista de política internacional; Juan José Consejo Dueñas, biólogo y maestro en ciencias de la UNAM, ex director de la reserva de la biosfera Sian Ka’an, Quintana Roo; y Felipe Macías Gloria, doctor en historia social y catedrático de ciencias del agua de la Universidad de Guanajuato.
En el pre-dictamen el jurado señala que “en todos los casos presentados encontramos la disrupción severa del ciclo hidrosocial —el equilibrio agua-sociedad— caracterizada entre otras cosas por sobreexplotación, contaminación y trasvase de agua. Estas disrupción o desequilibrio está afectando de modo grave y simultáneo a los sistemas naturales y a la sociedad. Sus expresiones más palpables son la deforestación y la erosión de suelos, el deterioro de los ecosistemas y cuencas hidrológicas, así como la disminución de la calidad de vida de crecientes sectores de la población por falta de agua limpia, pérdida de opciones productivas, destrucción del tejido social y de manera cada vez más dramática las enfermedades y la muerte.
Asimismo, citó el “modelo de desarrollo basado en el crecimiento urbano-industrial y la agro exportación” como raíz de la crisis del agua vívidamente presentado en los testimonios de los participantes.
Constató que “a partir de los casos, testimonios y elementos probatorios presentados en la pre-audiencia, el Estado mexicano es responsable de favorecer una política depredadora de la naturaleza y de despojo de los pueblos que ha beneficiado a los intereses privados y ha conducido a la devastación del sistema hídrico nacional.”
Alfredo Acedo es periodista y director de comunicaciones de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y colaborador cn el Programa de las Amèricas www.americas.org/es
Más Información:
Tribunal Permanente de los Pueblos-México “Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos http://www.tppmexico.org/
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales http://www.afectadosambientales.org/
Encuentro Ciudadano Lagunero http://encuentrociudadanolagunero.blogspot.mx/ https://www.facebook.com/ECLagunero
Centro de Desarrollo Agropecuario A.C. CEDESA Guanajuato http://cedesa.org.mx/info/index.php
