“La procesión acompañó el féretro en silencio, hasta el panteón. Los Caballeros Templarios pasaban a toda velocidad en sus camionetas pick-up, tomando cerveza, levantando polvo en la terrecería, escuchando narcocorridos a todo volumen. Los familiares de la víctima avanzaban con la cabeza agachada, nos pedían que no sacáramos banderas, para no tener problemas. Uno de los presentes traía una chiquita y la puso arriba de la caja. Yo no aguanté y con todo el coraje que tenía en el cuerpo me aventé un ¡Zapata vive!, sólo uno, esperando que nadie más que nosotros lo escuchara”.
El profesor y comunero Teódulo Santos Girón fue secuestrado el 15 de mayo de 2012, y su cuerpo fue encontrado sin vida y con impactos de bala al día siguiente en el poblado de la Ticla, perteneciente a la comunidad nahua de Santa María Ostula. Quien nos cuenta de su funeral era un cercano amigo suyo que emocionado recuerda a este luchador social que acababa de entregar el cargo de jefe de tenencia, máximo cargo civil de la comunidad, que había participado en la recuperación de las tierras el 29 de junio 2009 y continuado la lucha no obstante la ola de violencia que azotó a sus compañeros.
No es sólo el recuerdo de don Teódulo lo que sigue llenando de conmoción los ojos de los sobrevivientes, también está la imagen del cuerpo torturado de Trinidad de la Cruz Crisóstomo. Autoridad moral y primer comandante de la guardia comunal, él encabezó la recuperación de las tierras y fue cobardemente asesinado el 6 de diciembre de 2011. Otros 31 comuneros que sufrido la misma suerte desde aquel junio de 2009, cuando la comunidad decidió pasar a la acción y recuperar una parte importante de sus tierras. Con ellas fundaron un nuevo poblado en donde antes había un rancho de narcos y lanzaron de esta forma el primer fuerte desafío al crimen organizado –integrado no sólo por narcotraficantes del recién nacido cártel de Los Caballeros Templarios, sino también por políticos, terratenientes y pequeños propietarios de la localidad cercana de La Placita.
El conflicto socio-territorial y el surgimiento del “poder templario”
La comunidad nahua de Ostula, ubicada en la región costera del municipio de Aquila, está integrada por 49 encargaturas en un territorio de 19 mil hectáreas, reconocidas en la resolución presidencial del 27 de abril de 1964. En sus tierras–bañadas por el océano Pacífico– junto con las comunidades hermanas de Aquila y Coire se encuentran yacimientos de hierro, zinc, plata y oro. Sus playas son hermosas y sus bosques ricos de maderas preciosas. Además, la comunidad está ubicada en un corredor estratégico, que articula toda la costa del Pacífico mexicano a través de la carretera federal número 200. Estas condiciones naturales y socio-territoriales, hacen de este territorio comunitario un botín cautivador para intereses y proyectos del capital, los cuales cuentan con el apoyo del Estado mexicano y sus tres niveles de gobierno.
El conflicto territorial y social que afecta hoy en día a la comunidad, data de principios del siglo pasado y se generó a raíz de dos acontecimientos históricos: la creación del municipio de Aquila en 1909 y el fraccionamiento de la comunidad de Maquilí en 1911. El primer evento originó que las tenencias de Maquilí, Ostula, Coire y Pómaro quedaran subordinadas a la cabecera municipal de Aquila, sentando las bases para las relaciones de dominio de clase en la región.
El segundo evento hizo que las tierras de la comunidad de Maquilí, hoy ejido Salinas de la Placita –colindante occidental de la comunidad de Ostula– fueran entregadas al fisco, que a su vez inició un proceso de mercantilización de la tierra, generando privatización y contratos de compra-venta entre particulares. Fue así que los caciques ganaderos locales, junto con empresas mineras, turísticas y grupos del crimen organizado, fueron invadiendo esta parte del litoral michoacano y expandiéndose en las tierras de Ostula, creando las condiciones jurídicas, técnicas y sociales del actual conflicto.
Además, los errores técnicos de distancias y superficies no correspondientes a los datos reales, contenidos tanto en la resolución presidencial de 1964 como en el plano de ejecución del 10 de octubre del mismo año, contribuyeron para que diferentes actores pudieran manipular dichas distancias y que el paraje de la Canaguancera, hoy Xayakalan, quedara fuera de la resolución, permitiendo la titulación a particulares desde esa fecha al presente.
Los pocos más de mil hectáreas que constituyen este paraje siguen en disputa, sin embargo la comunidad de Ostula, después de dos intentos fallidos, uno en mayo de 1996 y otro en junio de 2003, los recuperó finalmente el 29 de junio de 2009. En esta fecha, alrededor de 2,000 comuneros recuperaron sus tierras, gracias a la ayuda de la recién formada Guardia Comunal, una antigua figura de protección que sobrevive en muchos de los municipios indígenas del Estado. La recuperación de las tierras coincidió también con la reactivación de un proyecto social y político, no sólo con respecto a los asuntos de seguridad con la refundación de la Guardia Comunal, sino también con la reconstitución de la asamblea general de comuneros y comuneras como máxima autoridad del pueblo y el rechazo de las políticas gubernamentales responsables del despojo y la explotación del territorio y sus habitantes.
A través del Manifiesto de Ostula, proclamado durante la XXV asamblea plenaria del Congreso Nacional Indígena (CNI) Región Centro-Pacífico, realizada en el territorio indígena de la costa nahua de Michoacán el 14 de junio 2009, la comunidad de Ostula denunció “la intromisión de los malos gobiernos y las empresas […] a través de sus programas gubernamentales […] en la costa de Michoacán en donde se impulsan el proyecto de desarrollo integral turístico y el proyecto carretero Coahuayana-Lázaro Cárdenas, que buscan desincorporar del régimen comunal y ejidal las tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la región”.
La respuesta del Estado frente al proyecto de la comunidad de Ostula ha sido la violencia. Las demandas de justicia, el rechazo de los partidos políticos y el retorno al sistema de los usos y costumbres, son un obstáculo para la realización en la región de un plan neoliberal que, detrás de un supuesto desarrollo, esconde el despojo de los bienes comunales.
Desde hace años los comuneros denuncian la creación de grupos paramilitares, avalados por los caciques locales y los integrantes de los partidos políticos, y el constante acoso de los militares y marinos de los tres cuarteles ubicados en las localidades de Maruata, la Placita y la Tupitina. Además, la presencia del narcotráfico en la costa michoacana, una constante desde el principio de los años noventa, aumentó sensiblemente el nivel de violencia, atemorizando aún a la población y creando las condiciones para que en 2009, el nuevo cártel de los Caballeros Templarios, nacido de las cenizas de La Familia Michoacana, pudieran encontrar en este territorio las condiciones ideales para crecer y fortalecerse.
La alianza de personajes como Mario Álvarez, alias «el Metro», un cacique local varias veces funcionario público, candidato a presidente municipal de Aquila y ex-delegado de asuntos agropecuarios y detenido en marzo por ser integrante de los Caballeros Templarios y el jefe de plaza, Federico González, alias “El Lico”, ha facilitado la estructuración y reestructuración de las redes de narcotráfico y abierto el camino a los negocios ilícitos de minerales y a la tala desmedida de maderas preciosas, particularmente la sangualica, una especie protegida que por su calidad y color y altamente cotizada. La comunidad de Ostula ha rechazado las incursiones tanto de los grupos criminales como de los proyectos desarrollistas del gobierno, y las frecuentes alianzas entre los dos. Como consecuencia ha sufrido la sistemática eliminación de los líderes de las comunidades nahuas y el desalojo forzado de cientos de familias, que para salvar la vida fueron obligadas a dejar sus tierras.
El regreso de muchos de estos desplazados a principio de 2014, en el marco del levantamiento en armas de las autodefensas michoacanas, abrió un nuevo capítulo en la historia de Ostula.
Autodefensas, fuerzas rurales y reacomodo en la región costera
“Estoy desplazado de mi comunidad. Voy a completar cuatro años fuera de ella, desde cuando el crimen organizado llegó al campo de fútbol del Faro de Bucerías queriendo asesinarme” dijo en febrero de 2014 Semeí Verdía, un joven comunero de Ostula de 32 años.
Continua, “Me han matados unos primos, tres tíos, amigos no se diga. No cabe decir como es posible que el presidente municipal [de Aquila] diga que en el municipio se vive en paz, tranquilos, cuando la criminalidad está a la orden del día”.
El joven invitaba a las autoridades federales y estatales a visitar su tierra sin escolta, si estaban tan seguros que “allí no pasaba nada”. Asimismo, invitó “a los amigos del municipio de Aquila a que no le tengan miedo al crimen, que aunque vamos a morir, hay que morir por una causa” llamándoles a enfrentarse a los Caballeros Templarios.
Semanas después VERDÍA se convertió en el comandante general de las autodefensas en el municipio de Aquila, Michoacán. Su fuerza no se encontraba en el fuego del las armas sino en la cohesión de su gente y de su proyecto político: «en quince días limpiamos todo el pueblo [de Ostula] y ahora vamos por el estado de Michoacán entero, y le dimos muestra al gobierno que sólo el pueblo puede salvar al pueblo y queremos ser ejemplo por toda la nación”.
En respuesta, el gobierno no apreció esta muestra y su intervención se reveló más centrada en la eliminación de aquellos líderes capaces de despertar las conciencias que a una efectiva pacificación de la entidad. Creó las fuerzas rurales para “legalizar” el movimiento de autodefensas, que según los habitantes de la región rápidamente fue infiltrado por ex templarios que querían seguir cometiendo crímenes y abusos, con uniforme y permiso para portar armas. A un año del levantamiento de Ostula, y del primer discurso público de Semeí, de los carismáticos personajes fundadores del movimiento, él es uno de los pocos que no han sido asesinados o encarcelados.
Las elecciones
El proyecto de liberación de la costa michoacana se encuentra amenazado no sólo por el regreso de los Templarios sino también por las elecciones que se llevarán a cabo el 6 junio de 2015 para renovar el Congreso del Estado y para elegir a un nuevo gobernador. Los intereses en juego se multiplican y la instrumentalización de lo que queda del movimiento de las autodefensas ya no es un riesgo sino un hecho.
El domingo 22 de febrero de 2015, en el marco de la entrega del Premio «Carlos Montemayor», otorgado al doctor Juan José Mireles y a las autodefensas michoacanas por su trabajo de lucha social, el Movimiento Nacional por las Autodefensas de la República (MNAR), intentó organizar en Ostula la primera Jornada por la Paz con Justicia y Dignidad para el estado de Michoacán y México. Cabe recordar que el MNAR es un movimiento que surgió en mayo del año pasado impulsado por algunos líderes michoacanos como Mireles e Hipólito Mora y personajes claves de la defensa de los derechos humanos en México, como el padre Alejandro Solalinde y el obispo Raúl Vera.
Con el objetivo de realizar diálogos con los grupos de autodefensa legítimos y tratar temas de seguridad pública y justicia se hizo una convocatoria muy amplia, invitando a diversas organizaciones sociales, a exponentes de la prensa oficial mexicana y a los políticos que supuestamente habían acompañado el movimiento. Sin embargo, la única «personalidad» que acudió al evento resultó Luisa María Calderón Hinojosa, candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Michoacán y hermana del ex presidente Felipe Calderón, considerado por una amplia parte de la sociedad mexicana e internacional, responsable de los más de 60 mil muertos que hubo entre 2006 y 2012, en el marco de la llamada guerra contra al narcotráfico. A pesar de que algunos comuneros gritaban “fuera los partidos políticos” y Semeí en su discurso afirmaba que no se trataba de un encuentro político para respaldar un partido u otro, fue inevitable leer en este evento un intento de cooptar la lucha de la comunidad.
El territorio del municipio de Aquila es una fuente de riqueza demasiado grande para esperar que políticos y exponentes del crimen organizado renuncien a sus negocios en el área sin pelear con todos los medios en su poder. Ostula y su proyecto de autonomía y protección de sus bienes naturales se encuentra en una posición de grave riesgo y no asombra que, en el aniversario del levantamiento de las autodefensas, muchos de los comuneros interrogados a propósito contestaron que, lastimosamente, aún no tienen mucho que celebrar.
