Primer aviso al presidente Rafael Correa

Los resultados del Referéndum/Consulta propugnada por el Presidente Rafael Correa, cuya votación tuvo lugar el pasado 7 de mayo, muestran debilitamiento del llamado gobierno de la Revolución Ciudadana. Esta situación no se explica bajo un criterio número, el Presidente Correa no ha perdido porcentaje de voto respecto a las últimas elecciones presidenciales de abril de 2009, sin embargo pierde el Referéndum/Consulta en la mitad del país -12 provincias-, reeditándose el conflicto histórico entre regiones: Costa – Sierra y Amazonía.

Paralelamente se reestructuran las bases de apoyo del llamado gobierno de la Revolución Ciudadana, dado que la propuesta presidencial gana votos en bastiones que eran hasta ahora de la derecha tradicional, pero pierde bases fundamentales que hasta el momento habían apoyado incondicionalmente a Rafael Correa.

Resultado del Referéndum/Consulta Popular del pasado 7 de mayo (porcentaje de voto)

Pregunta	Si	No	Blanco	Nulo
¿Está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución, incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando ésta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial, como se establece en el anexo 1?	50,44	38,89	5,36	5,30
Está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la privación de la libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la ley, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 2?	48,25	40,85	5,20	5,69
¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3?	47,16	41,90	5,22	5,69
¿Está usted de acuerdo en sustituir el actual Pleno del Consejo de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres miembros designados, uno por la Función Ejecutiva, uno por la Función Legislativa y uno por la Función de Transparencia y Control Social, para que en un plazo improrrogable de 18 meses, ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 4?.	46,12	42,58	5,54	5,74
¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo establece el anexo 5?	46,64	41,97	5,85	5,52
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal, como un delito autónomo, el enriquecimiento privado no justificado?	46,57	40,63	7,79	4,99
¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?	45,75	41,70	7,10	5,44
¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal?  (esta pregunta tiene carácter territorial)	122 cantones	98 cantones
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?	44,94	42,06	7,73	5,25
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique como infracción penal la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores en relación de dependencia?	48,00	39,27	7,51	5,2

Nota: Datos del Consejo Nacional Electoral.

Situación política antes del Referéndum/Consulta

Tras la revuelta policial del pasado 30 de septiembre que culminó en un intento de asesinado del Presidente Correa, el gobierno cambió su estrategia política de empoderamiento político.

Antes de la revuelta, tanto Correa como sus ministros, habían posicionado en repetidas declaraciones la posibilidad de provocar la “muerte cruzada”[1] en la Asamblea Nacional, como una medida presión sobre el Legislativo con la finalidad de superar las trabas que ocasionaban los diferentes grupos de la oposición a las reformas legislativas. También se pretendió con ello coartar a la propia bancada del movimiento oficialista Alianza PAIS, quienes en su accionar legislativo habían modificado varios borradores de ley que transferidos a la Asamblea Nacional desde el despacho del asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, generando que el Presidente Correa vetase[2] un gran número de leyes que ya habían sido consensuadas por las mayorías parlamentarias.

La estrategia del gobierno se enmarcaba en la posibilidad de generar un nuevo proceso electoral, el cual pudiera reeditar las victorias electorales de Correa –carente de una oposición fuerte y con un alto nivel de popularidad- y reconfigurar una lista de asambleístas más “fieles” a las directrices emanadas desde el Palacio Presidencial.

Cabe reseñar, que este concepto de “fidelidad” está generando un conflicto interno en Alianza PAIS, donde varios de sus militantes más destacados –algunos son cofundadores del proyecto político- se han visto obligados a abandonar las filas del oficialismo por falta de espacios para la crítica. El Presidente Correa no ha dudado en calificar a estas disidencias como traiciones, indicando: “Sabemos que toda revolución tiene traidores y la hora de la verdad, cuando tenemos que jugarnos enteros, vemos quien es quien, la historia nos juzgará”[3].

Debido al desgaste de todo gobierno, el Presidente Correa sufría una tendencia a la baja sostenida en la percepción ciudadana de su gestión hasta los sucesos del pasado 30 de septiembre. Entre enero del 2009 y el 30 de septiembre de 2010 la pérdida de popularidad de su gobierno se estimaba en 10 puntos según diversas encuestas[4].

Tras el levantamiento policial y el intento de asesinato del pasado 30 de septiembre, el gobierno reconsideró su estrategia de “muerte cruzada”. La situación de tensión y el estado de excepción instaurado en el país no generaban una situación política adecuada para ir a unas elecciones presidenciales pese al alza en popularidad que esta situación generó a favor del mandatario.

A pesar de que la situación de malestar y descontento en los cuarteles de la Policía Nacional está lejos de solventarse, a comienzos del presente año, Correa reposiciona la idea de un proceso electoral, cambiando la estrategia de “muerte cruzada” por la de un Referéndum/Consulta donde se valoraron muy diferentes preguntas.

La iniciativa gubernamental quedó ceñida a 10 preguntas –cinco en formato referéndum puesto que modificaban la Constitución en caso de aprobación y cinco en formato consulta. Se contemplaban en ellas dos ejes fundamentales: el control sobre los medios de comunicación privados y la reforma del sistema de Justicia. Los demás elementos que acompañaron estas dos cuestiones eran de escasa importancia y fueron al cuestionario con la estrategia de fomentar el voto favorable en plancha. Estas hacían referencia a un endurecimiento en materia de prisión preventiva (los índices de inseguridad ciudadana han crecido notablemente en el país), a la prohibición de los juegos de azar, a tipificar como delito el enriquecimiento injustificado (lo cual altera la carga de la prueba[5]), a prohibir matar animales en espectáculos públicos y otras que sorprendentemente ya estaban legisladas, como el hecho de que los banqueros no puedan tener otros negocios o que los empresarios tengan la obligación de afiliar a sus trabajadores al régimen de la Seguridad Social.

Análisis sobre los resultados del Referéndum/Consulta promovido por el Presidente Correa

El Presidente Correa gana en las votaciones de las 10 preguntas consultadas. Sin embargo, en 12 de las 24 provincias ecuatorianas se votó en contra en las preguntas auspiciadas por el régimen. Sus resultados –especialmente en las que modifican el texto constitucional- quedan lejos de los resultados del referéndum popular del 28 de septiembre de 2008, cuando el pueblo ecuatoriano se pronunció en un 63,93% a favor de la actual Carta Magna que hoy se pretende modificar, y donde apenas el 28,10% se manifestó en contra (resto de votos fueron blancos y nulos).

Ahondando sobre los resultados, se debe indicar que en esta ocasión el voto real del Sí (sin estimar la incidencia porcentual de blancos y nulos) no superó en ninguno de los casos el 50%, lo cual cuestiona la reforma que pretende el gobierno sobre una de las Constituciones más avanzadas del planeta.

Las preguntas con mayor número de resistencias al oficialismo son las que aluden al control sobre medios de comunicación y a la intervención gubernamental directa para la reforma de la Justicia[6], por cuestionar la independencia de poderes y predice escasa fiscalización de la corrupción gubernamental.

El presidente Correa gana en el cómputo general gracias al voto de las seis provincias de la Costa, donde Guayas y Manabí son las de mayor número de electores en el país.

El oficialismo perdió en la mayoría de la región Sierra, donde apenas gana en tres provincias de diez, recibiendo el voto de castigo en las zonas indígenas, junto a fuertes resistencias en Quito y su provincia. Este voto muestra como importantes sectores de la población indígena andina, sectores pobres, han roto con un gobierno que se ha caracterizado por el enfrentamiento constante con su organización social más importante, la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE). La situación de tensión ha llegado a tal nivel, que múltiples dirigentes locales y nacionales de la CONAIE y sectores ambientalistas han sufrido detenciones y sufren acusaciones de terrorismo[7] en un país donde no existe el terrorismo.

De igual manera, los sectores urbanos de clase media -algunas incluso progresistas-, han dado la espalda al proceso político en curso, situación que ya se visualizaba en las presidenciales de abril de 2009. Pero más grave aún, es el posicionamiento en contra de un sector importante de extractos populares urbanos, quienes han combinado su descontento con la política nacional junto a un cuestionamiento de la gestión municipal de sus alcaldes, mayoritariamente de Alianza PAIS en las urbes serranas.

Por último, en el territorio amazónico, donde con excepción de la provincia de Sucumbíos, las cinco restantes del oriente ecuatoriano (la región más grande del país, pero con menor número de habitantes) ha castigado de forma severa al gobierno. Se auspician conflictos importantes debido a la profundización en ciernes de las políticas extractivistas del gobierno, al igual que la nula aplicación del Estado Plurinacional –reconocido en la Constitución de Montecristi- y los altos índices de pobreza en la zona.

Haga clic en el siguiente gráfico para ver la segmentación del voto a nivel nacional:

Como lectura global, podríamos indicar que:

– El gobierno gana donde mayor inversión pública y políticas clientelares/subsidio ha desarrollado. A modo de ejemplo: la provincia de Manabí es la que registra mayor inversión estatal en viabilidad (USD 600 millones)[8], lo que está acompañado con importantes proyectos de desarrollo en la provincia entorno a la expansión del puerto y aeropuerto de Manta[9] (Eje Manta-Manaos); de igual manera en el Guayas se han hecho fuertes inversiones viales que serán acompañadas por el plan “Guayaquil ecológico” (USD 70 millones a aplicar para la regeneración del Estero Salado); por último, señalar que según PNUD, Ecuador es el país de América Latina que cubre mayor porcentaje de población pobre con el bono de desarrollo humano (USD 35 mensuales) estimándose sus receptores en 1,3 millones de personas (madres, adultos mayores y personas con discapacidad son sus receptores), estando la mayor parte de receptores en la Costa.

– El estilo de confrontación dialéctica desarrollado por el presidente Correa tiene impacto favorable en la Costa, donde estas formas son parte de la idiosincrasia cultural, pero genera rechazo en el resto del país. La prepotencia gubernamental pasa una factura que no había sido prevista.

– Agotamiento general de una política de comunicación basada en lo publicitario y en el culto a la personalidad, con pocas políticas innovadoras y escasas transformaciones estructurales. El gobierno muestra cada vez mayor agotamiento y sus altos niveles de inversión social distan mucho de los resultados obtenidos, lo que demuestra notable incapacidad en la gestión y un nivel de corrupción alto (el eje de la revolución ética auspiciado en el programa electoral del Alianza PAIS en el 2006 nunca se puso en marcha).

– Carencia de construcción de organización partidaria desde el oficialismo, lo que debería haber sido una tarea fundamental para sostener el régimen. En lugar de eso, se desarrollaron lógicas clientelares, dando cabida en el oficialismo a caciques locales, traficantes de tierras, grupos de poder provenientes de la vieja partidocracia y arribistas que bajo una construcción vertical alejada de la lucha de los movimientos sociales, han  conflictuado de forma permanente entre ellos.

– Un estilo gobiernista donde la relación que se impone es el “yo y la masa”, dejando muy lejos la participativa ciudadana, la construcción de pensamiento crítico y el empoderamiento de la sociedad. La ruptura con los movimientos sociales se evidencia desde el inicio del gobierno de Correa. Alianza PAIS se convirtió en una empresa de trabajo temporal donde gobernadores y caciques locales actúan como gerentes de empresa en sus diferentes provincias.

– Agotamiento de la política de “acero y hormigón”, basada en la modernización de infraestructuras del Estado con fuerte intervención de empresas privadas en la construcción de vías, puentes, megaproyectos y planes extractivos.

Situación post Referéndum/Consulta

Este triunfo en las urnas, que es el de margen más ajustado para el correísmo (es el sexto proceso de votación) en los cuatro años y medio de la llamada Revolución Ciudadana, está siendo acompañado con grandilocuentes discursos triunfalistas desde el Palacio Presidencial y escasa crítica. Sin embargo, la campaña en contra de las tesis oficiales del régimen durante el Referéndum/Consulta ha generado dos circunstancias antagónicas que no benefician al gobierno:

– Una vieja derecha política derrotada una y otra vez en las urnas y con escasa credibilidad social se ha rearticulado entorno al tropiezo de Correa. Estas opciones conservadoras plantean un reagrupamiento entorno a alguna figura –situación en disputa- outsider en la política ecuatoriana, con el fin de presentarse conjuntamente en las presidenciales de abril del 2013.

– En segundo lugar, es destacable el papel de los movimientos sociales progresistas y de las organizaciones de la izquierda política –varias de ellas desgajadas del oficialismo en los últimos tres años- en la campaña por el NO. Esta situación ha permitido un impulso notable a las organizaciones sociales, las cuales muy golpeadas durante el gobierno de Correa, recuperan el pulso con una agenda de transformación para presionar a un gobierno que se reconoce como cada vez más pragmático y alejado de los sentimientos que le auspiciaron al poder.

Queda abierto un nuevo escenario político en la realidad ecuatoriana, donde el Presidente Correa recibirá fuertes presiones tanto desde la derecha como desde la izquierda en el próximo año y medio de mandato. La hegemonía absoluta durante cuatro años y medio del correísmo en el escenario político del Ecuador ha quedado claramente cuestionada debido a un error estratégico derivado de una prepotencia que lejos estaba de prever resultados que le cuestionan en la mitad del país.

Decio Machado es sociólogo, periodista y analista político de origen hispanobrasileño. Cofundador y miembro del periódico español Diagonal, colabora en diversos medios de comunicación en Europa y América Latina. Es colaborador con el CIP Programa de las Américas www.americas.org/es

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[1] Según el artículo 130 de la Constitución de Montecristi, la Asamblea Nacional puede destituir al Presidente de la República con un voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, lo cual provocaría la inmediata convocatoria a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos períodos.

[2] El veto total o parcial es una potestad que contempla no solo la Constitución vigente en Ecuador, sino en muchos otros países de América Latina. No es una figura de recién creación en el país, sino que se ha mantenido desde anteriores Constituciones; es una figura con amplia aceptación en el derecho constitucional.  Lo que no es común en otras legislaciones es la facultad presidencial de presentar textos alternativos que terminen por imponerse unilateralmente. En el caso del Ecuador, esta modalidad tampoco es nueva, dado que se instauró ya en la hiperpresidencialista Constitución de Sangolquí, y está siendo la raíz de múltiples tensiones en el Legislativo.

[3] http://andes.info.ec/politica/presidente-correa-advierte-de-traidores-en-su-proyecto-revolucionario-47502.html

[4] Según diversas empresas de investigación social ecuatorianas, el gobierno de la Revolución Ciudadana había caído en popularidad (ene-2009 a sept-2010) desde 74 puntos a 63 puntos, teniendo un alza en negativo de 23 a 32 puntos. Si bien el dato no era alarmante y los indicadores seguían siendo muy favorables para el presidente Correa, tras los sucesos del 30 de septiembre, la negatividad de Correa bajó inmediatamente a 24 puntos y su popularidad volvió a subir a 75 puntos en los primeros cinco días de octubre.

[5] El onus probandi (o carga de la prueba) expresión latina del principio jurídico que señala quien está obligado a probar un determinado hecho ante los tribunales. El fundamento del onus probandi radica en un viejo aforismo de derecho que expresa que “lo normal se presume, lo anormal se prueba”.  Por lo tanto, quien invoca algo que rompe el estado de normalidad, debe probarlo (“afirmanti incumbir probatio”: a quien afirma, incumbe la prueba), o en términos de Derecho, quien acusa debe probar el delito y no el denunciado su inocencia.

[6] La reestructuración del Consejo de la Judicatura (gobierno de la Justicia) se hará nombrando solo a tres miembros: uno por parte del Ejecutivo, otro por parte de Legislativo y el último por parte de llamado “quinto poder”, el Consejo de Participación Ciudadana. En la práctica todos los miembros del Consejo de la Judicatura serán puestos por el oficialismo, dado que tiene el mayor número de curules en la Asamblea Nacional y controla a tres de los cinco miembros del Consejo de Participación Ciudadana.

[7] El movimiento indígena maneja una lista de 189 personas que tras haber participado en protestas sociales han sido acusadas de delitos como sabotaje y terrorismo. Ver: http://www.eluniverso.com/2011/02/13/1/1355/protesta-social-ve-cercada-acusaciones-sabotaje-terrorismo.html

[8] http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=23093:la-inversion-estatal-en-manabi-sobrepasa-los-600-millones-de-dolares-&catid=40:actualidad&Itemid=63

[9] http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=867:manta-apunta-a-convertirse-en-un-centro-de-logistica-de-nivel-mundial&catid=1:noticias&Itemid=57