Otra vez, miembros del Congreso le han pedido a la administración Obama que ponga un alto al financiamiento de las fuerzas de seguridad en Honduras. Alarmados por la militarización desenfrenada de las actividades policiacas por todo el país y la creciente cantidad de informes de abusos de los derechos humanos involucrando las fuerzas de seguridad hondureñas, 21 demócratas de la Cámara de los Representantes enviaron una carta al Secretario de Estado John Kerry el día 19 de agosto expresando su preocupación y haciendo una serie de solicitudes, incluso “la suspensión y la reevaluación de más entrenamiento y apoyo para unidades policiacas y militares hondureñas hasta que el gobierno hondureño remedie adecuadamente los abusos de los derechos humanos”.
Ya son varios años desde que legisladores de EEUU le han exigido a la administración la suspensión o la revisión de sus programas de asistencia para la seguridad en Honduras. Fue en el marzo del 2012, que 94 demócratas le pidieron a la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton que se suspendiera la asistencia policiaca y militar, notando la existencia de “alegaciones creíbles de denuncias numerosos y graves de abusos de derechos humanos atribuidos a fuerzas de seguridad de Honduras,” y de la impunidad acerca de ataques planificados en contra de “los defensores de los derechos humanos, periodistas, lideres comunitarios y activistas de la oposición”. Dos años después, 108 demócratas de la Cámara de Representantes enviaron una carta a Kerry expresando su preocupación sobre la militarización acelerada de los servicios policiacos domésticos bajo el presidente actual Juan Orlando Hernández y urgiéndole al Departamento de Estado la revisión de sus programas de seguridad en Honduras. Cartas semejantes han aparecido en el Senado EEUU, con, por ejemplo, 21 senadores expresando dudas sobre el cumplimiento del gobierno hondureño con el respeto a los derechos humanos estipuladas como una condición para recibir la asistencia EEUU para la seguridad.
La carta de los congresistas del 19 de agosto—encabezada por los Representantes Hank Johnson (un oponente principal de la militarización de las agencias policiacas en los EEUU) y Jan Shakowsky (la quien ha organizado varias cartas previas sobre la situación espeluznante de los derechos humanos en Honduras)—describe la militarización sin paro de las agencias policiacas que ha ocurrido en Honduras desde 2010: el despliego masivo de unidades del ejército a las calles hondureñas, seguido por la creación de una fuerza policiaca de 3000 elementos bajo una estructura de mando militar y un nuevo “super-ministerio” de Seguridad el cual combina las instituciones de seguridad civiles y militares bajo la dirección de un general recientemente jubilado.
Esta tendencia hacia la militarización es bastante preocupante en un país que no más salió de la regla militar en los años ochenta y que fue sujetada a un golpe de estado militar en junio del 2009, pero hay abundantes evidencias documentadas de abusos numerosos perpetrados por el personal de la fuerzas armadas y de la policía militarizada. Unos de los abusos fueron descritos en la carta:
Tras los últimos cuantos meses, han habido varios informes de que agentes de la policía militar han amenazado y hostigado a periodistas, lideres comunitarios, y miembros de la organización indígena COPINH; han expulsado a agricultores pequeños sin ninguna orden legal; han invadido el hogar de un líder estudiantil, él quien fue involucrado en protestas recientes; y han disparado y matado a una mujer la quien estaba vendiendo mangos; entre otros crímenes alegados. Como fue reportado por el Al-Jazeera, los Defensores en Línea y la Today Media Network, estas fuerzas además han pretendidamente invadido a los hogares de activistas opositores, y han participado en la muerte de activistas en pro de los derechos terrenales y de manifestantes pacíficos.
La respuesta del gobierno EEUU a estos acontecimientos alarmantes ha sido solicitar mas asistencia de seguridad para Honduras, en particular por medio de un incremento de los fondos para la opaca Iniciativa Centroamericana para la Seguridad Regional (CARSI según sus siglas en inglés). No hay ninguna indicación que la administración esté preocupada por la militarización hondureña ni que esté buscando como apalancar la asistencia EEUU para la seguridad de tal manera que se pudiera tratar de trastrocar esa tendencia. Al contrario, la administración ha proveído apoyo directo a los esfuerzos hacia la militarización como nota la carta Johnson/Shakowsky:
Estamos preocupados sobre informes mediáticos hondureños que en los mediados del mayo de este año, un equipo de 300 elementos militares y civiles EEUU, incluso de los Marines y del FBI, condujeron un entrenamiento de “respuesta rápida” con 500 [agentes de] FUSINA [un grupo de tarea militarizada la cual combina personal de la policía, las fuerzas armadas, y de las agencias de inteligencia y judiciales], utilizando helicópteros y aviones, a pesar de alegatos tocante al involucramiento repetido de la FUSINA en violaciones de los derechos humanos.
Semejantemente, las fuerzas especiales EEUU conocidas como las boinas verdes han estado entrenando a una unidad policiaca militarizada hondureña llamada los TIGRES [Tropa de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad], “inculcando los principios fundamentales del la batalla en espacios limitados y sabiendo como utilizarlos en el caos que es el combate”, según un artículo publicado por el Ejército EEUU en el mes de marzo. Aunque fue alabado como una fuerza elite ejemplar, casi dos docenas de agentes de los TIGRES, entrenados y comprobados por el gobierno EEUU, fueron pillados robandose mas que $1.3 milliones en dinero narco después de una operación anti-droga a los finales del año pasado.
Además de solicitar la suspensión de asistencia de seguridad a Honduras, la carta Johnson/Schakovsky hace una serie de solicitudes detalladas las cuales se enfocan en causarle al Departamento de Estado que genuinamente se implementen medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos como requiere la ley y también para incrementar la transparencia alrededor de los programas de asistencia de seguridad en Honduras.
La carta pide:
- “La evaluación estricta por parte del Departamento de Estado del apoyo y entrenamiento EEUU para la policía y las fuerzas armadas según las condiciones puestas en la legislación FY2015 State and Foreign Operations Appropriations Act (Acta de Apropriaciones para las Operaciones Estatales y en el Exterior para el Año Fiscal 2015)”. [Un informe del Comité de Apropiaciones del Senado que acompaña el FY2015 SFOPS Act especifica que 50% de la asistencia en seguridad dedicada a Honduras bajo los titulares relacionados al International Narcotic Control and Law Enforcement and Foreign Military Funding (“Fondos para el Control de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley y Fuerzas Armadas Extranjeras”) sea detenida mientras que el Departamento de Estado certifique el cumplimiento por parte del gobierno hondureño con seis condiciones basadas en los derechos humanos y en el reino de la ley las cuales incluyen la investigación y la procesamiento de “personal del ejército y de la policía contra los cuales existen alegatos creíbles de violaciones de los derechos humanos”. En el pasado, el Departamento de Estado generalmente ha certificado que el gobierno hondureño ha cumplido con las condiciones puestas por el Comité, sin importar las fuertes preocupaciones expresadas por unos 21 senadores EEUU (un quinto del Senado). Vale la pena notar que el informe del Comité agregado a la legislación de apropiaciones para el año fiscal del 2016 ha condicionado un 75% de toda la asistencia bajo Operaciones Estales y del Exterior a Honduras, Guatemala, y El Salvador, e incluye, entre su nuevo juego de condiciones, certificación del Departamento de Estado que los gobiernos están tomando “pasos efectivos” para “crear una fuerza policiaca civil profesional y responsable y terminar el papel de las fuerzas armadas en tareas policiacas internas” y a “procesar y castigar en las cortes civiles los miembros de las fuerzas de seguridad quienes violan los derechos humanos”.
- “Implementación completa de la Ley Leahy . . .” [la cual le prohíbe a los departamentos de Estado y Defensa proveer apoyo a unidades militares extranjeras que violan los derechos humanos con impunidad].
- “Una descripción detallada de como el Departamento de Estado actualmente está implementado estos estatutos [i.e., el acondicionamiento de la asistencia de seguridad bajo la Ley Leahy y la legislación existente de apropiaciones], incluso los métricos que el Departamento esta utilizando para evaluar si el gobierno hondureño ha puesto la atención adecuada hacia los abusos de los derechos humanos”. [El Departamento de Estado no ha revelado la metodología que emplea para garantizar el cumplimiento de las provisiones de la Ley Leahy o las condiciones de las apropiaciones bajo el/la SFOPS tocante a los derechos humanos vinculados al apoyo].
- “Exigirle al gobierno hondureño implementar medidas serias y concretas para enfrentar los abusos militares y policiacos, y poner un alto al involucramiento militar en el ejecución de las leyes domesticas”. [Como se ha comentado arriba, estas son las condiciones que el gobiernos hondureño necesitaría cumplir bajo le legislación pendiente para las apropiaciones del año fiscal 2016. Existen pocas indicaciones que el gobierno hondureño esté interesado en implementar estas medidas. En los principios del 2014, el Partido Nacional, actualmente en poder, eliminó una comisión para la reforma policiaca muy respetada e ignoró sus recomendaciones para limpiar la notoriamente corrupta policía hondureña. Bajo la presión creciente del Congreso y de los grupos en pro de los derechos humanos, el gobierno recientemente anunció una serie de reformas policiacas — diseñadas en conjunto con asesores EEUU — las cuales parecen no ser mas que una reorganización administrativa. Dado que los oficiales hondureños continúan fallando en reconocer los abusos por las fuerzas de seguridad, hay un escepticismo profundo alrededor del anuncio. Sin mencionar que no hay ninguna señal que el gobierno esté reduciendo sus esfuerzos hacia la militarización].
- “Finalmente, solicitamos un informe completamente detallado sobre el uso de los fondos asignados para la asistencia EEUU en materias de seguridad a Honduras en la ley de Apropiaciones para las Operaciones del Estado y en el Exterior para el año fiscal 2015 y en la legislación pendiente para el año fiscal del 2016”. [Es extremamente difícil implementar un escudriñamiento independiente efectivo de como se utiliza la asistencia EEUU en seguridad dada la carencia total de transparencia alrededor del proceso del desembolso. Decenas de millones de dólares en asistencia en seguridad se han canalizado a Honduras por la notoriamente opaca Iniciativa para la Seguridad Regional Centroamericana. Hasta el momento no existen archivos públicos informando de donde y como se han utilizado los fondos, ni existen métricos claros de que tipo de efecto la asistencia CARSI ha rendido].
Aunque ha sido ignorado en gran parte por los medios EEUU (con la excepción de un artículo en una fuente capitalina y unos artículos en la prensa de habla hispana), la carta Johnson/Schakowsky ha recibido atención masiva de los medios en Honduras.
La pregunta es: le pondrá atención a esta nueva solicitud del Congreso el Secretario de Estado John Kerry?
Alex Main trabaja en el Centro para Investigaciones Económicas y de la Política (CEPR por sus siglos en inglés) en Washington D.C. y es un miembro de el Grupo Mesoamericano de Tarea (MAWG por sus siglos en inglés). Este artículo fue originalmente publicado en el Blog del CEPR Américas aquí.
Traducción por Leo Griep-Ruiz
