Guillermo Martínez tenía apenas veinte años cuando un agente de la patrulla fronteriza le disparó por la espalda, a muy poca distancia, en el estado de California.
Un gran número de migrantes ha recibido disparos de los oficiales de la policía migratoria estadounidense. Organizaciones mexicanas de derechos humanos han registrado cuatro casos en apenas seis meses y advierten de que el número está aumentando. La mayoría no llega a los titulares. Pero la muerte de Martínez llegó al mismo tiempo que una serie de medidas para criminalizar aún más a los migrantes; medidas que, muy probablemente, aumentarán las probabilidades de que más jóvenes pierdan sus vidas en la que se ha convertido en la frontera más contradictoria del mundo.
La resolución 4437 de la cámara de representantes, también conocida como
