Las manifestaciones de inmigrantes que tuvieron lugar por todo Estados Unidos no fueron sólo una movilización histórica de uno de los sectores más silenciados. También provocaron un cambio de fondo en el debate nacional que amenazaba los valores básicos y la cohesión de las comunidades estadounidenses.
Millones de personas salieron a las calles la semana pasada y sus gritos de protesta fueron más allá de si promulgar o no una medida legal en particular. La demanda fundamental de los manifestantes fue que un país que consideran su hogar los reconociera.
Reconocimiento es una palabra con muchos sentidos. Reconocer es, primero, ver al otro, y después registrar sus semejanzas y diferencias. Reconocer derechos es garantizar que esa persona será respetada y que se le otorgará la misma protección que a otros miembros de la sociedad. Reconocer una humanidad compartida es ver el trabajo, la familia, los valores y la cultura del otro en la misma dimensión que los propios.
Durante los últimos años ha crecido un movimiento que sostiene que aquellos que entran ilegalmente en Estados Unidos sacrifican sus derechos no sólo como ciudadanos sino también como seres humanos. Pueden entonces ser cazados por milicias armadas, se les pueden negar necesidades básicas aún cuando sean urgentes, lo mismo que los servicios de salud y pueden ser tratados como virtuales esclavos, todo por cruzar sin papeles una frontera internacional. Éste es un trato que no se da ni siquiera a prisioneros que hayan cometido los crímenes más horrendos.
Los partidarios de restringir la migración se alimentan de miedos legítimos. Una nación debe controlar sus fronteras. El terrorismo es una realidad. Pero a partir de ahí construyen obvias falacias. Los migrantes no son terroristas, así como tampoco son una especie invasiva. Los migrantes son gente que busca empleo en otro país porque no pueden encontrar un trabajo decente en el suyo.
Como en México, donde el desempleo ha crecido y los salarios reales han caído desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), esto se debe en muchas ocasiones a las mismas políticas económicas que han permitido a la economía estadounidense crecer y ofrecerles mayores estándares de vida. Las corporaciones estadounidenses emplean muchas veces una fuente laboral dividida en tres clases o rangos: la que percibe los salarios más bajos en los países en desarrollo; la que percibe salarios y beneficios por debajo de la media en Estados Unidos, compuesta sobre todo por trabajadores indocumentados de esos mismos países que han emigrado a la Unión Americana; y la que vive sobre una base legal de salarios y beneficios cada vez más erosionados en Estados Unidos. Con la flexibilidad y ahorro de costos de este sistema, muchas de ellas están teniendo ganancias récord.
El debate sobre la inmigración, hasta este mes, parecía mantenerse dentro de los canales diseñados por los partidarios de sellar la frontera y restringir la inmigración o por los empleadores que buscaban garantizar una fuerza laboral barata y flexible. Las soluciones propuestas por ambas partes eran punitivas: o el estatus de delincuente o programas de trabajadores huéspedes; esto es, o procedimientos criminales o una situación de excepción que acepta el trabajo de los migrantes pero recorta todos los demás aspectos del desarrollo humano. El último es mejor que el primero, pero sigue sin ser una solución.
Los ríos de gente en las calles el 10 de abril abrieron un nuevo canal. El debate nacional no podrá ignorar a esos manifestantes o su exigencia de derechos laborales y de los inmigrantes. Las nuevas propuestas deberán tomar en cuenta caminos hacia la ciudadanía. Muchos hijos de inmigrantes nacieron y crecieron como estadounidenses. La presencia de decenas de miles de estos jóvenes en acciones autónomas como marchas simultáneas y parones escolares marcaron su voluntad de defender su identidad, sus derechos y sus comunidades.
Los miembros del Congreso ya empezaron a sumar dos más dos. Esta gente vota o votará muy pronto. Las manifestaciones movilizaron un estimado de doce millones de trabajadores indocumentados en el país, pero también despertaron la indignación de miembros de las iglesias y ciudadanos de a pie que no están de acuerdo con las barreras discriminatorias ni con las purgas que se proponen para salvar a sus comunidades. Después del despliegue masivo de opinión pública, ya hay signos de que el debate sobre la política migratoria se está alejando de las draconianas medidas antiinmigrantes propuestas por los más radicales partidarios de restringir la migración. En los días que siguieron a las movilizaciones, por ejemplo, los líderes del Congreso afirmaron que ya no se consideraría la medida HB 4437 que hace de la inmigración ilegal un delito.
Las marchas también rompieron viejos estereotipos sobre la inmigración. Es probable que las mayores manifestaciones tuvieran lugar en enclaves tradicionales de la inmigración
