Esta semana los periódicos publicaron fotos de los soldados de adusto semblante que montan guardia en la frontera entre México y Estados Unidos. En ambos países, encendió protestas la decisión de comenzar el despliegue de miles de miembros de la Guardia Nacional en la frontera. También contradijo la benevolencia de la reforma migratoria que muchos proclamaban como un avance.
Conforme las medidas de seguridad se instrumentan a todo vapor, los líderes de la Cámara de Representantes anuncian que deben estudiar la reforma en detalle antes de intentar una versión conjunta entre representantes y senadores. En la legislatura, la reforma migratoria parece haberse salido del carril de alta velocidad y, como las elecciones de mediados de noviembre complican el escenario político, puede quedar relegada hasta el año que entra.
Dado el contexto actual, eso podría no estar tan mal. No hay duda de que la reforma migratoria es una urgente prioridad nacional. Que doce millones de personas vivan y trabajen sin ciudadanía, seguridad social o derechos laborales, lesiona su integridad pero también erosiona la base democrática de la sociedad, divide a las comunidades y fomenta el racismo y la discriminación. Un mercado laboral que impulsa una mano de obra migrante barata sin ofrecerle estatus legal envía mensajes confusos a la sociedad acerca del papel que juegan sus trabajadores.
Estas profundas contradicciones deben resolverse. Pero las propuestas que están en la mesa hacen muy poco por resolverlas. La ley propuesta por la Cámara de Representantes miopemente interpreta la inmigración como un problema de crimen y castigo. La versión del Senado, siguiendo de cerca las propuestas planteadas por el presidente Bush, intenta reconciliar las necesidades de mano de obra con los llamados a la
