Desde el arranque de las campañas presidenciales de México, la competencia electoral ha puesto al descubierto las latentes, pero profundas, fisuras que existen en la sociedad mexicana. El eje principal del actual conflicto pos electoral no está sólo en las cuestiones legales sobre cómo se llevaron a cabo las elecciones. Éste conflicto ha colocado en primer plano una serie de preocupaciones profundas sobre la transparencia, la justicia social y el curso futuro de una nación que se encuentra en una coyuntura crítica, dentro de su muy nuevo proceso de transición a la democracia.
El conflicto pos electoral se agudizó las últimas dos semanas con la instalación de campamentos en el Zócalo de la Ciudad de México y en las calles aledañas, que se mantienen las 24 horas del día. Los partidarios del candidato presidencial de centro-izquierda Andrés Manuel López Obrador se han comprometido a permanecer en los campamentos hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falle a favor de un recuento total de los votos. La decisión del Tribunal hecha pública el sábado 5 de agosto de volver a contar 9% de las casillas no satisface la demanda de un recuento total. El resultado del recuento de 11 mil 839 casillas de los 130 mil 437 en total será publicado el 14 de agosto.
Este segmento de las casillas representa a lrededor de 3.800.000 votos de una votación total de 41.791.322 sufragios. Si en el recuento se encuentren suficientes inconsistencias para justificar un recuento adicional, es posible que abran más casillas. Sin embargo, López Obrador y los manifestantes se han mantenido firmes en la postura que el 9% es insuficiente, diciendo
