El Palacio Nacional en Bolivia es un edificio colonial clásico que se sitúa en la,
siempre poblada por palomas, Plaza Murillo en el centro de La Paz. Éste es más conocido
como el "Palacio Quemado" debido a que ha sido incendiado reiteradamente por disidentes de
uno u otro bando a lo largo de los siglos desde que Bolivia ganó su frágil independencia.
Actualmente, pintado de un alegre color amarillo, el edificio se erige como el recordatorio de un pasado
conflictivo y un futuro fresco.
Durante el periodo colonial los españoles explotaron sin piedad la riqueza mineral del país;
provocando durante el proceso, la muerte de cientos de miles de mineros indígenas y levantamientos
que marcaron la historia de la nación con sangre y leyendas. Entre el trabajo forzado, la guerra
de independencia y las enfermedades europeas, la nueva nación comenzó su vida como una
república rica en recursos naturales pero con una población diezmada. En las palabras de
un historiador en 1831, Bolivia era como un "limosnero sentado en un trono de oro."
En muchos aspectos, los predicamentos de la nación cambiaron poco a lo largo de los dos siglos
de vida republicana. La población indígena, si bien ya no estaba esclavizada, confrontó inequidad
permanente en lo que respecta a instituciones políticas y oportunidades económicas. El
flujo constante de riqueza, proveniente de los recursos naturales, hacia la elite criolla—aliada con
intereses extranjeros—creó brechas profundas en la sociedad boliviana. Estos flujos cambiaron
de forma pero escasamente disminuyeron con el advenimiento de la globalización.
El gobierno del presidente Evo Morales llegó al poder en enero de 2006 con grandes planes para
cambiar todo esto. La principal promesa que hizo a sus bases de indígenas y empobrecidos fue reformar
la Constitución para asegurar a la mayoría indígena el ejercicio cabal de su ciudadanía
y para redistribuir la riqueza nacional a favor de los pobres.
A pesar de ganar por una absoluta mayoría en las elecciones presidenciales de 2005, la administración
Morales ha tenido una dificultad considerable para traducir su capital político en un proceso
eficiente de reforma.
La revisión Constitucional
Para el incipiente gobierno del Presidente Evo Morales, una nueva constitución es la piedra
fundacional necesaria para un cambio duradero. El objetivo es crear una nueva estructura legal para la
sociedad boliviana, que por primera vez en la historia de la nación respete y reconozca legalmente
la diversidad en un país plurinacional.
La Asamblea Constituyente emergió como una demanda de los movimientos sociales de los noventa,
específicamente en la Guerra del Agua de Cochabamba en 2000-2001. En años recientes, los
gobiernos neoliberales realizaron cambios a las leyes y a la Constitución para otorgar a los inversionistas
privados acceso prácticamente completo a los recursos naturales y a los servicios básicos,
exponiendo a esta nación empobrecida a una de las formas más desiguales y abusivas de globalización
de las que se tenga registro en el hemisferio.
Estos cambios legales se volvieron el sello de sus gobiernos y también el origen de su colapso.
Por ejemplo, el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada escapó en 2003 a los Estados Unidos
después de que su gobierno colapsó ante las protestas masivas que tuvieron como resultado
docenas de muertes. Él y el entonces Ministro de Defensa Sánchez Berzaín enfrentan
actualmente solicitudes de extradición y una demanda legal del Centro para los Derechos Constitucionales
por daños relacionados al asesinato de 67 mujeres, hombres y niños en las protestas de
septiembre y octubre, prácticamente todos pertenecientes a comunidades indígenas Aymara.
Después de tomar el poder, el gobierno de Morales inmediatamente instituyó la Asamblea
Constituyente. El proceso sin precedentes requirió establecer instituciones y reglas nuevas que
han generado ambigüedad en algunas ocasiones y conflicto a lo largo del proceso. Negociaciones hostiles,
movilizaciones callejeras de diversos bandos y agitadas advertencias de ingobernabilidad por parte de
los medios de comunicación, mantuvieron a la nación en caos casi permanente desde julio
de 2006 hasta la fecha límite del mandato el 14 de diciembre del 2007. La mayor parte de ese tiempo
la Asamblea estuvo suspendida. El gobierno ha sido criticado frecuentemente tanto por la izquierda como
por la derecha por errores de juicio y procedimiento, pero éste ha intentado mantener el diálogo
abierto. La oposición conservadora ha tomado una posición de confrontación hacia
la Asamblea Constituyente desde el principio; esta última está presidida por la indígena
Quechua y defensora de los derechos de las mujeres Silvia Lazarte.
La poco coordinada oposición ha zigzagueado entre llamadas por mayor adherencia a la ley y
actos ilegales de sabotaje, incluyendo violencia proveniente de los comités cívicos y grupos
neofascistas locales. Finalmente, algunos pero no todos los partidos conservadores de derecha, lanzaron
un boicot al proceso institucional.
La Asamblea enfrentó un obstáculo tras otro. Los debates acerca de la representatividad,
la autonomía regional, la tenencia, y una antigua discusión acerca de dónde debía
ser físicamente asignado el capital de la nación (Sucre o La Paz), pusieron a prueba los
límites de un país que enfrenta intereses enraizados y las incertidumbres de cambiar un
sistema históricamente injusto por uno nuevo que está aún por definirse.
Hacia el Referéndum
Finalmente, el nueve de diciembre la Asamblea aprobó el texto constitucional con los dos tercios
de votos requeridos, pero con un boicot del principal partido político conservador, PODEMOS. El
texto ahora se someterá a un referéndum nacional, pero solo después de que se lleve
a cabo un referéndum separado sobre el asunto crucial de la reforma de la tenencia de la tierra.
En una entrevista reciente con el Programa de las Américas del
CIP, el Vice-Presidente Álvaro García Linera afirmó que los conflictos tienen sus
raíces en la historia boliviana y reflejan una etapa, si bien difícil, de redefinición
democrática saludable.
Después de boicotear a la asamblea, cuatro de los nueve gobiernos departamentales declararon
su autonomía, con algunos líderes amenazando incluso con la secesión. Ellos han
comenzado a compilar firmas para llamar a un referéndum sobre una forma aún más
radical de autonomía que podría otorgar a los gobiernos locales amplio control sobre los
recursos naturales ubicados en sus territorios, así como erosionar la autoridad del gobierno central
y la cohesión nacional. Dado que esos departamentos concentran mucho del petróleo, gas
y producción agrícola de la nación, la intentona es un serio reto al gobierno de
Morales, el cual ha respondido declarándola divisionista e ilegal.
El texto de la Constitución propuesta comienza declarando que Bolivia es "un Estado unitario
social de derecho plurinacional comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente,
soberano, democrático e intercultural" que está fundado en "la pluralidad y el
pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico".
Tal cantidad de adjetivos revela la complejidad del proyecto político que tienen por delante.
La declaración de principios, refleja tanto la historia reciente de las luchas de los movimientos
de base de Bolivia por la representación política de la mayoría indígena,
como esfuerzos similares en otras naciones latinoamericanas con poblaciones indígenas semejantes.
También refleja la antigua discusión acerca del balance de poder entre los gobiernos locales,
estatales y federal al reconocer cuatro tipos de autonomía: departamental, regional, municipal
e indígena. En la práctica, lidiar con el traslape entre demarcaciones autonómicas
será un reto.
Un análisis detallado de los 411 artículos propuestos se vuelve ahora la principal tarea
de la sociedad boliviana, al tiempo que la Constitución se somete a referéndum popular.
Pero el otro elemento clave que vale la pena mencionar es el concepto central de la Constitución
de construir un Estado que controle y regule el uso de los recursos naturales para el bien público.
Este es un cambio de océano político que se aleja de una era en la que se asumía
que lo que era mejor para el sector privado lo era también para la nación entera.
Porqué es importante Bolivia
Para los de afuera, el problema en Bolivia puede parecer meramente el último de una serie de
conflictos sin fin en una pequeña nación conocida por su inestabilidad política.
Los medios de comunicación estadounidenses, controlados por corporaciones, han construido cuidadosamente
una imagen de una población relativamente ignorante y violenta que arrasa rampante instituciones
desesperadamente débiles. Esta imagen distorsionada persiste aún cuando los profundos cambios
propuestos por el gobierno han sido conducidos mayoritariamente a través de canales legales y
que ha sido la oposición conservadora la que ha tratado de socavar esos procesos.
La representación en la prensa internacional del carácter indígena del liderazgo
de Morales y su soporte popular, reflejan un sutil pero palpable sesgo racista, con el Wall Street Journal
encabezando la "Evo-paliza". Morales, un presidente indio, es frecuentemente caricaturizado
como el peón del presidente venezolano Hugo Chávez. Y sus estrechos nexos con los cultivadores
tradicionales de coca son representados como las actividades nefastas de un señor de las drogas.
Numerosos reportes de prensa retratan a las organizaciones indígenas como insensatos que pretenden
desmantelar los restos de instituciones bolivianas dudosamente democráticas.
La perversión de los ataques al gobierno de Morales revela el impacto global potencial de lo
que esta tratando de hacer. Bolivia es importante para todos aquellos que buscan sociedades más
justas y estables por dos razones que el Vicepresidente García Linera describe como las "dos
conquistas de la igualdad"—la justicia política y la justicia económica.
Los intentos del gobierno por establecer las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de la
ciudadanía de los pueblos indígenas, va más allá de un acceso igualitario
a formas limitadas de democracia representativa. Reconocer los derechos de los 36 pueblos mencionados
en la nueva Constitución, implica crear mecanismos concretos para armonizar formas comunitarias
y liberales de justicia y gobierno que poseen lógicas muy diferentes. Cada nación en el
hemisferio occidental, en donde los pueblos indígenas han sobrevivido campañas genocidas
durante los últimos cinco siglos, enfrenta este reto.
El segundo reto, el esfuerzo de lograr el uso sustentable de los recursos naturales para el bien público,
pone a prueba la capacidad del gobierno de cambiar lo impuesto por el sistema global neoliberal. ¿Puede
un país escalar desde la pobreza hacia un desarrollo equitativo a través de una reforma
constitucional? La respuesta depende en gran medida de las dinámicas de la política boliviana
y de la habilidad del liderazgo político. Pero también dependerá de las limitaciones
externas. Al evaluar esas limitaciones, el analista político mexicano Adolfo Gilly apunta que "los
límites inelásticos que imponen aquellos que gobiernan, ya sea la resistencia feroz de
las clases que han sido desplazadas del poder y sus representantes políticos y económicos,
tanto extranjeros como domésticos; o la jaula metálica en la cual el nuevo orden neoliberal
encierra a las posibilidades de acción, junto con la inminente presencia de su poderosa base material,
el Pentágono—la fuerza militar de los Estados Unidos; o los límites materiales de escasez,
aislamiento nacional y pobreza."
Por diferentes vías, la administración Morales ha hecho todo lo posible por romper las
ataduras que los limitan. Anunció el rompimiento de relaciones con la Escuela de las Américas,
una instalación de entrenamiento militar que ha producido una larga lista de dictadores y torturadores
a lo largo del hemisferio.
Con respecto a la economía global, el gobierno boliviano decidió separarse del Centro
Internacional para el Arreglo de Disputas de Inversión del Banco Mundial; un sistema de arbitraje
comercial caracterizado por sus poderes supranacionales, su falta de transparencia y su sesgo hacia los
inversionistas.
Bolivia ha buscado la renegociación de su Tratado de Libre Comercio con México, así como
se ha opuesto al tratado comercial con Estados Unidos, al tiempo que firmó el Acuerdo Comercial
de los Pueblos con Venezuela y Cuba. En marzo de 2006, el gobierno estableció que no buscaría
renovar su acuerdo en receso con el FMI, institución responsable de imponer las políticas
neoliberales que dañaron la economía nacional y sus sectores más vulnerables.
La respuesta internacional
La respuesta de la administraron Bush al gobierno de Morales ha sido hostil pero reservada. La estadounidense
Agencia para el Desarrollo Internacional, ha promovido la asignación de fondos a proyectos en
regiones opositoras para fortalecer la resistencia a las políticas del partido de Morales, Movimiento
al Socialismo (MAS), como parte de su programa "Construcción de la Democracia". El embajador
estadounidense en Bolivia, Phillip Goldberg, ha tenido roces frecuentes con el gobierno boliviano en
lo relativo a acusaciones de ofrecer ayuda con objetivos político. El embajador recientemente
mencionó que la relación entre los dos países era "complicada" y enfatizo
que la cooperación se enfocaría a reducir el cultivo de la coca. Esta aseveración
es ominosa dadas las amplias diferencias entre las políticas del gobierno de Morales, de promover
el cultivo tradicional de la coca al tiempo que desmantela la producción de cocaína, y
el modelo estadounidense de lucha contra las drogas, centrado en programas de militarización y
fumigación.
Por otra parte, varios países latinoamericanos se han hecho presentes para respaldar a Bolivia
después de terminada la Asamblea Constituyente. El presidente Lula de Brasil realizó una
visita de estado y anunció una inversión por mil millones por parte de la compañía
petrolera estatal de ese país en los sectores de gas y petróleo. El anuncio fue particularmente
significativo dado que la gigante paraestatal brasileña, Petrobras, inicialmente protestó por
la nacionalización del control de sus operaciones por parte del gobierno de Morales y había
suspendido toda inversión. La presidenta chilena Michelle Bachelet también dio un apoyo
explícito al atacado gobierno boliviano, al prometer la terminación de un sistema carretero
interoceánico.
Quizá el factor determinante más significativo del éxito del programa de Morales,
será su relación con los movimientos sociales progresistas de los pueblos indígenas,
de los trabajadores, los mineros, las mujeres y otros que crearon las condiciones revolucionarias que
llevaron al MAS al poder. Este instituto político no es solo la base de soporte del gobierno,
sino que es la verdadera fuente de la soberanía nacional y de los ímpetus de cambio democrático.
Aunque la administración Morales se define a sí misma como "un gobierno de movimientos
sociales", los historiadores Forrest Hylton y Sinclair Thompson correctamente apuntan que la relación
está lejos de ser simple y que será crucial que la independencia y el espacio político
de esos movimientos no se someta a la lógica del Estado.
Actualmente, Bolivia es un laboratorio abierto. Podría parecer una arena inadecuada para tan
ambicioso experimento: una nación encerrada por tierra de escasamente nueve millones de habitantes,
con fuertes vestigios de política colonial y la tasa más alta de pobreza en el continente.
Aun así, el esfuerzo de utilizar al Estado para retomar y redistribuir los recursos naturales—cedidos
a intereses económicos privados bajo la globalización—para privilegiar a los pueblos indígenas
y para disminuir la brecha abismal entre los que tienen y los que no tienen, merece una oportunidad y
sin duda proporcionará lecciones al resto del mundo.
