Debido a la creciente presión ciudadana, los funcionarios ambientales estadounidenses le han demandado a su contraparte mexicana que garantice la seguridad pública o rechace la propuesta de instalar un depósito de desechos peligrosos en La Choya, cerca de la frontera entre Arizona y Sonora. El gobierno indígena, así como los activistas ambientales en la franja fronteriza quieren vetar dicho proyecto privado y comercial.

Inicialmente, el 13 de octubre del 2005, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México autorizó el confinamiento de desechos tóxicos, sin haber realizado una audiencia pública. El depósito es un proyecto de la inexperta empresa Centro de Gestión Integral de Residuos (Cegire), con sede en Hermosillo, capital del estado de Sonora.

Según la manifestación de impacto ambiental que presentó Cegire best online casino para obtener la autorización, el proyecto implica la construcción y la operación de un área de confinamiento de ocho celdas, justo fuera de la carretera entre Hermosillo y la ciudad fronteriza de Sonoyta. La zona de 247.1 acres (un kilómetro cuadrado) se encuentra a 25 millas (41 kilómetros) al sur de la frontera de Estados Unidos con México, en el municipio de General Plutarco Elías Calles. El proyecto contempla el manejo anual de 45,000 toneladas métricas de desechos industriales tóxicos durante un período de 50 años.

El 26 de noviembre, durante la más reciente de las numerosas manifestaciones de protesta, el organismo no lucrativo Ciudadanos Comprometidos con Sonoyta (Committed Sonoyta Citizens ) protagonizó un cierre simbólico del estratégico paso fronterizo entre Sonoyta y Lukeville, Arizona. La acción tenía el propósito de llamar la atención internacional, bloqueando el regreso a Estados Unidos de quienes pasaron sus vacaciones por el día de Acción de Gracias en el destino de playa de Puerto Peñasco, Sonora.

Las autoridades ambientales estadounidenses han adoptado un enfoque más diplomático al cuestionar el vertedero propuesto. En una carta fechada el 7 de noviembre de 2006, David Jones, Socio Director de la División de Manejo de Desechos Sólidos de la Región nueve de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) le escribe a Alfonso Flores Ramírez, Director en funciones de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat: