La extradición del ex presidente y ex dictador Alberto Fujimori, decidida por la Corte Suprema
de Chile, puede contribuir a consolidar una democracia frágil y a disolver la cultura del
miedo.

"En este barrio casi todos apoyan a Fujimori", confiesa Nelly, sentada en una banca del
comedor Virgen del Carmen, en El Oasis, una barriada de la periferia de Villa El Salvador.

El barrio es un monumento a la pobreza: calles de tierra, casas de esteras, cartón y trozos
de plástico, sin agua corriente ni saneamiento. Las últimas "tomas" lucen aún
las banderitas peruanas sobre cada vivienda, escudo imaginario para disuadir posibles desalojos. El
comedor popular construido con láminas de madera es la única construcción con
suelo de cemento. Cerca del mediodía los niños deambulan alrededor, esperando la hora
del almuerzo que preparan rotativamente las 25 socias del comedor y es la única comida caliente
a la que acceden, por apenas medio dólar.

Sin que nadie le pregunte, Nelly siente la necesidad de explicarse: "Nos decían que si
no íbamos a los actos de Fujimori el comedor no recibiría más alimentos. Pasaban
lista y los servicios de inteligencia vigilaban si las socias aplaudían y daban vivas al Chino.
Si no mostrábamos entusiasmo, al mes siguiente llegaban menos raciones".

Para las madres de El Oasis apoyar a Fujimori no era una opción política sino cuestión
de sobrevivencia. Por eso, hablar de "clientelismo" no contribuye a comprender que las relaciones
asimétricas imponen a los más pobres asumir comportamientos públicos de aprobación
a cambio de algo tan elemental como comida. El régimen del Fujimori, como el de Carlos Menem
en Argentina, se ocupó de ellos, lubricando el acceso a las necesidades básicas con una
buena dosis de autoritarismo.

El ojo que llora

Al día siguiente de la extradición de Fujimori, una docena de presuntos partidarios
del ex dictador atacó el monumento "El ojo que llora", en memoria de las víctimas
de la guerra interna que desangró al país desde 1980 cuando Sendero Luminoso se levantó en
armas. El grupo amenazó al único guardia con armas de fuego, lo encadenaron y lo forzaron
a arrodillarse mientras se dedicaron a romper las piedras que llevan inscritos los nombres de los desaparecidos
y a volcar pintura roja sobre la escultura central.

"El ojo que llora" es una creación de la escultora Lika Mutal, enclavada en el parque
denominado Campo de Marte, cerca del centro de Lima. Forma parte de la primera fase de la Alameda de
la Memoria y se trata de la primera reparación simbólica a las víctimas de la
violencia política. Consiste en un laberinto circular en cuyo centro, a una piedra-madre de
cuatro toneladas que representa el centro interior de cada persona, se le ha superpuesto otra piedra
ovoide que simboliza un ojo por el que cae un chorro de agua. A su alrededor y en el laberinto hay
27,000 piedras que representan a otras tantas víctimas registradas por la Comisión de
la Verdad y Reconciliación, en las que se están inscribiendo los nombres.

Una dictadura especial

Este hombre de 69 años, nervioso e hipertenso, que llegó a Lima el sábado 22
de septiembre, parece una caricatura de aquel mandatario soberbio de sonrisa taimada que despreciaba
a sus adversarios. Alberto Fujimori resultó electo no por sus virtudes sino por el rechazo de
un país mestizo y andino a un candidato como Mario Vargas Llosa que representaba, demasiado
ostentosamente, a las elites limeñas blancas y coloniales. Poco después de acceder a
la presidencia, fue quedando en evidencia que el país estaba siendo gobernado por un déspota
frío, calculador, implacable. Pronto estableció una férrea alianza con las cúpulas
militares y empresariales, con las que estableció pactos de sangre y de dinero a cambio de impunidad
y un rosario de casos de corrupción.

En abril de 1992 perpetró un autogolpe. Cerró el Congreso e intervino el Poder Judicial
mediante la destitución de los opositores. Concentró el poder en sus manos y gobernó en
adelante con el apoyo de los militares. Profundizó todos los males que heredó: la guerra
sucia, la corrupción, la militarización del país y muy en particular de las áreas
rurales, y la desnacionalización de la economía con la entrega al sector privado multinacional
de la minería, los hidrocarburos y los servicios básicos. Como suelen hacer las dictaduras,
realizó obras importantes de las que se beneficiaron algunos contratistas amigos pero que eran
imprescindibles para un país hundido en la bancarrota y que salía de la hiperinflación.

En su favor, puede decirse que puso fin a la guerra y promovió cierto repunte de la economía.
Lo primero lo consiguió violando de forma descarada los derechos humanos, con miles de desaparecidos
y torturados, y encarcelando inocentes juzgados por "jueces sin rostro", en una permanente
parodia de justicia. Recibió un país en guerra, una guerra diferente en la que una de
las partes, el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, fue responsable de más de
la mitad de las 69,280 víctimas comprobadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
(CVR). Fue una guerra contra los campesinos quechua-hablantes: 79% de las víctimas vivían
en zonas rurales y 75% hablaban quechua u otras lenguas nativas. Sin embargo, cuando Fujimori se hizo
con el poder absoluto los propios campesinos estaban enfrentando a Sendero, organizados en "rondas",
y les estaban ganando la guerra como bien recuerda el editorialista de La República,
Mirko Lauer1.

Pero es la sentencia de la Corte Suprema de Chile la que pone al descubierto el carácter del
fujimorismo. El fallo de 212 páginas se sustenta en las declaraciones del ex comandante general
del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, y de miembros de escuadrón de la muerte Colina que
echan por tierra la supuesta "ignorancia" alegada por Fujimori sobre las matanzas y la violación
de los derechos humanos. "Hay indicios claros de que Fujimori habría tenido, después
del autogolpe, la concentración de todos los poderes del Estado y el mando superior de las fuerzas
armadas y servicios de inteligencia, propició la creación de un organismo especial dentro
de las fuerzas armadas para realizar operaciones en contra de las personas sospechosas de subversión
o de enemigos políticos del régimen"2.

La sentencia asegura que Fujimori conocía la existencia del grupo Colina y que otorgó ascensos,
premios y condecoraciones a sus miembros y que "muchas personas lo vieron dar órdenes a
Montesinos, quien a su vez las entregaba al mencionado grupo Colina". Transformó los
sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) "en su centro de actividad",
donde junto a Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), "planificaban
y ordenaban" operaciones de exterminio.

"Estos actos—señala la sentencia—eran el resultado de acciones planificadas por una organización
o aparato de poder formado por el sie, liderado por Fujimori, que reúne los requisitos para
ser considerada como una organización delictiva de poder organizado y jerarquizado"3.

Cronología

1989—Alberto Fujimori se impone en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa con el 56% de los
votos.

1992—El 5 de abril da un golpe de Estado y disuelve el parlamento. Convoca a elecciones para
el Congreso Constituyente donde su partido obtiene la mayoría absoluta. En agosto es detenido
Abimael Guzmán, máximo dirigente de Sendero Luminoso.

1995—Fujimori es reelegido por abrumadora mayoría. Amnistía a policías
y militares condenados por violar los derechos humanos en la lucha contra la guerrilla. "Jueces
sin rostro" condenan a más de 2.000 personas entre 1992 y 1995.

1997—Destituye a miembros del Tribunal Constitucional que declararon que la Constitución
impedía una nueva reelección de Fujimori.

2000—Fujimori presenta un millón de firmas falsas que avalan su reelección.
Obtiene el 48.7% frente al 41% de su rival, Alejandro Toledo. La noche de las elecciones, el 9 de abril,
miles de peruanos salen a las calles contra el fraude. Fujimori es proclamado vencedor en segunda vuelta
a la que no concurre Toledo y pese a escrutarse un 54% de papeletas nulas. Estados Unidos y la oea
toman distancias de Fujimori. Se difunden videos del asesor y jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos,
sobornando a parlamentarios. En medio de gigantescas manifestaciones contra el régimen y acosado
por denuncias de corrupción, Fujimori asiste el 15 de noviembre al Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico, en Brunei; desde allí viaja a Tokio y envía su
renuncia a la presidencia por fax. Valentín Paniagua es nombrado presidente transitorio.

2001—La Comisión de Derechos Humanos del Congreso peruano pide la extradición
al parlamento de Japón.

2003—Japón rechaza la extradición mientras el Congreso peruano lo acusa de
la matanza de 15 personas en Barrios Altos, en diciembre de 1991, y de nueve alumnos y un profesor
en la Universidad La Cantuta, en julio de 1992.

2004—El gobierno peruano presenta una segunda solicitud de extradición por pago irregular
de 15 millones de dólares al jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos.

2005—El 7 de noviembre Fujimori llega sorpresivamente a Santiago de Chile donde es detenido
a pedido del gobierno peruano.

2006—La Corte Suprema de Chile le impide salir del país.

2007—El 11 de julio el juez Orlando Alvarez emite un fallo rechazando el pedido de extradición.
El 21 de septiembre la II Sala Penal de la Corte Suprema revoca el fallo de primera instancia y aprueba
la extradición.

La Corte Suprema concedió la extradición por los delitos de homicidio calificado y lesiones
por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Y, además, por la compra de congresistas con
fondos del SIN , por la entrega de 15 millones de fondos públicos a Montesinos, por la compra
de medios de comunicación y otros delitos como las intercepciones de teléfonos privados.
Como señala el ex presidente de la CVR, Salomón Lerner, la decisión de la justicia
chilena "es un giro para la justicia penal internacional".

En paralelo, considera que el mayor daño que Fujimori le hizo al país consistió en
institucionalizar la corrupción: "El defenestró todos los poderes del Estado, compró la
conciencia de los medios de comunicación, de políticos, de empresarios, de las fuerzas
armadas; envenenó la conciencia y la cabeza del hombre común y corriente a través
de diarios chicha (amarillos) que salpicaban porquería sobre el honor de las personas; degradó moralmente
al país. Fujimori es mucho más culpable de todo por lo que hoy se le acusa"4.

Un tiempo nuevo

Es bueno recordar que fue la sociedad peruana movilizada la que puso fin al fujimorismo. Ahora, el
presidente Alan García gobierna con apoyo de los restos del fujimorismo en el parlamento, donde
esa fuerza conserva 13 diputados liderados por Keiko, hija del ex dictador. De ahí que muchos
analistas y buena parte de la opinión pública manifiesten temor ante la posibilidad de
un pacto García-Fujimori que podría concluir en un juicio-farsa que le imponga penas
mínimas al reo.

Es cierto que el fujimorismo no es ahora un peligro para la democracia. Algo así muestran las
encuestas y las esmirriadas manifestaciones de apoyo al extraditado, que no lograron la masividad a
la que aspiraba Keiko. García, a quien algunos ven proclive a un acuerdo, respondió con
dureza a las acusaciones de Keiko quien calificó las condiciones de detención de su padre
como "terribles". Forzado por las circunstancias, García explicó que la habitación
del prisionero tiene casi 30 metros cuadrados, tiene acceso a una sala y un baño privados, y
a un patio de 100 metros cuadrados. "No lo hemos enrejado, como se hizo en otras ocasiones. No
le hemos puesto traje a rayas, como se hizo en otras ocasiones", dijo García en alusión
a la conducta de Fujimori cuando presentó a Abimael Guzmán, en septiembre de 1992, enjaulado
y con traje de prisionero. "No habrá ensañamiento, odio ni venganza. Se respetará la
dignidad de la persona", aseguró el presidente5.

Pero las dudas de la amplia porción de la sociedad peruana que detesta al ex presidente tienen
asidero en dos hechos. Por un lado, Fujimori posee gran cantidad de videos filmados por su ex asesor,
Montesinos, que pueden inculpar a congresistas, políticos, propietarios de medios y un sinfín
de personalidades. Es seguro que va a usarlos para chantajear al jurado.

Por otro, está el factor militar. Hasta el momento, ni un solo militar fue procesado por su
participación en la guerra sucia. Hubo una mezcla de pacto implícito y de presiones para
dejar fuera de responsabilidades al estamento militar, algo inédito en la región. Hasta
dónde llegará la capacidad de presión de una cúpula militar que nunca fue
purgada por la democracia, es algo que recién sabremos en los próximos meses. El fujimorismo
fue un régimen cívico-militar, y no sería razonable que los uniformados quedaran
al margen a la hora de rendir cuentas. Es muy probable que el propio Fujimori ponga el factor militar
sobre la mesa.

Por último, más allá de los resultados de un juicio que puede durar meses, y
tal vez más de un año, está el futuro de la sociedad peruana, de su incipiente
democracia, de los movimientos y organizaciones sociales que provocaron la caída de la dictadura.
Cualquiera que haya conocido el Perú de los 80 y recorra las calles del país de 2007,
notará cambios importantes. Es un país diferente; pero no es otro país ya que
no existen cambios sociales y culturales. Prueba de ello son las barriadas de la periferia de Lima,
que congregan a más de cinco de sus casi nueve millones de habitantes. Es el otro país,
el del apartheid, donde los pobres tienen siempre la piel más oscura, provienen de la región
andina, hablan, visten y danzan en otras lenguas.

Esos dos países nunca se reconciliaron, ni se están encontrando, a no ser en una relación
de subordinación. Comprender las raíces del fujimorismo supone adentrarse en las causas
del autoritarismo, ya sea el de Sendero Luminoso o el de la dupla Fujimori-Montesinos, que no son más
que dos caras de un mismo fenómeno. Desmontar el autoritarismo supone que las madres de El Oasis
no se vean forzadas a dar vivas al que está arriba a cambio de bolsas de arroz. Siete años
después de la caída del dictador, Nelly y sus amigas del comedor popular no pudieron
mejorar la situación de sus hijos, muchos de ellos embarcados en la pequeña delincuencia
que azota el barrio. Cuando acuden a la policía, les dicen que hagan justicia por mano propia
porque la autoridad no puede hacerlo. "Desde el terremoto de Pisco, el Estado nos envía
la mitad de los alimentos", dice sin desesperación pero con una dosis de resentimiento.

Notas

  1. La República, 25 de septiembre de 2007.
  2. Angel Páez, ob. cit.
  3. Idem.
  4. Entrevista a Samuel Lerner, ob. cit.
  5. Página 12, 25 de septiembre de 2007.