Luego de 109 días de huelga de hambre Patricia Troncoso consiguió doblegar al insensible
gobierno de la Presidenta Chilena Michelle Bachelet, al aceptar salidas de fin de semana y que cumpla
su pena en un centro de trabajo y estudio. Los beneficios alcanzan a otros dos presos.

"Desde este lugar quiero animarlos a seguir defendiéndonos de este sistema económico
depredador, de la poca naturaleza que nos queda, inhumano porque cualquier proyecto económico
en nuestro territorio mapuche vale más que nosotros, e inmoral porque nos ha dejado como única
meta humana el dinero y el consumismo". Así comienza la carta de Patricia Troncoso del lunes
22 de enero, al cumplir 106 días de huelga de hambre en el hospital de la sureña ciudad
de Chillán1.

Patricia es una de los cinco presos mapuche que iniciaron la huelga de hambre el 12 de octubre de
2007. Los otros cuatro, Jaime Marileo, Juan Millalen, José Huenchunao y Héctor Llaitul,
abandonaron a lo largo de diciembre por su mal estado de salud. Pero ella decidió seguir adelante,
ya que entre los mapuche hay clara conciencia de que no tienen otra forma de hacer valer sus derechos
que tomar este tipo de medidas, aún con el riesgo de morir.

La dirigente mapuche es acusada de haber incendiado, en diciembre de 2001, un predio de cien hectáreas
de la Empresa Forestal Minico y fue condenada a diez años de prisión al aplicársele
la polémica Ley Antiterrorista heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Los huelguistas
demandan la no aplicación de esa ley para resolver conflictos sociales y la desmilitarización
de sus comunidades. Por primera vez desde el fin de la dictadura, la lucha mapuche está cosechando
simpatías y apoyos en todo Chile y en el mundo.

Una nueva oleada de movilizaciones

El historiador Víctor Toledo Llancaqueo, sostiene que el movimiento mapuche que emerge en los
años 80, en la etapa final de la dictadura de Augusto Pinochet, "ha protagonizado por lo
menos tres grandes ciclos de movilizaciones por sus derechos"2.
El primero se registró bajo la dictadura con el objetivo de defender las tierras comunitarias.

Luego, al comienzo de la transición democrática, en 1989, se firmó el acuerdo
de Nueva Imperial por el cual la Concertación Democrática se comprometió a impulsar
una nueva ley indígena a cambio de que los mapuche renunciaran a la movilización. Muchos
temían, señala Toledo, que se repitiera el proceso de tomas de tierras masivas de los años
1970-1973 durante el gobierno de Salvador Allende.

En respuesta a la cooptación que supuso ese acuerdo, nació en 1990 el Consejo de Todas
las Tierras exigiendo autonomía y participación política y realizando tomas simbólicas
de tierras. En 1992, el gobierno detuvo a 70 comuneros y los acusó de "delincuentes",
y la justicia procesó a 144 mapuche por "usurpación" y "asociación
ilícita". El proceso estuvo plagado de vicios y fue considerado una aberración jurídica.

Hacia 1997 se abre un nuevo ciclo a través del estallido de múltiples conflictos que
afectan a las grandes empresas forestales y de energía. El Estado, aliado incondicional de las
empresas, vio desbordada su política indígena ya que las dos organizaciones estatales de
asistencia (la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Fondo de Tierras y Aguas
Indígenas) colapsaron al no poder responder a las demandas de las comunidades. Sin política
y sin querer conceder derechos, el gobierno endureció la represión.

El caso Ralco (1997), un megaproyecto energético en tierras mapuche en el Alto Bio Bio, supuso
un parteaguas ya que el gobierno violó la legislación para echarlo a andar. "El murallón
de Ralco levantó una frontera política entre los best online casino mapuche y el Estado", asegura Toledo.
Ese mismo año, el caso Lumaco, dos millones de hectáreas de plantaciones forestales artificiales
y una planta de celulosa, se convirtió en "un enclave que ha transformado la geografía
y el poder en el sur del país, alterando el medio ambiente y empobreciendo a las regiones".

Forzado a la movilización ante la inexistencia de vías legales para el pueblo mapuche,
el movimiento se fortalece y despliega iniciativas culturales, artísticas y de medios de comunicación
propios. Surgen nuevas organizaciones territoriales como la Coordinadora Arauko Malleko y la Asociación
Nankucheo de Lumaco. Fruto de la movilización se recuperan tierras, a tal punto que los fondos
estatales de compras de tierras para las comunidades pasan de unos cinco millones de dólares en
1995 a más de 30 millones en 2001, bajo el gobierno de Ricardo Lagos.

Nuevamente la respuesta a esta nueva oleada de movilizaciones fue la criminalización de la
protesta. Se abrieron procesos ante la Justicia Militar durante los años 2000 y 2001, hasta que
a fines de ese año se comienza a aplicar la Ley 18314 o Ley Antiterrorista, en el marco del clima
generado por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Se combina represión
con labores de inteligencia y cooptación de la intelectualidad indígena.

Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 son procesados 209 mapuche sólo en la región
de la Araucanía, mientras cientos son detenidos en manifestaciones, golpeados y maltratados. Según
Toledo, se trata de una verdadera "guerra sucia". En total, más de 400 mapuche han sido
procesados desde que la Concertación Democrática llegó al gobierno en 1990.

En noviembre de 2004 los mapuche ganaron una batalla jurídica en un terreno en el que no cosechaban
más que derrotas. Uno de los pilares de la criminalización de la protesta se desmorona
ante la estrategia de los defensores que demuestran que "terrorismo" no son daños a
bienes sino "desprecio de la vida humana, o poner en peligro el orden constitucional". Los
incendios y lanzamientos de artefactos, que son los medios que utilizan las comunidades, no pueden ser
considerados terrorismo. Los acusados son absueltos.

Huelga y solidaridad

La huelga de hambre buscaba la libertad de la generación de dirigentes que participó en
el ciclo de protesta abierto en 1997. Se trata de unos 18 presos mapuche que siguen siendo tratados por
el Estado como terroristas. Troncoso pertenece a esa generación mapuche que fue a las ciudades,
estudió y regresó a sus comunidades por compromiso con su pueblo.

La huelga de hambre, en la que los presos ingieren sólo líquidos, exigía además
la desmilitarización de las comunidades. Un reciente comunicado de la Asociación Nacional
de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), una de las más importantes organizaciones sociales
de Chile, dice: "Estamos conmocionadas ante la indiferencia del gobierno que usted preside, el que
ha instaurado un verdadero terrorismo de Estado en los territorios mapuche, generando un clima de guerra
similar o peor a lo vivido en tiempos de dictadura"3.

La movilización se intensificó, en Chile y en el mundo, luego del 3 de enero, cuando
la policía dio muerte al comunero mapuche Matías Catrileo que estaba participando en la
ocupación pacífica de una hacienda. Esa muerte hizo que la indignación traspasara
las fronteras del territorio mapuche. Una delegación de diez organizaciones de derechos humanos
viajó al sur para constatar sobre el terreno las violaciones a los derechos humanos y la militarización
de las comunidades mapuche.

Las iglesias católica y evangélica, la central sindical CUT, los movimientos feministas,
de gays y lesbianas, los grupos de derechos humanos, asociaciones barriales y vecinales, grupos de historiadores,
antropólogos y estudiantes, y una amplia red de solidaridad de base, incluso algunos parlamentarios
del gobierno, apoyan su causa. En las ciudades las manifestaciones pacíficas son brutalmente reprimidas
por los carabineros.

Anamuri refleja en su carta la realidad, sin la menor exageración. "El actuar de la justicia
y gendarmería—en particular—son propios de un sistema de dominación perverso, patriarcal
sexista, de una gran insensibilidad y subordinación a los intereses del capital", dice su
carta. Pide a la presidenta que evite la muerte de Patricia para que no "marque un estigma en un
gobierno dirigido precisamente por una mujer que luchó por los derechos humanos hace unas décadas
en nuestro país".

El exitoso desenlace de la huelga de hambre fue anunciado por el presidente de la Conferencia episcopal
Alejandro Goic. Una carta del gobierno aceptó que los beneficios que Patricia había solicitado
para ella y para los presos Juan Bautista Millalen y Florencio Jaime Marileo, fueran concedidos a partir
de marzo.

El triunfo de la huelga más larga de la historia de Chile se debe en primer lugar a la fortaleza ética
y el coraje del pueblo mapuche y de personas como Troncoso. Luego, a la amplia solidaridad recibida por
los movimientos de Chile, entre los que cabe destacar la solidaridad de género. Por último,
la iglesia católica jugó su papel destacando el obispo de Chillán, Carlos Pellegrin,
quien dijo: "Mientras estas injusticias persistan, el pueblo mapuche va a estar herido, por lo tanto,
es una deuda que hay que saldar, y este es el momento adecuado para hacerlo, ahora que estamos en democracia".

Se abre ahora un nuevo capítulo en la larga lucha mapuche. Como ha sucedido tantas veces en
la historia de los oprimidos y las oprimidas, el coraje de pocos y pocas logra derribar los muros de
la indiferencia y abrir las compuertas por las que pueda caminar la solidaridad que, como escribió el
poeta chileno Pablo Neruda, es "la ternura de los pueblos".

 

Notas

  1. En www.mapuexpress.net.
  2. Víctor Toledo Llancaqueo, "Prima ratio. Movilización
    mapuche y política penal", en revista OSAL No. 22, Buenos Aires, setiembre de 2007.
  3. "Carta abierta a Bachelet", Anamuri, 23 de enero de
    2008.