Organizaciones exhortan a Biden hacer cambios en la política hacía Centroamérica

By  |  27 / enero / 2021

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15 de enero, 2021

Estimado presidente-electo Biden,

La presente es para felicitarle por su victoria electoral y compartir algunas reflexiones y sugerencias en relación a la política estadounidense para Centroamérica, la cual ha definido públicamente como una prioridad en su política exterior.

Somos una amplia coalición de organizaciones que trabajan en Centroamérica, con lazos cercanos con personas y organizaciones que defienden los derechos humanos y el medio ambiente en el territorio centroamericano, muchas veces poniendo en riesgo sus vidas por estas causas; por lo que tenemos una profunda preocupación por el futuro de la región y su gente y el impacto de la política estadounidense en la misma.

En ese sentido, su compromiso de trabajar para mejorar la calidad de vida de los pueblos centroamericanos y la voluntad de su administración de distanciarse del acoso y la estigmatización de las que han sido sujeto las personas centroamericanas bajo la administración Trump, son alentadoras. Por ello, respaldaremos dichas iniciativas y trabajaremos para asegurar que cumpla su compromiso de respetar los derechos humanos de los migrantes y revertir las políticas draconianas de inmigración de la administración Trump.

Hemos examinado con interés el informe de su Plan para construir seguridad y prosperidad en asociación con el pueblo de Centroamérica, ya que, si bien nuestras organizaciones y las comunidades que acompañamos compartimos el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones económicas en la región, nos preocupa que el Plan pueda recrudecer las políticas que han contribuido a la pobreza, la desigualdad y la violencia en Centroamérica.

Estados Unidos ha dado trato a Centroamérica de “patio trasero” por demasiado tiempo, ejerciendo niveles inapropiados de injerencia en los asuntos políticos y económicos de la región, por lo que vemos a bien el cambio que usted ha prometido de que el enfoque de relaciones entre socios, sea el que rija correlación de Estados Unidos con los países de la región; sin embargo, consideramos que alcanzar una asociación real de este tipo, requerirá hacer cambios elementales a la política exterior de Estados Unidos, los cuales esperamos tenga en consideración.

Previo a la administración Trump, el gobierno de Estados Unidos utilizó la ayuda hacia Centroamérica como una herramienta de control, aumentando el financiamiento de programas estadounidenses en la región, bajo la condición que los gobiernos cumpliesen con los estándares de derechos humanos, promoviesen la gobernabilidad democrática y luchasen contra la corrupción. Desafortunadamente, este enfoque no ha logrado los objetivos planteados: basta con mirar a Honduras, donde un régimen represivo y corrupto vinculado a las redes de narcotráfico continúa profundamente arraigado y miles de personas que sufren de hambre crónica y están al borde de la inanición.

Para promover un progreso significativo en Centroamérica, Estados Unidos debe apartarse de este enfoque y, en cambio, respetar la autodeterminación de los pueblos de Centroamérica e invertir en que el fortalecimiento de instituciones multilaterales se centren en abordar las necesidades humanas, en lugar de jugar a hacer política. Este giro demostraría un cambio significativo del unilateralismo que la Administración Trump defendió, causando daños incalculables en la región.

Por lo anterior, con un espíritu de crítica constructiva, nos gustaría subrayar aspectos problemáticos de la política pasada y actual de Estados Unidos para los gobiernos y los pueblos de Centroamérica. Basándonos en nuestras propias observaciones y experiencias, así como en las de nuestros socios centroamericanos, también deseamos ofrecer nuestras recomendaciones sobre cómo creemos que se puede mejorar la política estadounidense hacia la región, los cuales planteamos a continuación.

Proteger los derechos humanos de los migrantes

El trato hacia migrantes centroamericanos de la administración Trump sólo puede ser descrito como actos bárbaros. Los migrantes han sido criminalizados y detenidos en condiciones inhumanas y muchos, incluidos niños, han muerto bajo la custodia de la Agencia de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) y ICE.  Bajo la política de «cero tolerancia» de Trump, miles de niños pequeños fueron separados de sus padres.  Con una combinación de incentivos y amenazas, la administración Trump también ha promovido un ataque a los derechos humanos de los migrantes por parte de las fuerzas de seguridad de México y de los países centroamericanos.

Aunque el nivel de los ataques de Trump contra los migrantes no tienen precedente en la historia reciente del país, ya existían algunos aspectos preocupantes en estas políticas previo a su llegada a la Casa Blanca. Por ejemplo, bajo la administración del presidente Obama, la separación familiar alcanzó niveles exorbitantes, con decenas de padres y madres migrantes indocumentados que fueron separados por la fuerza de sus hijos, ciudadanos estadounidenses, y deportados.

Asimismo, el apoyo financiero provisto por Estados Unidos para reprimir la migración centroamericana también aumentó bajo la administración demócrata anterior, a través de Plan Frontera Sur, el cual implicó el despliegue de fuerzas de seguridad mexicanas que utilizaron tácticas de fuerza para impedir el viaje de los centroamericanos a la frontera con Estados Unidos, así como el condicionamiento de asistencia estadounidense por parte del Congreso, que le requirió a los gobiernos centroamericanos bloquear el movimiento de sus propios ciudadanos.

Por lo tanto, llamamos a su administración a:

  • Poner fin a las diferentes formas y prácticas de separar a padres y madres migrantes de sus hijos. Estas prácticas son ilegales en virtud de la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño.
  • Poner fin a la práctica de deportar solicitantes de asilo a México a sus países de origen o a países con los que no tienen ninguna conexión y rescindir inmediatamente los acuerdos «Programa Quédate en México» y el «Tercer País Seguro» con Honduras, Guatemala y El Salvador.
  • Poner fin a las políticas de militarización fronteriza y a la cooperación estadounidense para el entrenamiento de fuerzas de seguridad, que violan los derechos humanos de los migrantes.
  • Poner fin a todos los servicios de detención de inmigrantes con fines de lucro y hacer de la medida de detención de inmigrantes un último recurso.
  • Reinstaurar el TPS para residentes estadounidenses de Honduras, Nicaragua, El Salvador y otros países no centroamericanos y extender las protecciones del TPS a los residentes estadounidenses de Guatemala. Esta medida es más crítica que nunca, dados los inmensos daños y devastación en estos países, a causa de los huracanes Eta e Iota.
  • Apoyar el uso adecuado de los poderes de salud pública del Centro para el Control de Enfermedades, permitiéndole a la agencia derogar la orden de marzo de 2020, que impide a migrantes buscar protección en la frontera sur de los Estados Unidos (los funcionarios de la CDC han reconocido que la orden fue impulsada por presión de la Casa Blanca y no por preocupaciones legítimas de salud).

Repensar la política de seguridad de EE.UU.

Durante muchas décadas, Estados Unidos ha brindado apoyo a las fuerzas militares y policiales centroamericanas a través de capacitación, asistencia técnica y apoyo logístico.  Durante los conflictos armados en la región -en la década de 1980 y principios de 1990- las guerras respaldadas por Estados Unidos y las fuerzas militares y paramilitares cometieron atropellos atroces a los derechos humanos que dejaron cientos de miles de muertos e impulsaron una primera ola de migración centroamericana a los Estados Unidos.  Desde entonces, Estados Unidos ha seguido prestando asistencia a las fuerzas de seguridad de la región, aludiendo la necesidad de combatir el narcotráfico y de «mejorar la seguridad ciudadana».  No obstante, aunque las agencias estadounidenses afirman priorizar la promoción de los derechos humanos, las fuerzas policiales y militares -muchas de las cuales están infiltradas por grupos del crimen organizado- siguen participando en innumerables abusos, incluyendo ataques contra activistas, represión violenta de protestas y el desplazamiento forzado de comunidades.

En los últimos diez años, Estados Unidos ha canalizado cientos de millones de dólares en asistencia de seguridad para la región, a través de la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI), pero existe poca transparencia en torno al uso final de estos fondos y no hay evaluaciones públicas concluyentes del impacto de los programas CARSI.  Además, por medio de un proceso opaco, el Departamento de Estado ha certificado sistemáticamente que Honduras, Guatemala y El Salvador han cumplido con las condiciones de derechos humanos asociadas a la asistencia estadounidense, a pesar de los flagrantes abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad de estos países.

Por estas razones, le instamos que:

  • Realice una revisión completa de la asistencia de seguridad de los Estados Unidos a la región, tomando en cuenta los aportes de defensores y defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente, protectores de la tierra y líderes indígenas de los países receptores.
  • Suspenda toda asistencia de seguridad a Honduras y vote en contra de los préstamos multilaterales para programas de seguridad con el gobierno, dada la corrupción generalizada y los abusos a los derechos humanos promovidos por actores estatales hondureños; y que considere una suspensión similar de la asistencia en seguridad a Guatemala y El Salvador, debido a los abusos que las fuerzas de seguridad tienen en curso en esos países.
  • Revocar la certificación del Departamento de Estado de cumplimiento de condiciones de derechos humanos de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador que se requieren para obtener la asistencia estadounidense.
  • Poner fin a la capacitación estadounidense para militares, policías y otras fuerzas de seguridad hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas, así como al financiamiento estadounidense a la capacitación por parte del ejército y/o la policía colombiana a través del Plan de Acción Estados Unidos-Colombia u otros programas.
  • Poner un alto a la venta de armas de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad y agentes privados que no tienen controles claros del uso final del armamento, para evitar que las armas estadounidenses lleguen a entidades estatales y privadas con historiales de graves violaciones a los derechos humanos o relación con otras actividades criminales.
  • Aumentar la transparencia en torno al uso final del financiamiento del CARSI y exigir como requisito la presentación de informes que evalúen el progreso, o la falta del mismo, en el cumplimiento de los términos de referencia y objetivos del CARSI.
  • Incrementar la transparencia en torno a la investigación de la Ley Leahy, referente a las fuerzas de seguridad que reciben asistencia y capacitación de Estados Unidos, teniendo una identificación clara de las unidades a las que se les retiene la asistencia.

Poner alto a los modelos de desarrollo extractivistas y explotadores

A pesar del enorme potencial humano y económico de la región, Centroamérica tiene uno de los niveles más altos de pobreza en la región, debido, en gran parte, a la extremadamente desigual distribución de las riquezas. En la mayoría de los países centroamericanos, los actores económicos dominantes son las corporaciones nacionales e internacionales centradas en la extracción de recursos naturales y la explotación de los trabajadores, que con frecuencia llevan a cabo proyectos que dañan el medio ambiente y desplazan o afectan negativamente a las comunidades indígenas y agricultoras, mientras reciben apoyo financiero de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), así como de fuentes ilícitas, incluyendo de organizaciones de narcotráfico.  Si bien estos proyectos se promueven generalmente como «desarrollo económico», a menudo únicamente benefician a las élites locales, a la vez afectan negativamente a las comunidades, contribuyendo aún más a la desigualdad y concentración de la riqueza en manos de las élites y, por lo tanto, impulsando aún más la migración.  Además, las comunidades y trabajadoras y trabajadores que intentan resistir estos proyectos, suelen ser atacadas violentamente, con la complicidad o participación de actores estatales.

El gobierno de los Estados Unidos desempeña un papel importante en la perpetuación de este modelo de desarrollo depredador, al dar luz verde al financiamiento del Banco Multilateral de Desarrollo (BMD), el cual termina en manos de corporaciones que no cumplen con las normas ambientales y laborales básicas y no tienen en cuenta los derechos de las comunidades locales.  Además, Estados Unidos ha apoyado tratados de inversión y ha promovido asocios público-privados que elevan los intereses de las corporaciones por encima de las personas y el bien público.  Por último, generalmente Estados Unidos no ha actuado cuando los gobiernos no hacen cumplir las leyes laborales de sus propios países, como lo exige el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica (RD-CAFTA), firmado por los Estados Unidos.

Por ello, exhortamos a su administración:

  • Poner fin a la ayuda, los subsidios y los incentivos, y oponerse al financiamiento del BMD para las corporaciones que causan daños ambientales, violan las leyes laborales, ignoran los derechos a la tierra comunitaria (incluidos los derechos ancestrales a la tierra indígena) y/o aumentan la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos esenciales como agua, electricidad y atención médica.
  • Abstenerse de promover programas de política económica pro-empresa en la región que disminuyan el acceso a las necesidades básicas de los sectores más vulnerables, incluidas iniciativas de asocios público-privados y la privatización de los servicios públicos y los recursos naturales.
  • Apoyar iniciativas multilaterales que aumenten la transparencia con respecto a las empresas anónimas, a fin de identificar y restringir  la canalización de fondos de organizaciones criminales a empresas.
  • Velar por la aplicación estricta de las protecciones laborales del RD-CAFTA por parte de los países miembros y llevar a cabo una revisión de los acuerdos comerciales, para examinar y abordar su impacto en los derechos de las poblaciones indígenas.
  • Apoyar una importante emisión de derechos especiales de giro del FMI para ayudar a los países centroamericanos a abordar las consecuencias económicas de la pandemia de Covid y la devastación causada por las recientes tormentas tropicales.
  • Comprometerse a orientar e incrementar los niveles de asistencia económica y humanitaria, a través de instituciones multilaterales que tengan un historial probo demostrado en la región, como los organismos de las Naciones Unidas. Esto permitiría a los Estados Unidos apoyar el desarrollo en la región, a la vez que limitaría la asistencia a los gobiernos que han demostrado corrupción e impunidad sistemáticas.

Adoptar un enfoque no ideológico

Los observadores han señalado que la política estadounidense en América Latina, incluyendo a Centroamérica, sigue influenciada por paradigmas ideológicos de la Guerra Fría que han dado lugar a políticas inconsistentes y contraproducentes. Por ejemplo, si bien Estados Unidos ha condenado rápidamente el fraude electoral en países en los que no está de acuerdo con la reelección de un gobernante, ignoró descaradamente las acusaciones creíbles de un fraude electoral en Honduras en 2017, reconociendo rápidamente la reelección de Juan Orlando Hernández, a pesar de las acusaciones generalizadas de fraude. El continuo respaldo y protección de actores corruptos de derecha, con credenciales democráticas cuestionables, ha fomentado abusos contra los derechos humanos y la desigualdad en la región. Estados Unidos debería poner fin a este enfoque ideológicamente sesgado.

En el futuro, su administración debe:

  • Adoptar y mantener normas coherentes y no ideológicas para la democracia y la buena gobernanza, como base para las decisiones políticas.
  • Limitar la influencia del gobierno de los Estados Unidos sobre las decisiones de política interna en Centroamérica. El papel de un embajador no es gobernar.
  • Abstenerse de imponer sanciones económicas que afectan negativamente a poblaciones enteras y, en particular, a comunidades de color de bajos ingresos.
  • Nombrar embajadores que tengan experiencia trabajando con organizaciones de la sociedad civil y que no estén vinculados a intereses militares o financieros.
  • Reconocer a los organismos hemisféricos, como la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, como un socio igualitario con los otros países de la región y no como una potencia dominante.
  • Abstenerse de imponer sanciones económicas y financieras unilaterales a los países.
  • Con respecto a las elecciones, abstenerse de adoptar posiciones unilaterales determinadas por preferencias ideológicas.

La devastación generalizada causada por los huracanes Eta e Iota ha dejado muy claro lo precaria que es la vida para tantas personas en Centroamérica y lo urgente que es que el gobierno de Estados Unidos replantee sus políticas regionales y respete la voluntad de los pueblos de Centroamérica en el futuro. Centroamérica merece la oportunidad de prosperar por derecho propio, no solamente en función de disuadir a las personas centroamericanas de emigrar.

Bajo su liderazgo, Estados Unidos tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en nuestras relaciones hemisféricas, pero hacerlo requiere echar un vistazo a las políticas estadounidenses que han contribuido a la realidad actual, en la que millones de personas se enfrentan a una lucha diaria por la supervivencia. La respuesta no es seguir haciendo más de lo mismo, sino imaginar una nueva dirección que respete la autodeterminación política y económica, y la dignidad de nuestros vecinos centroamericanos.

Acogemos con beneplácito la oportunidad de trabajar con su administración para implementar nuestras recomendaciones y de proporcionar información y retroalimentación de organizaciones de la sociedad civil en la región, para asegurar que los métodos con los que el gobierno de los Estados Unidos procede están ayudando a promover los objetivos de prosperidad compartida y una vida digna para todos.

Atentamente,

ActionAid USA / AccionAyuda EEUU

Alliance for Global Justice / Alianza Global por la Justicia

American Friends Service Committee / Comité de Servicio de Amigos Americanos

Americas Program / Programa de las Américas

Cameroon American Council / Consejo Americano de Camerún

Center for Economic and Policy Research / Centro para la Investigación en Economía y Política

Center for Gender & Refugee Studies / Centro de Estudios de Género y Refugiados

Central American Resource Center, Los Angeles (CARECEN-LA) / Centro de Recursos Centroamericanos, Los Ángeles

Central American Isthmus Graduate Association (CAIGA), UCLA / Asociación de Graduados del Istmo Centroamericanos, UCLA

Chicago Religious Leadership Network / Red de liderazgo religioso de Chicago

CodePINK

Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES) / Comité en solidaridad con el pueblo de El Salvador

Denver Justice and Peace Committee – DJPC / Comité de Justicia y Paz de Denver – DJPC

Fellowship of Reconciliation – FOR / Compañerismo de Reconciliación – FOR

Franciscan Network on Migration / Red Franciscana sobre Migración

Friendship Office of the Americas / Oficina de Amistad de las Américas

Global Exchange / Intercambio global

Global Health Partners / Socios de salud global

Global Ministries of the Christian Church (Disciples of Christ) & United Church of Christ / Ministerios Globales de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) e Iglesia Unida de Cristo

Guatemala Solidarity Project / Proyecto Solidario Guatemala

Haitian Bridge Alliance / Alianza de puentes haitianos

Hispanic Federation / Federación Hispana

Honduras Solidarity Network / Red de Solidaridad de Honduras

Inter Religious Task Force on Central America and Colombia / Grupo de trabajo interreligioso sobre Centroamérica y Colombia

International Migrants Alliance – USA / Alianza Internacional de Migrantes – EE. UU.

Just Associates (JASS) / Asociadas por lo Justo (JASS)

Just Foreign Policy / Política Exterior Justa

Justice for Muslims Collective / Colectivo de justicia para las musulmanes

Leadership Conference of Women Religious / Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas

National Day Labor Organizing Network (NDLON) / Red de organización del trabajo del día nacional (NDLON)

National Immigrant Justice Center / Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes

National Network for Immigrant & Refugee Rights / Red Nacional de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados

National TPS Alliance / Alianza Nacional de TPS

Network in Solidarity with Guatemala (NISGUA) / Red en Solidaridad con Guatemala (NISGUA)

Partnership for Earth Spirituality / Asociación para la espiritualidad terrestre

Pax Christi USA / Pax Christi EE. UU.

Presbyterian Church USA / Iglesia Presbiteriana de EE. UU.

Project South / Proyecto Sur

Quixote Center / Centro Quijote

Sanctuario DMV (Washington, DC, MD, VA)

SHARE Foundation / Fundación SHARE

School Sisters of Notre Dame Cooperative Investment Fund / Fondo de Inversión Cooperativa School Sisters of Notre Dame

School of the Americas Watch / Observatorio de Escuela de las Américas

Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team / Hermanas de la Misericordia de las Américas – Equipo de Justicia

Sister Parish, Inc. / Hermana Parish, Inc.

St. Louis Inter-Faith Committee on Latin America / Comité Interconfesional de St. Louis sobre América Latina

United Church of Christ, Justice and Witness Ministries / Iglesia Unida de Cristo, Ministerios de Justicia y Testigos

Unitarian Universalist Service Committee / Comité de Servicio Unitario Universalista

Win Without War / Ganar sin guerra

Witness for Peace Solidarity Collective / Colectivo Solidario Testigos por la Paz

Witness at the Border / Testigos por la Paz

Organizaciones Religiosas

Carmelite Sisters, VEDRUNA / Hermanas Carmelitas, VEDRUNA

Chicago chapter, Benedictines for Peace / Capítulo de Chicago, Benedictinos por la paz

Community Council, Servants of Mary, US/Jamaica Community / Consejo Comunitario, Servants of Mary, Comunidad EE. UU./Jamaica

Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, U.S. Provinces / Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, Provincias de EE. UU.

Congregation of Sisters of St. Agnes / Congregación de Hermanas de Santa Inés

Congregational Justice, Peace and Integrity of Creation Office – (Incarnate Word Sisters) / Oficina Congregacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación – (Hermanas del Verbo Encarnado)

Disciples Refugee & Immigration Ministries / Discípulos Ministerios de Refugiados e Inmigración

Dominican Sisters of Racine, WI – Leadership Team / Hermanas Dominicanas de Racine, WI – Equipo de Liderazgo

Dominicans Sisters of Sinsinawa Office of Peace and Justice / Hermanas Dominicanas de Sinsinawa Oficina de paz y justicia

Holy Spirit Missionary Sisters, USA-JPIC / Hermanas Misioneras del Espíritu Santo, USA – JPIC

IHM Sisters Justice, Peace and Sustainability Office / Oficina de Justicia, Paz y Sostenibilidad de IHM Hermanas

Illinois Women Religious Against Human Trafficking (IWRAHT) / Religiosas de Illinois contra la trata de personas (IWRAHT)

Immaculate Heart Community Immigration Commission / Comisión de Inmigración de la Comunidad del Corazón Inmaculado

Institute of the Blessed Virgin Mary / Instituto de la Santísima Virgen María

Loretto Latin America/Caribbean Committee / Comité Loretto América Latina / Caribe

Mercy Ecology / Ecología de la misericordia

National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd / Centro Nacional de Defensa de las Hermanas del Buen Pastor

Office of Justice, Peace and Integrity of Creation (Oldenburg) / Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (Oldenburg)

Religious of the Sacred Heart of Mary, Western American Area / Religiosas del Sagrado Corazón de María, Área de América Occidental

Sisters, Home Visitors of Mary / Hermanas, Visitadores del Hogar de María

Sisters of Mercy / Hermanas de la Misericordia

Sisters of the Most Precious Blood-Committee on Immigration / Hermanas de la Preciosísima Sangre-Comité de Inmigración

Sisters, Servants of the Immaculate Heart of Mary, Scranton, PA / Hermanas, Siervas del Inmaculado Corazón de María, Scranton, PA

Sisters of the Humility of Mary / Hermanas de la Humildad de María

St. Paul’s Monastery, St. Paul, MN / Monasterio de San Pablo, St. Paul, MN

Strangers No Longer, St. Michael Catholic Community, Michigan / Ya no hay extraños, Comunidad católica de St. Michael, Michigan

Leer original en ingles, aqui.