Derechos humanos

Un año después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara a la covid-19 como una pandemia, aquel infausto 11 de marzo, la humanidad dispone ya de trece vacunas aprobadas para uso de emergencia.

La escena es trágica, horripilante. Dos vehículos quemados con 19 cuerpos adentro, uno con 113 impactos de bala, alcanzados en el infierno que es la franja fronteriza de Tamaulipas, cerca de Nuevo León y Texas.

Dicen en el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) –la organización que Berta Cáceres fundó, que ella no se murió: se multiplicó; que el 2 de marzo no fue la muerte de Berta, sino la siembra, su regreso a la tierra que tanto defendió cuando aún respiraba, antes de que los asesinos le quitaran la vida.

El domingo 28 de febrero, poco más del 50% del electorado salvadoreño acudió a las urnas en elecciones legislativas y municipales, y eligió darle más poder a Nayib Bukele en El Salvador, otorgándole mayoría calificada de la Asamblea Legislativa.

Las denuncias señalan que la mayoría de los ataques son promovidos por el gobierno y sus funcionarios. Además, que los ataques en contra de mujeres periodistas tienen un alto contenido misógino y de odio.

Después de 30 años, el gobierno de El Salvador continúa asegurando impunidad para los responsables de la peor masacre de la historia moderna de Latinoamérica, en la que fueron asesinadas por la Fuerza Armada salvadoreña 986 personas.

Hemos examinado con interés el informe de su Plan para construir seguridad y prosperidad en asociación con el pueblo de Centroamérica, ya que, si bien nuestras organizaciones y las comunidades que acompañamos compartimos el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones económicas en la región, nos preocupa que el Plan pueda recrudecer las políticas que han contribuido a la pobreza, la desigualdad y la violencia en Centroamérica.