Los resultados de la elección el 7 de mayo para conformar a los 51 miembros del Consejo Constitucional que culminarán la redacción de la nueva Constitución, representan una derrota para el gobierno del presidente Gabriel Boric y para todos aquellos, no necesariamente identificados con partidos de izquierda
Después de haber logrado la suspensión del proyecto de minería Progreso VII Derivada, La Resistencia Pacífica La Puya enfrenta una demanda por más de 400 millones de dólares de la empresa minera, Kappes, Cassiday y Asociados, con sede en Nevada, EEUU, contra el Estado de Guatemala. El arbitraje se lleva a cabo en un tribunal del Banco Mundial que permite que empresas extranjeras demanden a gobiernos como represalia contra la legítima defensa de su territorio y bienes por parte de las comunidades afectadas y las leyes nacionales.
El día internacional de la mujer, el día de las mujeres “de muchas formas”, de las juventudes, de las diversidades. Desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan–territorio urbano en disputa, como es el territorio rural de las mujeres indígenas, y el cuerpo-territorio de las mujeres de todas las edades y descendencias—la marcha pasó con alegría y dolor, paz y coraje… Las mujeres llenaron la calle, las banquetas y las avenidas aledañas. Se organizaron para abrir paso a algunas en los momentos claustrofóbicos, como frente al Caballito, cuando ni se podía avanzar por la congestión de cuerpas ocupando el espacio público que les pertenece por hecho y derecho.
Así las cosas, este 8 de marzo, a las 9:00 de la noche recibimos la noticia de la firma de un acuerdo ejecutivo que declara el libre uso y comercialización de las PAE, firmado por el ministro de Salud y la Presidenta Xiomara Castro Sarmiento.
Los diputados oficialistas aprobaron a principios de enero la décima extensión de la ley marcial que permite, entre otras cosas, que el gobierno oculte la información de gastos públicos. El régimen de excepción incluye la suspensión de las garantías constituciones de los salvadoreños y el uso de los militares para tareas de seguridad pública.
La militarización, ahora institucionalizada en la Constitución y en la práctica, extendida para los próximos seis años y muy posiblemente para siempre, no es solo la más reciente manzana de la discordia entre los partidos políticos. Es un tema que tiene profundas implicaciones para la sociedad mexicana, la democracia, la seguridad, la igualdad de género y los derechos humanos. Tiene que analizarse en el marco de estas consideraciones, más allá de los falsas e hipócritas posicionamientos de los partidos políticos.
Desde el 25 de marzo hasta el 30 de mayo, el gobierno informó que la policía y los militares han arrestado a más de 34,000 personas. Las organizaciones de la sociedad civil han recibido más de 360 denuncias de detenciones arbitrarias.
Grupos de inmigrantes, estudiantes, religiosos, líderes comunitarios y personas afectadas por la desigualdad económica del país, se reunieron frente al Capitolio para llamar a las acciones para la defensa de los derechos humanos.
Ningún país se identifica con el rifle como Estados Unidos. Basta un somero recorrido por la historia contada por ellos mismos, tantas veces reflejada por Hollywood:
Por todos los rumbos de México los proyectos extractivistas de las empresas mineras, turísticas, forestales y extractoras del subsuelo invaden territorios comunales y ejidos. Por todo México las y los defensores de esos territorios son asesinados, desaparecidos, denunciados, criminalizados. Pero su resistencia nunca es doblada.
