Actualizado el 28 de julio de 2008
El 30 de junio de 2008, el presidente George W. Bush firmó y convirtió en ley la Iniciativa Mérida—mejor conocida como Plan México—unos días después de que el Congreso de EEUU la aprobara como parte de la Ley de Asignación de Fondos Suplementarios para Irak. La medida tuvo que adoptar varias versiones preliminares antes de que ambas cámaras finalmente la aprobaran, mientras legisladores iban y venían entre la administración Bush y el gobierno del presidente de México Felipe Calderón para resolver objeciones ahora centradas en los derechos humanos.
En la versión final, las débiles condiciones que se habían incorporado a la iniciativa quedaron modificadas. Ambos gobiernos se proclamaron satisfechos con el acuerdo, y el Congreso saludó una nueva era de colaboración binacional. Pero ahora, con los derechos humanos relegados a la cuneta, la sociedad Mexicana y las relaciones México-Estados Unidos encaran un futuro militarizado donde el poder no acotado de unas fuerzas de seguridad ya abusivas, no resuelve la alarmante violencia del crimen organizado, sino antes bien, se añade a ella y la agrava.
En su primera entrega, el paquete de asistencia final, de $400 millones de dólares, difiere poco en contenido y concepto de la versión original que Bush presentó el 22 de octubre del año pasado. De acuerdo con la propuesta de Bush y la autorización de la Cámara de Representantes, el paquete entero de tres años podría distribuir hasta $1,600 millones de dólares a México, Centroamérica y El Caribe para su inversión en asistencia para seguridad y el diseño y aplicación de medidas antinarcóticos, antiterrorismo y para reforzar la seguridad fronteriza.
México y Estados Unidos enfrentan el desafío compartido de disminuir el crimen organizado trasnacional y deben colaborar para fortalecer el estado de derecho y detener el tráfico de drogas ilícitas y de armas en la frontera. Pero en su prisa por incorporar el Plan México a la iniciativa para asignar fondos suplementarios a Irak y demostrar su apoyo a México a los votantes latinos, muchos legisladores pasaron por alto los detalles específicos del Plan. La iniciativa contiene defectos estratégicos fatales. Su enfoque militar para resolver la lucha antidrogas provocará una escalada de violencia relacionada con las mismas, además de abusos contra los derechos humanos, y desembocará en la incapacidad de alcanzar sus propios objetivos.
Aunque se la presenta como un esfuerzo sin precedentes por combatir el extendido narcotráfico y la violencia ligada al crimen organizado en México, la llamada "Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional" rebasa por mucho la detención del flujo de drogas ilícitas. En lo fundamental, reestructura la relación binacional entre Estados Unidos y México; cambia la naturaleza de los problemas económicos y sociales presentándolos como asuntos de seguridad; y militariza a la sociedad mexicana.
Debido a los cambios realizados para lograr la aprobación del Plan, ahora deberemos esperar el informe de gastos de la Secretaría de Estado de EEUU a mediados de agosto para conocer los detalles exactos de gran parte del mismo. Conforme a la versión original de Bush, más de la mitad de la asistencia se destinaba a los efectivos militares y policíacos mexicanos con $205 mil millones de dólares solamente para el ejército. En la versión aprobada por el Congreso, la ayuda militar se redujo a $116,500 millones de dólares este primer año, lo que podría significar ya sea que se demorará la entrega de uno de las dos aeronaves de patrullaje marítimo de $50 millones de dólares cada una, y de algunos helicópteros patrulla de $13 millones de dólares cada uno, o que un porcentaje mayor de la asistencia se dará a las policías, o una combinación de ambas medidas.
La reducción de ayuda militar implicará una diferencia mínima en la práctica. Tanto el ejército como las policías han sido acusados de violaciones a los derechos humanos bien documentadas pero no resueltas legalmente. Al mismo tiempo, no se destina dinero alguno, en ninguno de los dos países, al tratamiento para la rehabilitación del uso de drogas ni para mitigar los daños que ellas provocan, y el colosal programa de "cooperación" ignora los graves problemas que existen dentro de Estados Unidos, es decir, ingreso de drogas ilícitas, florecientes venta y consumo de las mismas, tráfico de armas transfronterizo y lavado de dinero.
Este paquete asistencial ubicaría la relación binacional de Estados Unidos con uno de sus aliados más cercanos y sensibles dentro de una esfera de problemas de seguridad vagamente definidos. Si bien ordena un aumento formidable de ayuda a México, no incluye fondos para lidiar, por fin, con las necesidades de desarrollo y la alarmante pobreza de nuestro vecino del sur. Asimismo obliga a la administración entrante a proseguir la desastrosa estrategia antiterrorista de Bush compuesta de "diplomacia de cañón y primeros golpes", y aplicarla en una nación vecina, justo cuando el público estadounidense está exigiendo un cambio de política exterior.
Ahora los miembros de grupos pro derechos humanos tanto en México como en Estados Unidos se ven sin más opción que supervisar los resultados de esta política equivocada. Esta labor debería llevarse a cabo con la mayor participación posibles de la ciudadanía, de tal manera que cuando llegue el momento de renovar asignaciones de fondos para el Plan México, éste sea evaluado con base en resultados reales y no en extravagancias políticas. Los congresos mexicano y estadounidense deben también insistir en que la estrategia de seguridad que esta asistencia apoya se evalúe sometiéndola a criterios específicos de revisión.
Para iniciar un debate público sobre los riesgos inherentes al Plan México, es importante en primer lugar comprender lo que es.
¿Qué es el Plan México?
Tras meses de expectación y de negociaciones herméticas, el Plan México o Iniciativa Mérida fue presentado como una "Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional" con duración de tres años a un costo de $1,400 millones de dólares. De inmediato, los congresistas estadounidenses objetaron que la administración Bush no les había proporcionado información alguna hasta que el trato se hubo cerrado.
La petición de $550 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2008—$500 millones de dólares para México y $50 millones de dólares para Centroamérica—iba anexa a la Iniciativa de Ley para Asignación de Fondos Suplementarios para Irak. El 26 de junio el Congreso aprobó la iniciativa con ligeras modificaciones, reduciendo la porción para México a $400 millones de dólares en la primera entrega, y aumentando a $65 millones de dólares la porción para Centroamérica incluyendo Haití y la República Dominicana.
La Secretaría de Estado de EEUU debe presentar un plan de gastos al comité de asignaciones de fondos hacia mediados de agosto. Los detalles facilitados hasta ahora revelan $116.5 millones de dólares al ejército mexicano y $73.5 millones de dólares para una "reforma judicial, construcción de instituciones y actividades anticorrupción y promotoras del estado de derecho." Lo que sigue a esto es un desglose del plan original. A pesar de que las cifras no han sido ajustadas, la versión del Congreso parece seguir las mismas líneas, con reducciones en algunos de los conceptos.
Bajo el rubro de Financiamiento Militar Extranjero, el Plan México asigna hasta $116.5 millones de dólares a las fuerzas armadas mexicanas—cerca del 30% del total. El paquete original relacionaba la compra de ocho helicópteros Bell (a $13 millones de dólares cada uno, con capacitación, mantenimiento y equipo especial) para el Ejército mexicano y dos aeronaves de patrullaje marítimo (a $50 millones de dólares cada uno, con mantenimiento) para la Marina mexicana.
Además, el Plan México destina $48 millones de dólares a México para "Control Internacional de Drogas y Cumplimiento de la Ley". La ayuda directa a las policías y fuerzas armadas constituye más de 40% del paquete. El grueso de estos fondos llegará a las arcas de empresas de defensa por la compra de equipos de vigilancia, inspección y seguridad, y capacitación. La Policía Federal mexicana recibe la mayor parte de estos fondos, y el resto es para Aduanas, Inmigración y Comunicaciones.
El remanente de los fondos solicitados por Bush en 2008 son $112 millones de dólares en la categoría de "Estado de Derecho" para la Procuraduría General de la República y el sistema de justicia penal. Está destinado a programas informáticos y capacitación para el seguimiento de casos y la centralización de datos. La iniciativa original también separaba $12.9 millones de dólares para el infame servicio de inteligencia mexicano, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) para tareas de investigación, equipo forense y antiterrorismo, y para otras agencias como el Instituto Nacional de Migración para el establecimiento de una base de datos de inmigrantes. El gobierno de Estados Unidos se asignaba $37 millones de dólares de la versión del paquete de Bush para cubrir gastos administrativos.
El presupuesto trazado para 2009, que se informa sería de $450 millones de dólares para México es casi lo mismo, solamente asignándose más fondos a las fuerzas policíacas que a las militares, asumiendo que para entonces la notoria corrupción entre estas agencias se habrá superado al menos en parte, un supuesto cuestionable en el mejor de los casos ($120 millones de dólares a las fuerzas armadas y $252 millones de dólares a las policías y otros órganos dedicados al cumplimiento de la ley.
Todos estos programas aspiran a alcanzar las metas de interdicción de la oferta (es decir, impedir la llegada de drogas ofertadas), cumplimiento de leyes y vigilancia—incluyendo espionaje interno—de acuerdo con el modelo de "guerra contra las drogas" desarrollado en Estados Unidos a principios de los años 1970s bajo el régimen del entonces presidente Richard Nixon.1 Históricamente, este modelo militar ha demostrado su ineficacia para lograr eliminar el narcotráfico y reducir la delincuencia organizada, y se le relaciona estrechamente con una escalada de violencia, inestabilidad y autoritarismo presidencial.
La versión del Congreso agrega $1 millón de dólares para apoyar al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en México. Asimismo añade una serie de condiciones no presentes en la versión de Bush. La primera condición enuncia que la entrega de "quince por ciento de estos fondos puede no ser obligatoria hasta que la Secretaría de Estado (de EEUU) informe por escrito a los comités de asignación de fondos que el Gobierno de México está:
- mejorando la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas policíacas federales, y colaborando con las autoridades estatales y municipales para mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las policías de estas últimas autoridades a través de mecanismos que incluyan el establecimiento de comisiones para quejas sobre la policía con la autoridad e independencia para recibir estas quejas y realizar investigaciones eficaces;
- estableciendo un mecanismo para la realización de consultas regulars entre autoridades relevantes del Gobierno Mexicano, organizaciones mexicanas pro derechos humanos y otros organismos relevantes de la sociedad civil mexicana, y que haga recomendaciones respecto a la aplicación de la Iniciativa Mérida de acuerdo con la ley mexicana y el derecho internacional;
- asegurando que los agentes del ministerio público y autoridades judiciales están investigando y persiguiendo, conforme a la ley Mexicana y al derecho internacional, a los miembros de la policía federal y fuerzas armadas de las que se tengan informes verosímiles de haber cometido violaciones a los derechos humanos y que las policías federales y fuerzas armadas estén cooperando totalmente con estas investigaciones; y
- haciendo cumplir la prohibición, conforme a la ley Mexicana y el derecho internacional, de utilizar testimonios obtenidos por medio de la tortura u otros malos tratos."
Esta lista no exige nada que el Gobierno Mexicano no esté ya obligado a hacer. En casi todos lados, la policía se queja de que ya existen los mecanismos y que la condición no es clara en cuanto a cómo debe ser el seguimiento legal a una queja. Ciudadanos mexicanos atestiguan que no hay ningún seguimiento en la mayoría de los casos.
La segunda condición sí crea un nuevo organismo, pero éste se reduce a emitir recomendaciones sobre la práctica de la Iniciativa Mérida, con una obligatoriedad incluso menor a las de las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual ha emitido veintenas de recomendaciones hasta ahora ignoradas por las fuerzas de seguridad y entidades gubernamentales.
Por último, la prohibición sobre la tortura en México representa un progreso en la esfera jurídica pero ha sido letra muerta en términos prácticos. De hecho, la Comisión Civil Internacional sobre Derechos Humanos documentó también veintenas de casos de tortura en la visita que hizo en 2007 a Oaxaca, Chiapas y San Salvador Atenco. La cantidad de casos—exacerbada por la falta de seguimiento legal—llevó a la Comisión a declarar la situación de los derechos humanos en México "extremadamente crítica".2
En todo caso, las condiciones impuestas por el Congreso de EEUU sobre derechos humanos han sido una espada de doble filo. Se han aplicado con criterios obviamente políticos en el pasado, y a menudo carecen de estándares o normas claras de evaluación, al punto de que incluso muchos grupos pro derechos humanos rechazan su práctica. México siempre objetó el proceso de "certificación" mediante el cual el Congreso de Estados Unidos decidía si un país podía recibir asistencia antinarcóticos, y más tarde el proceso se modificó de tal modo que México ha estado exento de dicha certificación desde 2002. El Embajador Garza se apresuró a tratar de calmar las susceptibilidades mexicanas, asegurando que los requisitos para la Iniciativa Mérida no equivalían a una certificación.3 Las condiciones en su versión final requieren solo un informe previo, sin que Estados Unidos verifique el cumplimiento después de entregado el paquete asistencial.
La conexión con el TLCAN
La "Iniciativa Mérida" recibió este nombre por una reunión entre los presidentes Bush y Calderón en Mérida, en la Península de Yucatán, en marzo de 2007. La historia oficial es que el presidente Calderón, ya comprometido en una "guerra contra el narco" dependiente en gran medida del uso del ejército para detener la oferta, solicitó la ayuda de Estados Unidos durante el encuentro en Mérida, y tras negociar los detalles, el gobierno estadounidense accedió a ello.
Con el énfasis puesto en los esfuerzos antinarcóticos, en el periodo de preparación para el anuncio del paquete en ese octubre, ambos gobiernos acumularon una serie de estudios y estadísticas que apoyaran la contradictoria tesis de que el narcotráfico en México y la violencia consecuente habían llegado a una crisis, y que la ofensiva de Calderón contra los cárteles de la droga estaba funcionando.
Ésta no es la verdadera historia de los orígenes del Plan. El concepto de la administración Bush de una estrategia de seguridad conjunta para Norteamérica se remonta por lo menos a la creación de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) como una extensión del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).4 Cuando los tres jefes de estado de Norteamérica se reunieron en Waco, Tejas, en marzo de 2005, pusieron en movimiento un sigiloso proceso de negociaciones entre miembros de sus ramas ejecutivas y representantes de grandes corporaciones para facilitar los negocios transfronterizos y crear un perímetro de seguridad compartido. Reuniones subsecuentes, incluyendo la cumbre de Nueva Orleans, expandieron estos objetivos en medio de críticas crecientes.5
A través del ASPAN, la administración Bush ha buscado empujar a sus socios comerciales en América del Norte a formar un frente común que asumiría la responsabilidad compartida de proteger a Estados Unidos de amenazas terroristas, promover y proteger el modelo económico de libre comercio, y reforzar el control de Estados Unidos sobre el mundo, en especial en América Latina, donde el Departamento de Estado de EEUU percibe una amenaza cada vez mayor debido a la elección de gobiernos de centro izquierda. Aunque la colaboración internacional contra el terrorismo es una meta laudable y necesaria, la estrategia de seguridad nacional de Bush6 entraña graves violaciones a la soberanía nacional de los países socios, un riesgo mayor de ser atacados como aliados de Estados Unidos, y amenazas a las libertades civiles del pueblo de los tres países. Es más, el modelo antiterrorista ejemplificado en la invasión de Irak ha provocado, como se reconoce generalmente, un aumento de la inestabilidad y la actividad terrorista en el mundo entero.
Ampliar el concepto de integración económica de América del Norte hasta abarcar asuntos de seguridad nacional por medio del proceso a puerta cerrada del ASPAN plantea serias interrogantes sobre cómo se define la seguridad y quién hace las definiciones.
Thomas Shannon, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, lo dijo de manera tajante en un discurso el pasado 8 de abril: El ASPAN "entiende a América del Norte como un espacio económico compartido; como espacio económico compartido necesitamos protegerlo, y necesitamos entender que no protegemos ese espacio económico solamente en nuestras fronteras; tiene que ser protegido ampliamente en toda América del Norte, y así como hemos trabajado a través del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte para mejorar nuestras relaciones comerciales y de negocios, también nos hemos esforzado por mejorar nuestra cooperación para la seguridad. En cierto modo, estamos blindando el TLCAN."7
El esfuerzo del ASPAN busca poner candados a políticas no consensuales y que no han sido debatidas en público y tampoco en el Congreso. Grupos Ciudadanos de las tres naciones han convocado a suspender las pláticas del ASPAN ya que en ellas no hay representatividad de los sectores laboral, civil y ambiental, y tampoco transparencia al público. En el frente de la seguridad, en EEUU se ha cuestionado abundantemente el concepto que tiene la administración Bush de la seguridad, planteada sobre bases militares y no sobre bases diplomáticas y de políticas sociales, además de que su concepto ha sido rechazado de plano por la vasta mayoría de mexicanos y canadienses.
En esta situación, en lugar de revisar las políticas y de abrirlas al debate público, la administración Bush ha lanzado su jugada más audaz hasta la fecha dentro del contexto del ASPAN-Plan México. Se especulaba que el Plan se anunciaría en la conferencia del ASPAN en Montebello en agosto de 2007, pero, quizá por la presencia de manifestantes contra el ASPAN en aquella reunión, el presidente Bush pospuso varios meses la revelación oficial de la "Iniciativa Mérida". Sin embargo, en las últimas dos sesiones del ASPAN se ha discutido el Plan México y el Departamento de estado ha sido claro acerca de su papel crucial dentro del marco global económico y de seguridad del ASPAN.
Es importante entender las raíces que tiene el Plan México en la agenda por una integración firme de la administración Bush. El Plan implica mucho más que un programa temporal de asistencia para combatir los cárteles de la droga. Transforma estructuralmente la base de la relación binacional de tal manera que subraye de forma permanente los aspectos militares por encima de la muy necesaria ayuda al desarrollo, y modificación de políticas de inversión y comercio. El alcance de la Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional demuestra que va mucho más allá de un combate a las drogas y afirma de manera inamovible políticas fallidas de manejo de la inmigración, militarización fronteriza, integración económica, ataques a las libertades civiles con el cariz de antiterrorismo e intromisión de las fuerzas de seguridad en la política social y la diplomacia internacional. Para conseguirlo, la administración saliente de Bush se ha amparado en el respaldo de dos aliados económicamente dependientes para intentar asegurar que sus políticas sean irreversibles aun bajo una presidencia demócrata en Estados Unidos.8
¿Qué peligros encierra el Plan México?
El Plan México materializa una lógica de confrontación que puede criticarse con base en los siguientes puntos:
- El modelo de "guerra contra las drogas" no funciona.
- Suministrar equipamiento y recursos a las fuerzas de seguridad mexicanas en el actual contexto de corrupción e impunidad agravará los problemas, reducirá el papel de la sociedad civil en cualquier reforma e inhibirá la construcción de instituciones democráticas.
- El Plan México promueve la militarización de la sociedad mexicana con escasos controles legales o sociales.
- La Iniciativa Mérida amplía las facultades presidenciales en México, descompensando un equilibrio de poderes ya de por sí débil.
- El modelo de la guerra antidrogas invariablemente se expande hacia la represión de la oposición política existente en los países donde se ha aplicado, borrando los límites entre el combate contra las drogas, contra el terrorismo y contra la oposición política.
- La Iniciativa Mérida reproduce indiscriminadamente el modelo de guerra contra el terrorismo de Bush, poniendo en riesgo las instituciones democráticas y los derechos humanos y civiles en México, donde la amenaza de terrorismo internacional es prácticamente inexistente.
- El Plan México intensifica el conflicto fronterizo proyectando la inmigración a través del mismo lente militar con el que se proyecta el terrorismo y el crimen organizado.
- Reformar los sistemas judiciales y carcelarios mexicanos requiere la voluntad política de México, no el dinero de los contribuyentes estadounidenses.
- El Plan México no representa una cooperación binacional auténtica.
- El Plan México viola la soberanía mexicana.
- El Plan México divide a Latinoamérica.
México tiene un problema de tráfico de drogas ilícitas con la violencia consecuente. Pero existe más de un método para llegar a su solución.
La Iniciativa Mérida parte del supuesto erróneo de que la interdicción—es decir, impedir el suministro de la oferta de drogas—el cumplimiento de leyes y el procesamiento acabarán por eliminar el narcotráfico transfronterizo. Los estudios pertinentes han demostrado que el tratamiento y la rehabilitación resultan 20 veces más eficaces en reducir el comercio ilegal de drogas.9 Empero la Iniciativa Mérida no pone un solo centavo10 para el tratamiento o la rehabilitación en ninguno de los dos países.
Actuando contra su objetivo explícito de disminuir el narcotráfico binacional, la administración suspendió recientemente los fondos para programas de prevención y tratamiento en EEUU. Este enfoque avanza en la dirección equivocada.
El modelo basado en la interdicción del suministro fracasa por una razón obvia: dondequiera que haya un comprador habrá siempre un vendedor; y como se trata de un mercado negro, el vendedor debe ser miembro del crimen organizado y por lógica obtendrá una enorme ganancia libre de impuestos.
La experiencia del Plan Colombia revela los peligros ocultos del Plan México como ahora se presenta al Congreso. El Plan Colombia es un paquete similar de asistencia militar de Estados Unidos diseñado para el combate a las drogas. Desde su inicio en el año 2000, ha contribuido a la violencia y la corrupción arraigadas en ese país sudamericano, fracasando al mismo tiempo en reducir el flujo de droga a Estados Unidos.
Durante siete años del Plan Colombia, el gobierno estadounidense ha gastado unos 6 mil millones de dólares supuestamente para librar la guerra contra las drogas. El 76% de esa cantidad fue a manos del ejército colombiano. Los resultados son de sobra conocidos. Colombia es aún la fuente primaria de cocaína en el mercado estadounidense; su precio ha bajado, su pureza ha subido. Pese a las campañas de fumigación, devastadoras para el ambiente, numerosos estudios prueban que las superficies de plantíos de coca se han incrementado o han permanecido iguales.
Como resultado de golpes espectaculares contra los cárteles, éstos han adoptado equipos y métodos de organización más sofisticados, y relaciones más cercanas con los cárteles mexicanos. Como la hidra, una nueva ruta se abre cuando la anterior es cerrada, y surgen nuevos capos desde cualquier lugar de sus filas cuando los existentes son muertos o encarcelados.
Además del fracaso en detener la producción de droga y el procesamiento y tránsito de cocaína, el Plan Colombia se extendió a ayudar al gobierno colombiano de derecha en su combate a las guerrillas insurgentes izquierdistas. En 2003 el Congreso autorizó que el gobierno de EEUU se involucrara en el esfuerzo contrainsurgente, cuando acordó ampliar formalmente la esfera del Plan Colombia a fin de autorizar el uso de la ayuda militar más allá de actividades antinarcóticos y eliminar anteriores restricciones. A consecuencia de ello, el periodista investigador Frank Smyth escribió que en 2001 Colombia había sobrepasado a El Salvador como el mayor esfuerzo de contrainsurgencia de Estados Unidos desde Vietnam.11
Con la llegada de armamento y fondos a las fuerzas armadas colombianas, las violaciones de derechos humanos, el desplazamiento de comunidades enteras y los asesinatos de civiles se han multiplicado a un grado que resulta alarmante incluso para quienes propusieron el Plan. En su autorización reciente de fondos nuevos para el Plan Colombia, la Cámara de Representantes de EEUU aprobó una versión que reduce la ayuda militar, disminuye las fumigaciones y condiciona la ayuda al cumplimiento de requisitos más estrictos de respeto a los derechos humanos. La ayuda total al gobierno colombiano sigue siendo enorme y militar casi toda ella, mas aunada al probable rechazo del Acuerdo de Libre Comercio con Colombia debido a la preocupación por los derechos humanos y laborales, por lo menos marca un reconocimiento mínimo en el Congreso de EEUU de que el modelo de "combate a las drogas" en aquella nación simplemente no está funcionando como se planeaba.
En conclusión, el día de hoy el usuario tiene un acceso igual, si no mayor, a la cocaína en las calles de las ciudades de EEUU, y la droga es más barata y más potente que nunca.12 Colombia sigue siendo el proveedor número uno del mercado estadounidense. Más de 3.8 millones de personas fueron desplazadas de sus comunidades; los grupos paramilitares responsables del 80% de las violaciones a derechos humanos actúan agresiva e impunemente, y Colombia es una sociedad militarizada atrapada en la violencia intestina.
Esta experiencia debiera analizarse escrupulosamente antes de trasplantar un modelo fallido con daños colaterales abrumadores al tejido social de una nación aliada. Aunque México sea un país muy diferente—no hay una guerra civil o actividad extensa de la guerrilla—vale la pena tomar en consideración muchas de las lecciones del Plan Colombia en vísperas del Plan México. El fracaso del modelo de guerra antidrogas en Colombia, y en Afganistán, parece ameritar como mínimo una actitud precavida hacia su aplicación en otros países, especialmente uno tan cercano en lo geográfico y lo económico como México.
Lamentablemente, las fuerzas de seguridad mexicanas son hoy, con frecuencia, más parte del problema que de la solución. Según el informe para 2007 del Departamento de Estado de EEUU sobre derechos humanos en México,13 "La corrupción continuó siendo un problema, gran parte de las policías está envuelta en secuestros, extorsiones o venden protección, o actúan directamente como representantes de la delincuencia organizada y los narcotraficantes. La impunidad llegó a tal grado que las víctimas a menudo se negaban a levantar acusaciones."
Miembros de alto rango de las fuerzas de seguridad mexicanas a los niveles local y nacional mantienen estrechos vínculos con narcotraficantes, trabajando directamente para ellos en muchas partes del país. Tradicionalmente el ejército ha sido más independiente de esta dinámica, pero su despliegue dentro del país en la guerra contra el narco está aumentando su participación y conduce a violaciones de los derechos humanos. Muchos desertores del ejército, que alcanzaron 17,000 tan sólo el año pasado, han recibido capacitación antinarcóticos y la transmiten a los cárteles de la droga cuando les sirven por muy buen dinero. El infame grupo de los Zetas (una red del narcotráfico compuesta por ex agentes militares y judiciales) ilustra la capacidad letal de los grupos con entrenamiento militar que colaboran con los cárteles de la droga.
Por otro lado, el equipo militar acaba en posesión de los cárteles. La ATF—agencia de E.U. para el control del alcohol, tabaco y armas de fuego—informa que el 90% de las armas decomisadas a la delincuencia organizada en México proviene de Estados Unidos, muchas de ellas con registro del ejército estadounidense.14 El senador Alfonso Sánchez Anaya informó al Congreso mexicano que 15 millones de armas circulan ilegalmente en México.15 En Irak, una investigación reveló la "falta" de miles de armas, las cuales se cree están en manos de insurgentes y delincuentes. El mercado negro de armas está en su apogeo. Ante esta situación, el prospecto de que el equipo militar estadounidense acabe en las manos equivocadas es más que inevitable.
Al excluir los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación comunitarios, las iniciativas de vigilancia vecinal y otras medidas que dan a la sociedad civil un papel más activo, la iniciativa tiende a convertir a la ciudadanía en un protectorado de las fuerzas armadas. El acto de redefinir el crimen como una amenaza a la seguridad nacional también lo excluye de la esfera de acción comunitaria.
El propósito de lo expuesto no es denigrar a las fuerzas armadas de México, sus policías y su gobierno. Entre sus filas puede encontrarse a muchos individuos valientes y honestos, y algunos han dado sus vidas combatiendo la corrupción. Declaraciones extremas, como la de Tom Tancredo del 8 de noviembre de 2007, cuando dijo que "El grado de corrupción dentro del gobierno y el ejército es tan grande que es difícil ver dónde termina el gobierno y comienzan los cárteles", obedecen más a una mentalidad concentrada en atacar a México que a una preocupación seria por los desafíos reales a que el país se enfrenta.
Ésta es la realidad de la situación, y el reto para la política binacional de EEUU es apoyar medidas eficaces para eliminar la corrupción y acabar con la impunidad mientras se desarrollan mecanismos de cooperación para combatir el crimen trasnacional.
Entregar armas, equipo militar y capacidad de espionaje y vigilancia y entrenamiento para usar todo ello a fuerzas de seguridad con un historial de abusos que el sistema judicial no puede o no quiere controlar, es como arrojar gasolina a un incendio. Ignorar las causas de origen de la actividad criminal y las demandas del mercado eleva la probabilidad de que la asistencia militar otorgue mayor poder a la delincuencia y alimente la corrupción.
El modelo de confrontación del tráfico, de la venta y del consumo de drogas por medios militares aumenta la violencia y debilita las instituciones democráticas. En países donde éstas son de por sí débiles, puede crear obstáculos graves para una transición a la democracia.
La ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU Louise Arbour previno contra el uso del ejército en las calles durante su última visita a México. "Entiendo que haya quienes dicen que hay que recurrir en ocasiones a una fuerza más poderosa como el ejército, pero esto, a largo plazo, me parece francamente peligroso," declaró Arbour a la red de televisión Televisa. "El ejército no debe estar haciendo el trabajo de la policía."16
El General José Francisco Gallardo, el principal promotor de las garantías a los derechos humanos dentro del Ejército Mexicano y especialista en derecho constitucional, a quien se envió a prisión por sus esfuerzos, afirma: "Aquí lo que debe hacerse es formar una fuerza policíaca nacional que lleve a cabo estas funciones y no lo haga dependiendo del ejército … La presencia del ejército en asuntos que no son de su competencia desplaza las facultades constitucionales de la autoridad civil, federal, estatal y municipal, y va contra el Art. 21 de la Constitución."17
Al preguntársele si la estrategia de Calderón de militarizar la guerra contra las drogas podría llevar a un regreso a la "guerra sucia" de los 1970s, Gallardo—que como joven soldado fue uno de los pocos miembros de las fuerzas armadas que protestaron contra las torturas y asesinatos que marcaron el período—dijo a la autora: "Ya estamos experimentando un regreso a la guerra sucia."18 Gallardo citó la extendida práctica de la tortura y detenciones arbitrarias como prueba de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el México contemporáneo.
El informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana19 para 2007, recomendó el retiro gradual del ejército de la guerra nacional contra las drogas. Militarizar a la sociedad haciendo participar al ejército en funciones internas que rebasan su mandato constitucional constituye una amenaza a la democracia. Como es bien sabido en América Latina, la militarización de sociedad e ideología durante la Guerra Fría preparó el advenimiento de las dictaduras militares que asesinaron civiles y retrasaron por décadas el progreso hacia la democracia. Puede esperarse un número mayor de violaciones a los derechos humanos.
El corolario para el mayor respaldo militar en asuntos internos es la escalada de fuerzas paramilitares descontroladas, como ha sucedido en Colombia. En México el uso de paramilitares se ha restringido en su mayor parte a ataques a comunidades zapatistas en el sureño estado de Chiapas.20 Desde 2006, se han usado organizaciones paramilitares en el estado de Oaxaca para reprimir los movimientos sociales e indígenas. Es probable que un aumento en la militarización de la sociedad mexicana conduzca a un aumento en el alcance y actividad de estos grupos.
Ambos gobiernos se han apresurado a defender el Plan declarando que no se desplegarían tropas estadounidenses en suelo mexicano. Una diferencia importante entre la versión interna del combate a las drogas y la que el gobierno de Estados Unidos ha aplicado en otros países es el uso de su Ejército. Cuando se inició el modelo de guerra contra las drogas, el despliegue excesivo de tropas en Vietnam, un sistema de reclutamiento impopular y la drogadicción entre los soldados, y prohibiciones constitucionales, obligaron a descartar el uso del Ejército. La versión para exportación ha incluido tanto el ejército de EEUU como el del país de destino. El Plan Colombia despachó soldados estadounidenses a Colombia, pero el Congreso de EEUU ha mantenido un límite de tropas. Ahora se vive una situación parecida de despliegue excesivo debido a la guerra en Irak, que impone restricciones prácticas al empleo de tropas estadounidenses.
Sin embargo, el despliegue de tropas de EEUU no puede ser la única medida de militarización que se tome en cuenta para evaluar la Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional. La guerra antidrogas en América Latina se libra más bien por medio de mercenarios del sector privado y ejércitos nacionales entrenados por la milicia estadounidense. El Plan México sigue esta estrategia por las razones ya dichas y particularmente para evitar inflamar las sensibilidades mexicanas en lo tocante a soberanía nacional. La militarización mediante el reforzamiento del ejército nacional para que luche dentro de sus fronteras, más el envío de contratistas como Blackwater puede resultar aún más peligroso para México que la presencia de tropas de Estados Unidos, ya que los mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas se vuelven tenues o inexistentes.
A menos que aparezcan mecanismos de control, vigilancia y equilibrio que hasta ahora no se han revelado, el Plan México podría contribuir a la creación de un estado policíaco en México, lo que implica una amenaza particularmente para las mujeres. Además de lo que ya sucedió en San Salvador Atenco (mayo de 2006) las fuerzas de seguridad se han visto implicadas en violaciones y abusos sexuales usados como tortura en casos en Oaxaca, Zongolica y Coahuila.
El modelo de guerra contra las drogas siempre tuvo como objetivo tácito: fortalecer el presidencialismo sin contrapesos o transparencia efectivos, restando facultades a los otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos ciudadanos.21 En México, que apenas emerge de décadas de autoritarismo presidencial, avanzar en esa dirección podría eliminar años de estructuración de un equilibrio de poderes más efectivo.
Desde 2006, con su elección por medio punto porcentual ferozmente disputada, y acusaciones de irregularidades sustentadas en parte por las instituciones electorales, el presidente Calderón enfrenta el desafío de consolidar su mandato. Las políticas estadounidenses deberían alentar un proceso de reconciliación política, no la dependencia de las fuerzas armadas para reforzar los poderes presidenciales.
Tras asumir la presidencia Calderón se construyó rápidamente una imagen de fortaleza respaldada por las armas. Despachó a más de 24,000 elementos del ejército a ciudades y pueblos mexicanos y creó una fuerza especial de élite bajo su supervisión directa.
Los mexicanos no dejaron de advertir el mensaje de una presidencia débil reforzada por una alianza sólida con los militares. Mientras algunos creen que es la única manera de atacar la inseguridad pública, otros han criticado(22) sus matices represivos, el peligro de regresar al presidencialismo aumentando los abusos contra derechos humanos, los cuestionamientos a la constitución y los amagos contra las instituciones democráticas civiles.
A la administración Bush el modelo del combate a las drogas le sirve para blindar sus políticas económicas procorporativas y la influencia militar de Estados Unidos en la región. Cuando la exporta Estados Unidos, la Guerra contra las drogas se convierte en un poderoso instrumento de intervención en y presión a otras naciones para que asuman los intereses de la seguridad nacional estadounidenses como si fuesen los suyos propios. Este papel de policía mundial crea dependencia de las fuerzas militares y servicios de inteligencia estadounidenses y militariza la diplomacia. El Pentágono toma la iniciativa en la política internacional mientras relega a la diplomacia y al derecho internacional a un distante segundo lugar.
Un informe de 2004 documenta el impacto que ejerce el aumento de la ayuda militar estadounidense en América Latina y concluye: "Con demasiada frecuencia en Latinoamérica, cuando los ejércitos se han concentrado en un enemigo interno, la definición de enemigo incluye a los opositores políticos del régimen en el poder, incluso aquellos que trabajan dentro del sistema político tales como activistas, periodistas independientes, organizadores sindicales o dirigentes de los partidos políticos de oposición."23
La persecución de disidentes ha sido bien documentada en muchos períodos de la historia mexicana, incluyendo el actual. La Comisión Civil Internacional pro Derechos Humanos (International Civil Commission on Human Rights, CCIODH) escribe en sus conclusiones preliminares luego de una gira de investigación de hechos en febrero de 2008: "Se han propalado los arrestos arbitrarios de miembros de movimientos sociales y, en ocasiones, de familiares suyos por el simple hecho de serlo. Es normal que a los detenidos se les someta a tortura y maltratos físicos. Para justificar los arrestos se aportan pruebas falsas …"24
A los periodistas que informan de violencia estatal o relacionada con los cárteles de la droga se les convierte en víctimas de un silenciamiento selectivo. El Comité para la Protección de Periodistas tiene a México en décimo lugar mundial en su "Índice de Impunidad." Colombia, tras casi diez años de prescripciones de su Plan para afirmar el estado de derecho, califica en cuarto lugar en la proporción de asesinatos de periodistas que continúan impunes.25
Las medidas antiterroristas que contiene el Plan México ignoran el hecho de que la amenaza a Estados Unidos y la que enfrenta México no son equivalentes ni en dimensiones ni en naturaleza, como tampoco lo son sus contextos políticos. México está emergiendo de un dominio del autoritarismo, con muchas instituciones y prácticas no democráticas todavía intactas, y señales crecientes de una vuelta a la impunidad y el mando de caciques políticos.
Obligar a México a adoptar medidas antiterroristas de emergencia, entre ellas vigilancia interna, intervenciones telefónicas, cateos sin orden judicial—la "ley Gestapo" (así llamada por algunos medios de información mexicanos) propuesta por el gobierno de Calderón y que fue retirada ante el clamor popular—y a definir las protestas sociales como actividades delictivas, podría lastimar las frágiles protecciones a las libertades civiles y a las instituciones democráticas. La Iniciativa Mérida asigna fondos a equipos de vigilancia y sistemas de espionaje dirigidos contra la ciudadanía. Las reformas dictadas en obediencia al ASPAN han autorizado el arresto domiciliario y otras medidas consideradas como infracciones a los derechos civiles pero que hoy son comunes en Estados Unidos conforme a la Ley de Acción Patriótica (en inglés, "Patriot Act").
Como la definición de "terrorismo" del gobierno de EEUU es tan amplia y ambigua, el modelo de guerra antiterrorista ha llevado a cambios, tergiversación y rebasamiento de funciones, y a ataques contra la disidencia nacional. La Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional representa un peligroso escalón en el avance de este proceso.
Al hablar de "seguridad fronteriza" y combatir explícitamente los "flujos de bienes y personas ilegales", la iniciativa equipara a los trabajadores migrantes con contrabando ilegal y amenazas terroristas. Lo anterior pasa por alto tanto las causas primarias de la emigración mexicana como la demanda de mano de obra inmigrante que verdaderamente existe en Estados Unidos.26
En la Declaración Conjunta(27) de la Iniciativa Mérida se lee: "Nuestro propósito compartido es aumentar al máximo la eficacia de nuestros esfuerzos por combatir las organizaciones criminales—de tal manera que se desorganice el narcotráfico (incluyendo lo referente a precursores químicos), el tráfico de armas, las actividades financieras ilícitas y el contrabando de efectivo, y el tráfico de seres humanos."
Los millones de dólares asignados al Instituto Nacional de Migración se concentran en extremar las restricciones en la frontera sur de México mediante el monitoreo, recolección de datos biométricos y un programa de control fronterizo y para trabajadores huéspedes especial para los guatemaltecos. Históricamente, México ha ofrecido refugio a los centroamericanos aceptándolos en su sociedad, actitud que ha venido cambiando a medida que el gobierno de Estados Unidos presiona a México para que intercepte a los migrantes centroamericanos antes de que puedan llegar a su frontera norte.
El Plan México acelera este proceso y aumenta la participación mexicana en la detención de sus propios migrantes en su propia frontera norte. Colocar a la inmigración y a la amenaza terrorista en la misma categoría ya ha servido para promover la estrategia del gobierno de Estados Unidos de militarizar la frontera con México. Esta misma frontera provee un buen caso de estudio de cómo los programas antiterroristas de Estados Unidos conducen a la militarización, la pérdida de soberanía nacional, y las violaciones a los derechos humanos e incluso la muerte de los migrantes. Para los trabajadores mexicanos desempleados con motive del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México, ser obstruidos y atrapados en la frontera por su propio gobierno es una ironía cruel.
La inmigración ilegal no es un problema que se resuelva con medidas draconianas de seguridad. Hasta ahora nuestra experiencia con las medidas militares para la seguridad fronteriza demuestra que son extremadamente costosas, y la criminalización de los inmigrantes conduce a un aumento de hostilidad y violencia que va destruyendo a las comunidades. La pérdida simultánea de mano de obra también perjudica a los negocios locales.
Una mejor política reconocería a los inmigrantes como el resultado de la integración económica, y ajustaría el comercio, las inversiones y los programas de desarrollo comunitarios de acuerdo con esa visión, en ambos países. La generación de empleos, el desarrollo de infraestructura local y los programas dirigidos a regular los flujos migratorios y prevenir los conflictos llegarían mucho más lejos en la obtención y realce de la seguridad fronteriza a corto y largo plazo.
Los $112 millones de dólares que asigna el Plan México en 2008 a la categoría de "estado de derecho" a la Procuraduría General de la República (mexicana) y otras agencias judiciales penales se invertirán casi totalmente en sistemas de tecnología de la información y centralización de los datos recopilados, laboratorios forenses y capacitación para el sistema judicial y el personal de su policía. Aunque haya quienes lo vean como la parte "inocua" de la iniciativa, estos programas plantean serias interrogantes en cuanto a su eficacia y pertinencia.
En primer término, para reafirmar el "estado de derecho" lo que México realmente necesita es voluntad política—no recursos adicionales—para que las reformas funcionen. Sólo como ejemplo, el asesinato de cientos de mujeres en Ciudad Juárez se ha vuelto un caso conocido internacionalmente que ha recibido millones de dólares del gobierno mexicano y de organismos internacionales para resolver los crímenes. Se han formado y han desaparecido numerosas comisiones sin producir resultados.28 Un equipo forense con tecnología de punta, convocado para analizar la evidencia que no había sido destruida, elaboró un informe. Si bien concluyeron su investigación, el informe no se ha publicado. Los activistas por los derechos humanos que conocen estos casos creen que podrían implicar a individuos poderosos en lo económico y lo político.
En segundo lugar, la legislación y el sistema judicial mexicanos no son iguales a los que existen en Estados Unidos. Aunque los departamentos de policía y otras agencias tienen acuerdos de hace mucho tiempo para la capacitación y colaboración, muchos juristas mexicanos perciben este tipo de gran plan mediante el cual el gobierno de EEUU dé capacitación y reforme el sistema legal y judicial mexicano, como una intervención negativa. Los jueces mexicanos de la Suprema Corte y tribunales menores han emitido públicamente objeciones a los fondos de Estados Unidos para el sistema judicial mexicano. Durante años los miembros del sistema judicial mexicano han resistido intentos de instituciones financieras internacionales de imponerles programas de gobierno que ordenen reformar ese mismo sistema, no porque el país no necesite mejorar esta área (el sistema judicial mexicano es notablemente malo), sino porque solamente México puede reformar su propio sistema judicial. El Plan México irrumpiría a través de esta Resistencia e impondría los planes y capacitación provenientes de Estados Unidos tanto en el sistema judicial como en el de prisiones.
El gobierno de EEUU haría mejor en ocuparse de mejorar su propio sistema legal en el esfuerzo conjunto por controlar el narcotráfico y el crimen organizado. El hecho de que Estados Unidos sea el mayor mercado para las drogas ilegales indica un desempeño desconsolador en el control del narcomenudeo, de la distribución y del consumo de drogas ilícitas. Además se ha demostrado que en medidas como la sentencia obligatoria por delitos relacionados con drogas intervienen discriminación racial y económica; basta considerar que los afroamericanos constituyen el 13% de los usuarios y el 59% de los sentenciados.29 Las sentencias relativas, que caen sobre los usuarios antes que sobre los tratantes y los dirigentes del crimen organizado, han sobrepoblado las prisiones estadounidenses. Aunque este método no haya probado ser el más eficaz para lidiar con el problema, el sistema de prisiones privatizadas de Estados Unidos crea incentivos de mercado para encarcelar usuarios ocasionales e inmigrantes; están incluidos, tanto el uno como el otro, en la Iniciativa Mérida. Lo anterior desvía recursos y atención de la persecución de los jefes de la delincuencia organizada y, dado el ya peligrosamente sobrepoblado sistema carcelario mexicano, podría desembocar en motines violentos.
Varios miembros del Congreso de EEUU han exaltado la Iniciativa Mérida como un paso sin precedentes hacia la cooperación binacional, y arguyen que el gobierno de Estados Unidos, al ofrecer a México el paquete asistencial para combatir el crimen organizado, reconoce implícitamente la responsabilidad que le corresponde a Estados Unidos en el comercio trasnacional de droga.
En la realidad, el Plan arroja la carga de la guerra contra las drogas sobre México, y no contiene las medidas correspondientes que Estados Unidos debiera aplicar para reducir su propio mercado, mejorar el control aduanero sobre el lado norte de la frontera, reducir el narcomenudeo y la distribución, eliminar el tráfico ilegal de armas y perseguir legalmente el lavado de dinero, todos ellos problemas sólidamente situados dentro de Estados Unidos.
Es más, aunque el presidente Calderón haya anunciado orgullosamente la medida como muestra de que el gobierno de EEUU está dispuesto a asumir su parte en la lucha contra el narcotráfico y el aumento del crimen organizado, el grueso del presupuesto de la iniciativa nunca llegará a México. Además del 40% que se gastaría en helicópteros militares y aeronaves patrulla, casi todo el resto del presupuesto se destina a empresas de defensa y de tecnología de la información (TI) en la forma de adquisición de equipo de inteligencia, programas informáticos y equipo duro, y capacitación. Una enorme parte de dicho presupuesto va directamente al sector privado de la defensa y TI estadounidenses y a su propio gobierno, no a las agencias gubernamentales y de seguridad mexicanas.
Hay quienes atacan al Plan por los recursos que destina a un México "que no lo merece", pero el Plan México bien podría acabar siendo una manifestación más del patronazgo político al sector de la defensa privada estadounidense.
El Plan México contempla capacitación de la policía y fuerzas armadas mexicanas aplicando técnicas, tecnologías y prioridades estadounidenses. Pocas naciones aceptarían este arreglo en el área vital de su propia seguridad nacional. A medida que crece la red antinarcóticos, aduanera y de unidades de capacitación de Estados Unidos en México, la capacidad de este último para aplicar políticas fundadas en sus propias necesidades y prioridades nacionales decrece proporcionalmente.
Los mexicanos siempre han sido muy protectores de su propia soberanía. Los funcionarios gubernamentales de EEUU a menudo ven la reticencia Mexicana a unirse a acciones policíacas y militares con Estados Unidos como si fuera una alucinación retrospectiva hipernacionalista; sin embargo, México ha conservado su neutralidad en asuntos exteriores y su opinión pública ve con escepticismo la política exterior de EEUU, sobre todo desde la invasión de Irak, y la mayoría prefiere un grado de autonomía con respecto a los intereses de seguridad estadounidenses.
El público de Estados Unidos rechazaría el Plan México si "se voltearan" los papeles: imagínese el lector la siguiente columna en el diario matutino:
"El Plan Estados Unidos, financiado completamente por el gobierno mexicano, colocará agentes mexicanos para el combate a las drogas en las oficinas aduaneras fronterizas y en puntos clave en el interior de los E.U.A., entre ellos Laredo, Kansas City, Miami y Nueva York. Un nuevo sistema de intercepción telefónica, producido por SPY-MEX y supervisado por agentes de la inteligencia mexicana, vigilará las comunicaciones privadas de los ciudadanos estadounidenses sospechosos de participar en la delincuencia organizada, mientras que aeronaves hechas en México sobrevuelan las comunidades que se crean situadas a lo largo de las rutas del narcotráfico. El Ejército de Estados Unidos, destacado desde hace poco a las ciudades en toda la nación para librar la guerra contra las drogas, recibirá armamento y capacitación de México."
Periódicos y blogs estallarían en reclamaciones airadas sobre una reconquista mexicana y el sacrificio de la soberanía estadounidense. Y sin embargo, no hay virtualmente nada en el escenario anterior que no se encuentre ya sobre la mesa en lo que se refiere a México.
Cuando, en su testimonio ante comités senatoriales mexicanos, la Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa mencionó las actividades "para detectar terroristas(30) que pudieran tratar de atacar a nuestro vecino", sus comentarios inflamaron a los legisladores, quienes los tomaron como prueba de que Estados Unidos busca imponer su propia agenda antiterrorismo.
Si bien se ha descartado la presencia de tropas de EEUU en México, la sociedad civil mexicana ha comenzado a reaccionar ante lo que percibe como una intromisión desproporcionada de Estados Unidos. El entrenamiento militar estadounidense contemplado en el Plan México ha despertado inquietudes a ambos lados de la frontera.
El papel de contratistas privados en la puesta en práctica del paquete continúa sin aclararse y es motivo de consternación. Una fuente de seguridad afirma que Blackwater será probablemente el mayor beneficiario, pese a su menguado prestigio luego del ataque en el que tiroteó a civiles iraquíes. La corrupción en los contratos relativos a la compra de capacitación y de equipo parece una certeza en vista de las recientes experiencias en Irak.(31)
Tampoco ayuda el hecho de que al Plan se le haya "prendido" a la petición de asignación de fondos suplementarios para Irak. Cualquier vínculo entre el Plan México y la doctrina de seguridad de EEUU de Bush tal como se aplica en Irak incrementa las suspicacias entre los políticos y el público mexicanos.
Para la administración Bush, el Plan México tiene un papel explícito que desempeñar en su estrategia geopolítica comprensiva en el hemisferio. México es uno de solamente dos gobiernos de ultraderecha entre los principales países de la región. El otro, Colombia, ha recibido miles de millones de dólares en asistencia militar estadounidense, también originalmente como parte de una "guerra contra las drogas" que pronto se expandió a una alianza militar de amplio alcance. La insistencia del presidente Bush en instar a los demócratas a aprobar el Acuerdo de Libre Comercio con Colombia en el contexto de la cumbre tripartita de líderes de América del Norte en Nueva Orleans, devela los objetivos geopolíticos subyacentes que la administración Bush tiene para Latinoamérica. Bajo la doctrina de seguridad nacional de Bush, este tipo de al
