Colombia: Estratégica organización de derechos humanos en grave peligro

En Colombia hay una canción que dice:
"una cosa es llamar al demonio y otra verlo llegar…"

El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CAJAR) es una Organización No Gubernamental de derechos humanos colombiana conformada por profesionales del derecho y estudiantes. Apoyados en otras áreas del conocimiento y la participación de diferentes sectores sociales y democráticos de la población, defiende y promueve integralmente y con valentía los derechos humanos y los derechos de los pueblos con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural.

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) del gobierno de Uribe ha efectuado persecuciones ilegales contra defensores de derechos. Foto: geopolicraticus.wordpress.com.

El CAJAR esta ligado a la Federación Internacional de Derechos Humanos, de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), así como la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos. En Colombia ha promovido y forma parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado; la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz; la Coordinación Europa – EEUU; la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo y el Observatorio Social de Empresas Trasnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos. Desde hace treinta años lucha contra la impunidad, promoviendo la organización y participación de las víctimas en procesos de formación e incidencia nacional e internacional por la verdad, la justicia y la reparación integral.

La organización de derechos humanos CAJAR ha sido clave en la denuncia de violaciones a la intimidad, a la libertad de opinión y a otros derechos fundamentales, cometidas desde el Estado colombiano a través de su organismo de inteligencia el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Estas actividades, según las investigaciones que viene realizando la Fiscalía, revelan que desde las mismas entrañas de organismos dependientes del Palacio Presidencial y recibiendo instrucciones desde allí, el gobierno de Álvaro Uribe ha efectuado seguimientos, hostigamientos, escuchas telefónicas y todo tipo de persecuciones ilegales contra magistrados de las altas cortes, políticos opositores, dirigentes populares y defensores de derechos.

El actual gobierno colombiano esta aplicando una política de terror enfocada en neutralizar y restringir el accionar de los grupos de derechos humanos como el CAJAR. "Nos ponen a defendernos y a pensar en nosotros/as dejando para más tarde lo que motiva realmente nuestra acción jurídica," comenta una abogada miembro del CAJAR. La operación policiaca Trasmilenio montada por el Estado Colombiano busca amedrentar, hacer montajes y afectar la intimidad personal y familiar de los directivos e integrantes del CAJAR. Estas acciones de terrorismo de Estado han llegado hasta la recopilación de fotos y datos de los hijos de algunos de ellos, así como a la toma de copias de las llaves de sus domicilios, en actitud evidentemente intrusiva, destinada a enviar un terrible mensaje paralizante por los graves riesgos que ello implica para la vida e integridad personal de los activistas abogados y de sus familiares.

Además de ser una grosera violación a las garantías consagradas en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, esta situación es una gran amenaza para la propia democracia y la institucionalidad colombiana, que de quedar impune podría significar el entronizamiento de un régimen policíaco y autoritario en el país, dejando en letra muerta la esencia del Estado Social de Derecho.

La presente situación en Colombia forma parte de la violenta reacción que esta dando la oligarquía de ultraderecha latinoamericana, desesperada por la forma en que está perdiendo el control en numerosas naciones del continente. Es el caso de la descomposición integral que vive México desde hace más de dos años, fecha en que ocurrió el fraude electoral fraguado por Felipe Calderón, pero también de la violenta tentativa de golpe de Estado en Bolivia en meses pasados o más recientemente en Guatemala, con el montaje que ex militares de derecha hicieron para involucrar a la presidencia de ese país en una serie de asesinatos. Es el caso de la reciente masacre indígena que ocurrió en la selva amazónica del Perú o el actual golpe de Estado que en estos momentos se libra en Honduras.

Son actuares fincados en la manipulación inmoral de los principales medios de comunicación internacionales y de cada país. El presente clima de terror que se reimplanta en Colombia forma parte de la campaña a favor de la tercera reelección de Álvaro Uribe. La embestida continental también está encaminada a contener el descontento que está explotando en los últimos bastiones estratégicos bajo control de la extrema derecha estadounidense (liderada por Dick Cheney y John Negroponte), todavía bien incrustada en posiciones clave de la burocracia del gobierno estadounidense.

Honduras es sede de la principal base militar estadounidense de Centroamérica, mientras que Colombia fue escogida para construir la nueva base militar estadounidense que se cerrará próximamente en Manta, Ecuador. México, por su parte, es el segundo país latinoamericano más rico del continente, el vecino directo más importante para la economía y sociedad estadounidense y una pieza clave de la diplomacia continental de Estados Unidos. En las tres regiones los medios de comunicación y los Estados nacionales autoritarios inducen en la población una política de terror sin precedentes.

Hoy la población de Honduras, harta de esos medios y de los poderes fácticos que han usurpado el Estado, se moviliza masiva, indignada y valientemente en las calles y carreteras, aún al precio de pagar con sus vidas.

Andrés Barreda es profesor de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Director del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (CASIFOP), y es colaborador del Programa de las Américas en www.americaspolicy.org.