Reconstruir el Estado

Tres años después de haber declarado la cesación de pagos, Argentina retorna al sistema financiero internacional. Ahora el presidente Néstor Kirchner enfrenta una dura batalla con las empresas privatizadas y pretende que las elecciones legislativas de octubre sean un plebiscito sobre su gestión.

Raúl Zibechi

 

“No le compremos ni una lata de aceite. No hay mejor acción que un boicot nacional del pueblo.” Ésa fue la reacción del presidente argentino Néstor Kirchner, el jueves 10 de marzo, ante el aumento del 3 por ciento en el precio de los combustibles decidido por la multinacional Shell. Ese mismo día, grupos de consumidores y agrupaciones piqueteras se volcaron a las calles y bloquearon las estaciones de servicio de Shell. Pocos días después, el boicot se extendió a Esso, que también había aumentado sus precios. Según datos de las propias empresas, a lo largo del mes de marzo sus ventas cayeron a la mitad.1

No fue éste el único conflicto que enfrentó el gobierno argentino en el mes de marzo. El boicot a las petroleras y los coletazos del canje de la deuda externa provocaron un duro cruce verbal entre el titular del FMI, Rodrigo Rato, y el presidente Kirchner. Para completar el panorama, el gobierno argentino tuvo un áspero enfrentamiento con la iglesia católica–a raíz del tema aborto- en el que terció también el Vaticano. Pese a todo, la popularidad de Kirchner se mantiene por encima del 60% y sigue recibiendo el respaldo de un amplio abanico político-social, que va desde el empresariado nacional hasta una parte de los grupos piqueteros.

 

La economía del pos default

Después de la debacle de 2001 y 2002, la economía argentina lleva dos años de crecimiento espectacular: en 2003 de un 8,8% y el año pasado de un 9%. Así y todo, el notable crecimiento apenas alcanza para acercarse a los niveles del producto interno bruto (PIB) per cápita de 1998.2 Los motores de este crecimiento son dos: las exportaciones, que en 2004 crecieron un 17%, y el consumo privado, que ascendió un 8%. La recomposición de la economía, aún siendo parcial y frágil, permitió al gobierno de Kirchner mantener un elevado consenso nacional y afrontar con éxito la negociación con los acreedores de Argentina.

En 2001 la deuda argentina representaba el 57% del PIB, algo similar al peso actual de la deuda brasileña en su economía. Cuando se declaró el default, fines de diciembre de 2001, la deuda ascendía a 141.000 millones de dólares, cifra que siguió subiendo por la acumulación de intereses hasta los 181.000 millones. Esa cifra, a mediados de 2004, representaba el 113% del PIB. Absolutamente impagable. Para salir del atolladero, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, ideó un canje de bonos de la deuda argentina, con una quita del 55% a los acreedores, una buena parte de ellos pequeños ahorristas europeos, estadounidenses y japoneses, además de argentinos. Los meses de enero y febrero fueron los elegidos por el gobierno para proceder al canje, al que debía sumarse un porcentaje suficiente de los acreedores para poder salir del default. A fines de febrero Kirchner y Lavagna informaron, con gran satisfacción, que el 76% de los tenedores de títulos de la deuda argentina se habían sumado al canje.3 Un éxito sin precedentes.

Argentina logró el canje más ventajoso de deudas en default. No sólo consiguió la mayor quita, sino que se alargaron los plazos de pago, se redujo la tasa de interés y se pesificó (pasó de dólares a pesos) un tercio de la deuda. Si se compara lo hecho por Argentina con otros países que entraron en default en los últimos años, la diferencia es grande. El monto negociado es superior a la deuda de Rusia (que entró en default en agosto de 1998), a la de Ecuador (septiembre de 1999), a la de Ucrania (septiembre de 1998) y a la de Pakistán (noviembre de 1999). Mientras Rusia hizo una quita del 35% y Ecuador del 32%, Argentina hizo una quita de 55%; mientras Rusia alargó los plazos de pago sólo cinco años, Argentina lo hizo por 22 años. Y fue el único país capaz de reducir las tasas de interés. Aunque Argentina consiguió sólo un 76% de adhesión al canje, frente al 98% de Rusia, aún así logró salir del default.4 Con razón, los jerarcas del FMI temen que el caso argentino genere precedentes que puedan ser utilizados por otros países endeudados para sanear sus cuentas. Más aún, cuando la justicia italiana le dio la razón a Argentina ante el reclamo de los ahorristas, al culpar a los bancos por no haber informado correctamente a sus clientes sobre los riesgos que corrían al comprar bonos argentinos.

Ahora, la deuda pasó de representar el 113% a “sólo” el 72% del PBI. Pero en los dos próximos años Argentina deberá pagar 41.000 millones de dólares, lo que la obliga a pedir nuevos préstamos al FMI y a depender de la buena voluntad de los mercados. Con todo, la situación es más manejable, aunque impone una política económica de elevados superavits fiscales y un continuo crecimiento de la producción.

 

Recuperación económica, debilidad política

Luego de la salida del default, el gobierno enfrenta tres grandes desafíos: las tarifas de las empresas públicas que fueron privatizadas y que llevan tres años congeladas; la reducción de la pobreza y el aumento del empleo formal, y el riesgo de un aumento descontrolado de los precios.

Los precios llevan tres años contenidos, en parte por la presión social y por la baja del consumo que se registró en 2001 y 2002. Pero el crecimiento de la economía y el salto adelante del consumo están presionando los precios hacia arriba, que amenazan desbordar el 10% anual. Ahora no son sólo las grandes empresas de servicios, privatizadas en los 90, las que pujan por aumentar los precios, sino una amplia gama de empresas de todo tipo que abastecen el mercado interno. La población es muy sensible, luego de la hiperinflación de fines de los 80, y cualquier medida que tome el gobierno para contener los precios recibirá un masivo apoyo. De ahí las simpatías que generó el boicot a las petroleras, que se completó con acuerdos entre gobierno y empresarios para congelar o reducir los precios de los alimentos básicos.

La evolución del empleo y la pobreza conoce luces y sombras. En 2003 la pobreza urbana alcanzaba al 54% de las personas y la indigencia al 27%. A fines de 2004, en plena recuperación económica, la pobreza bajó al 40% y la indigencia llegó al 15%.5 Esas cifras siguen siendo enormes, sobre todo teniendo en cuenta que en ellas no se computan los casi dos millones de desocupados que reciben subsidios. La desocupación bajó del 20% en 2002 al 12% en 2004, pero en el conurbano de Buenos Aires, donde viven 11 millones de personas y es la zona más conflictiva del país, los desocupados son el 15%. Pero el panorama es más complejo y no parece fácil que la pobreza siga bajando. En los dos primeros meses de 2005 el aumento de los precios (2,4%) generó casi 200 mil nuevos pobres. Según un estudio de la consultora Equis, si la inflación continúa al ritmo actual, a fin año habría 2,4 millones de pobres más, lo que representaría una verdadera catástrofe para el gobierno, y para la gobernabilidad argentina.6

No quedan ahí los problemas. La mitad de los trabajadores argentinos lo hacen en “negro”: empleo irregular sin derechos sociales y con una remuneración de la mitad de la que recibe el trabajador formal. Mientras el trabajo en negro osciló en torno al 25% a lo largo de los años 90, en el crítico año 2001 ya trepaba al 38,8%, pero ahora, en plena recuperación económica, sigue subiendo hasta alcanzar al 48,9% del total de los asalariados.7 Éste es un hecho político, no económico: indica que el crecimiento de la economía tiende a reproducir la pobreza, no a superarla, y que los pobres sólo están pudiendo ingresar al mercado laboral en condiciones de subordinación y sobrexplotación. Un dato más en la misma dirección. En 2004 volvió a aumentar la brecha entre ricos y pobres: el 15% de los argentinos ingresa apenas 60 centavos de dólar por día y otro 13% tiene ingresos de 1,20 dólares diarios. El 10% más rico recibe 33 veces más que el 10% más pobre, mientras en 2001 la diferencia era de 29 veces. El año pasado, el 40% de los hogares más pobres redujo su participación en la riqueza nacional del 18,2 al 17,5%8.

Estos datos revelan que el modelo neoliberal se sigue reproduciendo pese a las intenciones del gobierno y a pesar de que durante tres años no se pagó deuda externa. Y ésa es una parte de la explicación de la reacción de Kirchner llamando al boicot, algo inusual en un presidente. La Casa Rosada siente que, si no logra doblegar a las grandes empresas (tanto en el tema de los precios como en las demandas que muchas privatizadas mantienen contra el Estado argentino en el Banco Mundial), los avances en el combate a la pobreza pueden esfumarse. Pero las grandes empresas quieren volver a las fabulosas ganancias que amasaron en los 90, y para eso empujan los precios hacia arriba. El ministro Lavagna, que teme se desate la hiperinflación, aseguró a los sindicalistas que no se pueden aumentar los salarios y está armando acuerdos con sectores productivos (carne vacuna, aves, lácteos, harinas, aceites y bebidas) para comprometerlos a no subir los precios9.

 

Un escenario cambiante

La segunda explicación de la actitud de Kirchner llamando al boicot se relaciona también con la política interna. En octubre se realizan elecciones legislativas y Kirchner apuesta a que sean un plebiscito sobre su gestión. El presidente no tiene el control del Partido Justicialista (PJ, peronista) ni cuenta con aparato político propio. Las recientes elecciones en la provincia norteña de Santiago del Estero, donde el gobierno apostó fuerte por un candidato que resultó vapuleado por el electorado, encendieron las alarmas en la Casa Rosada.

La falta de un partido propio obliga a Kirchner a jugar a las alianzas con sectores del peronismo o bien a actuar como un outsider, obligándolo a un contacto directo con la población. Las elecciones argentinas tienen un territorio clave: la provincia de Buenos Aires, que reúne al 40 por ciento de los electores y es la llave del poder institucional. Pero Buenos Aires es tierra del ex presidente Eduardo Duhalde, con quien Kirchner mantiene una alianza tensa, por razones personales y políticas.

El analista conservador Rosendo Fraga, del Instituto Nueva Mayoría, vislumbra una contradicción entre la política macro y la política micro en Argentina. En la primera–el escenario político general–, Kirchner resulta imbatible: “Ha realizado una acumulación de poder sin precedentes”, sostiene Fraga.10 No sólo ostenta una mejor imagen–al igual que su esposa, Cristina- que cualquier otro político argentino, sino que no tiene oposición relevante en las elites de poder económico. Pero puede perder las elecciones si no consigue afianzar alianzas con el peronismo, sector al cual pertenece pero con el que mantiene grandes diferencias.

A lo largo de 2004, Kirchner apostó fuerte a la construcción de un nuevo partido político. Bajo el lema de la “transversalidad”, pretendió agrupar a sectores del peronismo que le fueran afines, con disidentes de otros partidos y con emergentes de los movimientos sociales simpatizantes del actual gobierno. Pero esta tendencia no consiguió consolidarse. Una peculiaridad del caso argentino es que la profunda revuelta de 2001 no se tradujo en recambio en el sistema de partidos. En este escenario, el Partido Justicialista vuelve a ser crucial para definir el futuro de Kirchner.

Por el momento, los intentos de reconducir ese partido poderoso pero desprestigiado por el clientelismo mafioso que practica han fracasado. La forma de solventar esta situación es un acuerdo entre Duhalde y Kirchner: el primero definirá los cargos provinciales en las listas del PJ, y el segundo los cargos nacionales. “Juntos pero no revueltos”, concluye el analista Horacio Verbitsky.11

Mientras el escenario político se mueve lentamente hacia acuerdos que aseguren la gobernabilidad después de las elecciones de octubre y que despejen el panorama para la reelección de Kirchner en 2007, el movimiento social parece estar procesando una lenta pero profunda recomposición. Los tradicionales actos populares en conmemoración del 29 aniversario del golpe de Estado, el 24 de marzo, mostraron algunos cambios significativos. Por un lado, fueron los más numerosos en tres décadas, pero se realizaron tres marchas diferentes, mostrando la división que atraviesa a los movimientos. Pese a la fragmentación, los movimientos no dejan de crecer y fortalecerse, lo que indica que el dinamismo social está lejos de perderse.

Por otro lado, el acto oficialista fue ampliamente rebasado–en cantidad de asistentes- por el de la oposición, pese a que contaba con el apoyo de Madres de Plaza de Mayo y hablaba Hebe de Bonafini, una de las personalidades más respetadas del país. En todos los actos, la presencia de piqueteros fue la más significativa. Ambos elementos muestran un hecho que habrá de pesar en el futuro inmediato: los nuevos actores (piqueteros y mujeres) siguen siendo el sector más dinámico, a tal punto que el movimiento sindical comienza a incorporar formas de lucha (cortes de rutas, escraches12) propias de estos sectores. Por último, desde los movimientos crece una nueva oposición social, no frontal pero claramente diferenciada del oficialismo, que no se ha dejado cooptar por el gobierno ni por el Estado.

  1. El 4 de abril, casi un mes después de haber aumentado sus precios, la empresa ESSO decidió bajar el gasoil al mismo precio que tenía antes, aunque no así el de la gasolina. Dos días después, Shell hizo lo mismo con su gasolina, aunque mantiene el nuevo precio del gasoil. Ambas medidas son el resultado del boicot de la población a esas empresas.
  2. Clarín, 18 de marzo de 2005.
  3. Clarín, 27 de febrero de 2005.
  4. Página 12, 4 de marzo de 2005.
  5. Página 12, 16 de marzo de 2005.
  6. Clarín, 5 de marzo de 2005.
  7. Clarín, 20 de marzo de 2005.
  8. Clarín, 11 de marzo de 2005.
  9. Página 12, 24 de marzo de 2004.
  10. Rosendo Fraga, “Contradicción entre la macro y la micro política”, en www.nuevamayoria.com
  11. Página 12, 13 de marzo de 2005.
  12. Actos o manifestaciones de denuncia frente a las casas de represores o ejecutivos de las multinacionales, y también frente a las empresas que cometen abusos.

 

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