La extradición del ex presidente y ex dictador Alberto Fujimori, decidida por la Corte Suprema
    de Chile, puede contribuir a consolidar una democracia frágil y a disolver la cultura del
    miedo. 
"En este barrio casi todos apoyan a Fujimori", confiesa Nelly, sentada en una banca del
  comedor Virgen del Carmen, en El Oasis, una barriada de la periferia de Villa El Salvador. 
El barrio es un monumento a la pobreza: calles de tierra, casas de esteras, cartón y trozos
  de plástico, sin agua corriente ni saneamiento. Las últimas "tomas" lucen aún
  las banderitas peruanas sobre cada vivienda, escudo imaginario para disuadir posibles desalojos. El
  comedor popular construido con láminas de madera es la única construcción con
  suelo de cemento. Cerca del mediodía los niños deambulan alrededor, esperando la hora
  del almuerzo que preparan rotativamente las 25 socias del comedor y es la única comida caliente
  a la que acceden, por apenas medio dólar. 
Sin que nadie le pregunte, Nelly siente la necesidad de explicarse: "Nos decían que si
  no íbamos a los actos de Fujimori el comedor no recibiría más alimentos. Pasaban
  lista y los servicios de inteligencia vigilaban si las socias aplaudían y daban vivas al Chino.
  Si no mostrábamos entusiasmo, al mes siguiente llegaban menos raciones". 
Para las madres de El Oasis apoyar a Fujimori no era una opción política sino cuestión
  de sobrevivencia. Por eso, hablar de "clientelismo" no contribuye a comprender que las relaciones
  asimétricas imponen a los más pobres asumir comportamientos públicos de aprobación
  a cambio de algo tan elemental como comida. El régimen del Fujimori, como el de Carlos Menem
  en Argentina, se ocupó de ellos, lubricando el acceso a las necesidades básicas con una
  buena dosis de autoritarismo. 
| El ojo que lloraAl día siguiente de la extradición de Fujimori, una docena de presuntos partidarios "El ojo que llora" es una creación de la escultora Lika Mutal, enclavada en el parque | 
Una dictadura especial
Este hombre de 69 años, nervioso e hipertenso, que llegó a Lima el sábado 22
  de septiembre, parece una caricatura de aquel mandatario soberbio de sonrisa taimada que despreciaba
  a sus adversarios. Alberto Fujimori resultó electo no por sus virtudes sino por el rechazo de
  un país mestizo y andino a un candidato como Mario Vargas Llosa que representaba, demasiado
  ostentosamente, a las elites limeñas blancas y coloniales. Poco después de acceder a
  la presidencia, fue quedando en evidencia que el país estaba siendo gobernado por un déspota
  frío, calculador, implacable. Pronto estableció una férrea alianza con las cúpulas
  militares y empresariales, con las que estableció pactos de sangre y de dinero a cambio de impunidad
  y un rosario de casos de corrupción. 
En abril de 1992 perpetró un autogolpe. Cerró el Congreso e intervino el Poder Judicial
  mediante la destitución de los opositores. Concentró el poder en sus manos y gobernó en
  adelante con el apoyo de los militares. Profundizó todos los males que heredó: la guerra
  sucia, la corrupción, la militarización del país y muy en particular de las áreas
  rurales, y la desnacionalización de la economía con la entrega al sector privado multinacional
  de la minería, los hidrocarburos y los servicios básicos. Como suelen hacer las dictaduras,
  realizó obras importantes de las que se beneficiaron algunos contratistas amigos pero que eran
  imprescindibles para un país hundido en la bancarrota y que salía de la hiperinflación. 
En su favor, puede decirse que puso fin a la guerra y promovió cierto repunte de la economía.
  Lo primero lo consiguió violando de forma descarada los derechos humanos, con miles de desaparecidos
  y torturados, y encarcelando inocentes juzgados por "jueces sin rostro", en una permanente
  parodia de justicia. Recibió un país en guerra, una guerra diferente en la que una de
  las partes, el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, fue responsable de más de
  la mitad de las 69,280 víctimas comprobadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
  (CVR). Fue una guerra contra los campesinos quechua-hablantes: 79% de las víctimas vivían
  en zonas rurales y 75% hablaban quechua u otras lenguas nativas. Sin embargo, cuando Fujimori se hizo
  con el poder absoluto los propios campesinos estaban enfrentando a Sendero, organizados en "rondas",
  y les estaban ganando la guerra como bien recuerda el editorialista de La República,
  Mirko Lauer1. 
Pero es la sentencia de la Corte Suprema de Chile la que pone al descubierto el carácter del
  fujimorismo. El fallo de 212 páginas se sustenta en las declaraciones del ex comandante general
  del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos, y de miembros de escuadrón de la muerte Colina que
  echan por tierra la supuesta "ignorancia" alegada por Fujimori sobre las matanzas y la violación
  de los derechos humanos. "Hay indicios claros de que Fujimori habría tenido, después
  del autogolpe, la concentración de todos los poderes del Estado y el mando superior de las fuerzas
  armadas y servicios de inteligencia, propició la creación de un organismo especial dentro
  de las fuerzas armadas para realizar operaciones en contra de las personas sospechosas de subversión
  o de enemigos políticos del régimen"2. 
La sentencia asegura que Fujimori conocía la existencia del grupo Colina y que otorgó ascensos,
  premios y condecoraciones a sus miembros y que "muchas personas lo vieron dar órdenes a
  Montesinos, quien a su vez las entregaba al mencionado grupo Colina". Transformó los
  sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) "en su centro de actividad",
  donde junto a Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), "planificaban
  y ordenaban" operaciones de exterminio. 
"Estos actos—señala la sentencia—eran el resultado de acciones planificadas por una organización
  o aparato de poder formado por el sie, liderado por Fujimori, que reúne los requisitos para
  ser considerada como una organización delictiva de poder organizado y jerarquizado"3. 
| Cronología1989—Alberto Fujimori se impone en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa con el 56% de los 1992—El 5 de abril da un golpe de Estado y disuelve el parlamento. Convoca a elecciones para 1995—Fujimori es reelegido por abrumadora mayoría. Amnistía a policías 1997—Destituye a miembros del Tribunal Constitucional que declararon que la Constitución 2000—Fujimori presenta un millón de firmas falsas que avalan su reelección. 2001—La Comisión de Derechos Humanos del Congreso peruano pide la extradición 2003—Japón rechaza la extradición mientras el Congreso peruano lo acusa de 2004—El gobierno peruano presenta una segunda solicitud de extradición por pago irregular 2005—El 7 de noviembre Fujimori llega sorpresivamente a Santiago de Chile donde es detenido 2006—La Corte Suprema de Chile le impide salir del país. 2007—El 11 de julio el juez Orlando Alvarez emite un fallo rechazando el pedido de extradición. | 
La Corte Suprema concedió la extradición por los delitos de homicidio calificado y lesiones
  por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Y, además, por la compra de congresistas con
  fondos del SIN , por la entrega de 15 millones de fondos públicos a Montesinos, por la compra
  de medios de comunicación y otros delitos como las intercepciones de teléfonos privados.
  Como señala el ex presidente de la CVR, Salomón Lerner, la decisión de la justicia
  chilena "es un giro para la justicia penal internacional". 
En paralelo, considera que el mayor daño que Fujimori le hizo al país consistió en
  institucionalizar la corrupción: "El defenestró todos los poderes del Estado, compró la
  conciencia de los medios de comunicación, de políticos, de empresarios, de las fuerzas
  armadas; envenenó la conciencia y la cabeza del hombre común y corriente a través
  de diarios chicha (amarillos) que salpicaban porquería sobre el honor de las personas; degradó moralmente
  al país. Fujimori es mucho más culpable de todo por lo que hoy se le acusa"4. 
Un tiempo nuevo
Es bueno recordar que fue la sociedad peruana movilizada la que puso fin al fujimorismo. Ahora, el
  presidente Alan García gobierna con apoyo de los restos del fujimorismo en el parlamento, donde
  esa fuerza conserva 13 diputados liderados por Keiko, hija del ex dictador. De ahí que muchos
  analistas y buena parte de la opinión pública manifiesten temor ante la posibilidad de
  un pacto García-Fujimori que podría concluir en un juicio-farsa que le imponga penas
  mínimas al reo. 
Es cierto que el fujimorismo no es ahora un peligro para la democracia. Algo así muestran las
  encuestas y las esmirriadas manifestaciones de apoyo al extraditado, que no lograron la masividad a
  la que aspiraba Keiko. García, a quien algunos ven proclive a un acuerdo, respondió con
  dureza a las acusaciones de Keiko quien calificó las condiciones de detención de su padre
  como "terribles". Forzado por las circunstancias, García explicó que la habitación
  del prisionero tiene casi 30 metros cuadrados, tiene acceso a una sala y un baño privados, y
  a un patio de 100 metros cuadrados. "No lo hemos enrejado, como se hizo en otras ocasiones. No
  le hemos puesto traje a rayas, como se hizo en otras ocasiones", dijo García en alusión
  a la conducta de Fujimori cuando presentó a Abimael Guzmán, en septiembre de 1992, enjaulado
  y con traje de prisionero. "No habrá ensañamiento, odio ni venganza. Se respetará la
  dignidad de la persona", aseguró el presidente5. 
Pero las dudas de la amplia porción de la sociedad peruana que detesta al ex presidente tienen
  asidero en dos hechos. Por un lado, Fujimori posee gran cantidad de videos filmados por su ex asesor,
  Montesinos, que pueden inculpar a congresistas, políticos, propietarios de medios y un sinfín
  de personalidades. Es seguro que va a usarlos para chantajear al jurado. 
Por otro, está el factor militar. Hasta el momento, ni un solo militar fue procesado por su
  participación en la guerra sucia. Hubo una mezcla de pacto implícito y de presiones para
  dejar fuera de responsabilidades al estamento militar, algo inédito en la región. Hasta
  dónde llegará la capacidad de presión de una cúpula militar que nunca fue
  purgada por la democracia, es algo que recién sabremos en los próximos meses. El fujimorismo
  fue un régimen cívico-militar, y no sería razonable que los uniformados quedaran
  al margen a la hora de rendir cuentas. Es muy probable que el propio Fujimori ponga el factor militar
  sobre la mesa. 
Por último, más allá de los resultados de un juicio que puede durar meses, y
  tal vez más de un año, está el futuro de la sociedad peruana, de su incipiente
  democracia, de los movimientos y organizaciones sociales que provocaron la caída de la dictadura.
  Cualquiera que haya conocido el Perú de los 80 y recorra las calles del país de 2007,
  notará cambios importantes. Es un país diferente; pero no es otro país ya que
  no existen cambios sociales y culturales. Prueba de ello son las barriadas de la periferia de Lima,
  que congregan a más de cinco de sus casi nueve millones de habitantes. Es el otro país,
  el del apartheid, donde los pobres tienen siempre la piel más oscura, provienen de la región
  andina, hablan, visten y danzan en otras lenguas. 
Esos dos países nunca se reconciliaron, ni se están encontrando, a no ser en una relación
  de subordinación. Comprender las raíces del fujimorismo supone adentrarse en las causas
  del autoritarismo, ya sea el de Sendero Luminoso o el de la dupla Fujimori-Montesinos, que no son más
  que dos caras de un mismo fenómeno. Desmontar el autoritarismo supone que las madres de El Oasis
  no se vean forzadas a dar vivas al que está arriba a cambio de bolsas de arroz. Siete años
  después de la caída del dictador, Nelly y sus amigas del comedor popular no pudieron
  mejorar la situación de sus hijos, muchos de ellos embarcados en la pequeña delincuencia
  que azota el barrio. Cuando acuden a la policía, les dicen que hagan justicia por mano propia
  porque la autoridad no puede hacerlo. "Desde el terremoto de Pisco, el Estado nos envía
  la mitad de los alimentos", dice sin desesperación pero con una dosis de resentimiento. 
 
								

