Un mes después de que el presidente Putin ordenara la “operación militar especial” en Ucrania, el impacto económico es inocultable y creciente a nivel global. El Incremento de los precios de la energía, los alimentos y fertilizantes impulsan la inflación a niveles no vistos en décadas, lo que está dando lugar a aumentos de las tasas de interés, que frenarán el crecimiento económico. En su último informe, el FMI anuncia un pronóstico a la baja en el crecimiento en todas las regiones del mundo, y Naciones Unidas anuncia un “huracán de hambre”.

A pesar de que la región latinoamericana y caribeña –la más afectada por la pandemia– no es ajena a este fenómeno de estanflación, que está agudizando los niveles de pobreza y violencia, su dirigencia política carece de iniciativas proactivas para enfrentar la ola que viene y es incapaz de evaluar y coordinar planteamientos conjuntos con respecto a los acontecimientos recientes.

Durante las últimas décadas la región ha perdido relevancia como actor político en el plano internacional, lo que se expresa también en su participación en el comercio mundial, sus capacidades nacionales, su participación en organizaciones multilaterales, entre otros.  En años recientes su dirigencia política ha permitido la injerencia del gobierno estadounidense para desactivar la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) en 2019 y crear una entelequia denominada Foro para el Progreso e Integración de América del Sur (Prosur). La región no pudo impedir que el candidato norteamericano nominado por Trump, Mauricio Claver Carone, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para asuntos Latinoamericanos bajo su gobierno se convirtiera en presidente del BID en 2020, rompiendo la tradición de que este fuera latinoamericano. Tampoco apoyó conjuntamente la propuesta de India y Sudáfrica consistente en liberar las patentes de las vacunas contra la COVID-19 hasta que la población mundial estuviera vacunada (como sí lo hizo la Unión Africana que agrupa a los 56 países de ese continente) en el marco de la Organización Mundial de Comercio.

No es de sorprender entonces lo disímil que ha sido la postura de los países de la región frente a la guerra desencadenada por la intervención militar de Rusia a Ucrania, hecho que revela, una vez más, su falta de vocación para identificar comunes denominadores que le permita una mayor presencia y mayores márgenes de negociación en la agenda internacional.

Posicionamiento en los foros

La condena al uso de armamento militar y a la guerra ha sido el punto de coincidencia en la política exterior de la región. La mayoría de los gobiernos han votado a favor de los textos elaborados por la OEA o la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras que solo un número menor se ha abstenido. Pero ningún país latinoamericano o caribeño se ha opuesto a dichas resoluciones que condenan la guerra, a pesar de que no abordan el tema integralmente.”

Si bien las naciones más grandes, Argentina, México y Brasil, han votado a favor de las Resoluciones aprobadas en las Naciones Unidas, hay matices en su postura con el gobierno de Rusia. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador se niega a imponer sanciones económicas a ese país, pues desea mantener buenas relaciones con todos los países del mundo. Asimismo, ha condenado la censura en Europa y en algunos otros países, de las cadenas de noticias Russia Today y Sputnik Asimismo, el presidente Jair Bolsonaro, quien visitó a su par ruso días antes de estallar el conflicto, a pesar de la oposición de Washington, ha dicho que su país se mantendría «neutral» en el conflicto.

El gobierno argentino también ha apoyado las Resoluciones de las Naciones Unidas, pero sus críticos consideran que no es lo suficientemente firme. Muchos recuerdan la visita que realizó el presidente Alberto Fernández, a principios de febrero, al presidente ruso, a quien le manifestó que Argentina «debe ser la puerta de entrada» de Rusia en América Latina y subrayó su interés en romper la dependencia económica y comercial del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos. Además, el gobierno se ha manifestado en contra de la censura a los medios de comunicación rusos y a las sanciones económicas.

La OEA

La Secretaría General de la OEA fue la primera en emitir un comunicado en el que condenó la intervención militar de Rusia a Ucrania e hizo un llamado inmediato de cese de las hostilidades al país “que irresponsablemente las ha iniciado”. En él se señala que “la agresión rusa constituye un crimen contra la paz internacional y que el ataque armado perpetrado contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania constituye un acto gravísimo de violación del derecho internacional (..) y un crimen internacional supremo”. Asimismo, se denunció «el reconocimiento ilegal por parte de Rusia» de Donetsk y Lugansk, dos territorios independentistas del este de Ucrania, porque «representa una violación de la integridad territorial y la soberanía».

El comunicado, fue respaldado por 21 países, entre los que figuran México (impulsor de la desaparición de la OEA) y Juan Guaidó, el ilegal presidente de Venezuela, cuyo gobierno, presidido por Nicolás Maduro, se retiró de ese organismo en 2019. En el evento, en el que participaron representantes de Rusia y Ucrania como observadores, las delegaciones de Argentina, Brasil, Bolivia y Nicaragua no respaldaron el comunicado pero expresaron su firme rechazo al uso de la fuerza militar en la resolución del conflicto. Así, la  representación argentina expresó su  más firme rechazo al uso de la fuerza armanda en Ucrania y el representante de Bolivia, Héctor Enrique Arce señaló que «nada, absolutamente nada, justifica ninguna forma de violencia o agresión cuando de por medio está la lamentable pérdida de vidas humanas».  A su vez,  el representante de Brasil, Otávio Brandelli, afirmó que su gobierno “está muy preocupado por la decisión de Rusia de enviar tropas sobre el terreno (…) pero que deben tomarse en consideración sus preocupaciones principalmente en lo que respecta al equilibrio de tropas y armas estratégicas en el contexto europeo».

El secretario general de la organización, Luis Almagro, afirmó que «ninguna de las razonas invocadas por el presidente Vladimir Putin puede ser excusa para los actos que bajo sus órdenes se están cometiendo en Ucrania», mientras que las otras 21 representaciones que apoyaron el comunicado, exigieron sanciones masivas contra Rusia, el otorgamiento a Ucrania de más armas defensivas, y exhortaron a suspender la participación de Rusia en las organizaciones internacionales.

Al igual que en otras instancias, la representación de Rusia informó que, en la condena a la actitud de su país, se olvida la guerra sangrienta con víctimas civiles que se ha librado en la región independentista de Donbás durante ocho años y que “todo el tiempo nuestros colegas occidentales encubrieron al régimen ucraniano, haciendo la vista gorda sobre los crímenes militares contra civiles».

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac)

Al día siguiente del pronunciamiento de la OEA la Celac, creada en 2010, y que excluye a Estados Unidos y Canadá, no pudo emitir un pronunciamiento conjunto con bases mínimas. Se limitó a acoger una propuesta de Perú para crear una Red de Asistencia Consultar Regional con el fin de coordinar la repatriación de ciudadanos latinoamericanos y caribeños desde Ucrania puesto que no todos los países de la región cuentan con representaciones diplomáticas en ese país.

Cabe señalar que Rusia, así como también China, mantiene fuertes vínculos con dicho organismo, al coincidir en el objetivo geopolítico de construir un mundo multipolar y multilateral. En 2015 la Celac firmó un Mecanismo Permanente de Diálogo Político y Cooperación con Rusia, lo que para ese país representa una forma de ganar visibilidad mundial a través de una organización internacional más allá de su área de influencia. A su vez, el vínculo con Rusia le da a la Celac un aura de multipolaridad y relativiza su relación con Estados Unidos en otros foros internacionales.

Asamblea General de las Naciones Unidas

El 2 de marzo fue convocada una sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas –la décima en sus setenta años de historia– en la que se aprobó una Resolución «Agresión contra Ucrania», que condena la intervención militar rusa en ese país, así como todas las violaciones del derecho internacional humanitario e insta a la inmediata resolución pacífica del conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania mediante el diálogo político, las negociaciones, la mediación y otros medios pacíficos. Días antes, una Resolución con contenido similar, había sido vetada por Rusia en el Consejo de Seguridad de ese organismo, compuesto por cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Alemania y Francia) y 10 miembros rotatorios, entre los que se encuentran Brasil y México. Ambos países votaron a favor de la Resolución, promovida por Estados Unidos y Albania, junto con otros nueve miembros, mientras que China, India y los Emiratos Árabes se abstuvieron.

De los 193 Estados miembros de la ONU, 141 votaron a favor, cinco en contra (Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea) y 35 se abstuvieron, entre ellos, cuatro países latinoamericanos: Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Doce países no participaron en la votación, entre ellos Venezuela, que había respaldado a Rusia en su denominada “operación militar especial” en Ucrania a través de una conversación telefónica entre ambos presidentes, horas antes.

Este respaldo no fue impedimento para que tres días después, una  delegación estadounidense de alto nivel, fuera muy bien recibida en Caracas por el propio Maduro para tratar sobre el acceso al petróleo venezolano, lo que fue secundada por la liberación en Caracas de dos presos estadounidenses, uno de ellos acusado de terrorismo.

Entre los países que se abstuvieron de respaldar las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cabe destacar la argumentación de Cuba del 2 de marzo. Su gobierno declaró “oponerse, sin ambigüedades, al uso o amenaza del uso de la fuerza contra cualquier Estado”. Sin embargo, considera que “no resulta posible examinar con rigor y honestidad la situación actual de Ucrania, sin valorar detenidamente los factores que han conducido al uso de la fuerza. El empeño estadounidense en continuar la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia y los conocidos movimientos militares realizados por los Estados Unidos y la OTAN en meses recientes hacia regiones adyacentes a la Federación de Rusia, precedidos de la entrega de armas modernas a Ucrania, ha conducido a un escenario con implicaciones de alcance impredecible, que se pudo evitar”.

El gobierno cubano “rechaza la hipocresía y el doble rasero” y recuerda que “Estados Unidos y la OTAN, en 1999, lanzaron una agresión de gran envergadura contra Yugoslavia, país europeo que fragmentaron, con un alto costo en vidas, en función de sus objetivos geopolíticos, desconociendo la Carta de la ONU. Los Estados Unidos y algunos aliados han utilizado la fuerza en múltiples ocasiones. Invadieron Estados soberanos para provocar cambios de régimen e intervienen en los asuntos internos de otras naciones que no se pliegan a sus intereses de dominación y que defienden su integridad territorial e independencia”.

Ante el recrudecimiento de la guerra, la Asamblea General volvió a convocar una sesión especial, el 24 de marzo, donde se aprobó la Resolución A/ES-11/L.2 titulada “Consecuencias humanitarias de la agresión de Rusia contra Ucrania que exige a Rusia el cese inmediato de hostilidades. El resultado de la votación fue similar a la anterior. El texto, alineado con Estados Unidos y Ucrania, fue patrocinado por Francia y México el cual utiliza un lenguaje acusador y poco diplomático si lo que verdaderamente se busca es propiciar un cese de hostilidades

Para el representante de Rusia, el texto aprobado “pinta una imagen falsa y unidimensional» de lo que está ocurriendo, ignorando las causas de la crisis de Ucrania y el papel de Occidente en la utilización del país como peón «en un juego geopolítico contra Rusia». Asimismo, hizo un llamamiento a «todos los países con mentalidad correcta» para que apoyaran el proyecto propuesto por Sudáfrica, su socio en el BRICS.

El contenido de la propuesta de Sudáfrica era similar a la impulsada por México y Francia, pues pedía el cese negociado e inmediato de las hostilidades “por todas las partes en el conflicto”, en lugar de acusar repetidamente a Rusia a lo largo del texto. Asimismo, alentaba el diálogo político, las negociaciones, la mediación y otras vías pacíficas para lograr una paz duradera. Al presentar su proyecto al pleno de la Asamblea, la embajadora de Sudáfrica ante la ONU señaló que las divisiones políticas entre los Estados miembros evidencian que los intereses políticos se sobreponen a la respuesta humanitaria.

Cabe señalar la posición crítica de varios países latinoamericanos con la Resolución patrocinada por México y Francia, a pesar de haberla apoyado con su voto a favor. El representante de Brasil, por ejemplo, señaló: “Hubiéramos preferido un texto elaborado plenamente humanitario con consultas amplias y no un documento presentado como hecho consumado que contiene claramente lenguaje divisivo”. Además, añadió que las crisis humanitarias no se deben politizar.

China, que nuevamente se abstuvo, destacó que la propuesta de Sudáfrica era más propicia para abordar un cese al fuego. Asimismo, que los países en desarrollo no son parte de este conflicto y no deben ser arrastrados a él ni obligárseles a tomar partido. El representante permanente de China, Zhan Jun, indicó además que su país continuará desempeñando un papel que facilite las conversaciones entre las partes.

Paralelamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Bruselas tuvieron lugar tres eventos políticos de la máxima importancia: la cumbre extraordinaria de la OTAN, la del Grupo de los Siete y el Consejo Europeo, al que fue invitado el presidente Biden. En todas se condenó la intervención militar de Rusia y se la culpó del impacto económico que tenía en el mundo. En su declaración conjunta, la OTAN señaló que los aliados de esta organización continuarán brindando “más apoyo político y práctico”, así como asistencia en áreas como la ciberseguridad y la protección contra amenazas de naturaleza química, biológica, radiológica y nuclear. Además, instaron a China a “unirse al resto del mundo y condenar claramente la brutal guerra contra Ucrania, y no apoyar a Rusia, ni con apoyo económico ni con, por supuesto, apoyo militar”. A su vez, el Consejo Europeo resolvió intensificar su apoyo a Ucrania y a los países vecinos de Ucrania.

La paz como denominador común

En este escenario que afecta severamente la seguridad energética y alimentaria de la región, América Latina y el Caribe debería tener un papel protagónico a favor de la paz, en lugar de seguir mecánicamente las decisiones de las potencias occidentales. Podría, por ejemplo, respaldar las iniciativas de mediación de gobiernos o actores que sean aceptados por las contrapartes de esta trágica guerra. El 7 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, dijo estar “dispuesto, si es necesario y junto a la comunidad internacional, a llevar a cabo la mediación necesaria cuando haga falta”. China mantiene buenas relaciones comerciales con Ucrania, le ha remitido ayuda humanitaria y también tiene ascendencia sobre Rusia, con la que ostenta fuertes vínculos económicos y estratégicos.

Días antes, el gobierno ucraniano solicitó la intermediación del gobierno chino, lo que fue apoyado por el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell: “No hay alternativa. No podemos ser nosotros los mediadores. Y no puede ser Estados Unidos. ¿Quién si no? Debe ser China”, señaló. La Celac no se pronunció al respecto.

El 14 de marzo, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, le advirtió a su par chino que su gobierno no permitiría que ningún país se salga con la suya, en alusión al supuesto intento del gobierno chino de “rescatar a Rusia de las sanciones impuestas por naciones extranjeras tras la invasión de Ucrania». China le respondió que daría una respuesta firme y contundente si Estados Unidos impone sanciones a empresas e individuos chinos o daña los derechos e intereses legítimos de su país en el manejo de sus relaciones con Rusia».

El gobierno chino ha condenado la guerra, pero exige que se analice integralmente y se tome en cuenta “las legítimas demandas de Rusia de su seguridad nacional”. Mantiene tradicionalmente una posición de no injerencia en los asuntos internos de otros países y respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, motivada, entre otros, por su reclamo sobre Taiwán. Considera que las sanciones nunca han sido una manera efectiva de resolver los problemas, por lo que se opone firmemente a cualquier tipo de sanciones unilaterales. Esto lo había manifestado días antes el presidente Xi Jinping a sus pares de Francia y Alemania, en una reunión virtual, al señalar que medidas de estas características ponen en peligro la recuperación económica global tras la pandemia y pueden tener consecuencias sobre las cadenas de suministro, la energía, el transporte y las operaciones financieras globales, que están teniendo un impacto devastador en la mayoría de las economías del mundo.

Es en este punto que América Latina podría manifestarse desde una posición de equidistancia con los verdaderos protagonistas de esta guerra –que merece la más firme condena– pero sin dejar de tomar en cuenta las causas que han llevado a este brutal desenlace. Detrás de la devastación y la muerte que deja la guerra en Ucrania, hay una pugna por el poder en la reconfiguración de un nuevo orden multipolar con incidencia en la región. El presidente Biden lo reconoce y ha señalado, el 22 de marzo,  que “estamos frente a un nuevo orden internacional y tenemos que dominarlo”.  Es en este punto que hace falta una voz latinoamericana que defienda la paz y sus intereses.

Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina (1985-1994), asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (2006-2008) y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina (2010-2015). Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.

 

 

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