La aplastante derrota del presidente Macri en las elecciones primarias del 11 de agosto y el incumplimiento de todas las metas pactadas en el Acuerdo Stand-By acordado con el FMI, hace un año, han producido una situación de zozobra económica de impredecibles consecuencias sociales y políticas en Argentina.
La agudización de la crisis política, el intervencionismo abierto del gobierno norteamericano y la amenaza de un escenario de guerra civil en Venezuela han dado lugar a un cambio de posición de la Unión Europea y de algunos países latinoamericano respecto a la situación de ese país. Expresión de ello es la reunión reciente del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela (GCI), convocado por la Unión Europea el pasado 7 de febrero, en Montevideo.
La cumbre del G20 realizada en la capital argentina los días 30 de noviembre y 1° de diciembre evidencia la crisis actual del multilateralismo y pone fin a la razón de ser de este foro de cooperación internacional que agrupa a los países más poderosos del planeta, que en su conjunto representan más del 80% de la economía mundial.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China es la expresión visible de un conflicto mucho más complejo de resolver que una balanza comercial desequilibrada, como lo plantea el presidente Trump.
Enfrentando una recesión, el gobierno argentino está renegociando con el FMI su Acuerdo Stand-by convirtiendo Argentina en un escenario de crisis política y de movilización social creciente.
Los esfuerzos de los gobiernos del Mercosur por concluir el TLC con la Unión Europea para dar una señal clara “a los mercados” de que la política económica actual es radicalmente distinta a la de sus antecesores y dejar sentado que el libre mercado es la panacea para lograr el desarrollo económico y social en esta subregión sudamericana, no ha sido suficiente para evitar, una vez más, el fracaso de las negociaciones.
Los países de mayor tamaño han abandonado la Unasur “temporalmente” y se ha perdido la apuesta inicial por la funcionalidad e institucionalidad de este organismo.
La era Trump marca un punto de inflexión y reemplaza la construcción de agendas en el continente por simples exigencias de respaldo a su política guerrerista y una actitud de intolerancia y agresión a situaciones políticas que prevalecen en algunos países de la región, que en nada contribuyen a solucionarlos.
La inevitable renuncia del presidente del Perú representa un duro golpe a la más genuina personificación del poder económico en el Perú. El viernes 23, siguiendo las normas constitucionales del Perú, el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió la Presidencia con el mandato de gobernar hasta 2021.
La experiencia del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Perú muestra que la inclusión del tema laboral, como lo propone Trump, no resolverá las enormes diferencias salariales que existen entre México y sus dos socios de América del Norte, precisamente porque lo que buscan las corporaciones es un mercado laboral flexible y desregulado.
