El 23 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que el epicentro del COVID-19 se había trasladado a América Latina, en particular a Sudamérica. En conjunto, hasta el 30 de junio, la región presenta el mayor número de casos de contagio y de muertes en el mundo.

Ningún país habrá sido tan golpeado como Estados Unidos. La primera potencia del mundo concentra un tercio de los contagios y más de un cuarto de las muertes a nivel global. En apenas dos meses, se han perdido 38 millones de empleos. Salvo Brasil, o países de muy bajos ingresos medios, ningún gobierno ha tenido un manejo tan deplorable de la pandemia.

El estallido social ha desnudado la imagen de bienestar de la sociedad chilena que vendía el establishment internacional, ha afectado su liderazgo regional y sus proyecciones de crecimiento económico y ha mostrado a una sociedad herida, que ha sumado temas pendientes de solución como los juicios por violación de los derechos humanos, la reparación a las víctimas de la violencia y la situación de los presos políticos.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China es la expresión visible de un conflicto mucho más complejo de resolver que una balanza comercial desequilibrada, como lo plantea el presidente Trump.

Enfrentando una recesión, el gobierno argentino está renegociando con el FMI su Acuerdo Stand-by convirtiendo Argentina en un escenario de crisis política y de movilización social creciente.

Los esfuerzos de los gobiernos del Mercosur por concluir el TLC con la Unión Europea para dar una señal clara “a los mercados” de que la política económica actual es radicalmente distinta a la de sus antecesores y dejar sentado que el libre mercado es la panacea para lograr el desarrollo económico y social en esta subregión sudamericana, no ha sido suficiente para evitar, una vez más, el fracaso de las negociaciones.

Los países de mayor tamaño han abandonado la Unasur “temporalmente” y se ha perdido la apuesta inicial por la funcionalidad e institucionalidad de este organismo.