A fines de diciembre se produjo en Bolivia el primer levantamiento popular en la región contra un gobierno de izquierda, por un aumento excesivo del precio de los combustibles. Lo sucedido enseña las dificultades para ingresar en un modo de desarrollo verdaderamente alternativo, pero también los límites de la pretendida refundación y descolonización del Estado que proclama el gobierno de Evo Morales.
El instituto Ipsos acaba de difundir una encuesta que asegura que la popularidad del presidente cayó del 84 por ciento en 2007 a 36 por ciento en enero de 2011, y que el 56 por ciento de la población rechaza su gestión. Peor le va al vice, Alvaro García Linera, cuyo nivel de aprobación cayó de 46 por ciento en noviembre de 2010 a 29 por ciento, con un 71 por ciento de reprobaciones.
El ex ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada se pregunta “si ha llegado a su fin el ciclo de transformaciones políticas y económicas que ha desplegado Evo Morales en sus primeros seis años de gobierno”[1]. No acierta a dar una respuesta rotunda, pero es la primera vez que este tipo de interrogantes sobrevuelan el país andino. El “gasolinazo”[2], el fenomenal aumento del precio de los combustibles decretado a fines de diciembre y anulado apenas cinco días después para evitar un casi seguro estallido social, fue un terremoto lo suficientemente demoledor como para configurar una coyuntura política radicalmente nueva en Bolivia.
Ninguno de los numerosos analistas que están intentando explicar lo sucedido fue capaz de prever que un gobierno que fue reelegido apenas un año atrás por el 64 por ciento de los bolivianos, podía llegar a enfrentar un estallido social tan importante. Más aún: fue en las regiones más “evistas”, aquellas donde el presidente cosechó más del 80 por ciento de los votos, las que se movilizaron con mayor radicalidad contra la decisión del gobierno. El Altiplano aymara y las zonas cocaleras del Chapare fueron testigos de acciones colectivas que enfocaron la ira de la población contra los mismos a quienes habían votado, incluyendo el ataque e incendio a instituciones estatales.
La situación boliviana es muy compleja, pero ella puede estar apenas anticipando lo que podría sobrevenir en países donde los gobiernos son más vulnerables de lo que permite avizorar una lectura apenas cuantitativa del apoyo que reciben. Un breve relato de lo sucedido en esos cinco días puede dar la pauta de lo que está en juego.
La revuelta que no desaparece
A mediados de diciembre los medios comenzaron a difundir anuncios oficiales sobre la gran diferencia del precio de los combustibles entre Bolivia y los demás países de la región, lo que estaría fomentando el contrabando y la sangría de divisas para el país. El domingo 26 de diciembre, mientras Evo Morales se encontraba de viaje en Venezuela, el vicepresidente Alvaro García Linera difundió el Decreto Supremo 748 por el cual la gasolina subía un 72 por ciento y el diesel un 82 por ciento. Un domingo, al día siguiente de Navidad y en ausencia del presidente, mostraba la fragilidad del gobierno.
El lunes 27 comenzó un paro de 24 horas de los choferes y hubo declaraciones de varias organizaciones sociales contra la medida. El martes 28 los mineros de Huanuni deciden un paro de 24 horas. Los funcionarios del gobierno estiman que las protestas son pequeñas y aisladas y califican la decisión de “irreversible”. Al regresar de Venezuela, Morales decide un aumento del 20 por ciento de los salarios en la educación, la salud, las fuerzas armadas y policiales. El miércoles 30 comienzan en todas las ciudades marchas de protesta que paralizan el país.
Organizaciones cívicas, juntas vecinales, sindicatos, y organizaciones campesinas e indígenas rechazan el Decreto 748. En Cochabamba se manifiestan 14 mil personas. En el Chapare los cocaleros, a los que se creía incondicionales de Evo por ser su principal base de apoyo y donde labró su prestigio, bloquean las carreteras. Los choferes anuncian otro paro de 48 horas. El gobierno recibe el apoyo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y de la Cámara Nacional de Comercio, habitualmente opositores.
En centros mineros donde el apoyo al gobierno es masivo y macizo, se producen grandes concentraciones. En El Alto, bastión del evismo donde cosechó 81 por ciento de los votos, la multitud atacó las sedes de las organizaciones que se pronunciaron a favor del decreto 748, entre ellas la mítica Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), que protagonizó el levantamiento de 2003 contra Gonzalo Sánchez de Lozada, y la Central Obrera Regional. También atacaron la alcaldía de la ciudad y varias sedes de grupos afines al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Además incendian las casetas del peaje El Alto-La Paz, se quema una bandera venezolana y retratos de Evo. En La Paz se produce una gran manifestación de 30 mil personas y agresiones a policías que intentan impedir el ingreso de la multitud en la Plaza Murillo, sede del gobierno. El 31 de diciembre Evo asiste en la región del Chapare a una asamblea de cocaleros en busca de apoyo, pero los reunidos le piden que derogue el alza de los combustibles.
Cuando faltaban menos de dos horas para que finalizara el año, en un mensaje a la nación el presidente deroga el Decreto 748. Dijo que el aumento es inevitable pero que debe “mandar obedeciendo” y que eso lo llevaba a dar marcha atrás. El 2 de enero el vicepresidente asegura que el aumento de los combustibles es necesario pero que la medida se tomará en consulta con los sectores sociales porque “a la larga esta situación se hará insostenible”.
El poder de las petroleras
Los hechos descritos indican que si no se derogaba el decreto el país marcharía hacia el cuarto estallido social desde que en abril de 2000 una impresionante insurrección en Cochabamba, conocida como Guerra del Agua, forzó al gobierno de derecha a revertir la privatización del agua potable. El gobierno se quejó del rechazo popular al aumento de los combustibles, pero en ningún momento decidió abrir un debate sobre los caminos a tomar para evitar que la economía pierda 380 millones de dólares anuales por los subsidios, de los cuales 150 millones serían producto del contrabando.
Según Soliz Rada “el gasolinazo ha generado el sentimiento de que las petroleras han recobrado el dominio del país”, lo que neutraliza y revierte la nacionalización de los hidrocarburos decidida casi seis años atrás[3]. El ex ministro defiende los “avances estatistas” en la minería, como la instalación de una planta para procesar carbonato de litio y otra de cobre, la ampliación del ingenio minero de Huanuni, una fundición de estaño y la creación de la Empresa Boliviana del Oro que asegura el control estatal del preciado mineral.
Sin embargo, toda la población sabe que la mina San Cristóbal de George Soros, que explota zinc, plata y plomo, genera utilidades anuales de mil millones de dólares y tributa apenas 35 millones. El ex ministro denuncia que las reservas monetarias de 10 mil millones de dólares, las más elevadas que nunca tuvo el país, se están utilizado para el gasto corriente (salarios y beneficios sociales) y no para las inversiones estratégicas que el país necesita si de quiere hacer realidad el anunciado “salto industrial”.
Los datos macroeconómicos ya no son secreto para especialistas y gran parte de la población los conoce y discute, lo que estrecha los márgenes de cualquier gobierno. El ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, explica que el contrabando y el dinero que se gasta en subvencionar los combustibles son una nimiedad al lado de los 1.500 millones de dólares que la estatal YPFB[4] se comprometió a pagarles a las empresas petroleras por devolución de inversiones pese a que siguen en posesión y disfrute de esas inversiones.
También denuncia los 250 millones de dólares que se pagó a la transnacional Transredes pese a las pruebas existentes de graves delitos contra el Estado. O “los 700 millones de dólares que regalamos anualmente al Brasil en líquidos asociados al gas que le vendemos, a falta de la tan famoso y largamente anunciada planta separadora que sólo cuesta alrededor de 150 millones de dólares”[5].
Almaraz asegura que “los escasos campos petroleros en actual producción están en declinación y no pueden ya producir el petróleo que satisfaga el consumo interno”. Pero la mayor parte de los bloques petroleros de las reservas disponibles fueron reservados para las mismas transnacionales “que ya tienen en su poder más del 80 por ciento de nuestras restantes reservas hidrocarburíferas”[6]. O sea Petrobras, Repsol y Total. Son las principales beneficiarias del alza de los precios internos, requisito para que vuelvan a invertir en exploración de nuevos pozos.
El gobierno no ha sido capaz de explicar con claridad el motivo del aumento. Evo declaró que el contrabando lo hacen mujeres en biberones y varones en cinturones, lo que elevó la ira de la población.
El debate sobre el desarrollismo
Buena parte de los analistas insistieron en la necesidad de discutir el modelo de desarrollo. El director de la edición boliviana de Le Monde Diplomatique, Pablo Stefanoni, parece inclinarse por “un nuevo desarrollismo con conciencia ecológica”[7]. La corriente troskista, con fuerte peso en el sindicalismo boliviano, sacó de la galera viejos argumentos que esgrime como talismanes: “Si las empresas petroleras no invierten porque no ganan lo que desea, sólo queda estatizarlas y ponerlas bajo control obrero”[8].
Más profundo parece el análisis de la corriente representada por Raúl Prada, ex viceministro de Planificación, que sostiene que la forma como se implementó la medida y la argumentación esbozada muestran que la “lógica neoliberal” sigue operando en el gobierno pese a las pomposas declaraciones anticolonialistas[9]. Agrega que la economía está muy lejos de ingresar en una fase primaria de un modelo alternativo. Este sector apunta a revitalizar “el proceso descolonizador, la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico, en la perspectiva del modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo”[10].
Buenas palabras y mejores intenciones, sin duda. Pero ese discurso, ya inscrito en la nueva Constitución vigente desde 2009, está muy lejos de aportar soluciones concretas a los urgentes problemas de los pequeños países dependientes de la región. En este sentido, el problema que enfrentan no es sólo boliviano.
En efecto, Bolivia fortaleció el papel del Estado en la economía, aplica políticas macroeconómicas prudentes y busca contener la inflación a través de la apreciación de la moneda nacional. Las reservas acumuladas gracias a los elevados precios de las materias primas y el avance de políticas realistas en busca de industrializarlas, no han dado los resultados deseados y previstos. La industrialización se está revelando como un proceso mucho más complejo, largo y escarpado de lo previsto.
De hecho, el aumento de los combustibles es un reconocimiento de que sin el “saber hacer” de las grandes multinacionales será casi imposible, pese a contar con recursos monetarios, ingresar en un nuevo modelo que sume valor agregado a las materias primas. Por duro que sea aceptarlo, esto no es sólo un problema del imperialismo, del capitalismo y de las multinacionales.
Los ejemplos conocidos revelan que el “salto industrial” suele demandar décadas de esfuerzos mancomunados entre el Estado y el capital nacional, y del concurso de capitales internacionales. Brasil y sus grandes empresas como Petrobras comenzaron ese camino en la década de 1950, y recién medio siglo después comenzaron a cosechar frutos. No es una regla de oro, pero es seguro que no se puede dar el salto pretendido en el lapso de uno o dos gobiernos. Menos aún proceder a cambios tan ambiciosos como los que pretende la Constitución de Bolivia.
Además, el mundo está registrando una nueva ola inflacionaria, mayor aún que la registrada entre 2003 y 2008. La FAO anunció recientemente que los precios mundiales del arroz, trigo, azúcar, cebada y carne seguirán aumentando en 2011 y superarán las marcas de 2007 y 2008. Según el organismo las alzas afectarán a más de 80 países que pueden afrontar situaciones como las que atraviesa Túnez pero también el sur chileno ante el aumento del gas en un 20 por ciento.
Hacia la crisis política
En ambientes sociales convulsionados, como el que vivió Bolivia de 2000 a 2005 cuando Evo llegó al gobierno, la estabilidad se consiguió al precio de aumentar los gastos del Estado en subsidios, bonos de alimentos y una amplia gama de políticas sociales focalizadas para disminuir la pobreza. El ciclo de alza en los precios de las commodities permitió afrontar este aumento del gasto con cierta comodidad. Sin embargo, el ciclo parece irse agotando y el alza generalizada de precios empieza a tener un efecto bumerán.
Pero hay más. En el último año el gobierno de Evo cometió algunos errores que se hicieron sentir en las elecciones municipales con un fuerte retroceso en los tradicionales bastiones del MAS. Si en diciembre de 2009 el binomio presidencial fue reelegido con un abrumador 64 por ciento, en abril de 2010 el oficialismo perdió siete de las diez mayores ciudades del país y tuvo un fuerte retroceso en El Alto. Luego sobrevinieron varios conflictos a raíz de la ley de autonomías, con campesinos en la provincia de La Paz y con el Comité Cívico de Potosí por la radicación de iniciativas productivas.
El sociólogo aymara Pablo Mamani Ramírez, uno de los exponentes de la nueva intelectualidad india, apunta cuatro problemas: el fracaso de la nacionalización de los hidrocarburos, que en realidad fue una modificación de contratos que mejoran la posición del Estado; el fracaso de la descolonización y refundación del Estado; la falacia de pretender, como señaló el vicepresidente, de que con el actual gobierno se acabaron los grandes problemas estructurales del país; y el relanzamiento de la conflictividad social que debilita los apoyos sociales del gobierno.
Si los cuatros problemas apuntados son importante, el último puede conducir al país a una grave crisis política porque el apoyo popular activo ha venido siendo el principal argumento del gobierno para superar situaciones delicadas. Los datos que aporta Mamani sobre lo sucedido en El Alto (asalto e incendio de edificios del Estado y de movimientos sociales) le permiten concluir que “las dirigencias afines al gobierno han sido de facto rebasadas por los vecinos”, que actuaron al margen y contra las organizaciones a las que ellos mismos pertenecen.
El Comité de Emergencia contra el Gasolinazo, creado por organizaciones sociales independientes para afrontar la crisis provocada por el Decreto 748, emitió un comunicado en el que “levanta el cuarto intermedio de las luchas de octubre de 2003”, que tumbaron a Sánchez de Lozada.
Bolivia sigue siendo uno de los principales campos de disputa de poder. La particularidad del caso es que pese al abultado apoyo electoral se trata de un gobierno frágil, que debió dar marcha atrás al no poder imponer un ajuste en las cuentas del Estado, que muestra una paradoja de las izquierdas en el poder: ante las derechas cierran filas y se fortalecen, pero ante la movilización social cunde el desconcierto.
La coyuntura boliviana muestra problemas de fondo y vías de agua en el modelo de desarrollo, que sigue siendo neoliberal aunque no es privatizador, que pronto pueden ser visibles en otros países que ahora se creen a salvo de cualquier crisis.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.americas.org/es).
Redación: Laura Carlsen
Recursos
Alejandro Almaraz, “Siete preguntas sobre hidrocarburos, carreteras y otros”, Página Siete, 11 de enero de 2011.
Andrés Soliz Rada, “Evo, ¿fin de ciclo?”, Bolpress, 15 de enero de 2011.
Pablo mamani Ramírez, “Un nuevo levantamiento contra el gasolinazo”, ALAI, 31 de diciembre de 2011, http://alainet.org/active/43243
Raúl Prada Alcoreza, “La crisis del gasolinaza”, Bolpress, 7 de enero de 2011.
Raúl Zibechi, “Entrevista con Oscar Olivera, Con el levantamiento de diciembre se recupera la memoria de las luchas”, ALAI, 2 de febrero de 2011, http://www.alainet.org/active/44001&lang=es.
[1] Andrés Soliz Rada, Bolpress, 15 de enero de 2001.
[2] La población bautizó como gasolinazo (que remite a una suerte de golpe grande) al Decreto 748 por la magnitud del aumento del precio de la gasolina.
[3] Idem.
[4] Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
[5] Página Siete, 11 de enero de 2001.
[6] Idem.
[7] Página Siete, 3 de enero de 2011.
[8] Guillermo Almeyra en La Jornada, 9 de enero de 2011).
[9] Bolpress, 22 de enereo der 2011.
[10] Idem.
