Con 55.87% de los votos válidamente emitidos, Gabriel Boric, abogado de 35 años, candidato de la coalición Apruebo Dignidad (Frente Amplio, el Partido Comunista y otras agrupaciones menores) se impuso el 19 de diciembre al candidato del ultraderechista Partido Republicano, el también abogado, José Antonio Kast, quien obtuvo el 44.13%. El aplastante triunfo de Boric, que lo ha convertido en el presidente más joven de la historia de Chile, tuvo lugar en medio de las elecciones más polarizadas desde que se recuperó la democracia en 1990.

Para solucionar las profundas desigualades económicas, sociales y territoriales que dieron lugar a las multitudinarias protestas que estallaron el 18 de octubre de 2019, los chilenos rechazaron al candidato presidencial de ultraderecha, quien hubiera continuado y fortalecido el modelo neoliberal, aplicado con mayor severidad, y optaron por el candidato de izquierda, quien pondrá fin al modelo neoliberal que por cuatro décadas presentó a Chile como un ejemplo de orden y crecimiento económico en América Latina.

En Chile no hizo falta la llegada de la pandemia para desnudar las profundas diferencias en el acceso a los servicios de educación y salud, así como para denunciar la estafa de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) que constituye el sistema privado de jubilaciones vigente desde la dictadura militar. El triunfo de Gabriel Boric es la coronación de las luchas sociales ocurridas en Chile desde octubre de 2019 y el inicio de cambios políticos, económicos y sociales en un contexto con grandes limitaciones.

La primera vuelta y el fin de los partidos de centro

El triunfo de estos dos candidatos, que hicieron campaña con posiciones radicales en sus respectivos espacios políticos durante la primera vuelta electoral, fue la expresión del rechazo del electorado a las dos coaliciones de centro izquierda y derecha que, con matices, administraron el modelo neoliberal durante las tres últimas décadas.

La mayor votación obtenida por Kast en la primera vuelta (27.9%) frente a Boric (25.8%), y el hecho de que previamente al balotaje no estuviera totalmente descartada la posibilidad de que el candidato ultraderechista se convirtiera en presidente de Chile, representaron un contrasentido a la lucha política y a la presión social de los últimos años, que derivó nada menos que en el cambio de Constitución promulgada en 1980 durante la dictadura de Pinochet.

Kast es defensor del orden y de la mano dura. Al estilo de Trump, propone la construcción de una zanja en el norte del país para contener la migración. Reconoce su simpatía por Bolsonaro, Trump y Pinochet y de haber ganado hubiera roto relaciones diplomáticas con Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de retirar a Chile de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Su propuesta económica apuntaba a fortalecer el mercado y darle más libertad de acción y disminuir el rol y la participación del Estado. Además, proponía reducir el impuesto a las empresas y el gasto público con la convicción de que la estabilidad y el orden público generarían más inversiones y mayor crecimiento.

Algunas explicaciones del paradójico triunfo en primera vuelta de un candidato como Kast en el marco de las reivindicaciones ciudadanas podrían encontrarse en la incertidumbre ocasionada por la pandemia y la crisis económica, la falta de una propuesta clara de las fuerzas de izquierda sobre el complejo tema de la migración, que suele ser decisiva en una contienda electoral, los conflictos con la población mapuche, el incremento de la delincuencia y la inseguridad–situaciones en las que un discurso de “orden y progreso”, acompañado por un coro anticomunista, podrían haber menguado la audacia de los electores a votar por el cambio durante la primera vuelta electoral.

Yasna Provoste, del Partido Demócrata Cristiano, que formó parte de la cuatro veces gobernante Concertación de centro izquierda, quedó en quinto lugar con 11,6% de los votos, mientras que Sebastián Sichel, candidato del oficialista Chile Podemos Más, en cuarto lugar (12,8%). La tercera ubicación, una sorpresa no prevista por las encuestadoras, la obtuvo el candidato antisistema y antipartidos el economista Franco Parisi, del Partido de la Gente, con una campaña hecha por Internet desde Alabama, Estados Unidos, sin pisar territorio chileno por tener órdenes judiciales que le intiman a pagar altas sumas de dinero por pensión de alimentos a sus hijos.

Un golpe más a los partidos de centro

El voto de rechazo al sistema de partidos vigente desde 1990 se puso también en evidencia en las elecciones de mediados de mayo, cuando se eligió a los 155 delegados que conforman la Convención Constituyente, encargada de redactar la nueva Constitución. En esa misma fecha, se eligió a gobernadores regionales (por primera vez), alcaldes y concejales. El resultado fue concluyente y el triunfo se lo llevaron los independientes y los representantes de fuerzas de izquierda más radicales agrupados en la coalición Apruebo Dignidad, la misma que llevó a Boric a la presidencia.

Los representantes de los partidos de derecha agrupados en la lista oficialista de Piñera, Vamos por Chile, no alcanzaron ni siquiera el tercio de votos, que les hubiera permitido ejercer el veto a los contenidos del texto de la nueva Constitución. Apenas obtuvieron 37 escaños que representan el 23% de los votos. Peor le fue a la ex Concertación (Partido Socialista, Democracia Cristiana, otros) agrupada en la lista Apruebo que obtuvo apenas 25 escaños (16% de votos). En aquella elección fueron los independientes quienes captaron la mayor afluencia de votos al obtener 48 escaños (31%).

La configuración política de los 155 delegados dio lugar a anuncios sobre los cambios que tendrían lugar en la nueva Carta Magna. El rol subsidiario del Estado, por ejemplo, sería reemplazado por uno más protagónico, que permitiera reducir las desigualdades que un imperfecto libre mercado profundizó y fue incapaz de mitigar.

Los primeros resquebrajamientos del modelo se hicieron visibles en 2005 con la denominada revolución de los pingüinos y luego en 2011 con las manifestaciones universitarias. Pero el golpe final al modelo económico fue el estallido social de octubre de 2019 que cegó 36 vidas y dejó centenares de heridos.

Su persistencia y gravedad dieron lugar al Acuerdo por la Paz que determinó que una nueva Constitución se convirtiera en la única salida del gobierno de Piñera para canalizar los reclamos sociales y preservar la democracia. En el acuerdo logrado con los líderes sociales para cambiar la Carta Magna, previa consulta popular, se establecieron algunos criterios mínimos como la definición de república democrática, la validez de las sentencias judiciales, la intangibilidad de los tratados internacionales y un quórum de 2/3 para la aprobación de sus normas.

En el referéndum de octubre de 2020, casi 80% de los chilenos no sólo votó a favor de redactar una nueva Constitución sino, también, por hacerlo mediante una Convención Constituyente. Elegidos los delegados en mayo, esta se instaló el 4 de julio y tendrá un plazo máximo de un año para culminarla. Luego deberá ser ratificada en referéndum con voto obligatorio con un porcentaje de 66% como mínimo.

La segunda vuelta y el triunfo de Boric

Tanto Boric como Kast tuvieron que negociar el apoyo de parte de los sectores afines a sus espacios políticos.  José Antonio Kast recibió el respaldo del candidato oficialista Sichel después de que el triunfante candidato del Partido Republicano le aceptara un pliego de peticiones expresados en un documento que llamó Nueve compromisos para reforzar la democracia, donde le exigía asuntos clave como el respeto irrestricto a los derechos humanos. Por su parte, Boric ha recibido el apoyo de los candidatos Yasna Provoste, de Marco Enríquez Ominami del Partido Progresista y de Eduardo Artés de la Unión Patriótica.

Durante sus respectivas campañas, Kast y Boric tuvieron que rectificar sus metas e, inclusive, retractarse de algunos postulados para acercarse a los votantes de centro, a los independientes y a los indecisos. Pero en esencia, se trataba de dos proyectos antagónicos que mantienen sus lineamientos centrales inamovibles.

Pero la victoria electoral estaba en manos del 53% de votantes que no acudieron a las urnas en la primera vuelta y de los electores “antisistema” de Parisi. Las características de los votantes de este último hacían difícil vaticinar que este pudiera endosar su voto automáticamente a cualquiera de los candidatos. De hecho, los resultados del 19 de diciembre han demostrado que ese 13% de votantes, que obtuvo en la primera vuelta electoral, votó mayoritariamente a favor del candidato izquierdista. Ello, a pesar de que, durante la campaña del balotaje, el candidato Parisi críticó duramente el programa económico de Boric en respuesta a la decisión de este de no participar en un debate con Kast en su programa Bad Boys emitido por la plataforma YouTube.

Asimismo, hubo una mayor participación de votantes (55,65%) en comparación al 47, 19% que asistió durante la primera vuelta. Se trata de una elección con la mayor participación en la historia del país, a pesar de las dificultades en el sistema de transporte público, cuyo mal manejo fue admitido por la ministra de Transportes y Comunicaciones, Gloria Hutt.

La victoria de Boric es también la de los latinoamericanos que rechazamos un discurso antiinmigrante, de irrespeto a la diversidad, antifeminista, de apología de las dictaduras, entre otros. Las intenciones del presidente electo son muy loables. Durante su discurso pronunciado el día de la elección en una plaza abarrotada de gente, Boric se pronunció a favor del medio ambiente y rechazó el proyecto minero Dominga, un cuestionado proyecto minero que familiares del presidente Piñera vendieron y canalizaron el dinero a paraísos fiscales (caso Pandora Papers), previo cambio de una ley medioambiental. Boric planteó en su campaña aumentar la carga fiscal a las empresas extractivistas, en un contexto de altos precios, a través de regalías. También ha anunciado que revisará varios tratados de libre comercio, entre ellos el firmado con Estados Unidos en 2003, sobre una base bilateral.

Sostuvo que “un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad tiene pies de barro” y que “solo con cohesión social, reencontrándonos y compartiendo un piso común, podremos avanzar hacia un desarrollo verdadero y sostenido”. Asimismo, rechazó la discriminación y la violencia contra la diversidad y resaltó que el trabajo junto a las organizaciones feministas será fundamental. Reivindicó la democracia al señalar que “nuestro proyecto también significa avanzar en más democracia y (…) cuidar el proceso constituyente, motivo de orgullo mundial y único camino para construir, en democracia y con todos, un país mejor”.  Al respecto agregó que “desestabilizar las instituciones democráticas conduce directamente al reino del abuso, la ley de la selva, y el sufrimiento y desamparo de los más débiles”.

Pero no será fácil. Boric tendrá que enfrentarse con un escenario de exiguo crecimiento económico y de restricción fiscal debido a los altos niveles de endeudamiento generados por los gastos derivados de la pandemia. Asimismo, con un escenario inflacionario en términos relativos a los que siempre ha tenido Chile, hecho que ha llevado al gobierno a incrementar significativamente las tasas de interés.

Asimismo, no tendrá mayoría propia en el Congreso Nacional y, por lo tanto, se verá obligado a negociar con los sectores del centro político. La paridad de fuerzas en el Congreso resultante de la primera vuelta electoral será una limitante para concretar las propuestas de cambios más radicales que la centroizquierda chilena no realizó. En cualquier caso, a partir del 11 de marzo, fecha en la que asumirá el presidente más joven en la historia del país, Chile escribirá un nuevo capítulo de su historia.

Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires, y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina (1985-1994), asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (2006-2008) y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina (2010-2015). Es analista del Programa de las Américas para la región andina/cono sur.

 

 

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