Colombia ha cumplido más de un mes en paro nacional, con una movilización popular histórica para este país y para América Latina. Las protestas contra el gobierno no paran. Esta fase de resistencia empezó como un grito contra una reforma tributaria que proponía cobrar impuestos a los productos y servicios básicos, elevando el costo de la vida en un país en donde el desempleo, la pobreza y la desigualdad han llegado a niveles sin precedentes. Ahora se ha convertido en una lucha entre la exterminación y la emancipación.

A pesar de que el gobierno de Iván Duque retiró la propuesta de agravar productos de la canasta básica familiar, las manifestaciones rápidamente se ampliaron, para incluir demandas que abarcan un cúmulo de agravios contra el pueblo colombiano: la falta de educación, empleo y servicios de salud; las constantes violencias —estatal-paramilitar, delincuencial, patriarcal y racista; el sabotaje gubernamental al proceso de paz; las ejecuciones paulatinas de defensores/as y dirigentes sociales; la ocupación militar de territorios indígenas; y ahora en contra de la represión de las manifestaciones. Millones de personas arriesgan la vida en las manifestaciones, de manera destacada las y los jóvenes, porque, como decía un grupo de jóvenes manifestantes en la ciudad de Cali a la periodista popular Angélica Peñuela, ‘El hambre nos trajo aquí. Ya no tenemos nada que perder.’

Jhoe Sauca, consejero de la Autoridad Tradicional del Pueblo Kokonuco e integrante del Consejo Regional Indígena de Cauca, explica que la reforma tributaria fue el factor agravante que la gente no aceptó y que finalmente movilizó a millones. “No aguantamos más. Con la pandemia estamos aguantando hambre, nuestras empresas se han quebrado, y el gobierno apoyando a los bancos y las grandes empresas.” Dice que los pueblos en Colombia llevan 50 años de lucha bajo el principio de unidad y con la reforma, “Ha inclinado la balanza a nuestro favor en el mensaje que hemos transmitido a la sociedad colombiana–: que hay que luchar por los derechos.”

“Creo que en este marco, nos permite ganar capacidad organizativa a nivel del movimiento indígena, pero también a nivel de sociedad.” Destaca que en 2017 organizaron la Minga Social y Comunitaria por la Defensa de la Vida y la Paz, el Territorio y la Democracia. La Minga se ha movilizado en sus territorios y ha llevado grandes contingentes a las protestas en las ciudades, particularmente a Cali.

En el mismo conversatorio, Vilma Almendra Quiguanás del pueblo nasa e integrante de Pueblos en Camino, señala el aspecto histórico de la unidad lograda. “Mucha gente de los territorios rurales están en el movimiento. Según datos de Indepaz, de los 1.123 municipios en el país, en 800 se han movilizado, somos 15 millones en un movimiento sin precedentes.” Dice que la protesta es el cúmulo de 529 años de colonización y resistencias, de milenios del patriarcado y de las falsas promesas y expectativas que surgieron a raíz del Acuerdo de Paz.

“A casi cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, pues sí, se ha garantizado el desarrollo en las ‘zonas inhóspitas’ ¿pero que es el desarrollo? Concesiones mineras, concesiones petroleras, ampliación de la frontera agrícola, monocultivos, concesiones del agua —cantidad de proyectos de muerte que están despojando, están matando y están criminalizando el campesinado y los movimientos populares. Nos engañaron con la paz, nos engañaron con que iba a haber plata, y ni paz ni plata.”

Para el gobierno colombiano, su propio pueblo es el enemigo. El Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) documenta 71 personas asesinadas desde el incio del paro hasta el 31 de mayo, casi todos a manos de las fuerzas de seguridad y fuerzas aliadas. Aproximadamente 65% murieron en Cali, “el centro de la resistencia”. El domingo el presidente ordenó “el máximo despliegue de asistencia militar a la policía” en Cali y Popayán. La mesa de dialogo diálogo con el Comité de Paro no llega a nada ya que el gobierno insiste en desmantelar los bloqueos como una condición previa, sin comprometerse a ninguna medida de desmilitarización. No parece ser el fracaso del diálogo, que ni siquiera inicia formalmente, sino la falta de voluntad política por parte del gobierno.

La derecha se apuesta cada más abiertamente a la guerra cómo como estrategia para justificar el control autoritario completo y el exterminio— de la oposición y de grandes parte de la población. El ex ministro Fernando Londoño lo dijo, en forma de reto al presidente Duque: “…si usted no es capaz de disponer de la fuerza legítima del Estado para desbloquear el Puerto de Buenaventura por las buenas o por las malas, no le queda más remedio que renunciar”. No es palabrería política —las fuerzas derechistas de Uribe, el poder tras el trono, son expertos en hacer cosas “por las malas”. En estos días regresan con saña prácticas como los falsos positivos —ejecutar o criminalizar a personas, disfrazándolas de “terroristas”—, la reactivación de paramilitares que nunca se desmovilizaron, y las masacres selectivas. Evidencias del uso de paramilitares y agentes encubiertos para disparar contra las y los manifestantes abundan en las redes. Son homicidios a sangre fría y una violación directa de la constitución al instigar a grupos paramilitares y operaciones encubiertas de las fuerzas de seguridad para reprimir a las protestas.

Manuel Rozental, médico colombiano y también integrante de Pueblos en Camino advierte, “Si este proceso de levantamiento popular le permite al estado colombiano a exterminar masivamente a la gente, lo va a hacer. La pregunta está en si los que dicen ‘business is business’ se hacen los cómplices mientras denuncian que les duele mucho.” La respuesta internacional a la crisis de derechos humanos en Colombia será un factor determinante.

“Mientras Joe Biden y el gobierno de los EEUU. no se pronuncien para suspender la ayuda militar al gobierno genocida de Colombia, no solo son cómplices, son mucho mas más que eso. No hay una bala de la policía, no hay un disparo de gas, no hay una política de represión que no haya sido financiado, promovido y apoyado desde los Estados Unidos.” Biden fue el arquitectos y promotor principal del Plan Colombia y sigue elogiándolo como el gran éxito de la política estadounidense en América Latina.

Rozental enfatiza que las causes causas estructurales del conflicto van mucho más allá del enfrentamiento actual entre la insurrección y las autoridades. En esta etapa del capitalismo, el pueblo mismo es un estorbo para el estado y gran parte del empresariado.

“La historia nuestra, como la historia del capitalismo, todo se puede resumir diciendo que aquí se ha dado exploración, luego se explota lo que les sirve, luego se excluye lo que les sobra en el territorio de la gente, y luego termina exterminando porque cuando la codicia es sagrada, robar y matar es ley.” Explica que en Colombia hay excedente de población y el es imperante de capturar escasos recursos.

Que el pueblo es un estorbo se expresa en las acciones del gobierno. Le estorba la juventud, que protesta por la falta de oportunidades en un país que se coloca entre los más desiguales del mundo, con una tasa oficial de desempleo de más de 15% y es reprimida con balas. Le estorban las personas defensoras de los derechos humanos que reclama la gente —el Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, reporta que solo en lo que va del año han matado a 67 defensores de derechos humanos firmantes del acuerdo de paz, siendo el país número uno en el mundo en asesinatos de personas defensoras. Les estorban los pueblos indígenas que resguardan los bienes naturales que les sostienen y que sostienen protegen al planeta frente el despojo por parte de las grandes empresas y la élite política. Les estorban las mujeres que exigen sus derechos, que están en franco retroceso bajo el gobierno conservador y la reafirmación brutal del patriarcado. También les estorba la paz –—han sido asesinados o desparecidos en este año 25 excombatientes de las FARC firmantes del acuerdo, en un mensaje claro de que la paz no está en la agenda gubernamental, y se han registrado 41 matanzas en lo que va del año, que han dejado 158 víctimas.

El pueblo colombiano está arriesgando todo en la lucha contra el sistema neoliberal de muerte en su país y también representa la lucha de todo toda América Latina. Es una responsabilidad no dejarlo solo. Existe un cerco mediático frente a lo que sucede en esta movilización histórica, y el discurso del gobierno intenta desviar la atención a los bloqueos y el vandalismo, sin tomar en cuenta la vida humana y las legítimas demandas del pueblo. Debido a la falta de movilidad, son pocas personas que han podido reportear desde la zona para la prensa internacional y se han registrado agresiones de la policía contra ellas. Los medios comerciales hacen eco de las versiones oficiales. Eso sí, en las redes sociales se llevan a cabo campañas masivas de solidaridad de la izquierda, las feministas, la juventud y otros sectores en todas partes del mundo. Sin embargo, estas campañas tienen que ser más grandes y más intensas para apoyar y proteger a las manifestaciones en este momento crítico.

Originalmente publicado en Desinformémonos.org

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