Nota del editor: Este artículo es la segunda de una serie de tres partes que analizan las causas del fenómeno del trabajo migrante y los mecanismos que lo originan, y ofrecen propuestas para transformarlo en un sistema más justo y equitativo. El Programa de las Américas se enorgullece en publicar esta serie en colaboración con el autor.
David Bacon
En los últimos 25 años, los programas de trabajadores huésped se han convertido crecientemente en un vehículo para canalizar esta migración. Un alto número de trabajadores huésped es reclutado cada año para trabajar en Estados Unidos, procedentes de México, Centroamérica y el Caribe, bajo los programas H1-B, H2-A y H2B. Los reclutadores prometen altos sueldos y cobran miles de dólares por las visas, cuotas y transporte. Al momento de salir de sus casas, las deudas de los trabajadores huésped resultan aplastantes.
En el 2007, el Centro Legal Sureño Sobre la Pobreza emitió el reporte “Cerca a la Esclavitud”, documentando el trato a los trabajadores huésped. Nadie recibe pago por el trabajo extra que realiza, sin importar que la ley establece lo contrario. Las compañías cobran a los trabajadores por el uso de herramientas, comida y vivienda. Cotidianamente, los trabajadores son sujetos de trampas y engaños. Las protestas recientes han expuesto la explotación de trabajadores huésped reclutados de la India para trabajar en el astillero de la empresa Signal International, en Mississippi. Los migrantes pagaron entre 15 y 20 mil dólares por cada visa, vivían en barracas en el campamento y tenían que levantarse a las 3:30 de la madrugada para usar el baño porque no había suficientes para cada persona. La compañía recortó salarios, mantuvo presos a seis trabajadores para luego ser deportados y despidió a su líder Joseph Jacobs. En el 2006, Santiago Rafael Cruz, un dirigente del Comité Organizador de Trabajadores del Campo fue asesinado cuando el sindicato trató de establecer una oficina en México para terminar con la corrupción y el abuso de los contratistas de trabajadores huésped.
Si los trabajadores protestan contra este trato, son boletinados para que el próximo año ya no sean contratados. El hecho de protestar no lograría nada bueno de todas maneras. Durante la pasada administración, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos casi nunca descertificó a un contratista de trabajadores huésped, sin importar cuántas quejas hayan sido interpuestas en su contra. La industria del papel depende de este sistema. Hace 20 años, dejó de contratar trabajadores desempleados domésticamente y comenzó a reclutar trabajadores huésped. Como resultado de esto, los costos de la mano de obra en los bosques se han mantenido bajos mientras que las ganancias por producción de papel han aumentado.
Los programas de trabajadores huésped en Estados Unidos son sólo una parte de un sistema global más amplio el cual produce mano de obra y luego la utiliza. En América Latina las reformas económicas promovidas por el gobierno estadounidense a través de tratados comerciales e instituciones financieras internacionales desplaza a los trabajadores desde mineros hasta cortadores de café. Luego, ellos se suman a la enorme avalancha de mano de obra que se desplaza hacia el norte. Cuando llegan a Estados Unidos, se convierten en una parte indispensable de la fuerza de trabajo ya sea que se encuentren indocumentados o que estén trabajando bajo visas de trabajo. El desplazamiento crea una fuerza laboral móvil, un ejército de trabajadores disponibles que se ha vuelto una parte indispensable en la economía de Estados Unidos y la de otros países ricos. Se trata de un mismo sistema que produce las necesidades migratorias y luego se beneficia de esa mano de obra.
La creación de una fuerza laboral vulnerable a través del desplazamiento de las comunidades no es nueva. Africa se convirtió en “una conejera para la caza de pieles negras” durante el sangriento desplazamiento de comunidades por los comerciantes de esclavos. Los agricultores africanos desterrados eran transportados encadenados a las Américas, en donde se convirtieron en la fuerza laboral esclavizada de las plantaciones desde Colombia y Brasil, hasta el sur de Estados Unidos. Su trabajo creó la riqueza que hizo posible el crecimiento económico en Estados Unidos y la mayor parte de América Latina y el Caribe. Pero el desplazamiento y la esclavitud produjeron más que riqueza. Mientras los propietarios de esclavos buscaron diferenciar a los esclavos de las personas libres, crearon las primeras categorías raciales. La sociedad fue dividida en aquellos con más y menos derechos, usando el color de la piel y el origen. Cuando los ideólogos anti-inmigrantes llaman a los inmigrantes de hoy “ilegales” usan una categoría heredada y desarrollada desde la esclavitud.
Actualmente el desplazamiento y la desigualdad están tan profundamente enraizadas en la economía de libre mercado como lo estuvieron durante el comercio de esclavos. El presidente mexicano Felipe Calderón, dijo durante su visita a California en el 2008: “Tienes dos economías. Una economía es intensiva en capital, que es la economía Americana. Una economía es intensiva en mano de obra, que es la economía mexicana. Somos dos economías complementarias y ese fenómeno es imposible de parar”. Cuando Calderón se refiere al trabajo intensivo quiere decir que millones de ciudadanos mexicanos están siendo desplazados y que la economía del país no puede producir empleo para ellos. Para Calderón y los empleadores en ambos lados de la frontera Estados Unidos-México la migración es por lo tanto, un sistema de suministro de mano de obra.
La política migratoria de Estados Unidos determina las reglas bajo las cuales la mano de obra es utilizada. Los empleadores ven a los migrantes como una mano de obra y buscan organizar el flujo de la migración para dirigirla hacia donde es requerida. “Los intereses económicos de la aplastante mayoría de empleadores [estadounidenses] favorecen fronteras tan porosas para la mano de obra como sea posible”, de acuerdo a Faux. Pero los patrones quieren una fuerza de trabajo con un estatus vulnerable, de segunda clase, al precio que ellos deseen pagar.
El Presidente George Bush dijo que el propósito de la política migratoria de Estados Unidos debería ser “conectar patrones que estén dispuestos con empleados que estén dispuestos”. Bush simplemente estaba reafirmando lo que ha sido una realidad en toda la historia de Estados Unidos. Para aportar su fuerza de trabajo, los inmigrantes chinos fueron traídos del delta del Río Perla para construir el ferrocarril transcontinental en los años de 1850. Abastecerse de una mano de obra fue el móvil del comercio esclavo. En los años 20 y 30, los filipinos se mantuvieron desplazándose de campo en campo de trabajo, al mismo tiempo que las leyes que prohibían la mezcla de razas les impedía establecerse y formar familias. Ellos también aportaron la mano de obra como lo hicieron los trabajadores del campo mexicanos traídos a Estados Unidos durante el Programa Bracero, de 1942 a 1964.
La agricultura industrial estadounidense siempre ha dependido de una mano de obra migrante formada por oleadas de chinos, japoneses, filipinos, mexicanos y más recientemente, centroamericanos. Actualmente, un creciente porcentaje de trabajadores del campo son indígenas que hablan idiomas diferentes al español, un indicio de que la dislocación económica ha alcanzado las zonas más remotas de la provincia mexicana.
Dentro de este sistema de desplazamiento y migración, la política migratoria de Estados Unidos determina el estatus del trabajo migrante. No detiene a las personas para entrar al país ni tampoco tiene la intención de hacerlo. Su principal función es determinar el estatus de las personas una vez que se encuentran adentro. Una política migratoria basada en suministrar mano de obra produce dos efectos: el desplazamiento se convierte en una herramienta no declarada para producir trabajadores mientras la desigualdad se vuelve una política oficial. La noción incuestionable es que los migrantes no tendrán los mismos derechos que las personas que viven en las comunidades con las que coexisten. Todas las iniciativas de ley debatidas por el Congreso estadounidense en los últimos años están basadas en esta presunción.
En la actualidad el llamar a alguien “ilegal” no se refiere a un acto ilegal. La ilegalidad es una categoría social. La ilegalidad crea un sistema poco costoso. Los llamados trabajadores ilegales producen riqueza pero a cambio reciben una parte mucho menor -una fuente de lucro para aquellos que los emplean-. La desigualdad es lucrativa. En 1994 la mano de obra de trabajadores indocumentados inyectó 45 mil dólares por persona a la economía de California, de acuerdo al Centro de Integración y Desarrollo Norteamericano de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA). Suponiendo que casi todos estuvieran trabajando a un sueldo cercano al salario mínimo, cada uno recibió sólo una pequeña parte del valor que produjo, cerca de 8 mil 840 dólares cada uno. El promedio del salario manufacturero en ese tiempo arrojó un ingreso anual de más del doble de esa cantidad. El valor adicional fue expropiado por los empleadores.
Las compañías dependen no solamente de los trabajadores en las fábricas y los campos sino también de las comunidades de donde ellos proceden. Si esas comunidades dejan de mandar trabajadores, la oferta de mano de obra se acaba. El trabajo se detiene. Sin embargo, ninguna compañía paga por una sola escuela o clínica ni paga impuestos en esas comunidades. Los trabajadores pagan por todo eso a través del dinero que ellos mandan a casa.
Cerca de un 11 por ciento de la población de México vive en Estados Unidos, de acuerdo al Pew Hispanic Center. Sus remesas, que fueron menos de 4 mil millones de dólares en 1994 cuando el TLCAN entro en vigor, subieron a 10 mil millones en el 2002 y luego a 20 mil millones tres años después, de acuerdo al Banco de México. En el 2006, esa cifra alcanzó los 25 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, los fondos públicos que solían pagar las escuelas y las obras públicas dejan a México pagos por deuda a bancos extranjeros. Las remesas tan grandes como son no pueden compensar esta salida. De acuerdo a un reporte hecho a la Cámara de Diputados mexicana, las remesas representaron un promedio del 1.19 por ciento del Producto Interno Bruto entre 1996 y el 2000, y un 2.14 por ciento entre el 2001 y el 2006. Los pagos de la deuda significaron un 3 % anual. Al cubrir parcialmente las necesidades sociales sin fondos, las remesas están indirectamente subsidiando a los bancos.
Al mismo tiempo, las compañías dependientes de esta corriente migratoria logran una mayor flexibilidad ajustando las altas y bajas de la demanda del mercado. El sistema de producción global se ha vuelto muy flexible en reacomodar los auges y caídas. Su sistema de empleo está basado en el uso de contratistas, el cual está reemplazando el sistema en el que los trabajadores eran directamente empleados por los negocios que utilizan su mano de obra. Durante décadas, este ha sido el modelo de empleo en las industrias de la costura y la limpieza, así como en la agricultura. Los trabajadores desplazados son los pilares de este sistema. El principio fundamental de este sistema es que la política migratoria y el reforzamiento de las leyes deben dirigir a los migrantes hacia las industrias cuando su trabajo es requerido y sacarlos cuando no lo es.
Los programas de trabajadores huésped y los de empleo basado en visas de trabajo fueron creados para solucionar las necesidades de mano de obra. Cuando la demanda es alta, los empleadores reclutan trabajadores. Cuando la demanda baja, esos trabajadores no solamente tienen que dejar sus empleos sino al país entero. Actualmente, los empleadores piden una mayor flexibilidad en los requisitos para las visas de trabajadores huésped, especialmente desde que esas protecciones han sido reforzadas por la actual Secretaria del Trabajo, Hilda Solís. Simplemente colocando más protecciones laborales en los programas no cambia su estructura básica que hace a esos trabajadores más vulnerables. “Ellos no tienen derechos laborales o beneficios”, acusa Rufino Domínguez. “Es como la esclavitud. Si a los trabajadores no les pagan o los engañan, no pueden hacer nada”, lamenta.
Programas Laborales y un Mayor Reforzamiento de las Leyes Migratorias, La Agenda Corporativa sobre Migración
La industria empacadora de carne comenzó a hacer cabildeo a favor de un programa de a trabajadores huésped a finales de los años 90, cuando las compañías organizaron la Coalición de Inmigración de Trabajadores Esenciales -corporaciones como Wal-Mart, Marriott y Tyson Foods, así como los Constructores y Contratistas Asociados. Mientras los republicanos son fuertes simpatizantes del programa de trabajadores huésped, las propuestas en el Congreso son bipartidistas, respaldadas por liberales como el Senador Edward Kennedy y el Congresista Luis Gutiérrez.
Los nuevos programas de trabajadores huésped representan el punto central del programa corporativo para una reforma migratoria. Estos programas son combinados con propuestas que permiten un aumento en el reforzamiento de la ley, y un programa para la legalización de los indocumentados a favor de los empleadores. Las propuestas de trabajadores huésped, avanzadas ahora, incluso en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio tienen dos características. Permiten a los empleadores reclutar mano de obra en un país pero los utilizan en otro y conectan la habilidad de los trabajadores para permanecer en su nuevo país con su estatus de trabajo. Si no están trabajando, no tienen derecho de quedarse. Esto inevitablemente conlleva a un diferente estatus social, político y económico, en el que los trabajadores no tienen los mismos derechos que las personas a su alrededor y no pueden recibir los mismos beneficios sociales.
Algunas iniciativas de ley en el Congreso de Estados Unidos en años recientes hubieran permitido a algunas de las más grandes corporaciones reclutar y traer al país, a través de contratistas, unas 800 mil personas al año. En el debate final del 2006 en el que falló su propuesta, el Presidente George Bush trató de eliminar toda migración basada en la familia y permitir a las personas venir a Estados Unidos solamente cuando fueran reclutadas por los patrones. Bajo su propuesta, casi todos los inmigrantes se hubieran convertido en trabajadores huésped. Sin embargo, el enfoque general de tres partes del programa de reforma migratoria de la administración del presidente Obama no es significativamente diferente a la de su predecesor.
Un segundo elemento en el programa corporativo es la legislación que respalda a un programa diseñado principalmente para proteger a los empleadores frente a los cargos legales por contratar trabajadores indocumentados, más que para ayudar a las familias a ajustar su estado migratorio. Todas las iniciativas de ley integrales del Congreso hubieran impuesto periodos de espera de entre 11 a 18 años para los inmigrantes que solicitaran la legalización, tiempo en el que permanecerían tan vulnerables como siempre. Pero los empleadores serían protegidos de cargos si hubieran violado sanciones patronales mientras organizaban el reclutamiento de nuevos trabajadores a través de los programas de trabajadores huésped.
Debido al historial de abuso de los programas de trabajadores huésped y porque trabajar fuera de esos programas ofrece una atractiva alternativa, el tercer elemento necesario de este tipo de reforma corporativa es un aumento en el reforzamiento de la ley contra la mano de obra indocumentada en los lugares de trabajo, y en el cruce no autorizado de la frontera. Estas propuestas buscan acabar con la migración espontánea -la cual consiste en que las personas deciden por sí mismas cuándo venir y a dónde ir-, al hacer imposible trabajar sin una visa de trabajo y contrato. Por el contrario, estas propuestas sustituyen a un sistema en el que las personas solo pueden migrar como mano de obra contratada.
Después de las grandes marchas por los derechos de los migrantes del 2006, el gobierno federal estadounidense aumentó las redadas en los lugares de trabajo y comunidades. Portavoces del buró de la agencia de inmigración ICE, una división del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), explicaron que las redadas tenían la intención de mostrar la necesidad del programa de inmigración emprendido por la administración en turno. La oficina del ICE también comenzó a implementar muchas de las medidas de reforzamiento de la ley contenidas en las iniciativas de ley de reforma migratoria que el Congreso rechazó.
En el 2007, el entonces Secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff propuso un reglamento que exigía a los patrones despedir a cualquier trabajador que no pudiera corregir la discrepancia entre el número de Seguro Social que proporcionó a su empleador y la base de datos de la Administración del Seguro Social (SSA). La regulación da por hecho que esos trabajadores no tienen una visa migratoria válida. Dicha regulación fue desafiada en una corte federal por parte de sindicatos y defensores de los derechos de los inmigrantes pero la administración de Obama simplemente ha implementado el mismo esquema usando diferentes tácticas.
Recientemente, el Concilio de Relaciones Exteriores (CFR por sus siglas en inglés) propuso dos metas para la política migratoria de Estados Unidos. En un reporte del Equipo Especial Independiente sobre Política Migratoria de Estados Unidos, patrocinado por el CFR, el decano Edward Alden declaró: “debemos reformar el sistema legal de inmigración”, y se pronunció en su defensa “para que pueda operar más eficientemente, responda con mayor precisión a las necesidades del mercado laboral y destaque la competitividad de Estados Unidos”. Esto esencialmente pide continuar el uso de la migración para suministrar mano de obra a bajos (“competitivos”) salarios. “Debemos restaurar la integridad de las leyes de inmigración”, dijo Alden y agregó: “a través de un régimen de reforzamiento de las leyes que desaliente a los empleadores y empleados a operar fuera del sistema legal”. Esto complementa un régimen de reforzamiento de la ley como el actual, con redadas y despidos, con el esquema de suministro de mano de obra.
En dos años, cientos de empleadores han despedido trabajadores en respuesta a la demanda del ICE, el brazo de reforzamiento de la ley del Departamento de Seguridad Nacional. El jefe de esta agencia de inmigración, John Morton hizo una serie de anuncios sobre el número de compañías que estaban siendo auditadas para detectar trabajadores indocumentados, citando cifras de 1000 a 1654. Varios miles de trabajadores han perdido sus empleos. En Minneapolis, Seattle y San Francisco, más de mil 800 trabajadores de limpieza, miembros del sindicato SEIU, perdieron sus trabajos. En el 2009, unas 2 mil mujeres jóvenes que trabajaban como costureras en la empresa American Apparel fueron despedidas en Los Angeles. En determinado momento, Morton aseguró que el ICE había auditado a más de 2 mil 900 compañías.
El Presidente Obama ha sostenido que la aplicación de la ley en el lugar de trabajo está dirigida a los empleadores “que están usando trabajadores ilegales para poder bajar los salarios (y que muchas veces maltratan a esos trabajadores)”. Un Aviso del Reforzamiento de la Ley en el Lugar de Trabajo del ICE advierte que “empleadores sin escrúpulos son propensos a pagar a trabajadores ilegales salarios por debajo de los estándares u obligarlos a soportar condiciones de trabajo intolerables”. Sin embargo, aliviar las intolerables condiciones de empleo al despedir a los trabajadores que las soportan no beneficia en nada a los trabajadores como tampoco cambia dichas condiciones. Por el contrario, la retórica de la administración ha alimentado esfuerzos para culpar a los inmigrantes de “robar empleos” y de minar los salarios.
La política de aplicación de la ley en los lugares de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional no se está enfocando en los patrones que emplean a trabajadores de bajos salarios sino en los que sostienen puestos de altos salarios y con frecuencia en los que los trabajadores están sindicalizados. Hay una larga historia de un ánimo anti-sindical entre las autoridades migratorias. Los agentes migratorios han realizado bloqueos de calles durante elecciones sindicales en los campos de California, conducido redadas durante campañas organizativas en las empacadoras de carne en Carolina del Norte y Iowa, auditado empleadores de trabajadores de la limpieza y plantas de alimentos para aerolíneas (antes de las negociaciones de contrato sindical), y han ayudado a compañías a despedir a cerca de mil empacadores de manzanas cuando trataron de unirse al Sindicato de Camioneros en el estado de Washington.
Los patrones sin escrúpulos se aprovechan de la vulnerabilidad de los trabajadores para negar a los indocumentados el salario mínimo o el pago de horas extra. Igualmente lo hacen para despedir trabajadores cuando protestan o se organizan. Esto afecta a los trabajadores en general. Después de deportar a más de mil empleados de las plantas empacadoras de carne Swift, el ex Secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, pidió conectar “una aplicación de la ley efectiva interior con un programa temporal de trabajadores.” El gobierno está otra vez dando un subsidio de mano de obra barata a grandes empleadores. Las deportaciones, despidos y programas de trabajadores huésped abaratan la mano de obra y hacen más difícil la organización sindical.
Mientras tanto, algunos estados y comunidades locales, viendo una luz verde por parte del Departamento de Seguridad Nacional han aprobado medidas que incluso van más allá. La legislatura de Arizona ha aprobado una ley que exige a los patrones verificar el estado migratorio de cada trabajador a través de una base de datos federal callada E-Verify (verificación electrónica), y despedir a trabajadores cuyos nombres aparecen marcados. Luego aprobó una ley, la SB 1070, exigiendo a los agentes de policía verificar el estatus migratorio de todas las personas que detuvieran en la calle. El estado de Mississippi aprobó una iniciativa de ley que convierte en un delito el hecho de que un trabajador indocumentado tenga un empleo, con un periodo de cárcel de uno a diez años y multas de hasta diez mil dólares sin derecho a fianza para cualquier persona arrestada. Estados como Georgia y Alabama han aprobado iniciativas de ley aún más represivas que las de Arizona. El Congreso mismo ha aprobado iniciativas de ley que exigen un uso similar al de la base de datos del E-Verify, la cual fue aprobada por ambos partidos políticos.
Las redadas en los centros de trabajo y los despidos son parte de un programa general para incrementar la aplicación de las leyes migratorias. Uno de sus elementos más combatidos es la creciente conexión entre los departamentos de policía y las autoridades de migración. Durante la administración del presidente George Bush, el gobierno federal comenzó a implementar acuerdos “287g”, bajo los cuales los departamentos de policía locales compartían información y entregaban a los agentes de la migra a personas arrestadas incluso por violaciones menores de tráfico. Esos acuerdos luego eran codificados en un programa federal llamado “Comunidades Seguras”. Al principio, el ICE trató de firmar acuerdos con cuerpos de policía estatales y locales exigiéndoles entregar huellas dactilares de cualquier persona con las que entraran en contacto. La administración Obama sostuvo que solamente estaba buscando criminales para su deportación.
En la práctica, sin embargo, esta cooperación llevó a la detención de cientos de miles de inmigrantes sin ningún récord criminal que fueron detenidos simplemente porque eran indocumentados. Las deportaciones se dispararon. Desde que Obama tomó posesión, más de un millón de personas han sido deportadas de Estados Unidos como resultado de este reforzamiento de la ley coordinado entre corporaciones policiacas y el ICE. Cuando incluso algunos estados trataron de salirse del programa, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que no necesitaba de su consentimiento, advirtiendo que continuaría expandiendo el programa con su cooperación o sin ella. Esta declaración ha encontrado una creciente ola de protestas al tiempo que la ola de deportaciones ha crecido. Como respuesta a las críticas, la administración Obama ha pedido la aprobación de una “reforma migratoria integral” como una alternativa a la criminalización y las expulsiones masivas, esencialmente usando el chantaje y la represión para hacer avanzar el programa corporativo de reforma migratoria.
La final de esta serieEl Movimiento Moderno por los Derechos de los Inmigrantes
David Bacon es fotógrafo periodístico y escritor basado en Oakland y Berkeley, California. Hace 18 años que es reportero y fotógrafo documentalista, trabajando con muchas publicaciones nacionales. Sus fotos han sido expuestas nacionalmente, en México, el Reino Unido y Alemania. El enfoco de su trabajo son temas de labor, la migración, y políticas internacionales, y el es editor en el Pacific News Service además de colaborar con el Progama de las Américas.
El informe “Deslazados, Desiguales Y Criminalizados- Luchando por los Derechos de los Migrantes en Estados Unidos” fue preparado para la Rosa Luxemburg Foundation.
