El coronel Ochoa Pérez y el coronel Domingo Monterrosa, el militar que ordenó la masacre del Mozote. Foto es cortesia de Giovanni Palazzo, fotográfo italiano que cubrió el conflicto armado de El Salvador.
El coronel Ochoa Pérez y el coronel Domingo Monterrosa, el militar que ordenó la masacre del Mozote. Foto es cortesia de Giovanni Palazzo, fotográfo italiano que cubrió el conflicto armado de El Salvador.

Las heridas de la guerra no han sanado en El Salvador. Después de 23 años de la firma de los acuerdos de paz, las víctimas del conflicto armado siguen esperando justicia y buscando a sus familiares desaparecidos.

Dos organismos de derechos humanos, the University of Washington Center for Human Rights Works (UWCHR) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) presentaron en Estados Unidos una demanda contra la Central Intelligence Agency (CIA) para exigir que entregue documentos que prueban la existencia de una masacre más cometida durante la guerra civil en el país centroamericano. La demanda busca ayudar a que se cumpla la justicia en el caso.

“Nosotros sabemos que hay records de esos documentos porque tuvimos acceso a ellos. Lo mínimo que pueden hacer es permitirnos acceder a los documentos que ya fueron desclasificados, eso podría facilitar que las víctimas tenga acceso a la justicia”, explicó en una videoconferencia en octubre pasado Angelina Snodgrass del UWCHR.

Según Snodgrass, los documentos están en manos de la CIA porque el gobierno estadounidense tuvo participación e incidencia en acciones que realizaron las Fuerzas Armadas en El Salvador que constituyeron violaciones a los derechos humanos de miles de salvadoreños.

Los registros del IDHUCA, ente que inició la investigación, indican que la matanza ocurrió entre febrero y mayo de 1981 en la comunidad Santa Marta, en el departamento de Sensuntepeque, a 83 kilómetros al noroeste de la capital salvadoreña. Ya existe una denuncia formal ante la Fiscalía salvadoreña que se realizó en 2009, pero aún no se sabe el número de personas que habrían sido asesinadas, aunque los investigadores consideran que podría tratarse de 200 personas.

“Estamos trabajando para que las víctimas puedan ejercer su derecho y lo que queremos es que se sepa cómo ocurrieron las cosas y quién es el responsable, para que haya justicia y no vuelva a pasar”, dijo Pedro Martínez, abogado del IDHUCA.

Sin embargo, ante las peticiones de los organismos la CIA dijo que por razones de “seguridad nacional” no puede entregar ningún documento relacionado a operaciones militares ejecutadas en las fechas que menciona la demanda.

Además, en una nueva respuesta a otra petición del UWCHR, la Agencia dijo que “no puede confirmar o negar la existencia” de los documentos solicitados por los organismos de derechos humanos.

_________________________________________________________

La CIA dijo que por razones de “seguridad nacional” no puede entregar ningún documento relacionado a operaciones militares ejecutadas en estas fechas.

_________________________________________________________

Las puertas para los organismos de derechos humanos que buscan obtener pruebas sobre esta masacre se han cerrado en El Salvador. El Ministerio de Defensa encargado de las Fuerzas Armadas (FAES) del país declinó a hablar sobre tal información y dijo que todo lo relacionado a operativos militares ocurridos durante el conflicto armado está en total reserva.

Jaime Campos, experto en el tema de derechos humanos explica que en El Salvador se ha negado y escondido toda la información sobre graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la guerra civil y que fueron cometidas en su mayoría por los militares.

Mientras tanto, la Fiscalía salvadoreña no ha ordenado que se realicen las diligencias correspondientes o las exhumaciones solicitadas por los demandantes para que continúe la investigación y para que se sepa cuántas personas fueron asesinadas durante el operativo militar. El Programa de las Américas consultó a Mauricio Carballo, vocero de la institución, quien dijo que el ente no puede dar información del caso porque está en la etapa de investigación.

Y debido a que la Ley de Amnistía vigente en el país–editada y aprobada por militares, políticos y exguerrilleros después de la firma de los acuerdos de paz en 1992–perdonó “absoluta e incondicionalmente a todas las personas que en cualquier forma participaron en la comisión de delitos políticos”, el acceso a la justicia para las víctimas parece no estar cerca.

La matanza

Philleppe Bourgois, antropólogo que realizaba investigaciones en El Salvador y que sobrevivió a la masacre.
Foto de Philippe Bourgois, antropólogo que realizaba investigaciones en El Salvador y que sobrevivió a la masacre.

El Programa de las Américas tuvo acceso a la demanda presentada ante el Tribunal de Washington, Seattle, en la que se han anexado documentos desclasificados sobre la matanza ocurrida durante el conflicto armado y algunas entrevistas con jefes militares que participaron en la guerra civil.

Snodgrass explicó que la investigación inició con la recopilación de documentos y publicaciones de periódicos. Luego, se realizaron varias entrevistas con algunos de los sobrevivientes para determinar los lugares donde se supone están enterradas algunas de las personas que fueron masacradas. Después de esto se iniciaron las peticiones para que la CIA entregará los documentos requeridos para continuar con la investigación.

El principal sospechoso de haber ordenado por lo menos dos masacres cometidas por miembros del destacamento militar de Sensuntepeque es el coronel retirado y exdiputado por el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Sigifrido Ochoa Pérez.

De acuerdo a los documentos anexados a la demanda, el militar trabajó como asignado especial en la embajada de Estados Unidos en Costa Rica. Además se desempeñó como asesor de las Fuerzas Armadas de El Salvador durante el conflicto armado para desarrollar actividades especiales para silenciar a la guerrilla y también se le vinculó al asesinato del obispo y beato Oscar Arnulfo Romero en 1980.

Según los documentos, Ochoa Pérez ordenó las masacres en contra de órdenes de sus superiores y sin consultarlo con el entonces presidente salvadoreño José Napoleón Duarte, quien estuvo a favor de que se construyera un diálogo de paz entre su gobierno y la dirigencia guerrillera.

El Programa de las Américas se comunicó con el hijo del coronel Ochoa Pérez para obtener su versión del hecho, pero éste respondió: «Le comento que el coronel no dará declaraciones al respecto. Gracias».

“La investigación nos ha llevado a un tema importante que es el derecho al acceso de la información pública y a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho humano, no importa que hayan pasado 30 años”, dijo el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) Andreu Oliva.

_________________________________________________________

“La investigación nos ha llevado a un tema importante que es el derecho al acceso de la información pública y a la justicia”

____________________________________________________

Los sobrevivientes a la masacre, dicen que durante el operativo “tierra arrasada” el contingente militar comandado por Ochoa Pérez, llegó a la comunidad Santa Marta ante de la madrugada. Algunos lograron huir, pero en la “guinda” (mientras iban corriendo) lograron ver muchos cadáveres de familiares y vecinos que no corrieron con la misma suerte.

Durante el conflicto armado, varios poblados de zonas rurales del país fueron arrasados por los militares, con el objetivo de evitar que más personas se unieran a la guerrilla. El caso más emblemático que no ha recibido justicia es el del Mozote, donde fueron asesinados cientos de personas de varios cantones del departamento de Morazán.

Sobre la masacre de Santa Marta, no había ningún registro porque las personas que lograron sobrevivir por temor no habían denunciado el hecho. Sin embargo, Pedro Martínez, del IDHUCA, dice que hay suficientes testimonios e información que se completarán cuando la CIA entregue los documentos solicitados.

Carmen Rodríguez, es periodista en San Salvador, El Salvador, y tiene cinco años de experiencia en el periodismo digital. Su especialización es el tema de Seguridad y Judicial y  ha sido colaboradora para el Programa de las Américas desde 2014.

Fotos por Giovanni Palazzo y Philippe Bourgois