Los diputados oficialistas aprobaron a principios de enero la décima extensión de la ley marcial que permite, entre otras cosas, que el gobierno oculte la información de gastos públicos. El régimen de excepción incluye la suspensión de las garantías constituciones de los salvadoreños y el uso de los militares para tareas de seguridad pública.
Desde el 25 de marzo hasta el 30 de mayo, el gobierno informó que la policía y los militares han arrestado a más de 34,000 personas. Las organizaciones de la sociedad civil han recibido más de 360 denuncias de detenciones arbitrarias.
Grupos de inmigrantes, estudiantes, religiosos, líderes comunitarios y personas afectadas por la desigualdad económica del país, se reunieron frente al Capitolio para llamar a las acciones para la defensa de los derechos humanos.
La piedra más grande en el camino de los planes de la Casa Blanca para detener la migracion es la corrupción que existe en la región.
El hallazgo de los cuerpos enterrados en la casa de un expolicía perdió importancia esta semana, luego que el presidente Bukele anunciara el uso de “bitcoin” como moneda en el país.
En la segunda sesión plenaria, en menos de una semana, los diputados oficialistas del partido Nuevas Ideas, además, aprobaron una ley que blinda a los funcionarios del gobierno señalados por compras irregulares de millones de dólares durante la pandemia.
El domingo 28 de febrero, poco más del 50% del electorado salvadoreño acudió a las urnas en elecciones legislativas y municipales, y eligió darle más poder a Nayib Bukele en El Salvador, otorgándole mayoría calificada de la Asamblea Legislativa.
Las denuncias señalan que la mayoría de los ataques son promovidos por el gobierno y sus funcionarios. Además, que los ataques en contra de mujeres periodistas tienen un alto contenido misógino y de odio.
Después de 30 años, el gobierno de El Salvador continúa asegurando impunidad para los responsables de la peor masacre de la historia moderna de Latinoamérica, en la que fueron asesinadas por la Fuerza Armada salvadoreña 986 personas.
El ex-ministro de defensa recibió en España una sentencia histórica de 133 años, por la masacre de seis sacerdotes jesuitas españoles y dos salvadoreñas en 1989.
