Las estimaciones para 2017 registran por fin crecimiento, aunque de un escaso 0.4%, después de cuatro años de crisis, según el Banco Central Nacional. Muchos creen que los agronegocios sacaron a Brasil de la peor recesión en su historia. Los agronegocios representan casi el 23% del PIB de Brasil.
Aunque el crecimiento renovado es una buena noticia para la novena economía mundial, expertos, activistas y defensores de derechos humanos adviertan que el auge de los agronegocios oculta costos laborales y ambientales severos.
En octubre, el Ministerio de Trabajo brasileño cambió la definición oficial de lo que califica como “trabajo de esclavitud” para incluir solo situaciones en las que el trabajador se ve privado de libertad, ya sea mediante la sumisión bajo amenaza de castigo de guardias de seguridad armados o retención de documentos o deudas. La decisión causó un alboroto porque eliminó importantes criterios que incluían lugares de trabajo donde los trabajadores enfrentan condiciones degradantes, horas de trabajo extenuantes y trabajos forzados.
El Ministerio también anunció que dejaría de publicar su “lista negra” de empleadores que someten a los trabajadores a condiciones abusivas y humillantes. El gobierno del presidente conservador Michel Temer decidió que esos nombres solo se harán públicos siempre y cuando el ministro de trabajo decida hacerlo. Desde 2003, cuando comenzó la lista, estaba compuesta principalmente por nombres de agricultores ricos. Después de protestas generalizadas y titulares nacionales e internacionales, el gobierno rescindió las reformas controvertidas a los criterios para el trabajo de esclavitud. Más adelante en el año, el ministro de trabajo, Ronaldo Nogueira, dejó el gobierno para postularse para el Congreso. Todavía resentida por la controversia y con el desempleo en aumento, la nación aún espera la nominación de un nuevo ministro.
Incluso con el sistema para expulsar la mano de obra esclava, sigue siendo un problema en el país. “La agroindustria en Brasil se presenta con un rostro moderno, pero se basa en un modelo laboral en el que la cara más cruel es la esclavitud”, dice la antropóloga brasileña Maia Sprandel. La erudita explica que el sistema violento de esclavos no fue abolido en Brasil hasta 1888, convirtiéndose en la última nación occidental en eliminar legalmente la esclavitud.
Esclavitud en los campos
De acuerdo con el artículo 149 del Código Penal brasileño, los elementos que definen el trabajo de esclavitud son: condiciones de trabajo degradantes incompatibles con la dignidad humana, caracterizadas por la violación de derechos fundamentales que ponen en riesgo la salud y la vida del trabajador; agotadoras horas de trabajo, donde el trabajador se somete a un esfuerzo excesivo o exceso de trabajo que afecta la salud o la vida; trabajo forzado, donde los trabajadores son forzados a trabajar a través del fraude, aislamiento geográfico, amenazas o violencia física y psicológica; y la servidumbre por deudas, donde los trabajadores se ven obligados a trabajar para pagar la deuda contraída ilegalmente. Estos elementos se pueden encontrar juntos o por separado.
Kelli Maffort, de la junta directiva del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST, Movimiento de Trabajadores Sin Tierra), dice que el problema persiste porque la crisis global del capitalismo ha llevado a las empresas de agronegocios a “intensificar la explotación de la fuerza de trabajo en países periféricos como Brasil”.
Sprandel, miembro del grupo de Migraciones Internacionales de la Asociación Brasileña de Antropólogos e investigador asociado en el Centro Internacional de Estudios sobre Migraciones de la UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas, Universidad de Campinas), afirma: “En general, podría decirse que la esclavitud contemporánea es la relación ideal para los agronegocios, ya que permite la explotación total de la fuerza de trabajo y las ganancias máximas al tiempo que emplea jugadores intermedios que miran hacia otro lado “.
“(Este grupo de élite) ha eliminado los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pueblos indígenas, comunidades tradicionales, grupos LGBT y feministas, etc.”, afirma Sprandel. “La mentalidad de propietario de esclavos ha persistido en la élite y se traduce en racismo y una búsqueda para revertir los derechos, como se ve en su nueva reforma laboral”.
Cuando Michel Temer se convirtió en presidente después del juicio político a Dilma Rousseff en lo que muchos creen fue un golpe de Estado orquestado, la influencia política de los grandes terratenientes aumentó sustancialmente. “El grupo que se hizo cargo del poder proviene del antiguo poder blanco de élite, basado en la propiedad de la tierra. Utiliza los medios de comunicación para vincular a una elite recién llegada formada por pastores evangélicos, policías conservadores y otros actores con diversos intereses inmediatos. Todos son muy conservadores en política, relaciones laborales y valores morales “, agrega Sprandel.
Maffort afirma que actualmente los políticos y terratenientes intentan revertir los avances en los derechos de los trabajadores al tratar de cambiar las leyes que monitorean las condiciones de trabajo similares a las de los esclavos en favor de los propietarios y gerentes de los agronegocios y los grandes terratenientes. El hecho de no abordar adecuadamente el problema de la reforma agraria contribuye a las violaciones de los derechos de los trabajadores rurales. También señala que el modelo está causando un daño ambiental extenso en el país.
Arrasan con los bosques
El gobierno de Temer continúa amenazando con favorecer la agricultura brasileña al precio de una de las mayores riquezas de Brasil: el medio ambiente. El intento en agosto pasado de abolir la reserva de Renca parece ser solo una advertencia, ya que los inversionistas brasileños y extranjeros apuntan a las reservas ambientales del país para expandir las actividades mineras y agrícolas. Los ambientalistas advierten que el impacto sobre las comunidades indígenas y tradicionales, a la fauna y la flora podría ser devastador.
“Aunque la caña de azúcar no se cultivó significativamente en la región amazónica y ciertas áreas no están definidas para la agricultura, la deforestación ilegal todavía funciona y actualmente hay cada vez más casos que pueden estar relacionados indirectamente con la expansión del agronegocio”, afirma Danielle Thame Denny, abogado ambientalista internacional y miembro del Partido Verde de Brasil. Recientemente, la Medida Provisional 769/2017 legalizó lo que Sprandel llama “la amplia adquisición de tierras públicas”. Esto es característico de nuestras élites, que creen muy poco en el estado y la privatización.
En 2016, según el grupo de vigilancia Global Witness, Brasil fue considerado como el país más mortífero para ser un activista ambiental, con 49 asesinatos, muchos ocurridos en la selva amazónica. En ese año, mismo en el que Temer tomó poseción, la tasa de deforestación aumentó en un 29%. Un informe de Defenders of the Earth expone que la industria maderera por sí sola estaba vinculada a 16 asesinatos con terratenientes considerados sospechosos en muchos asesinatos en la región amazónica.
Maffort enfatiza la intersección entre la esclavitud moderna y el daño ambiental, señalando que la agroindustria brasileña hoy no solo ataca las condiciones de trabajo decentes, sino que también lidera la ofensiva contra los recursos naturales de Brasil. Ella dice que esto ha causado que los afectados, especialmente los movimientos sociales, reconsideren sus relaciones y estrategias.
Denny afirma que Brasil necesita encontrar un equilibrio sostenible entre la preservación del medio ambiente y el uso de los recursos naturales para construir una economía sana y ecológica.
“Cualquier gobierno en Brasil puede ser cooptado por el poder económico de los agronegocios. Esto no siempre es un problema, ya que los intereses de la sociedad brasileña pueden estar en consonancia con la agroindustria. El problema radica en los intereses económicos de un pequeño grupo que domina los intereses socioeconómicos y ambientales de toda la sociedad”.
Los grandes terratenientes se han vuelto más agresivos al presionar tanto al gobierno como a la opinión pública para que avancen sus intereses bajo lo que ellos consideran una administración notablemente amigable. TV Globo ejecuta anuncios de televisión en horario de máxima audiencia bajo la campaña “Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo” (Agro es tecnología, Agro es pop, Agro lo es todo). El contenido es producido por TV Globo, que es un gigante en el mundo de los medios. La misma red destacó los daños causados a la sociedad por la esclavitud moderna en su popular telenovela O Outro Lado do Paraíso (El Otro Lado del Paraíso) donde la villana Sophia (Marieta Severo) tiene una preciosa mina de gemas que funciona con trabajo forzado y el malvado es arrestado al final.
En agosto de 2017, antes de ser denunciado por corrupción pasiva y obstrucción de la justicia por el presidente del Fiscal General de Brasil, Michel Temer se reunió con los líderes del Frente Parlamentario Agrícola (FPA) en São Paulo. El grupo es uno de los más poderosos en el Congreso y uno de los principales donantes de Temer. Actualmente cuenta con 200 congresistas y 24 senadores.
Denny cree que se espera que los llamados ruralistas defiendan activamente sus intereses, pero el sistema político actual les otorga un poder desproporcionado. “En Brasil, el cabildeo está prohibido, pero no pasa nada si el ejercicio de la influencia se hace legalmente”, explica Denny. En contraste con los Estados Unidos, en Brasil, el cabildeo está prohibido como sinónimo de intercambios de favores, sobornos, corrupción y otras malas prácticas. Denny argumenta que debe ser legal, regulado y ejercido a través de argumentos, datos, investigación académica y resultados científicos para introducir a los políticos en la agenda de un grupo.
“El problema radica en la desigualdad de las representaciones políticas a nivel municipal, estatal y federal”. Denny cree que para crear un contrapeso, “una sociedad organizada para la defensa de los intereses socioambientales sería muy productiva”.
