La fotografía de arriba muestra dos ciudades – El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua – que existen literalmente juntas, sólo las divide la frontera. A pesar de las diferencias aparentes al examinarlas de cerca, comparten geografía, cultura, clima e historia. Mi vida refleja la relación simbiótica entre las dos ciudades: Durante más de treinta años, mi carrera de enseñanza e investigación, y las realidades que he vivido, se han sucedido en la región Paso del Norte.
En los últimos tres años, más de 6.000 asesinatos han ocurrido en la vecina Ciudad Juárez. Las cifras suben cada año: 1,600 en 2008, 2,600 en 2009, y parece que el número de muertes en 2010 superará el de los años anteriores. En contraste, el promedio de asesinatos por año antes de 2008 era de entre 200 y 300, y hoy comprobamos que las cifras se han decuplicado desde que en la ciudad se inició la “guerra contra las drogas”.
Los juarenses viven en un ambiente de miedo, no sólo por los asesinatos, sino por los secuestros, robos de automóviles, extorsión y abusos de una policía que suele ser cómplice de los criminales. Decenas de miles de personas han abandonado la ciudad, dejando sus hogares y negocios.
En entrevista reciente, el columnista del Texas Monthly Nate Blakeslee preguntó al congresista Silvestre Reyes si la situación en México había alcanzado la categoría de crisis. “Sabremos cuando esto ocurra”, replicó Reyes, agregando: “Si es que ocurre.” Con todo respeto, disiento de la evaluación del congresista. Afirmo que existe una crisis y que ésta exige cambios inmediatos de políticas tanto en México como en Estados Unidos.
Para resolver esta cada vez más intensa crisis en Ciudad Juárez, se necesita fortalecer tres tipos de instituciones: las judiciales, las democráticas, y las económicas y empresariales.
En cuanto toca a instituciones judiciales, es menester analizar los costos de las actuales soluciones militares y la erosión del estado de derecho provocado por las abundantes violaciones de derechos humanos. Fortalecer las instituciones democráticas significa un esfuerzo a ambos lados de la frontera para evaluar y corregir los costosos fracasos asociados con la guerra antidrogas. Fortalecer las instituciones económicas y empresariales exige pagar salarios para una vida digna a la mayoría de los trabajadores al norte de México.
El fortalecimiento de las instituciones para el cumplimiento de la ley.
Del lado de la frontera de El Paso, no sólo nos sentimos seguros; las estadísticas de la FBI sobre delincuencia demuestran que vivimos en una ciudad extraordinariamente segura, en el segundo lugar de seguridad en Estados Unidos, de acuerdo con la clasificación anual de CQ Press. Una encuesta independiente que encargó la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, realizada a todo lo largo del lado estadounidense de la frontera y publicada en agosto de 2010 demuestra que el 67% de los pobladores perciben que se encuentran seguros.
La percepción del lado de la frontera que corresponde a Ciudad Juárez es en extremo diferente. Desde 2008, además de los asesinatos reportados, han sucedido y siguen sucediendo otros incontables crímenes. Digo “incontables” porque muchos ciudadanos mexicanos no se molestan en denunciar extorsión, violencia intrafamiliar, secuestros, estupros y robos de autos a la policía. Los juarenses, debido a experiencias pasadas, no confían en la policía municipal ni en la estatal.
En los años 1990 los habitantes de la frontera tuvieron una primera impresión de la impunidad policíaca cuando en Juárez se elevaron las tasas de asesinatos, especialmente de niñas y mujeres. El gobierno mexicano, en aquel entonces, perdió la oportunidad de erradicar de las policías estatal y municipal su corrupción y complicidad con la delincuencia organizada. En 2008, cuando el presidente despachó tropas y policías federales a librar la guerra antidrogas, el porcentaje de homicidios se disparó. Seis mil homicidios en tres años son una crisis, una en la que sobrevivientes y habitantes viven inmersos en el temor o huyen para salvar sus vidas.
Este enfoque de militarización para lidiar con el crímen ha agravado el problema en lugar de resolverlo. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos sigue apoyando el modelo de guerra contra las drogas basado en el despliegue militar y con énfasis en la aplicación de la ley, la prohibición y el bloqueo del suministro.
Los primeros tres pilares de la Iniciativa Mérida: “desarticular la capacidad de las organizaciones criminales; apoyar los esfuerzos para fortalecer las instituciones públicas responsables de combatir el crimen organizado; desarrollar una Frontera del Siglo Veintiuno segura y competitiva”, resultan básicamente las mismas políticas aplicadas hasta ahora con resultados desastrosos. El cuarto: “estructurar comunidades fuertes y adaptables en ambos países” parece ser puramente retórico, ya que hasta ahora prácticamente no cuenta con fondos dentro de la Iniciativa. Persiste también la seria interrogante en cuanto al impacto ejercido por la tecnología y equipo bélicos estadounidenses cuando se les transfiere a las fuerzas armadas mexicanas. Hace un año, el Dr. Howard Campbell advirtió:
“El presidente Calderón ha dependido del ejército para combatir a los cárteles de la droga y la delincuencia que nace de ella en un grado sin precedentes en la historia de México… y sin embargo el historial de las fuerzas armadas, en el mejor de los casos, está lleno de altibajos. En México, la violencia, la inseguridad y el crimen están aumentando, no disminuyendo. Las organizaciones de derechos humanos han documentado más de dos mil violaciones cometidas por el ejército, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y homicidios… Estados Unidos debe cuidar de no agravar la situación fortaleciendo todavía más al ejército mexicano con el armamento, equipos y fondos suministrados como parte de la Iniciativa Mérida.”
El gobierno mexicano sostiene que del 90% al 95% de los homicidios son de individuos ligados con el narcotráfico, pero existen pocas investigaciones o procesos judiciales que respalden esta aseveración. Este es un problema histórico de las instituciones mexicanas para la aplicación de la ley: Las redadas y homicidios, que ocurren en una cultura institucional que presume la culpabilidad por lo menos hasta 2016, dados la responsabilidad de los gobiernos del estado de Chihuahua y el plazo que se tiene para poner en práctica una reforma de la ley aprobada en 2008, han desembocado en cientos de denuncias ante la (inocua) Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua y miles de denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Aun si la vasta mayoría de los asesinatos resultara ser de individuos relacionados de algún modo con la delincuencia organizada, el número de muertes a nivel nacional de 28,000, que sigue aumentando, representa un costo inmensurable en vidas de civiles y derramamiento de sangre, al grado de que estas cifras son comparables a las de la guerra sucia de la década de los 1970 en Argentina.
El contexto de impunidad casi total respecto de estos homicidios agrava el daño a la sociedad. Entre los ejemplos grotescos y disparatados de la debilidad institucional, con soluciones obvias, se hallan los siguientes:
- Desatención rutinaria a las reglas de investigación forense, falta de seguimiento de los casos, alteración de la escena del crimen, ciencia y técnicas forenses equivocadas, y declaraciones instantáneas de culpabilidad y vinculación con los cárteles de la droga. Los ciudadanos temen que si mueren simplemente “por estar ahí”, además se les difame.
- El énfasis creciente en las relaciones públicas y comunicados de prensa sobre la captura de criminales, después de lo cual se libera a los sospechosos sin ninguna declaración pública o atención de la prensa.
- Confesiones obtenidas por torturas.
- Los incidentes de corrupción en Durango de julio pasado, cuando una noche los funcionarios de la prisión de Gómez Palacio dejaron salir a un grupo de presos para llevar a cabo una venganza de la que resultaron 17 personas asesinadas en una fiesta en Torreón. Las autoridades llegaron incluso a prestar a los sicarios las armas y vehículos para cometer los asesinatos.
- El 7 y 8 de agosto de 2010, 250 policías federales de Ciudad Juárez se manifestaron públicamente para llamar la atención del Distrito Federal hacia la corrupción y participación de su comandante en asesinatos, secuestros y extorsiones. Este notable acontecimiento provocó dudas sobre la propuesta de Calderón de centralizar los departamentos municipales de policía bajo el control de la policía federal o la policía judicial estatal.
- Si bien el Congreso Mexicano aprobó en 2008 reformas judiciales que serían instituidas durante los siguientes ocho años, ofreció pocos incentivos o recursos para aplicarlas en los niveles estatales: podríamos llamarlos “mandatos sin fondos” (que conocemos tan bien en Estados Unidos).
- Los obstáculos a la supervisión de la sociedad: asesinatos de periodistas e intimidación a activistas de la sociedad civil. Cuando los padres de hijos jóvenes o adultos desaparecidos ejercen presión pública para que sean localizados, los cadáveres de estos hijos aparecen poco después y las autoridades, instantáneamente, los pronuncian como individuos implicados en el narcotráfico.
Lo anterior me lleva al segundo conjunto de instituciones que deben consolidarse.
El fortalecimiento de las instituciones democráticas
Tanto México como Estados Unidos tienen instituciones democráticas imperfectas. Una falla tremenda de la democracia estadounidense es la renuencia de la mayoría de los funcionarios públicos a explorar alternativas a la “guerra antidrogas” que lleva 41 años en E.U., y el estigma y las sanciones que se aplican a quienes siquiera se atreven a proponer un debate.
La prohibición es el trasfondo impulsor de la devastación que hoy castiga a México. Después de todo, el consumo de drogas en Estados Unidos alimenta el multimillonario negocio del narcotráfico. No obstante, las políticas y el presupuesto de E.U. se concentran abrumadoramente en la oferta de drogas a través de estrategias de interdicción o bloqueo de la misma, en lugar de hacerlo en la disminución de la demanda por medio de programas de prevención y tratamiento contra la drogadicción. Durante más de cuarenta años han crecido burocracias en E.U. que sólo se atracan de presupuestos de miles de millones de dólares.
De acuerdo con las cifras de Protección Fronteriza y Aduanas (Customs and Border Protection) la mariguana constituye el 99% de las drogas confiscadas en los puntos de entrada a Estados Unidos en 2008. Catorce estados de E.U. han relajado sus leyes de prohibición de la mariguana para uso médico, y California votó recientemente sobre la Propuesta 19 para controlar, legalizar y gravar la mariguana para uso adulto.
Esta situación plantea serias interrogantes: ¿Por qué no concentrar los limitados presupuestos para seguridad en las drogas más dañinas y los graves problemas del crimen organizado mediante la eliminación de actividades para la aplicación de la ley que ya no serían necesarias frente a un uso regulado de la mariguana? ¿Tienen los políticos y sus delegados designados el temple para explorar y discutir alternativas a la militarización y a la guerra contra las drogas? ¿O bien lo consideran una admisión demasiado vergonzosa de los fracasos de las guerras contra las drogas –nacionales o internacionales-, sobre todo con la Iniciativa Mérida?
A principios de este año, un grupo de habitantes de la frontera iniciaron sesiones para examinar las políticas que han contribuido a la explosión de violencia en Ciudad Juárez. Con el Dr. Óscar Martínez como convocante y varios valerosos miembros de su concejo municipal, habitantes de El Paso, elaboraron una declaración en la que ofrecen siete soluciones (véase recuadro), la cual publicó a página completa el periódico local, lleva ahora más de 100 firmas, y se reproduce a continuación:
Un Llamado a la Acción
Es hora de reconocer que la Guerra Antidrogas en Estados Unidos, que ya lleva 40 años, ha sido un fracaso desolador en lo social, económico y político, y no ha cumplido ninguno de sus objetivos. La violencia asociada con el narcotráfico a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México está desatada a niveles sin precedentes y no se aprecia que vaya a tener fin. Nos sumamos a muchos estadounidenses destacados como el ex Secretario de Estado George Shultz y el Premio Nobel de Economía Milton Friedman; a los ex presidentes de México Ernesto Zedillo y Vicente Fox, al ex presidente de Colombia César Gaviria y al ex presidente de Brasil Fernando Enrique Cardoso para convocar a una reforma total de la fallida Guerra contra las Drogas que libran Estados Unidos y otros países.
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Una de las siete recomendaciones se refiere al control, legalización y aplicar impuestos a la mariguana para terminar con esta prohibición y con las políticas centradas en la oferta. La mariguana, un negocio integrado verticalmente en México, es la fuente de mayores ingresos para el narcotráfico y constituye alrededor del 60% de los ingresos de los cárteles. Aunque la reducción de ganancias no resolvería mágicamente la violencia, quitaría la mitad de sus utilidades a las organizaciones del narcotráfico. Algunos empresarios y dirigentes eclesiásticos de la región dijeron querer firmar porque “era una solución obvia”, pero temían ser estigmatizados.
Otra falla institucional de la democracia en E.U. es la incapacidad de atender a los muchos refugiados que han estado saliendo de Juárez y el norte de México. El Dr. Mark Lusk ha sugerido que podría necesitarse la ayuda del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas en vista de la dimensión creciente del problema. Nuestras políticas de asilo son caducas, y sólo se otorga asilo al 2% de los solicitantes mexicanos. Los refugiados atrapados en esta zona de guerra antidrogas y crimen representan una de las mayores crisis humanitarias del siglo veintiuno.
La clave para fortalecer a las democracias está en las voces de la sociedad civil y el poder organizado desde ellas, es decir, los movimientos de las comunidades de base y de las organizaciones no gubernamentales mediante las cuales los individuos se comuniquen con los políticos y vigilen a los abotagados órganos burocráticos. La capacidad cívica de los pobladores de la frontera se ha ido fortaleciendo y en ocasiones se ha traducido en colaboración transfronteriza.
La comunidad empresarial es particularmente fuerte, como se ve con las cámaras de comercio, La Red, y el Grupo Paso del Norte; pero también necesitamos organizaciones de voluntarios de las comunidades más básicas, estructuradas de abajo hacia arriba. Todas las personas merecen tener voz sin importar sus ingresos.
El fortalecimiento de las instituciones económicas y empresariales
Tanto las plantas de ensamblado para exportación (maquiladoras) de E.U. como el gobierno mexicano han dejado pasar oportunidades para hacer avanzar a los trabajadores de salarios mínimos a salarios que permitan una vida digna. Actualmente los obreros de tiempo completo en las maquiladoras ganan aproximadamente 40 dólares netos a la semana, menos de lo que los obreros de El Paso ganan al día. Muchos alardean de los “salarios competitivos” de Ciudad Juárez, queriendo decir en clave “salarios bajos”. Lo bajo de estos salarios es un factor que contribuye a la violencia en Juárez, pues impulsa a la gente a unirse a las filas del crimen organizado o a huir del país. Las empresas que pagan menos de 100 dólares netos a la semana forman parte del problema: contribuyen directamente a la crisis de Ciudad Juárez.
Muchos juarenses no tienen trabajo alguno. A los jóvenes de 15 a 26 años, que ya terminaron la secundaria pero no están empleados se les llama “los Ninis”, porque “ni estudian ni trabajan”. Ellos representan la generación de la crisis.
La región necesita instituciones económicas más justas y fuertes que remuneren a los habitantes con salarios que les permitan vivir dignamente. Quienes decidan políticas en México y Estados Unidos deben conceder a esta recomendación el primer lugar en su lista de reformas junto con la inversión en procedimientos funcionales de procuración de justicia; la legalización y control de la mariguana para disminuir su importancia como el negocio rentable que es para los cárteles, y facilitar la expresión de voces de la sociedad civil mediante una muestra representativa de ONGs, organizaciones populares de base, órganos presupuestales, e inversión en infraestructura educativa y social. La Seguridad Fronteriza Militarizada no es una estrategia de desarrollo viable a largo plazo.
En un libro de reciente publicación titulado: Ciudades y Ciudadanía en la Frontera México-Estados Unidos: La Región Metropolitana de Paso del Norte,*que coedité con colegas de El Colegio de la Frontera Norte, planteamos la pregunta: ¿Es Ciudad Juárez un paradigma para el futuro? La respuesta depende de qué clase de futuro nos esforcemos por construir comenzando desde ahora: ¿será para una vida pacífica y próspera? ¿o para la infamia permanente como capital mundial del asesinato?
La única manera de abordar la innegable crisis de Ciudad Juárez es a través de inversiones a largo plazo en educación y en empleos que paguen salarios dignos, y de cambios radicales en políticas de seguridad en ambas naciones.
La Dra. Kathleen Staudt (doctorada por la Universidad de Wisconsin), es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas en El Paso. Este artículo se presentó como ponencia en la Séptima Conferencia Anual sobre Seguridad Fronteriza (12 y 13 de agosto de 2010) en El Paso, Texas. Ha publicado siete libros sobre la frontera México-Estados Unidos, entre ellos, Violencia y Activismo en la Frontera (en inglés Violence and Activism in the Border, University of Texas Press 2008), Derechos Humanos Sobre la Frontera México-Estados Unidos (Human Rights Along the U.S.-Mexico Border, University of Arizona Press 2009), y Ciudades y Ciudadanía… (Cities and Citizenship…, Palgrave USA 2010). Es colaboradora del Programa de las Américas del Center for International Policy, CIP, www.americas.org.
Redacción: Laura Carlsen.
Traductor: Erin Jon
