Por Oscar Enríquez

Ciudad Juárez se ha convertido en el escaparate más obsceno y burdo de la violencia. Estamos viviendo una de las mayores crisis de su historia. Hace pocos años todavía era una ciudad alegre, llena de música, de bares nocturnos, de casinos y de turistas americanos. La ciudad del placer y de la diversión, de intensos flujos migratorios, del pleno empleo, una ciudad pluricultural, bipartidista y si, también violenta.

Hoy es una ciudad triste, atemorizada, enrejada por dentro y por fuera, con profundos vacios, desesperanzada, postrada por el crimen organizado y por la incapacidad de las autoridades para ofrecerle seguridad humana y ciudadana.

I. Parte de la guerra

Desde este profundo dolor y en medio de una guerra declarada por el gobierno mexicano al crímen organizado, compartimos nuestra parte de esta guerra que no es nuestra. Desde la perspectiva de la paz y los derechos humanos, Ciudad Juárez es una ciudad profundamente herida y ultrajada.

Ultrajada por las ejecuciones violentas

El signo mas estremecedor y que nos habla de la profundidad del agravio es el número de sus crímenes. Iniciada la violencia, el 2008 termina el año con 1,608 asesinatos violentos. El 2009, aun con el patrullaje cotidiano de soldados y federales, termina con 2,658 ejecuciones en las calles de la ciudad. El 2010, se incrementa a 3,111 homicidios dolosos y en lo que va del presente año al 12 de octubre van 1,663. El 70% de los asesinados son jóvenes entre los 18 y 25 años. En lo que va de octubre, van 65 ejecuciones por comandos armados

El asesinato es la plena negación del derecho a la vida. La dignidad humana no cuenta y se rompe el equilibrio de la familia y el tejido social. Una de las consecuencias más graves es el dolor y la angustia de los seres queridos. ¿Cómo medir y cuantificar, en términos sociales, el impacto psicológico sufrido por mas de nueve mil familias?  Durante 47 meses esta ciudad no ha dejado de sangrar. Es un viacrucis que parece interminable.

Ultrajada por los secuestros y las extorsiones

Los secuestros y las extorsiones son incontables. La gente, ante estos delitos, tiene miedo a la denuncia. Temen las amenazas y las represalias del crimen organizado, pero también dudan de la complicidad de los federales, y de los políticos en estos delitos. Hay relatos e historias de su participación.

Las extorsiones son un cáncer que se ha expandido por toda la ciudad. Han afectado a bares y centros nocturnos, a comerciantes seleccionados por calles o por la guía telefónica, a yonkeros, mecanicos, escuelas, funerarias , tienditas de barrios, vendedores ambulantes, mercados. El dilema es o cierran o pagan cuota.

La consecuencia de la extorsión es el miedo y la angustia. Se pierden patrimonio y empleo. Hay familias que quedan a la intemperie, al abrigo de la acogida de familiares o amigos. ¿Cómo restituir la paz y la seguridad a las víctimas del secuestro y de la extorsión? ¿Cómo extirpar este cáncer de la ciudad.

Ultrajada por los robos, amenazas y asesinatos

Por los robos cotidianos y violentos de automóviles. Por los 230,000 juarenses que han abandonado la ciudad por el miedo y la inseguridad. Por las muertes y amenazas que han sufrido los defensores y defensoras de los derechos humanos. Son emblemáticos los asesinatos de Josefina Reyes y de Marisela Escobedo.

Ultrajada por los feminicidios

La etapa de 1993 a 2003 es llamada la década trágica en Ciudad Juárez por el número y la crueldad de asesinatos a mujeres. Fueron diez años de feminicidios y mas de 400 mujeres asesinadas. En los últimos cuatro años se han incrementado los feminicidios. En 2008 se reconocieron oficialmente 87 asesinatos de mujeres. En 2009, 164. En 2010, 304 y hasta el mes de septiembre del 2011, 184 feminicidios.

El Gobierno se niega a aceptar que haya feminicidios y atribuye esas muertes a ajustes de cuentas entre el narcotráfico, o a asesinatos producto de la violencia intrafamiliar, evitando así su responsabilidad de investigar, pero sobre todo, de terminar con ellos.

La queja mas amarga de las familias de mujeres asesinadas es la irresponsabilidad, la negligencia y el cinismo de las autoridades. No sólo no investigan, sino que criminalizan a las víctimas.

Ultrajada por las desapariciones forzadas

Este crimen se ha extendido por todo el norte de la república. Hay cientos de personas desaparecidas. En el Edo de Chihuahua, se registran 200 desapariciones forzadas y 107 en lo que va del presente año (fuente: Justicia para Nuestra Hijas). La desaparición forzada es una herida siempre abierta.

Dos casos emblemáticos: En el 2008 el ejército levanta y desaparece a los hermanos: José Luis y Carlos Guzman Zúñiga. Hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaria de Defensa Nacional por este caso. Otro caso: la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocio y José Angel Alvarado. Los levantó el Ejército en el Ejido Benito Juárez, en diciembre de 2009, y a la fecha no sabemos nada de ellos. El caso a nivel de medidas cautelares seencuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cómo entender que en un estado de derecho desaparezcan seres humanos y nadie dé razón de ello? El dolor de las víctimas es inconcebible. La omisión y culpabilidad del Estado es evidente, sobre todo por su negligencia y su irresponsabiidad de no investigar.

Ultrajada por las acciones del gobierno

En el contexto de un rompimiento oficial de acuerdos entre el gobierno mexicano y el crimen organizado (que anteriormente existía), se inicia la confrontación en Cd. Juárez a partir del 2008.

Hay preguntas con diversas hipótesis subyacentes. ¿Se trata en verdad de una confrontación entre los cárteles por el control de las rutas para el tráfico de droga? ¿Hay una ocupación militar para ensayar una política de seguridad en la frontera, que responde a intereses de Estados Unidos y a la necesidad de legitimarse de Felipe Calderón? ¿Se trata de una guerra entre dos bandos que permea ya a todos los sectores–económico, político y militar?

Ante la violencia desatada, los tres niveles de gobierno reaccionan con la lógica de la fuerza, sin tomar en cuenta a la población civil que desde entonces vivimos entre fuego cruzado. En esta guerra no existe ni la justicia, ni los derechos humanos. En una estrategia militarista y abuso de poder, mandan a miles de militares y federales a enfrentar el crímen organizado. La experiencia de Juárez es que los operativos no han logrado contener la violencia. El ejército y los federales participan cotidianamente en violaciones a los derechos humanos: allanamientos de morada, detenciones ilegales, extorsiones, desapariciones forzadas, tortura, etc., etc.

II. Raíces de las violencias

Ultrajada por el poder económico y político

La violencia extrema que vivimos no surgió por generación espontanea, ni fue que los malos nos invadieron a los buenos (como infantilmente subyace en el discurso el gobierno federal). Tiene raíces profundas, diversas y complejas que se van entrelazando y cada vez la van haciendo más intrincada.

Sobre la encrucijada que vivimos en Ciudad Juárez se ha escrito y hablado mucho, hay muchos análisis, hipótesis, teorías, por mencionar algunos factores:

  • El ser frontera con los Estados Unidos.
  • El fortalecimiento de las organizaciones criminales y su capacidad para penetrar y corromper las estructuras policiacas en todos sus niveles.
  • El proceso de globalización a través de la industria maquiladora con su perversa estrategia de atracción-repulsion, que generó empleo y población. La población se duplicó en veinte años. Las autoridades no estaban preparadas para acoger a los inmigrantes y no generaron condiciones adecuadas para brindarles vivienda, salud, transporte, servicios públicos, educación, cultura y esparcimiento–requeridas para una vida digna. El profundo rezago social presagiaba tensiones en el corto plazo. Se gestaba poco a poco, por el desarraigo cultural propio del migrante y por la dinámica social excluyente, un creciente deterioro del tejido social. Las condiciones laborales deterioraron progresivamente la estructura familiar: divorcios, madres solteras, descuido de los hijos, deserción escolar, creación de pandillas, consumo de drogas.
  • Instauración sin la preparación y capacitación debida del nuevo sistema de justicia penal y el sometimiento del poder judicial al ejecutivo.

Ciertamente estos elementos, en un contexto de impunidad y corrupción, explican de algún modo la dinámica de la violencia detonada por la confrontación de los cárteles y por la estrategia bélica del gobierno. Pero definitivamente no se trata de un tablero de blancos y negros (mensaje subyacente en los medios de comunicación).

Algunas consecuencias de la guerra

En Chihuahua, hemos aprendido a vivir y desarrollarnos en la adversidad del desierto. Hoy en medio de la travesía del dolor y la violencia encontramos signos de vida y esperanza. La vida sigue a contracorriente de la violencia y del dolor y hemos aprendido a valorar la vida cotidiana como una expresión de resistencia y dignidad: ir al trabajo, llenar las escuelas, ocupar los centros comerciales, celebrar las alegrías familiares, colectivos de jóvenes que expresan su rabia y esperanzas en el arte y la música; se impulsan y articulan procesos, diálogos y acciones ciudadanas, innumerables testimonios de lucha, resistencias, solidaridad,movilizaciones…

A pesar de todo, la vida sigue y se vive intensamente en nuestro querido juaritos.

Conclusiones

Creemos que es urgente la reconstrucción del tejido social, de la confianza y la dignidad, para poder desatar un proceso colectivo de construcción de paz desde sus causas profundas, desde la paz estructural y cultural, que es lo único que pondrá fin a la violencia directa.

Ante los asesinatos y las desapariciones, hay que resaltar exigencias muy concretas: la de ponerles nombres a todas las muertes y escuchar a todas las víctimas. Y el gran reto es de lograr su participación para que sean las víctimas las que exijan todos sus derechos.

La paz es obra de la justicia y será construida solo con la condición de que en primer lugar se garantice la necesidad primera, la de la vida y la dignidad.

Ante el Estado militar y policiaco que se ha instalado en el norte del país y especialmente en Ciudad Juárez, creemos que es fundamental exigir la desmilitarización y oponernos a la Ley de Seguridad Nacional. Por la experiencia vivida en Cd. Juárez, pedimos que se detenga esta guerra inútil y absurda.

Oscar Enríquez es el director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez. Una versión de este texto fue presentado en el encuentro BASTA! en la Universidad de Texas, El Paso el 13 de octubre de 2011 y publicado por el Programa de las Américas www.americas.org/es