Carlos Montemayor rompi贸 un tab煤 pol铆tico. Como astuto analista social y autor prol铆fico, sus novelas acerca de los levantamientos de la guerrilla izquierdista y la represi贸n ejercida por el Estado durante las d茅cadas de los 1960 y 1970 rescataron la memoria de la guerra sucia del cesto de basura de la historia. Aunque el gobierno mexicano a煤n guarda como secreto de estado los destinos de cientos de personas que sus fuerzas de seguridad hicieron desaparecer durante la guerra sucia, las aportaciones literarias de Montemayor ayudaron a perforar el silencio oficial en una 茅poca en que las fuerzas populares luchaban por hacer de M茅xico un pa铆s m谩s democr谩tico y justo.
La muerte alcanz贸 prematuramente a Montemayor el 28 de febrero, de un a帽o en que M茅xico conmemora el doble aniversario de la Guerra de Independencia de 1810 y de la Revoluci贸n de 1910, acontecimientos que desataron aspiraciones hist贸ricas hasta entonces reprimidas de tierra y libertad, democracia e igualdad.
Ir贸nicamente, la guerra sucia que el intelectual chihuahuense recre贸 de tan brillante suerte est谩 de vuelta, justo a tiempo para el a帽o hist贸rico de M茅xico. Desde Chiapas en el sur hasta Chihuahua en el norte, las desapariciones forzadas, asesinatos de activistas y pol铆ticos, ataques a periodistas y otras violaciones de derechos humanos van en constante ascenso.
Si bien perduran muchos elementos de la primera guerra sucia, nuevos elementos avivan las llamas de la segunda. Mientras la Guerra Fr铆a de Washington era el estandarte de la violencia ejercida por el Estado durante el siglo pasado, la llamada guerra antidrogas de Washington es ahora la cobertura ideol贸gica de la represi贸n actual.
Muchas regiones de M茅xico est谩n inmersas en guerras de baja intensidad que coinciden con una creciente intolerancia de estado hacia los movimientos laborales y sociales. Ejemplos de ello son las golpizas infligidas por miembros de la Polic铆a Federal a trabajadores electricistas y los permanentes operativos de contrainsurgencia contra movimientos guerrilleros de izquierda que vuelven a nacer.
La madre del movimiento de derechos humanos en M茅xico y fundadora del Comit茅 Eureka, la senadora mexicana Rosario Ibarra de Piedra, compar贸 los hechos actuales con la guerra sucia de hace d茅cadas, cuando su joven hijo Jes煤s fue detenido y desaparecido por las fuerzas de seguridad mexicanas.
Ibarra opina que la guerra antinarco de Calder贸n y la criminalizaci贸n de la protesta social est谩n impulsando una nueva guerra sucia. Durante un discurso en la Ciudad de M茅xico, la ya legendaria defensora de los derechos humanos convoc贸 a los mexicanos de todos los movimientos sociales a cerrar filas y a defenderse mutuamente.
“Exigimos el compromiso y la decisi贸n de lucha para cambiar esta situaci贸n”, dijo. “Llamamos a que nadie permanezca indiferente al dolor de tant铆sima gente.”
Suele ser dif铆cil saber d贸nde se inicia un conflicto y concluye otro, o d贸nde se separan las tinieblas del bajo mundo del sistema pol铆tico en la superficie. En repetidas ocasiones miembros antiguos o actuales de las fuerzas de seguridad est谩n implicados en actividades criminales. Seg煤n la agencia noticiosa Notimex, el Secretario de la Defensa, Gral. Guillermo Galv谩n, admiti贸 hace poco ante senadores el arresto en un momento u otro de 15,000 ex soldados.
Un caso ilustrativo est谩 en el sure帽o estado de Guerrero, donde la narcoviolencia, rebeliones, pleitos pol铆ticos de hace largo tiempo y conflictos sociales hist贸ricos se agitan en una mezcla explosiva. Con m谩s de 600 personas a煤n desaparecidas desde la represi贸n estatal durante los 1970s, Guerrero fue el epicentro de la primera guerra sucia. Hoy el estado cr贸nicamente empobrecido es un frente estrat茅gico para la 煤ltima.
Las playas sangrientas del para铆so
Las 煤ltimas batallas campales y narco-ejecuciones en Acapulco y otras regiones del estado dejaron 58 personas muertas tan s贸lo del 13 al 15 de marzo. No obstante los asesinatos acumulados ese fin de semana no son sino una muestra del ba帽o de sangre que se extiende por todo Guerrero. La violencia involucra a c谩rteles del narco en competencia, grupos paramilitares, fuerzas de seguridad y varias organizaciones rebeldes armadas, entre ellas el Ej茅rcito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
En mayo de 2009, el Comandante Ramiro del ERPI dio una conferencia de prensa a periodistas mexicanos donde revel贸 a帽os de choques entre las guerrillas y los grupos “narco-paramilitares”. Ramiro, con fama de tener seguimiento popular, fue asesinado misteriosamente en la remota localidad de Palos Altos en noviembre del mismo a帽o.
Hercilia Castro, activista por los derechos humanos con la Red de Organizaciones no Gubernamentales de Guerrero, ayud贸 a documentar los asesinatos de tres hermanos en el pueblo monta帽oso de Puerto Las Ollas tambi茅n en noviembre pasado. Alejandro Garc铆a Cort茅s, de 19 a帽os, Bert铆n Garc铆a Cort茅s, de 18, y Rogelio Garc铆a Valdovinos, de 15, fueron ultimados y mostraban el cl谩sico tiro de gracia.
“Esto de verdad me afect贸 en lo personal. Me conmovi贸 el dolor de la madre que me dijo c贸mo encontr贸 los cuerpos de sus hijos”, cont贸 Castro. “Los muchachos eran la alegr铆a de la comunidad, estaban entre los m谩s vivos, 驴se fijan c贸mo siempre hay alguien que sobresale?” Castro agreg贸 que los conflictos m煤ltiples saturan las comunidades aisladas en las altas monta帽as de Coyuca de Catal谩n y Petatl谩n: las tierras para el cultivo de drogas, los caminos para el contrabando y los 谩rboles para madera ilegal son art铆culos de alto valor codiciados por los c谩rteles apoyados por los grupos paramilitares. Los pobladores, dijo Castro, podr铆an estorbar a fuerzas ambiciosas que buscan limpiar y tomar el control de la regi贸n.
Puerto Las Ollas, donde se llega por caminos de tierra que se vuelven infranqueables durante la temporada de lluvias, es como muchas comunidades rurales. No existe cl铆nica de salud, y s贸lo hay un maestro que ense帽e a estudiantes de todas las edades. Las incursiones de soldados y grupos paramilitares hacen que los hombres tengan miedo de cultivar sus campos, cont贸 Hercilia Castro, y agreg贸 que la “miseria” de la poblaci贸n es palpable.
De acuerdo con Human Rights Watch, a escala nacional la Comisi贸n de Derechos Humanos mexicana, entre 2007 y finales de 2009, recibi贸 3,399 quejas contra el ej茅rcito por violaciones, homicidios, detenciones arbitrarias y tortura. En un informe reciente, la ONG se帽al贸 que en un principio s贸lo se encontr贸 culpables de delitos contra derechos humanos a tres elementos, entre ellos un soldado sentenciado a nueve meses de prisi贸n por la muerte a balazos de un civil en un ret茅n militar.
El agudo incremento en violaciones de derechos humanos corre parejas con la Iniciativa M茅rida de 1,300 millones de d贸lares de E.U. que Washington financia para dar capacitaci贸n y equipamiento a las fuerzas de seguridad mexicanas y centroamericanas. Actualmente funcionarios estadunidenses y mexicanos ya ponen los fundamentos para una Iniciativa M茅rida 2.
La violencia mancha precampa帽a electoral
En los preliminares hacia las elecciones estatales de 2011, una nueva oleada de asesinatos con tintes pol铆ticos estremece a Guerrero. En febrero cuatro dirigentes del Partido de la Revoluci贸n Democr谩tica (PRD) de centro izquierda, fueron asesinados en diferentes lugares del estado: Jos茅 Luis Sotelo, Santana Rayo Chamu, Claudio Hern谩ndez Palacios y Antonio Bahena Nava. Citada por el peri贸dico El Sur la ya antigua dirigente del PRD en Guerrero Rosario Herrera recalc贸 que 28 l铆deres de su partido han sido muertos en Guerrero desde 2005. El a帽o pasado el coordinador del Congreso Estatal de Guerrero Armando Chavarr铆a fue asesinado antes de haber podido lanzar su ampliamente esperada candidatura para ser gobernador del estado.
Desde su fundaci贸n en 1989, el PRD, de centro izquierda, ha sido blanco constante de la represi贸n. Una de sus fundadoras en Zihuatanejo, Obdulia Balderas, record贸 c贸mo el gobierno estatal reprimi贸 al nuevo partido de oposici贸n cuando protest贸 por un fraude electoral, matando e hiriendo a los manifestantes en los aeropuertos internacionales de Acapulco y de Zihuatanejo.
Al regresar de una visita a la Ciudad de M茅xico, Balderas record贸 haber visitado a compa帽eros del partido en un hospital de Zihuatanejo. “Nunca hubo justicia alguna”, relat贸 la maestra de escuela jubilada.
Aunque la primera ola de represi贸n contra el PRD tuvo motivos pol铆ticos, las razones para la 煤ltima ronda de violencia contra miembros del partido son menos claras, dice Balderas.
Al mismo tiempo que aumenta el n煤mero de v铆ctimas miembros del PRD, los asesinatos y desapariciones de m谩s de 200 militantes del PRD en Guerrero, especialmente durante los a帽os formativos de la organizaci贸n pol铆tica entre 1989 y 1996, contin煤an sin aclararse.
Para consternaci贸n de los guerrerenses, las violaciones de derechos humanos se dispararon luego de que se eligiera gobernador del estado a un popular candidato pro-reformista apoyado por el PRD, el ex alcalde de Acapulco Zeferino Torreblanca Galindo. La violencia se increment贸 durante un per铆odo en que el PRD—un partido que se levant贸 de las cenizas de la guerra sucia bajo los estandartes de la justicia y la democracia— ten铆a no s贸lo la gubernatura, sino la legislatura y el gobierno de muchos municipios del estado.
“Esto representa un retroceso a las guerras sucias de los 1970s”, coment贸 Hercilia Castro. “Es una probadita para la opini贸n p煤blica de c贸mo Guerrero es el ejemplo de la eterna guerra sucia, de c贸mo tiene lugar la represi贸n. Es una muestra de lo que estamos atravesando en todo el pa铆s.”
Se han vinculado muchas de estas muertes con las guerras del bajo mundo, pero entre las v铆ctimas se encuentran ciudadanos de todas clases. Una organizaci贸n de base, el Comit茅 de Parientes y Amigos de los Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados, se form贸 para presionar por que se haga justicia.
En el tercer aniversario de la desaparici贸n de Jorge Gabriel Cer贸n, estudiante de arquitectura y activista comunitario que fue secuestrado por un comando armado en marzo de 2007, este comit茅 ciudadano emiti贸 un manifiesto.
“Hemos recalcado c贸mo el llamado crimen organizado forma parte del Estado, de la empresa privada y de la clase pol铆tica, quien en 煤ltimo an谩lisis es responsable de la inseguridad p煤blica, la corrupci贸n, el terror y la impunidad en la cual vive la ciudadan铆a en general, y de la cual Jorge Cer贸n, su familia y todos nosotros hemos sido v铆ctimas.”
Capacitados originalmente por el ej茅rcito mexicano en la d茅cada de 1990, los grupos paramilitares tambi茅n est谩n resurgiendo en el estado sure帽o de Chiapas, donde se han registrado ataques recientes a comunidades pro zapatistas y a otras organizaciones de oposici贸n.
La guerra sucia se intensific贸 despu茅s de asumir el poder Felipe Calder贸n a finales de 2006. Al a帽o siguiente, los dirigentes del Ej茅rcito Popular Revolucionario Edmundo Reyes y Gabriel Cruz fueron arrestados y desaparecieron en Oaxaca. No se les ha encontrado y se teme que hayan muerto. En 2008 dos l铆deres de la organizaci贸n ind铆gena por el Futuro de los Pueblos Mixtecos, Ra煤l Lucas Luc铆a y Manuel Ponce Rosas, fueron secuestrados, se afirma que por polic铆as, y asesinados en Guerrero. A fines del a帽o pasado Mariano Abarca, un prominente organizador contra la miner铆a en Chiapas, fue acribillado en la localidad de Chicomuselo, donde los campesinos hab铆an librado una batalla contra una mina de barita manejada por la empresa canadiense-mexicana Blackfire Exploration Ltd.
La recientes desapariciones y asesinatos de activistas siguieron muy de cerca el fracas de la administraci贸n del ex presidente Vicente Fox de procesar penalmente a funcionarios gubernamentales, en particular el ex presidente Luis Echeverr铆a, implicado en los cr铆menes de la guerra sucia, y la disoluci贸n por el gobierno de Calder贸n de la fiscal铆a especial encargada de investigar la guerra sucia.
La guerra antidrogas como tapadera
La guerra contra el narco es muy conveniente como tapadera para la nueva represi贸n. En Ciudad Ju谩rez y el estado de Chihuahua, numerosos activistas han sido asesinados o han desaparecido desde 2008, el a帽o cuando estall贸 una guerra de competencia entre dos c谩rteles y se despach贸 al ej茅rcito para, ostensiblemente, dominar la violencia.
Entre otras v铆ctimas se encuentran el activista antisecuestros y dirigente de la comunidad mormona Benjamin LeBaron, el l铆der campesino Armando Villarreal Martha, el profesor universitario Manuel Arroyo, la activista por los derechos humanos Alicia Sainz, el l铆der de vendedores ambulantes G茅minis Ochoa, y Josefina Reyes, ex diputada por el PRD y activa cr铆tica de la militarizaci贸n. Nadie ha sido arrestado ni sentenciado por los cr铆menes.
El 2 de marzo Ernesto R谩bago Mart铆nez fue asesinado en la Ciudad de Chihuahua. Miembro de la Asociaci贸n Civil Bowerasa, R谩bago ayudaba a defender a ind铆genas rar谩muri implicados en una lucha por tierras contra poderosos intereses en la comunidad de Carichi. La muerte de R谩bago remat贸 casi un a帽o de ataques contra dirigentes ind铆genas y defensores de Carichi.
En respuesta al homicidio de R谩bago, la organizaci贸n de derechos humanos Cossydhac con sede en la ciudad de Chihuahua y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres exigi贸 que se ponga fin a la criminalizaci贸n de los activistas y se de protecci贸n a defensores de derechos humanos que, afirmaron ambos grupos, viven entre el “compromiso y el riesgo.”
Es m谩s: la carnicer铆a diaria de la guerra contra el narco en Ciudad Ju谩rez (que suma cerca de 5,000 muertes desde enero de 2008) obscurece y minimiza temas como el conflicto por tierras entre habitantes de hace largo tiempo y los miembros de una de las influyentes familias de la ciudad. Atrapados en una batalla judicial, los pobladores de la colonia Lomas de Poleo han presentado repetidas quejas de agresiones de guardias armados de seguridad privada que operan en las mismas narices de la polic铆a y el ej茅rcito.
Un informe reciente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU document贸 128 agresiones contra defensores de derechos humanos y sus familias entre el 1掳 de enero de 2006 y el 31 de agosto de 2009. A pesar de 贸rdenes de protecci贸n emitidas por funcionarios gubernamentales, las agresiones contin煤an. En los 煤ltimos meses, varias organizaciones que defienden los derechos de los ind铆genas en la regi贸n de La Monta帽a de Guerrero han experimentado un patr贸n de vigilancia, invasiones y entradas ilegales y hasta amenazas de muerte. El 18 de marzo, la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emiti贸 una declaraci贸n de alarma ante los nuevos actos de hostigamiento y amenazas de muerte contra miembros de la Organizaci贸n de los Pueblos Ind铆genas Me’phaa.
Revelando que la CIDH hab铆a sugerido a varios de los activistas amenazados como testigos en dos juicios internacionales contra el estado mexicano, uno de los cuales implica las presuntas violaciones de dos mujeres ind铆genas por soldados mexicanos en Guerrero en 2002, el organismo oficial de derechos humanos de la Organizaci贸n de los Estados Americanos record贸 al gobierno mexicano que se hab铆an librado 贸rdenes de protecci贸n para los activistas de Me’phaa y que el gobierno tiene la obligaci贸n de proteger a los defensores.
“La Comisi贸n recuerda tambi茅n que el trabajo de los defensores de derechos humanos es cr铆tico para la construcci贸n de una sociedad democr谩tica s贸lida y duradera, y desempe帽an un papel principal en el proceso para implementar plenamente el estado de derecho y fortalecer la democracia”, declar贸 la CIDH.
El compromiso con los derechos humanos est谩 puesto a prueba
Casi a diario, defensores de derechos humanos nacionales e internacionales denuncian el deterioro del panorama de los derechos humanos en M茅xico. Desde que inici贸 el a帽o, una marejada de recomendaciones e informes cr铆ticos se ha dejado venir de Amnist铆a Internacional, Human Rights Watch, el Comit茅 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de E.U., miembros del Parlamento Europeo, y muchas otras entidades.
La respuesta de la administraci贸n de Calder贸n ha sido contradictoria. Aunque algunos funcionarios reconocen sin dificultad los problemas, la defensividad y el fingimiento en declaraciones pol铆ticas a煤n son reacciones autom谩ticas. Al contradecir el 煤ltimo informe del Departamento de Estado de E.U. el General Brigadier Benito Medina Herrera rechaz贸 la noci贸n de que las fuerzas armadas violan derechos humanos, afirmando a Notimex que el personal militar recibe principios y capacitaci贸n en derechos humanos desde los “m谩s bajos niveles” hasta los generales de mayor rango.
Quiz谩 la prueba de fuego del compromiso real de M茅xico con las normas internacionales de derechos humanos ser谩 la respuesta del gobierno de Calder贸n a una resoluci贸n hist贸rica tomada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organizaci贸n de Estados Americanos.
En una sentencia vinculante publicada en diciembre pasado, la Corte hizo responsable al Estado Mexicano por la desaparici贸n en 1974 de Rosendo Radilla, ex alcalde de Atoyac de 脕lvarez, Guerrero, durante la primera guerra sucia. En presencia de su hijo peque帽o, Radilla fue “levantado” por soldados mexicanos en un ret茅n y nunca se le volvi贸 a ver.
La Corte orden贸 al Estado Mexicano esclarecer la desaparici贸n de Radilla, reformar el c贸digo de justicia militar que protege a los soldados de ser procesados por delitos civiles, compensar a los familiares los da帽os causados y publicar la sentencia entera en el diario oficial gubernamental y en una publicaci贸n de circulaci贸n nacional.
El gobierno federal tambi茅n tendr谩 que realizar una ceremonia p煤blica en donde reconozca su culpabilidad en la desaparici贸n de Radilla, y erigir una placa en su memoria en Atoyac de 脕lvarez.
La hija de Radilla, Tita, es vicepresidenta de la Asociaci贸n de Familiares de Arrestados, Desaparecidos y V铆ctimas de Violaciones de Derechos Humanos en M茅xico (AFADEM), grupo que ha trabajado infatigablemente por d茅cadas exigiendo justicia para Radilla y otras v铆ctimas de la guerra sucia. Junto con la ONG Comisi贸n Mexicana para la Defensa y Promoci贸n de los Derechos Humanos (CMDPDH), cuyos abogados llevaron el caso Radilla a nivel internacional, la AFADEM aplaudi贸 la resoluci贸n de la Corte como una reivindicaci贸n de su lucha y un paso positivo hacia el fin de la impunidad institucional en cr铆menes contra los derechos humanos.
La Corte concedi贸 a M茅xico un a帽o para presentar un informe en donde se detalle el progreso en el cumplimiento de la sentencia. Aun cuando el gobierno mexicano subi贸 la sentencia al sitio web de la Procuradur铆a General de la Rep煤blica, ha sido lento en cumplir otros aspectos de la sentencia, declar贸 el director jur铆dico de la CMDPDH, Humberto Guerrero. Lo m谩s importante, dijo, es que sus parientes siguen sin conocer el destino de Radilla.
De acuerdo con Humberto Guerrero, el Comit茅 de Derechos Humanos de la ONU abord贸 el caso Radilla en una reuni贸n en Nueva York hace poco. El fiscal militar de M茅xico, que asisti贸 a la sesi贸n, dijo a los miembros del Comit茅 que las fuerzas armadas estaban trabajando para modificar el c贸digo de justicia militar “en un momento oportuno”, concluy贸 Guerrero.
El cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla, agreg贸, determinar谩 si el gobierno mexicano refuerza o no el “mensaje de impunidad” que predomina en el pa铆s.
“El incumplimiento de la sentencia implica que M茅xico no tiene la voluntad de confrontar su pasado autoritario”, acus贸 Guerrero. “M茅xico tiene una nueva oportunidad. Tuvo una oportunidad en 2000 con Fox y el fiscal especial, y ahora la tiene con este caso.”
Kent Paterson es un periodista independiente que cubre la parte sudoccidental de Estados Unidos y M茅xico y Am茅rica Latina. Es analista para el Programa de las Am茅ricas en www.ircamericas.org.
Para usar este art铆culo, favor de contactar a americas@ciponline.org.
Para mayor informaci贸n
CIDH expresa alarma por amenazas contra l铆deres ind铆genas en guerrero, M茅xico:
http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/32-10sp.htm
Ciudad Ju谩rez desciende a otro c铆rculo del infierno
http://www.ircamericas.org/esp/6680
Un abecedario del Plan M茅xico
http://www.ircamericas.org/esp/5251
