El presidente de México Enrique Peña Nieto ha ido hasta donde ningún otro presidente mexicano se atrevió a llegar, desde la extraordinariamente popular nacionalización del petróleo en 1938. A fines del año pasado, impulsó una iniciativa histórica para reprivatizar una gran parte del sector energético mexicano.
Las reformas constitucionales para otorgar a empresas privadas derechos de exploración y explotación de petróleo y gas fueron aprobadas en diciembre. Este 30 de abril, Peña Nieto entregó al Congreso de la Unión el paquete de leyes secundarias que establecen las reglas y procedimientos respectivos. Su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), afirma que estas medidas podrían aprobarse en junio, eliminándose así el último obstáculo legislativo para su aplicación.
Los funcionarios del gobierno mexicano rechazan el término “privatización” para designar el régimen propuesto. Cuando el petróleo/gas está en el subsuelo (y carece de valor monetario), explican, pertenece al pueblo mexicano; una vez extraído (cuando vale millones de dólares), pasará a ser de las empresas trasnacionales. También advierten que no se está vendiendo íntegramente PEMEX, la compañía petrolera paraestatal, si bien admiten que en el futuro podrían venderse muchos de sus activos. Entre tanto, perderá algunas concesiones donde está actualmente trabajando, así como los derechos a la mayoría de los futuros sitios petrolíferos.
Aunque se espera que las leyes secundarias sean aprobadas gracias a una alianza entre el PRI y el conservador Partido Acción Nacional (PAN), la controversia no acabará ahí. El orgullo nacional, las preocupaciones por la pérdida de soberanía, el sentimiento anti neoliberal y una aversión a las empresas petroleras extranjeras se han combinado para levantar una sólida oposición a los planes de privatización oficiales. Grupos opositores están reuniendo firmas para celebrar un referendo sobre las reformas mediante votación durante las elecciones federales de 2015. De celebrarlo, como lo demuestran algunas encuestas, tienen buena oportunidad de derrotarlas.
Argumentos engañosos
Por mucho tiempo, la privatización y el desmantelamiento de PEMEX ha sido una de las aspiraciones principales de los planificadores neoliberales de América del Norte. Previsiblemente, los promotores del modelo de “mercados libres” y adherentes al TLCAN –entre los que se cuentan el Banco Mundial, el Wilson Center, subsidiado por el Departamento de Estado de E.U.A., y la asociación empresarial mexicana COPARMEX– han celebrado las reformas.
El gobierno mexicano alega que a PEMEX la aquejan múltiples males, que su producción es cada vez más baja, con una escasa capacidad de refinación y extracción de alta tecnología, y que la corroe la corrupción generalizada. Nadie contradice ninguno de estos puntos. Sin embargo, si PEMEX está tan abrumadoramente necesitada de ayuda, el gobierno no debe culpar a nadie más que a sí mismo.
Durante años los críticos han acusado a gobiernos sucesivos de ordeñar a PEMEX. La empresa paraestatal aporta permanentemente casi la mitad del presupuesto nacional; en 2013 el 53.8% de sus $123 mil millones de dólares en ventas netas lo absorbió el gobierno federal. Los especialistas han hecho notar que una reestructuración y una limpieza a fondo y concienzudas de PEMEX permitirían lograr las metas que propugnan los partidarios de la privatización. Pero los críticos sostienen que el gobierno ha debilitado intencionalmente a Pemex al no invertir sus ingresos en operaciones y expansión a futuro, creando las condiciones para una privatización, incurriendo al mismo tiempo en una deuda de $63 mil millones de dólares al término de 2013. Los grupos opositores han presentado una contrapropuesta para reformar a PEMEX que no requiere modificar la Constitución.
Otro argumento engañoso en el debate sobre la privatización es la idea de que el sector privado automáticamente disminuirá la corrupción, una noción que desafía el conocimiento de la sociedad sobre cómo operan las trasnacionales en el mundo y en el mismo México. Shell, entre otras empresas, enfrenta una demanda de Pemex por haber comprado crudo mexicano obtenido de contrabando por grupos del crimen organizado. Oceanografía, empresa privada mexicana subcontratada por Pemex, se encuentra bajo investigación por fraudepor haber aprovechado su asociación con la compañía paraestatal para estafar a Citigroup-Banamex con cientos de millones de dólares en préstamos incobrables.
Como lo informa Bloomberg, “Chevron, Shell, Exxon Mobil Corp. Y Repsol SA están entre las principales productoras que han expresado su interés en los campos petrolíferos mexicanos.” El historial social y ambiental de estas corporaciones es sombrío. Es más, la coinversión Shell-Pemex en Deer Park –que funcionarios han presentado como un ejemplo para el futuro– ha enfrentado críticas por su opacidad y el mínimo grado en que logra transferencia de tecnología, otro supuesto argumento de venta para la reforma.
El gobierno mexicano ha prometido que en las reformas habrá mecanismos de transparencia y anticorrupción, incluyendo sanciones contra empresas corruptas; Ante la omisión del gobierno de Peña Nieto de atacar la generalizada corrupción actual, la promesa despierta abundante escepticismo. Estando los recursos petroleros en manos extranjeras, México tendrá menos capacidad de supervisión directa y de intervención en operaciones.
Con lo anterior se relaciona la preocupación de qué significará la entrada de estas poderosas corporaciones para la soberanía mexicana. Una vez que las empresas extranjeras obtengan enormes concesiones de exploración de petróleo y gas, ejercerán mucho mayor control sobre el territorio y los recursos mexicanos, adquiriendo un poder económico y político tremendamente mayor. El cineasta Alfonso Cuarón, ganador del Óscar con la película “Gravity”, expresó esta inquietud en una carta abierta a Peña Nieto: Las trasnacionales petroleras en el mundo tienen el mismo poder que muchos gobiernos. ¿Qué medidas se tomarán para evitar que el proceso democrático de nuestro país quede atrapado por financiamientos ilícitos y otras presiones de poderosos intereses?”
Además es indudable que los intereses petroleros y financieros de Estados Unidos se beneficiarán del mayor acceso a los recursos nacionales de México, lo cual crea incentivos apremiantes para que las corporaciones –y los funcionarios gubernamentales aliados con ellas– promuevan activamente estos intereses en México. De acuerdo con filtraciones proporcionadas por Edward Snowden, la NSA realizó una operación de espionaje a Pemex, presuntamente para dar a las trasnacionales estadounidenses una ventaja competitiva, así como para asesorar a E.U. en su planeación energética estratégica.
Producción y destrucción
México parece confiar en un auge de combustibles fósiles basado en la rápida expansión de la perforación en aguas profundas, desarrollos de petróleo de esquisto a través de la práctica de la fracturación hidráulica o fracking, y técnicas de extracción refinada en sitios antiguos, todo ello impulsado por la inversión extranjera.
Existen tantas razones por la que ello es una mala idea, que es difícil decidir por donde empezar.
En primer término, los combustibles fósiles no son renovables. El plan mexicano hipoteca el futuro de las nuevas generaciones a través de una más intensiva reducción de las reservas de petróleo y gas del país. Cuauhtémoc Cárdenas, político mexicano e hijo del presidente que nacionalizó el petróleo de México, pregunta en un artículo periodístico reciente: “Dónde hay una política racional de administración de reservas que brinde seguridad al país a largo plazo para un recurso finito, que debiera ser protegido de la ambición natural, como dirían algunos, de saquear reservas sólo para abandonar después los campos petroleros, como ocurrió en el pasado?”
En segundo lugar, el impacto social y ambiental del fracking en el norte de México sería devastador. El norte árido de México ya ha padecido episodios de escasez de agua que han desatado conflictos. En algunas regiones, las operaciones agrícolas y mineras a gran escala se han asociado con el crimen organizado para apoderarse de los suministros locales de agua. En el estado fronterizo de Nuevo León, informes preliminares advierten que el fracking podría acabar con la ganadería tradicional de la región y amenazar el abastecimiento de agua para el consumo humano básico. Científicos advierten que el fracking también provocaría un aumento de la actividad sísmica.
Bajo el TLCAN, a medida que las importaciones de Estados Unidos entraban sin control y la inversión extranjera compraba o desmantelaba las cadenas de producción, la delincuencia organizada logró avances sin precedente en la región, y tras el escalamiento de la “guerra contra las drogas” en 2007, sus operaciones se volvieron excepcionalmente sangrientas. En un informe reciente, el investigador Víctor Quintana concluye: “La drástica transformación de la política pública agrícola, provocada por los programas de ajuste estructural y por la apertura de los mercados, especialmente con el TLCAN, generaron las condiciones para el surgimiento de las muchas formas de violencia que presenciamos en el campo mexicano.” Entre las razones, Quintana menciona el empobrecimiento, el desplazamiento y reducción de programas sociales, y la dependencia del mercado global. Todos los indicios apuntan a que las reformas petroleras exacerbarán esta situación.
Por último, derramar ese petróleo adicional en el mercado global representa un daño doble en razón del cambio climático consecuente: la tierra, el mar y la atmósfera sufrirán de forma irreparable a causa de la meta propuesta de duplicar la producción de petróleo crudo mexicano de 2.4 millones de barriles diarios al doble de esa cantidad.
Ahora que México hace planes para entrar de lleno a la producción, el péndulo global se desplaza lentamente en la dirección opuesta. Aunque hasta ahora la industria de combustibles fósiles se las ha arreglado para bloquear medidas reales para reducir efectivamente emisiones y avanzar hacia la conversión, las protestas contra el papel que desempeñan los combustibles fósiles en el cambio climático se han intensificado a medida que las pruebas contra ella se vuelven más concluyentes. Estudiantes de E.U. están organizando una campaña cada vez más eficaz, la “fossil-free campaign” que promueve la desinversión en compañías dedicadas a los combustibles fósiles. Los desastres ecológicos a la espera entre las bambalinas del auge del petróleo/gas “shale” alertarán sin duda a más ciudadanos sobre la necesidad urgente de cambiar a otro modelo energético.
Futuro en tela de juicio
Incluso de aprobarse las leyes secundarias, la vasta oposición a la reforma –más la posibilidad de un referendo que rechace la privatización– crea un panorama inestable para los inversionistas. Diana Villiers Negroponte, investigadora de la Brookings Institution y partidaria de las reformas, confirmó en una entrevista en enero: “Dudo que haya alguna compañía internacional dispuesta a invertir hasta después de ese referendo.”
Otras preguntas nublan el futuro de las reformas; entre ellas, la de si las empresas trasnacionales podrán “apartar reservas” en contratos petroleros mexicanos aunque no posean realmente el petróleo –que como insiste el gobierno mexicano, con escasa convicción, será todavía del pueblo mexicano. El año pasado, un artículo en la revista Forbes citó al subsecretario de Energía Enrique Ochoa de esta manera: “El plan es que se admitirá que las empresas registren el interés económico de los contratos de riesgo conforme a las reglas de la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos) que permiten convertir ese valor en volumen, en tanto que el Estado conserva la propiedad plena.”
Para muchos mexicanos, esto suena a eufemismo por “privatización”. Pero los inversionistas nunca pueden ser excesivamente cuidadosos.
Otra duda persistente es cuán interesadas en México estarán las corporaciones extranjeras. En unos cuantos años la práctica del fracking ha provocado un auge en la producción de petróleo y gas, y Bloombergreporta: “Para 2016, la producción de crudo estadounidense se incrementará a 9.5 millones de barriles diarios, la más elevada desde la cúspide petrolera en 1970.” La urgencia de encontrar nuevos campos en el exterior disminuyó considerablemente al encontrarse las compañías petroleras hasta los codos en petróleo de esquisto de Texas y Dakota del Norte, y el auge en Estados Unidos también significa que el mercado más importante de México se le está yendo de las manos. El Wall Street Journal informa que en los últimos cinco años, las importaciones estadounidenses de petróleo crudo y gas natural han caído 32 por ciento y 15 por ciento respectivamente. De hecho, por primera vez en décadas, el mismo México se ha convertido en importador neto de productos petroleros de E.U.
La administración de Peña Nieto ha lanzado una campaña publicitaria de miles de millones de dólares para promover la inversión energética privada. Ha prometido que los precios del gas disminuirán en dos años cuando mucho, que Pemex creará 2.5 millones de empleos para los mexicanos en los próximos 10 años, y que el PIB crecerá 1 por ciento antes de 2018.
¿Y las futuras generaciones aprovecharán estos beneficios? México confronta el desafío precisamente en sentido contrario del tomado por algunos de sus vecinos al sur de su frontera. Bolivia nacionalizó su propia industria petrolera en 2006. Pese a los terribles augurios de fuga de capitales y derrumbe económico, el Centro Boliviano para la Investigación de Desarrollo Laboral y Agrícola (CEDLA) determinó en 2012 que seis años después de las reformas de compartimiento de ingresos, las empresas trasnacionales no se han ido, sus utilidades han permanecido estables y el estado ha incrementado sus ingresos anuales por concepto de hidrocarburos, de un promedio de 332 millones de dólares antes de la nacionalización a más de 2 mil millones de dólares posteriormente. Las ganancias se han invertido en programas sociales que han reducido la desigualdad en la empobrecida nación andina.
Lo mismo de siempre
Hay otra capa semi oculta en la privatización del petróleo de México. Lo que el gobierno mexicano y las empresas privadas codician por igual en este régimen de privatización no es tanto el flujo de petróleo como el flujo de capital.
The Wall Street Journal reporta: “Gran parte del crecimiento de la producción de combustibles fósiles proviene de empresas que necesitan vender acciones, conseguir financiamiento, o vender activos para cerrar la disparidad entre sus ingresos y egresos. De acuerdo con un estimado de Barclays PLC, el año pasado 50 de las principales compañías de exploración de petróleo y gas de Estados Unidos tuvieron que reunir $50 mil trescientos millones para cerrar la brecha. “Los dólares necesarios nunca han sido mayores,” dijo Maynard Holt, presidente adjunto del banco Tudor, Pickering Holt & Co., con sede en Houston. “Pero el dinero realmente está ahí. El río del capital energético global fluye hacia nosotros.”
Mientras el imperativo capitalista del crecimiento acelera a la especulación hacia el siguiente derrumbe financiero y a la producción de combustibles fósiles hacia la destrucción del planeta, las élites políticas y económicas de México están ansiosas de entrar al juego.
Esto nunca se trató del bien común. Bajo toda la retórica, se trata de asegurar que “el río del capital” fluya a los bolsillos del poder.
Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas. www.americas.org
Traducción: María Soledad Cervantes Ramírez
