En distintas paradas a lo largo del país, la Caravana por la Paz ha comprobado que el problema no es convencer a la gente de que la guerra contra las drogas es destructiva y conlleva numerosos gastos. Las encuestas muestran que la opinión pública llegó a esta conclusión hace bastante tiempo y ahora una mayoría apoya lo que solía ser considerado como soluciones “radicales”, como legalizar y regularizar la marihuana. Aunque gran parte de la gente no era consciente del impacto de la violencia en México, les resulta obvio a primera vista que la guerra contra las drogas, tratando de cortar el suministro en lugares como México, y de detener su consumo tipificando las drogas como delito en los Estados Unidos, no está funcionando. No funciona en ninguna parte.
La pregunta entonces es: si existe consenso sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, ¿por qué nada ha cambiado?
¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos continúa enviando a las ciudades millones de dólares de los impuestos para luchar contra las drogas mientras cierra escuelas por falta de fondos? ¿Por qué gasta más y más millones financiando una guerra sangrienta en México? ¿Por qué el gobierno mexicano sigue pagando el coste económico y político de una guerra funesta y desestabilizadora? En los últimos cinco años, Estados Unidos ha gastado 2 mil millones de dólares en la guerra contra las drogas mexicana, principalmente a través de la Iniciativa de Mérida, y el gobierno mexicano ha invertido al menos cuatro veces esa cantidad.
Para responder a estas preguntas, tenemos que mirar entre las bambalinas de la guerra contra las drogas. Es allí donde comprobamos que esta política tan desastrosa cuenta con algunos promotores muy poderosos.
Algunos entusiastas de la guerra contra las drogas son abiertos y sinceros. Son políticos que tienen claros nexos con el establishment militar y el negocio de la guerra. Su trabajo consiste en crear conflictos y proponer soluciones militares después. Desvían contratos del gobierno a empresas de defensa y éstas a su vez dedican fondos a las campañas políticas.
Estos políticos podrían ser los autores de la parte de política exterior de la plataforma del Partido Republicano. Han inventado una nueva amenaza, el “narco-terrorismo”, con la que tratan de convencer a la opinión pública de que la producción y el transporte de sustancias ilícitas es equiparable al terrorismo.
Lo cual es falso. En México, se producen y trafican drogas latinoamericanas. Es un negocio ilegal que prospera con la prohibición de las drogas. El terrorismo es una agenda política violenta. Cualquiera que no vea la diferencia entre los carteles de la droga y las organizaciones terroristas no debería estar en condiciones de diseñar políticas.
No existe prueba alguna de células terroristas operando de modo permanente en México o Latinoamérica, pero el “narco-terrorismo” está siendo utilizado como excusa para mandar al ejército a estos países. Desafortunadamente, la plataforma del Partido Demócrata no se diferencia mucho en su apoyo incondicional al enfoque militar al tráfico de drogas.
Los políticos fabrican la guerra para las empresas que fabrican las armas. En este ciclo, la guerra contra las drogas es el último mercado para el equipo de inteligencia y espionaje, el hardware militar, el armamento y las firmas de seguridad privada como Blackwater.
A este lado de la frontera, las empresas de seguridad y las oficinas del gobierno local que reciben dinero federal para luchar en la guerra contra las drogas tienen intereses creados en que ésta dure. Saben que no soluciona nada. Pero funciona para ellos.
Ahora, el gran negocio es el proyecto de prisiones. Lo es tanto para ciertas burocracias gubernamentales, como para las empresas privadas que gestionan nuestras prisiones y exigen hacer más y mayores. Presionan a favor de la expansión del sistema penitenciario, en lugares como aquí en Baltimore, donde calculan que será más fácil y lucrativo encarcelar a chicos que proporcionarles educación y trabajos decentes, sobre todo tratándose de jóvenes afroamericanos y latinos. En el suroeste, por donde atravesó la Caravana hace pocas semanas, estas compañías gestionan los centros de detención de migrantes, en los cuales las mujeres son violadas y los prisioneros mueren por falta de tratamiento médico. Lugares donde a los prisioneros, como nos dijo una mujer que había sido encarcelada en Nueva York por drogas, se les hace sentir como si fueran “personas desechables”. Ninguna persona es desechable.
La seguridad pública, que debería ser un objetivo, es la gran perdedora de la guerra contra las drogas. Aquí están todas estas víctimas para atestiguar que luchar contra la violencia con violencia solo genera más violencia.
La guerra contra las drogas también desdibuja las líneas entre las fuerzas de seguridad y las criminales. Nada tiene sentido en esta locura de la violencia. Dos ejemplos prueban esta afirmación. Varias semanas atrás, miembros de la Policía Federal mexicana persiguieron y dispararon a un coche de la embajada estadounidense en el que viajaban dos agentes de la CIA y un oficial de la Armada mexicana. La primera pregunta que se hizo cualquiera fue: ¿por qué la Policía Federal mexicana intentaba matar a los asesores estadounidenses? ¿No se suponía que estaban del mismo lado en esta guerra? Los Estados Unidos han invertido millones de dólares de los impuestos en financiar a la Policía Federal mexicana, y en este caso no solo estaban mordiendo sino tratando de destrozar la mano que los alimenta. La segunda pregunta, aunque se la hicieron menos personas, fue: ¿por qué estaban los agentes estadounidenses de la CIA entrenando a soldados de 18 años de la Armada mexicana para disparar contra su propia gente?
El segundo ejemplo proviene de aquí mismo, de Baltimore. Ayer escuchamos que un joven de 16 años, con toda la vida por delante, había recibido un disparo de otro chico de 14 años, armado con un rifle de asalto. Nos enteramos de que en algunos barrios de esta ciudad es más fácil comprar un rifle de asalto que un tomate.
Ya lo hemos dicho antes, la guerra contra las drogas es una guerra contra las personas. Hoy podemos comprobar a nuestro alrededor la locura de esta guerra. Lo escuchamos en las voces de las víctimas y lo vemos en sus lágrimas. Honramos a los hombres y mujeres que han tenido el coraje de contarnos estas historias y de forjar un movimiento por la justicia con su dolor como materia prima.
Nadie cree que el abuso de las drogas no sea un problema o que el crimen organizado no sea un problema en México. Lo son. Lo que estamos diciendo es que esta manera de enfrentarse a los problemas reales no está funcionando. Hay otras formas muchísimo mejores, caminos que conducen hacia una seguridad humana integral; aproximaciones basadas en la salud y la comunidad. Hemos visto demasiado sufrimiento innecesario, estamos en una situación peligrosa por culpa de una mala política y unos gobiernos a los que, en la mayoría de los casos, les da todo lo mismo, tanto en México como en los Estados Unidos.
Los funcionarios de la Administración Obama y aquellos que se benefician de la guerra contra las drogas dicen que la propuesta de legalizar la marihuana es irresponsable. Lo que es verdaderamente irresponsable es continuar con la misma política durante más de 40 años, cuando toda la evidencia disponible demuestra que no funciona. Una política que mata personas. Una política que encarcela sus cuerpos y aflige su ánimo.
Dejémonos de ambigüedades:
Debemos poner fin a la guerra contra las drogas ya. Debemos reformar la política de drogas que convierte en delito su consumo y ofrece a los delincuentes un lucrativo negocio. Tenemos que mantener a los cárteles fuera del mercado multimillonario. Si detenemos el flujo de dinero acabando con la prohibición se quedarán sin sustento.
Podemos poner fin a la guerra contra las drogas, quizás incluso antes de que alcance el ignominioso centenario que mencionara el anterior alcalde, Ken Schmoke. Podemos construir mejores comunidades, mejores naciones, y mejores relaciones entre nuestros países. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos el apoyo de nuestras organizaciones locales y tenemos que superar fronteras.
De ese modo podremos unirnos no solo apoyándonos en nuestra pena y nuestro dolor compartidos, sino en nuestra visión común de un futuro mejor para nosotros y nuestras familias.
Laura Carlsen es Directora del CIP Programa de las Américas. Este texto esta basado en una presentación en la Cumbre para poner fin a la guerra contra las drogas: Baltimore & Beyond Borders, celebrada el 9 de septiembre de 2012, uno de los actos de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad.
Traducido por Sara Plaza
