Los trabajadores agrícolas necesitan a sus familias, no deberían ser deportados o explotados

By  |  27 / abril / 2021

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POPLAR, CA – 21NOVEMBER20 – Farmworkers pick persimmons in a field near Poplar, in the San Joaquin Valley, in a crew of Mexican immigrants. Many workers wear facemasks or bandannas as a protection against spreading the coronavirus. Maria Madrigal is a picker in the crew.
Copyright David Bacon

Durante la administración de Trump, se calcula que los Estados Unidos deportó a un promedio de 275.725 personas por año, cifra que equivale aproximadamente al número de trabajadores (257.667) traídos por las productoras agrícolas en el 2020 para encargarse de cosechar los cultivos en dentro del país. Estas personas, contratadas con la visa H2-A, representan una décima parte de la mano de obra agrícola total de Estados Unidos, lo que a la fecha supone un aumento de más de 100.000 personas en sólo seis años.

Cabe señalar que este ciclo de deportación de personas e importación de mano de obra agrícola no es nuevo.  En 1954, durante el programa bracero, Estados Unidos deportó a 1.074.277 personas en la infame «Operación Espalda Mojada» y permitió la entrada de 309.033 trabajadores. Dos años después, 445.197 braceros adicionales fueron traídos para trabajar en granjas estadounidenses.

A la hora de exigir salarios más altos, los trabajadores agrícolas que ya llevaban viviendo años en Estados Unidos llegaron a ser sustituidos por mano de obra contratada.  Los defensores de los trabajadores agrícolas acusaron al gobierno de utilizar las deportaciones para crear una escasez de mano de obra y obligar a los trabajadores y a los cultivadores a recurrir al programa bracero. Los braceros mientras tanto eran abusados, engañados, y deportados si se declaraban en huelga.

En respuesta, los líderes sindicales y de derechos civiles de esa época, entre ellos César Chávez y Ernesto Galarza, presionaron al Congreso para que pusiera un fin al programa.

En 1964, el programa concluyó y el Congreso aprobó la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965.  Este sistema preferencial por una inmigración familiar llegó a sustituir el esquema que las cultivadoras manejaban para suministrar mano de obra barata. No por casualidad se destapó una huelga de agricultores de uva por parte del movimiento sindical de trabajadores agrícolas en Delano ese mismo año.

Hoy en día, la administración de Biden está buscando una forma de deshacer el daño cometido en contra de las personas inmigrantes y trabajadoras mediante las órdenes ejecutivas impuestas por Trump.  Para los trabajadores agrícolas, la peor de esas órdenes fue decretada el pasado mes de abril, cuando un infame tuit suspendió toda la tramitación de visados de preferencia familiar, poniéndole un fin efectivo al programa que el movimiento de derechos civiles había logrado establecer. Trump a su vez intentó recortar los salarios de los trabajadores H2-A, los braceros de la actualidad, y ampliar el programa haciéndolo aún más amigable para los cultivadores.

En un paso positivo, Biden anuló el recorte salarial de Trump.  Pero queda una decisión más profunda por ejecutarse.

El programa H2-A es un esquema aún más abusivo que el antiguo programa bracero.  Hoy en día, se perfila como un sistema opaco de reclutadores y contratistas privados que importa a los trabajadores, extorsionándolos para obtener visas.  Una vez en Estados Unidos, estos trabajadores sufren robos de salarios y violaciones laborales sistemáticas.  Durante la pandemia, sus dormitorios en donde acomodaban sus literas se convirtieron en centros de propagación de infección, y varios han muerto. Cuando los trabajadores protestan por las condiciones y se declaran en huelga, son despedidos y enviados de vuelta a México. Sus nombres son puestos en una lista negra para prevenir que puedan conseguir trabajos a futuro.

Al mismo tiempo, los trabajadores agrícolas que viven en Estados Unidos han visto cómo sus salarios se han ido estancando.  No es raro ver a trabajadores viviendo en coches y bajo los árboles durante los tiempos de cosecha.  Un sinfín de casos legales ofrecen documentación sobre la sustitución de trabajadores agrícolas documentados como residentes de EE.UU por trabajadores con la visa H2-A. Si bien esta práctica no es legal, únicamente 26 de las más de once mil empresas cultivadoras fueron suspendidas temporalmente de su participación en el programa el año pasado por infracciones cometidas en esta línea.  En estados como Georgia y Washington además, más de una cuarta parte de los puestos de trabajo disponibles en las empresas cultivadoras se han logrado cubrir con mano de obra a contrato, y la cifra aumenta rápidamente.

Más del 90% de los trabajadores agrícolas que viven en Estados Unidos son inmigrantes, y la mitad son indocumentados. Sin embargo, no hay forma de que las personas indocumentadas obtengan un estatus legal.  Más aún, los grandes empleadores agrícolas han respondido a las demandas de legalización con la Ley de Modernización de la Mano de Obra Agrícola.  Establece condiciones que inciden a favor de un mayor crecimiento del programa H2-A, y probablemente llevaría a que, en pocos años, la mitad de la mano de obra agrícola en Estados Unidos trabaje con visados H2-A. El proyecto de ley además prohibiría que los trabajadores indocumentados trabajen en la agricultura, pero a su vez implementaría un proceso restrictivo y complejo en el que algunos trabajadores agrícolas indocumentados si podrían solicitar un estatus legal.

En lugar de competir por mano de obra local a través de un ajuste salarial adecuado al contexto, los cultivadores lo que buscan son trabajadores H2-A cuya paga puede mantenerse ligeramente por encima de un estándar mínimo legal.  Este sistema pone entonces a los trabajadores con visados H-2A en competencia con la mano de obra nacional, deprimiendo los salarios de toda persona trabajando en el sector agrícola.

Como si fuera poco, para los trabajadores agrícolas que intentan organizarse y cambiar sus condiciones laborales, el programa H2-A también crea enormes retos.  Cuando los propios trabajadores H-2A intentan cambiar estas condiciones de explotación, los empleadores pueden rescindir sus contratos y eliminar su estatus de visado legal, incluso hasta deportarles. Los trabajadores son entonces incluidos en una lista negra legal, lo que impide su contratación para conseguir empleo en futuras temporadas.  Los trabajadores agrícolas que viven en EE.UU., que piensan en organizarse o ponerse en huelga, tienen que considerar el riesgo de ser sustituidos.

Mientras tanto, los trabajadores agrícolas que tienen visados o son ciudadanos en EE.UU ya no pueden reunificar a sus familias. Una madre que quiere traer a su hija o hijo casado desde Ciudad de México o Manila debe esperar más de dos décadas porque el sistema de preferencia familiar se ha quedado sin visados.  Mientras tanto, el programa H2-A crece exponencialmente.

Queda claro entonces que ha llegado el momento de recordar el trabajo defendido y ganado por Chávez y Galarza hace medio siglo.  El programa H2-A debe ser eliminado.  Los visados de reunificación familiar deben ponerse a la disposición de las familias que los necesitan.  Las personas traídas por sus familias a Estados Unidos necesitarán trabajo, y los cultivadores pueden contratar a estas personas al igual que a otras, aumentando los salarios y negociando con los sindicatos de trabajadores agrícolas.

Muchas personas en México también necesitan trabajar en Estados Unidos.  La concesión de visados permanentes que no estén vinculados a la situación laboral, al tiempo que se prohíbe la contratación por parte de empleadores y contratistas, permite a las personas cruzar la frontera y establecerse aquí con sus familias.  Los agricultores que necesitan su mano de obra pueden pagar salarios más altos para que los puestos de trabajo agrícolas sean atractivos.

Los salarios altos y los empleos seguros para los trabajadores agrícolas sólo pueden llegar si se descarta el viejo modelo de deportación/trabajo de peón, y en su lugar se apoya a las familias con la legalización, los visados basados en la familia, los sindicatos y los derechos laborales.

David Bacon es un periodista californiano que cubre el trabajo agrícola y la inmigración. Su último libro es In the Fields of the North (Universidad de California, 2017).

Anuradha Mittal es la directora ejecutiva del Instituto Oakland.

Este artículo de opinión se basa en un informe sobre el programa H2-A del Instituto Oakland, «DIGNIDAD O EXPLOTACIÓN: ¿QUÉ FUTURO PARA LAS FAMILIAS DE TRABAJADORES AGRARIOS EN ESTADOS UNIDOS?»