Desde los ataques del 11 de septiembre y esta etapa de la “guerra contra las drogas”, hemos visto la militarización y re-militarización de nuestra región. En México, el gobierno del ex presidente Felipe Calderón se unió al gobierno de los Estados Unidos en una ofensiva aparentemente contra las cárteles de la droga, y tanto el crimen organizado como aspectos de la relación binacional se convirtieron en asuntos de “seguridad nacional” en el discurso y en las prácticas de los dos gobiernos.
En este marco de la seguridad nacional, México vio un enorme aumento en los recursos públicos gastados en seguridad y la salida de 45,000 soldados a las calles. El saldo hasta la fecha ha sido de más de 100,000 muertes y un número incalculable de personas desaparecidas. En los países centroamericanos, la remilitarización ha sido más gradual, sin embargo, la priorización de la agenda de seguridad nacional ha significado más despliegues militares y policiacos–también con el impulso de EE.UU.–y la proliferación de cuerpos de seguridad privada.
Este fenómeno ha tenido un impacto negativo en la lucha de las mujeres por la igualdad de género. La igualdad es un derecho humano fundamental. Como señala la feminista y abogada Alda Facio, la igualdad de género no se entiende como semejanza o identidad, sino la eliminación de la discriminación y del sistema patriarcal en que los hombres tienen control sobre las mujeres —sobre su capacidad laboral, su sexualidad y vida reproductiva, hasta su movilidad y sus posibilidades de desarrollo humano.
El reconocimiento del derecho a la igualdad de género, que en muchos países tiene rango constitucional, trae consigo obligaciones legales para el estado. Más de un siglo después de establecer buena parte de estas garantías, los estados no han cumplido con estas obligaciones.
Al contrario, en Mesoamérica la situación tiende a empeorarse.
Es imposible ejercer la igualdad en contextos de alta violencia contra las mujeres, ya que la violencia es una violación de los derechos básicos de las mujeres y además es una forma intimidatoria para imponer el sistema patriarcal.
Hay varias razones detrás de la violencia contra la mujer y la embestida contra sus derechos que vivimos actualmente en la región, entre ellas, destacan tres:
La primera es el militarismo. En México y Centroamérica, miles de soldados y policías especializadas han entrado en los barrios y comunidades rurales bajo el pretexto de la guerra contra las drogas. Ya existen zonas enteras ocupadas por tropas en donde casi no funciona el gobierno civil en México, Honduras y Guatemala, principalmente y en estas zonas se registran altos índices de violencia contra las mujeres.
El militarismo es un sistema patriarcal ejemplar. Reprime el ejercicio de nuestros derechos y subjetividad, y fomenta el miedo para justificarse. Impone un modelo de seguridad patriarcal que no busca eliminar las raíces de la violencia o empoderar a las personas y las comunidades para defenderse, sino se dice proveer “protección” por la fuerza a los débiles, entre ellos, todas nosotras las mujeres. El esquema de protección masculina armada, por un lado, y debilidad, vulnerabilidad y miedo, por el otro, es sumamente anti-democrático y se basa en un sistema de valores de jerarquía y control, negando o suspendiendo los valores colectivos de derechos, cooperación y armonía social y con la naturaleza. Desmoviliza a la sociedad y establece un aparato represivo que se aplica no sólo ni principalmente a los objetivos anti-crimen, sino contra la disidencia y las personas excluidas e inconformes.
Por si fuera poco, a pesar de gastar millones de dólares en recursos públicos por “la seguridad nacional”, junto con la ayuda extranjera intervencionista de EEUU. en paquetes como la Iniciativa Mérida, Plan Colombia y la Iniciativa Centroamericana (CARSI), esta estrategia de atacar selectivamente al crimen organizado invariablemente provoca más violencia generalizada y más violencia contra las mujeres.
Por ejemplo, en Ciudad Juárez en la frontera EE. UU. – México donde se identificó el fenómeno de feminicidio sistemático en los 90, este crimen aumentó diez veces después de la entrada del ejército en “Operación Chihuahua” en el marco de la guerra contra el narco. En Honduras, hubo un aumento de 62% en el número de feminicidios después del golpe de estado militar, y la violencia contra las mujeres sigue subiendo en lo que es ahora uno de los países más violentos y militarizados de la región.
A la vez, las legislaturas han aprobado leyes y creado nuevos fiscales y oficinas específicamente para atender el problema de la violencia contra las mujeres, sobre todo, la trata y el feminicidio. El resultado no sido el fin de la impunidad, la reducción de los crímenes, el castigo a los perpetradores o la extinción de la violencia.
Ha sido una simulación, que finge atender al problema y no expresa voluntad política real. En la práctica es una manera de hablar sobre la violencia sin terminar con ella.
La correlación, entonces, entre militarización y seguridad es inversa, y a mayor militarización (incluyendo soldados, policías especializadas y seguridad privada, indistintamente) corresponde mayor violencia contra las mujeres, además del alarmante aumento en violaciones de todo tipo de derechos humanos por parte de los militares, incluyendo tortura, asesinato y violación sexual.
Las fuerzas de seguridad en nuestros países no sólo son incapaces de proteger a las mujeres, sino son una amenaza a la seguridad e integridad física de las mismas.
La segunda causa es la etapa de capitalismo salvaje en que vivimos. Hay una batalla feroz por los recursos cada vez más escasos de la tierra que implica despojo, privatización y un llamado “desarrollo” destructivo y no sostenible. Las empresas trasnacionales más poderosas del mundo se despliegan a sus anchas por el planeta, buscando adueñarse de todo, desde ríos, minerales y bosques, a genes y conocimiento tradicional.
Esta ofensiva genera resistencias, y las mujeres se encuentran frente a muchas luchas en defensa de las tierras, territorios y recursos naturales. Su lucha les expone a graves riesgos. Las comunidades indígenas y campesinas en Chiapas, Petén y Bajo Aguán, por dar ejemplos, enfrentan constantes detenciones y ataques por parte de fuerzas militares y privadas. Las mujeres organizadas contra la minería, los megaproyectos y otras invasiones de sus derechos y tierras entran en conflicto con adversarios inmensamente poderosos y brutales. Las compañías de seguridad privada contratadas por los invasores, las fuerzas gubernamentales de seguridad y las fuerzas paramilitares con frecuencia atacan a la gente que defiende sus tierras donde las mujeres a menudo lideran estas luchas.
La tercera es el ascenso de fuerzas reaccionarias. Cuando las defensoras de derechos humanos se niegan a doblegarse, se conviertan en los enemigos de fuerzas muy poderosas. Su papel activo en la defensa de los derechos y la búsqueda de la justicia y la verdad, de traer a la luz pública lo que muchos quieren que se quede en la oscuridad, de exigir rendición de cuentas de autoridades gubernamentales cómplices con el crimen, y de desafiar el sistema patriarcal las convierte en blancos de los poderes en la sombra y de los poderes legitimados que actúan ilegítimamente. Por cada paso hacia adelante que dan en defensa de los derechos de todas las personas, se acercan más al peligro.
La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos presentó un diagnóstico de los ataques contra las defensoras en 2012. En la región, 38 fueron asesinadas, la mayor parte mujeres defendiendo tierras, territorios y recursos. La segunda categoría fue de defensoras contra la violencia. Seguían la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a la participación política a la libertad de expresión y a los derechos laborales. En cada categoría, las defensoras enfrentan a intereses poderosos que pueden volverse mortales frente a la resistencia a sus designios. En cada caso, la impunidad ha funcionado para proteger a los culpables y exponer a las víctimas a mayores riesgos.
En la mayor parte de los ataques registrados por la iniciativa, el agresor identificado por la víctima fue alguna autoridad del gobierno municipal, estatal o federal. En la vasta mayoría de los casos, el ataque nunca llegó a enjuiciarse.
Si como sociedad tenemos un verdadero compromiso con la igualdad de género y el derecho de las mujeres de vivir libres de violencia y discriminación —en la casa, en las calles y en el gobierno—, no podemos dejar la lucha a unas cuantas defensoras con el coraje de asumir los riesgos. Para no dejarlas aisladas, tenemos que apoyarlas y, aún más, sumarnos a sus luchas. Sólo así se reduce el peligro y se aumenta la capacidad de crear un nuevo camino de esperanza para nuestras sociedades enfermas y un planeta sufriente.
(In English: https://www.americas.org/archives/11656)
