Punto ciego: falta información de género sobre las mujeres desaparecidas de Brasil

Los ojos cansados de Sandra Moreno revelan la lucha que está enfrentando diario. Su hija, Ana Paula, desapareció en 2009 y desde entonces es como si el tiempo se hubiera detenido para ella mientras que otros continuaron con sus vidas. Ana Paula tenía 23 años en ese entonces. Salió de casa temprano en la mañana para tomar un autobús para irse al trabajo y no regresó.

Para Sandra, la incertidumbre ha sido tortura. Todo tipo de ideas pasaron por su cabeza: tal vez Ana Paula fue secuestrada, o tal vez fue asesinada. Pero lo que sea que le haya sucedido, su madre dice que no saberlo es peor: le aprieta el corazón y la ha llevado a una batalla contra la depresión. Toma tranquilizantes, ya que cada vez que relata su terrible experiencia, la revive.

Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública de 2018, al menos 82,684 personas desaparecieron en el país en 2017. El Estado de São Paulo lidera con 25,200 desaparecidos, seguido por Minas Gerais con 8,878 y Santa Catarina con 7,752. Y esto sin tomar en cuenta el subregistro que hace que la compilación de datos sobre personas desaparecidas sea extremadamente difícil.

El Foro Brasileño de Seguridad Pública u otros agentes no han publicado números sobre la relación entre desapariciones y género. La fiscal federal, la doctora Eliana Vendramini, que dirige el Programa de localización e identificación de personas desaparecidas de São Paulo (Programa de localizaçao e identificaçao de Desaparecidos, PLID) declaró en 2017 que en São Paulo el perfil más común de personas desaparecidas es de adolescentes negros provenientes de la periferia urbana, que también coincide con el perfil más común de víctimas de homicidios.

En algunos casos de mujeres desaparecidas, las desapariciones pueden estar relacionadas con la trata de personas como en otras partes del mundo. Los datos de la ONU muestran que dos tercios de las víctimas de la trata de personas son mujeres, mientras que la mayoría de los traficantes son hombres. Casi el 80 por ciento de las víctimas se convierten en esclavas sexuales, mientras que el 18 por ciento trabaja en trabajos forzados, incluida la agricultura, la construcción y la industria alimentaria. En Brasil, la trata de personas se produce principalmente en las partes norte y noreste del país y las ciudades fronterizas, pero se desconoce cómo se relaciona estadísticamente con la raza, el origen étnico, la clase social, el género, la sexualidad, la nacionalidad y el estatus migratorio debido a la falta de datos específicos.

Puede ser engañoso hacer suposiciones con respecto a la relación entre las desapariciones de mujeres y el tráfico sexual. La antropóloga Laura Lowenkron advierte que los llamados “factores de vulnerabilidad” en la trata de personas se están utilizando a nivel mundial para justificar la aplicación del control de los flujos de inmigrantes de las regiones más pobres del mundo, en lugar de garantizar sus derechos y protegerlos de las violaciones. Para la académica, es importante no tratar toda la movilidad asociada al trabajo sexual con el delito de trata de personas.

Para, por fin, cubrir algunos de los vacíos legales en el tratamiento del crimen, el 20 de febrero, el Senado de Brasil aprobó la Política Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas elaborada por el ex congresista Duarte Nogueira. Está pendiente en otra votación. La política establece acciones articuladas entre la ley y los poderes políticos y regionales y la actualización de la Base de Datos Nacional de Personas Desaparecidas (Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, CNPD).

La base de datos nacional se creó el 17 de diciembre de 2009 y fue presentada el 26 de febrero de 2010 a través del sitio gubernamental para personas desaparecidas (www.desaparecidos.gov.br). No funcionó durante siete meses y sólo logró registrar a unos 370 menores hasta que el gobierno decidió retirarlo. Actualmente está en funcionamiento pero con una capacidad muy limitada.

Durante la administración del ex presidente Luís Inácio Lula da Silva, la Ley de búsqueda de 2005 definió que la policía debe iniciar investigaciones sobre el paradero de niños y adolescentes inmediatamente después de ser notificada. Para los adultos, las búsquedas comienzan 24 horas después de haber sido reportadas como desaparecidas; solían ser 48 horas.

La ciudad de São Paulo es la tercera más grande del mundo y la más rica de Sudamérica. Es un importante centro de negocios, restaurantes y hoteles de lujo, cultura y vida nocturna lujosa, pero Sandra Moreno vive en la periferia, en la ciudad de Carapicuíba. Su casa se encuentra en un barrio de clase media, obrero, con pinturas descoloridas. La habitación de Ana Paula se conserva tal como la dejó.

Después de enfrentarse a su dolor, en 2011, Sandra comenzó a recolectar firmas para exigir una ley nacional que permitiera a las agencias de policía más especializadas buscar a los desaparecidos, como en São Paulo. La desaparición no se clasifica como un delito, por lo que a menudo se la trata como si la persona estuviera temporalmente desaparecida y la policía no está obligada a iniciar procedimientos de búsqueda.

Al preguntarle si las mujeres brasileñas son más propensas a desaparecer y por qué desaparecen, Sandra reacciona con indignación. “Si tuviéramos datos más precisos y realistas, podríamos entender si son los hombres o las mujeres los que más desaparecen y las muchas razones detrás de esto”. Ella señala que las autoridades brasileñas y los medios de comunicación tratan los temas de desapariciones forzadas y trata de personas como una novedad, lo que resulta de la desinformación y falta de progreso en la comprensión del crimen.

En su trabajo de organización, Sandra promueve protestas en las calles de Carapicuíba utilizando el arte. Con frecuencia da conferencias sobre el tema en universidades y ha viajado a la capital, Brasilia, para reunirse con políticos y responsabilizarlos por el aumento de las desapariciones.

Mientras ella lucha por hacer que su voz sea escuchada, muchas figuras públicas y celebridades se han acercado con promesas. Toman fotos y publican sobre el tema en las redes sociales, pero al igual que los políticos, tienden a desaparecer pronto. “(En esta búsqueda) somos como niños sin padres”, señala Sandra Moreno. Afirma que su activismo ha puesto en riesgo su propia seguridad. Los que buscan a niños y familiares desaparecidos han sufrido no solo el ostracismo, sino también la revictimización y las amenazas.

Sandra está dispuesta a correr los riesgos para encontrar a su hija, o al menos, la verdad.

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