El 2 de noviembre, representantes de organizaciones feministas hondureñas expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un panorama siniestro de violaciones a los derechos humanos de las mujeres cometidas por el régimen de facto que dirige Roberto Micheletti.
Sus testimonios suministraron pruebas documentadas de que el régimen golpista y sus fuerzas de seguridad han sido culpables de estupro, golpizas, asesinatos y acoso a las mujeres hondureñas que participan en el movimiento de resistencia, y la eliminación dictatorial de las ganancias en materia de equidad de género. Estos crímenes contra la mujer se han cometido en el contexto de la impunidad para los perpetradores.
Mientras el acuerdo entre Micheletti y el gobierno legítimo que preside Manuel Zelaya se viene abajo, la crisis en Honduras continúa reclamando víctimas, y las mujeres se encuentran especialmente en riesgo. Como en otras dictaduras violentas de la historia, los cuerpos femeninos se han vuelto campo de batalla. Las mujeres hondureñas han formado la columna vertebral del movimiento de resistencia contra el golpe desde el primer día, y han sufrido en consecuencia represión sistemática y premeditadamente de género.
Honduras tiene un movimiento feminista organizado y fuerte. Este movimiento, fortalecido por la integración de cientos de mujeres independientes, se aglutinó luego del golpe en la coalición Feministas en Resistencia. Durante los últimos cuatro meses, ha visto a sus integrantes golpeadas, sus logros en materia de equidad de género anulados, sus instituciones tomadas y sus proyectos para la equidad de género en la política pública hechos pedazos bajo un régimen ilegítimo y ultraconservador. Permanece fuerte y unido, y comprometido con la restauración del estado de derecho necesario para el progreso pacífico de los derechos femeninos.
Durante esta semana (2 al 6 de noviembre), que muchos esperaban señalaría el retorno al gobierno constitucional, el régimen golpista asestó otro golpe clave a los derechos de las mujeres. El 3 de noviembre, entró en vigor una ley impulsada por el régimen de facto durante el día siguiente al golpe militar, que prohíbe la píldora del día siguiente, ignorando las demandas de las mujeres hondureñas por el derecho a tomar sus propias decisiones en el tema reproductivo y negando el principio básico de la separación entre iglesia y estado.
El rápido deterioro de los derechos humanos de las mujeres en Honduras puede detenerlo únicamente el regreso inmediato a un gobierno constitucional. El acuerdo negociado por el Departamento de Estado de E.U. hasta ahora ha fracasado en resolver la crisis y terminar con el golpe. Esto puede atribuirse en gran parte a un mensaje del funcionario del Departamento de Estado Thomas Shannon que restó credibilidad al compromiso de E.U. de restituir al presidente electo, envalentonando al régimen golpista en sus esfuerzos por presidir las elecciones actualmente programadas para el 29 de noviembre.
En un famoso discurso en la conferencia de Pekín en 1995, Hillary Clinton proclamó que "los derechos de las mujeres son derechos humanos", y que "las mujeres nunca obtendrán dignidad plena sino hasta que sus derechos humanos sean respetados." Como Secretaria de Estado, ha afirmado públicamente que los derechos de las mujeres serán un pilar de la política exterior estadounidense. Sin embargo, Clinton todavía no reconoce las evidencias crecientes de violaciones de los derechos de las mujeres bajo el régimen golpista hondureño. Es hora de pronunciarse de manera firme por la restauración del respeto hacia los derechos humanos y de erradicar el régimen golpista.
SITUACION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN HONDURAS EN EL MARCO DEL GOLPE DE ESTADO
FEMINISTAS EN RESISTENCIA es una coalición integrada por organizaciones feministas y feministas independientes. Esta agrupación nace desde el mismo día del golpe de Estado. El 28 de junio muchas mujeres se trasladaron a la casa presidencial a protestar por el golpe. Inmediatamente surge la articulación entre las organizaciones feministas y empiezan a autollamarse FEMINISTAS EN RESISTENCIA. Luego, se suman al Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de estado.
Las Feministas en resistencia se han caracterizado por mantener presencia permanente desde el 28 de junio en todas las acciones de la resistencia, pero además de forma individual (como feministas) impulsando actividades como plantones, marchas y otras muchas acciones de denuncia, tanto frente a autoridades nacionales como instancias internacionales.
I. Represión y violación a los derechos humanos de las mujeres
- Desde el golpe, ha habido más de 100 manifestaciones, casi todas ellas disueltas por las fuerzas de seguridad al servicio del gobierno de facto. En algunas ha habido más violencia que en otras, dependiendo del hecho generador de la manifestación. Se estima que desde el golpe se han producido entre 4,000 y 6,000 detenciones ilegales. Solo en los primeros 15 días hubo alrededor de 1000.
- A pesar del carácter pacífico de las manifestaciones, es un hecho que la policía y el ejército han reprimido con más violencia a las mujeres, en la medida en que hemos tenido un rol más evidente dentro de la resistencia. La represión ejercida contra las mujeres tiene la característica que va dirigida hacia nuestro cuerpo sexuado, hacia nuestra condición de mujeres, hacia nuestra feminidad. Feministas en resistencia y el Observatorio de Transgresión y resistencia feminista, junto a otras organizaciones de derechos humanos hemos registrado más de 400 casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, de los que solo se han procesado para desagregar la información, 240 testimonios, entendiéndose que esta es una muestra de una población de mujeres mucho mayor que esta siendo afectada en sus derechos por las represiones del gobierno de facto.
- Entre las principales agresiones a las mujeres encontramos: golpes contundentes con toletes, agresión física (patadas, golpes) insultos y abuso sexual, además de ataques con gas toxico, que han dejado como producto dos mujeres muertas debido a las complicaciones causadas por este gas: Wendy Avila y Olga Osiris Ucles. A estas dos muertes se suman las de 9 personas de la población LGBT (Vicky Hernández Castillo, Fabio Zamora, Valeria Uclés, Héctor Maradiaga, Michelle Torres, Salomé Miranda, Saira Salmerón, Marión Lanza, Montserrat Maradiaga), muertes después del Golpe de Estado con armas de fuego, algunas de ellas con señales de tortura. En dos de los casos los forenses se negaron a realizar la autopsia correspondiente (Vicky Hernández Castillo, Valeria Uclés).
- En el marco de la represión sobresale la violencia sexual contra las mujeres por los policías y militares que atacan con golpes e insultos partes de nuestros cuerpos que nos identifican, como las caderas, busto, vulva y nalgas. Esto lo afirmamos porque existen 23 casos de los 240 registrados, donde las mujeres manifestaron en sus declaraciones haber sido víctimas de manoseo y golpes en senos y vagina, insinuaciones sexuales e insultos con connotaciones sexuales violentas). De estos 23 casos tenemos siete de violaciones sexuales, ocurridas en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Danlí y El Progreso. Estas violaciones sexuales tienen el común denominador de ser violaciones múltiples, ejecutadas por efectivos de la Policía nacional, son utilizadas como castigo a las mujeres por salir a manifestarse y podemos decir que son actos premeditados ya que las mujeres denuncian que en las violaciones, los policías llevan condones. Las mujeres victimas de estas violaciones han ocurrido sido aprehendidas por la Policía después de las manifestaciones pacíficas o durante el toque de queda. De estos siete casos, solo una mujer ha presentado su denuncia formal, ante las autoridades competentes (Irma Villanueva), las otras victimas han presentado sus denuncias ante organizaciones de mujeres, pero se rehúsan a presentarlos ante la Fiscalía de la Mujer o la Fiscalía de Derechos Humanos.
- Creemos que estos casos de violación sexual no son los únicos, pero las mujeres expresan que no hacen la denuncia por tres razones: 1) porque tienen miedo de interponer la denuncia que necesariamente pasa por la investigación policial, es decir por el mismo cuerpo represivo que las ha violentado, 2) se ha exacerbado la desconfianza del sistema de justicia en el país y por ende de encontrar una respuesta efectiva 3) porque denuncian el hecho y la policía se niega a tomarles la denuncia Por otro lado el aumento, durante el Gobierno de facto ha habido un aumento de los femicidios como una clara muestra de la violencia contra las mujeres y la impunidad que son la constante en este régimen de facto: De acuerdo a El informe "Muerte de mujeres por violencia intencional 2008" del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 312 mujeres murieron en forma violenta entre enero y diciembre del 2008 en el país (un promedio de 26 femicidios). Hasta marzo de este año era de (16 por mes) Según fuentes de la Fiscalía de la Mujer hasta octubre se reportaban 325 femicidios (un promedio de 31 femicidios por mes), destacándose que solo en el mes de julio hubo 51 femicidios.
- Respecto a cifras relacionadas con violencia domestica y violencia intrafamiliar, la Fiscalía de la Mujer reporta una disminución en el numero de denuncias, después del 28 de junio. En su criterio los toques de queda han provocado que haya poca afluencia de denunciantes en los centros policiales. No obstante a partir de entrevistas a varias mujeres agregaríamos a esta hipótesis, que las mujeres han desistido de recurrir a la policía para presentar sus denuncias por la desconfianza hacia esta entidad, en virtud de que tras el golpe de estado se ha convertido en el principal ente represor responsable de graves violaciones a la libertad física y a la libertad individual. De acuerdo a esta Fiscalía Especial de la Mujer, solo en Tegucigalpa, en junio se recibieron 675 denuncias por violencia doméstica y 278 por violencia intrafamiliar; mientras que en julio se recibieron 561 y 268, respectivamente.
- Es importante señalar que tras la llegada del presidente Zelaya a Honduras (21 de septiembre) y por la aprobación del Decreto de Cese de las Garantías individuales, las manifestaciones pacificas se han traslado de las calles a los barrios y colonias. Para reprimir estas manifestaciones, el gobierno de facto ha desplegado toda su fuerza militar y ha hecho uso de armas de fuego, balas de goma y de madera, bombas lacrimógenas, gas pimienta, tanquetas, toletes, tubos de metal y palos de madera con clavos con los que golpean a las y los manifestantes; bajo la excusa que el uso de la fuerza y la violencia es necesaria para prevenir actos violentos y "vandálicos".
- Esta represión en los barrios ha afectado especialmente a las mujeres, porque ellas han tenido que salir huyendo con sus hijos, incluso de sus propias casas para salvaguardarse, toda vez que el ejército y la policía irrumpen violentamente en las viviendas. La particularidad de estas agresiones es que son realizadas en redadas nocturnas, por conjuntos de cinco o más patrullas policiales, que en muchos casos permanecen vigilando las viviendas, dejando a las mujeres "sitiadas", sin libertad de movilización. Esta situación agrava el nivel de indefensión y vulnerabilidad.
- Abogadas feministas y defensoras de derechos humanos han participado en la presentación de diversos recursos de amparo. Hay 12 mujeres acusadas de sedición, algunas bajo el decreto PCM-16-2009 del 22 de septiembre del presente año que restringe las garantías constitucionales, todas actualmente con medidas sustitutivas. 92 Mujeres tienen medidas cautelares otorgadas por la CIDH, que no se han implementado. En total se han presentado 42 recursos de amparo desde el golpe de Estado, presentados entre el 29 de junio y el mes de octubre, también se han presentado 10 recursos de inconstitucionalidad entre julio y septiembre de este año, 26 recursos de habeas corpus entre el 28 de junio a agosto de este año. Pero ningún recurso ha sido efectivo, ya sea por que han sido declarados inadmisibles, por que la Corte Suprema se ha declarado incompetente para conocerlo o porque están en trámite.
- Por otro lado queremos denunciar la persecución y vigilancia de mujeres defensoras de derechos humanos, feministas y organizaciones de mujeres por parte de las fuerzas policiales y militares. Entre las organizaciones que han denunciado esta vigilancia se encuentran la asociación de Mujeres Socialistas "Lolas", el Centro de Estudios de la Mujer-CEMH y el Centro de Desarrollo Social, CESADEH.
II. Ataques a la institucionalidad de los derechos de las mujeres
- La situación particular de las mujeres, de acuerdo a las situaciones denunciadas, se agrava cuando hay un contexto más general de retroceso en la protección de los derechos de las mujeres, como el que se produjo después del 28 de junio. Si aun antes del golpe de estado el panorama era difícil; después del golpe de estado los avances logrados a favor de las mujeres se ven en serio peligro, ya que ha aumentado la precariedad y falta de independencia de las instituciones públicas; sobre todo, las que tienen como fin el trabajo con y para las mujeres.
- Desde hace mas de dos décadas, y producto de los esfuerzos y del trabajo de las organizaciones feministas y de mujeres, se había logrado la aprobación de un conjunto de políticas publicas con equidad de género, en las que se definen las directrices y las líneas de acción del trabajo del estado. Una de las últimas políticas aprobadas es el II Plan de Igualdad y Equidad de Género 2008-2015, cuyo contenido fue resultado de un proceso consensuado de dos años entre el estado y el movimiento feminista y de mujeres de Honduras. Este proceso fue liderado y coordinado por el Instituto Nacional de la Mujer, INAM. Pero después del golpe no se ha continuado con la operativización de estas políticas, debido a que se han recortado los fondos de la cooperación, y el estado no ha destinado partidas presupuestarias para su ejecución.
- Las coordinadoras de las Oficinas Municipales de la Mujer u OMM que se han manifestado en contra del golpe han sido objeto de persecución política y despidos. Tenemos evidencia de 6 casos de este tipo. Las Oficinas Municipales de la Mujer, que son parte de la estructura del Instituto Nacional de la Mujer, fueron creadas para lograr la implementación de las políticas públicas en las ciudades más pequeñas y las áreas rurales. Se había logrado que sus coordinadoras fueran electas en procesos participativos como los cabildos abiertos, lo que había permitido garantizar su independencia y autonomía frente a las autoridades municipales. Todo este proceso, que ha contribuido a la construcción de una sociedad más democrática y participativa para las mujeres, se pierde con el golpe de estado.
- La Fiscalía de la Mujer ha perdido credibilidad y reconocimiento social, al igual que las demás instituciones del sector justicia, por lo que las mujeres no se atreven a denunciar los actos de violencia en su contra, con lo que se pone en peligro sus vidas e integridad. Sin duda, el aumento de los femicidios en el país es resultado de la falta de intervención y atención de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía ante los casos de violencia contra las mujeres.
- La institucionalidad creada al interior del Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad, como las Unidades de Femicidios o Muertes Violentas de Mujeres, no están cumpliendo con su función de velar por el cumplimiento de las leyes y de vigilar las actuaciones de sus funcionarias y funcionarios. Esto lo podemos comprobar con el hecho que desde junio han dejado de producir estadísticas sobre la incidencia de la violencia contra las mujeres en la país y sobre las denuncias y casos que reciben.
- Con el golpe de estado, los avances legales que habíamos logrado las mujeres después de muchos años de lucha se ven en un grave peligro. La prohibición del uso y distribución de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia o PAE, mediante Acuerdo Ejecutivo de la Secretaría de Salud de 29 de junio de 2009 (día siguiente al golpe de estado), bajo el argumento que son abortivas y por lo tanto violan el derecho a la vida establecido en la constitución, es una muestra de cómo la clase política ultraconservadora, coludida con grupos religiosos fundamentalistas, se ha unido para revertir los cambios sociales y legales logrados a favor de los derechos conquistados por las mujeres. Antes del golpe, el gobierno de Manuel Zelaya había vetado otra propuesta de Ley presentada el 1 de abril ante el Congreso Nacional presidido en aquel entonces por Roberto Michelleti, para prohibir las PAE. El uso y distribución de las PAE fue aprobado en Honduras desde 1992, y constituye una de las conquistas más importantes del movimiento feminista hondureño.
- Todos estos retrocesos en las leyes, políticas públicas e instituciones tienen consecuencias directas en la vida de las mujeres. El debilitamiento de las instancias encargadas de implementar las políticas públicas no permite que los esfuerzos realizados por las organizaciones feministas y de mujeres, y que los recursos invertidos por la cooperación internacional durante tantos años se reflejen en un cambio en las sustantivo condiciones de las mujeres.
- La mala actuación y pérdida de legitimidad de las instituciones del sector justicia, como la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ha creado un clima de indefensión para las mujeres, ya que no tienen instancias a las que acudir para denunciar los actos de violencia en su contra y prevenir consecuencias mayores, como los femicidios. La ilegalidad e inaplicabilidad de las leyes, que se ha evidenciado después del golpe de estado, ha hecho que aumente la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia social y política, y que estén expuestas a los abusos de la autoridad y la policía, como queda en evidencia en los casos de violaciones sexuales perpetrados por policía, que hemos prestando ante esta Comisión.
