Un día, no hace mucho tiempo—hipotéticamente—los líderes cercanos del gobierno de Bush se reunieron en la Oficina Oval. Predominaban las caras largas. La agenda era: "Pasar del Plan A al Plan B."
El Plan A, alguien explicó a los novatos, era el plan Dinastía. El plan postulaba una continuación a la política de Bush, en particular el plan estratégico conservador radical de la Estrategia Nacional para la Seguridad 2002, bajo un nuevo gobierno republicano.
No importó que seis años después de develar la Estrategia Nacional para la Seguridad, la mayoría del público estadounidense haya rechazado casi todos los puntos más básicos de la doctrina. Aunque actualmente la mayoría de los norteamericanos están en contra de la guerra en Iraq, en adherencia al derecho internacional y las instituciones, así como en contra del papel de los Estados Unidos como policía global, el plan de la dinastía asumió que aquello que era necesario era una profundización de las mismas políticas que habían sido aplicadas durante los ocho años anteriores. Dada la concentración y la expansión de poderes ejecutivos alcanzados en las administraciones de Bush, ésto podría lograrse prescindiendo del acuerdo explícito de los ciudadanos.
Para poner el Plan Dinastía en marcha simplemente significaba pasar la antorcha al candidato del partido republicano John McCain. En un principio, este plan aparentó ser relativamente sencillo. No habían grandes diferencias entre el ejecutivo saliente y entrante.
A los poderes de facto del estado—defensa y compañías petroleras, los llamados arquitectos neoconservadores globales—apenas si se les molestaría. Incluso se hablaba de poner a Jeb Bush en el camino para el lugar número dos, pero algunos se preocuparon por las implicaciones dinásticas excesivamente obvias de tener a un Bush en la votación número siete de las últimas ocho elecciones nacionales. De todas formas, McCain podría mantener el asiento listo para el hermano Jeb en el 2012.
No hay formulación más clara de este plan que la misma plataforma republicana 2008. No sólo afirma los aspectos más polémicos de la doctrina de Bush, sino también insiste en poderes presidenciales ilimitados para ordenar los ataques preventivos y medidas unilaterales que caracterizan la estrategia de la seguridad.
La plataforma no tiene pelos en la lengua, "El emprender la guerra—y lograr la paz—nunca deben ser manjedas microméticamente en una plataforma de partido, ni en el piso del Senado ni en la Cámara de Representantes. Al tratar los presentes conflictos y las futuras crisis, nuestro próximo presidente debe preservar todas las opciones". Además de los ciudadanos y el Congreso, los otros organismos a quienes no debería permitirse deben intervenir con el poder dinástico son las instituciones internacionales.
La plataforma indica, "Estados Unidos toma parte en varias organizaciones internacionales que pueden, a veces, servir a la paz y la prosperidad, pero esas organizaciones nunca deben servir como un substituto para el liderazgo de princios norteamericanos. Así como tampoco nuestra participación en ellos debe prevenir nuestra unión con otras democracias para proteger nuestros intereses nacionales esenciales".
La caída del Plan Dinastía
Esta estrategia multi-generacional dependía de mantener el poder ejecutivo. Pero desde que se desarrolló por primera vez el Plan Dinastía, las cosas se habían complicado en gran cantidad. De ahí las caras largas.
Primero, el equipo de relevo dejó caer la antorcha. El presidente, cuyo trabajo era pasar la antorcha, comenzó a retrasarse bastante en la carrera y entonces falló el paso. Entonces el candidato, cuyo trabajo era recibir la antorcha, la perdió torpemente, quejándose de que la antorcha estaba defectuosa. Lo que siguió fue solo confusión.
Para cuando el equipo de Bush se dio cuenta de qué tan mal se encontraban las cosas, de hecho ya estaban peor. Los sondeos—inclusive aquellos diseñados para manipular, más que reflejar la opinión pública—mostraban señales de alarma de que el afroamericano, liberal, prometedor realmente ganaría la carrera. Eso representaría un duro golpe para el Plan A.
No sólo era poco claro si el poder podría ser transferido exitosamente bajo el Plan Dinastía original, ahora había otro gran desafío en las obras. El sistema financiero estaba estrellándose. No sacudiéndose, no hundiéndose, pero quebrándose. De una manera tal que ya no podía ocultarse del ojo público.
El grupo de gente más privilegiada bajo el gobierno de Bush había roto hasta las sogas más tenues que unían al sistema financiero a una economía verdadera mediante maquinaciones enrevesadas e ingeniosas en los instrumentos financieros, explotando así la burbuja especulativa. La situación era vergonzosa, costosa y potencialmente fatal para el Plan A.
Agregue ese lío histórico al desorden en Irak, no siendo de extrañarse que el próximo corredor tuviera dudas sobre si tomar o no la antorcha que le sería entregada. Bajo estas circunstancias, uno podría quemarse gravemente.
En resumen, el Plan republicano Dinastía se encontraba en crisis desde múltiples puntos de vista. Aunque todos los intentos posibles fueran considerados para salvarlo, incluyendo la opción favorita personal de Dick Cheney "atacar a un país extranjero" o la de "Sorpresa de octubre", parecía no haber otra elección más que preparar Plan B—el "Plan de Legado".
Guardando bajo llave un Legado
El Plan del Legado reconoce la posibilidad de que los republicanos pierdan la Casa Blanca, sino que también puedan enfrentar una situación de tales reacciones tan violentas en todos lados contra sus políticas desastrosas que cualquier forma de recuperación sería paralizada temporalmente. Esto significa que los tiempos deben ser ampliados por mucho para varios de los cambios estructurales más esperados del gobierno. El objetivo del Plan B es de asegurar con candado tantas de esas políticas como se pueda antes de pasar las llaves de la Casa Blanca. Esto es exactamente lo que el gobierno de Bush ha comenzado a hacer. En el área de política exterior, no sólo los objetivos de su propia estrategia nacional de seguridad no han sido alcanzados después de dos administraciones, sino que de hecho muchos de ellos están hundiéndose. La invasión a Irak fue sumamente costosa, no sólo en términos militares y financieros pero también en términos políticos. Y hasta ahora, aquella nación agitada todavía no puede ser considerada como la fuente controlada de petróleo y contención en Medio Oriente que los defensores de la ocupación sangrienta preveían. Las presiones para su retirada han venido de todas partes, incluso del gobierno irakí . Aparte de ver cómo el objetivo de poner un pie seguro en la rica región petrolera se desvanece, sin duda alguna la de está sintiendo el calor de la industria de defensa por la perspectiva de futuros contratos que se secan .
Para llenar el vacío potencial, el plan de legado está expandiendo el gasto de defensa hacia otras áreas y preparando el territorio para nuevos conflictos. El gobierno de Bush ha hecho presión para aumentar el gasto militar en Afganistán y Pakistán y ha comenzado a dar contratos de defensa para la región fronteriza EEUU-México.
Los $162 mil millones suplementarios aceptados en junio para Irak representan un gran respiro para los contratistas de defensa en el caso de una transición, pero las preocupaciones aumentan en cuanto a lo que sucederá a las infladas compañías de defensa cuando la fuente de comida Irak sea cortada. Para trasladarse de la dinastía al legado en el marco de la política exterior se requieren dos cosas—financiamiento y voluntad política. El gobierno de Bush parece no tener problemas en el frente del financiamiento. A pesar de sus quejas sobre las políticas, los demócratas han sido generosos para con el Ministerio de Defensa y han aflojado miles de millones de dólares en fondos para apoyar las políticas de Bush en el mundo. En base a las declaraciones de Obama y la inercia de Washington, es probable que no lleguen recortes mayores en un futuro próximo, aunque ciertamente deberían hacerse.
El plan de legado para Latinoamérica
Una región en donde el gobierno de Bush ha estado trabajando arduamente en su Plan de Legado en los últimos meses es Latinoamérica. Según el punto de vista binario "con nosotros o contra nosotros" del gobierno, Latinoamérica había estado deambulando tan alejado del grupo que toda una mitad ahora debe ser transferida de la conversión a la categoría de la contención. El liderazgo de Venezuela en los asuntos sobre la integración y ayuda solidaria Sur-Sur se ha combinado con mayores incursiones por inversionistas chinos y europeos con el objetivo de disminuir la influencia de EEUU en la región. Movimientos de base están rechazando el modelo de libre comercio y desigualdad consecuente y en muchos casos eligiendo a los gobiernos progresivos.
En vez de ver ésto como una oportunidad de cooperar en nuevas maneras de resolver antiguos problemas en cuanto a pobreza y democracia, el gobierno de Bush lo ha expuesto como una gran amenaza. Sin control de la Casa Blanca para recompensar a sus amigos y castigar a sus enemigos, el objetivo de restaurar la hegemonía de EEUU y garantizar el acceso a los recursos naturales preciosos en el hemisferio para las corporaciones trasnacionales podría quedar fuera de su alcance.
El gobierno ya ha tomado diversos pasos agigantados en Latinoamérica para asegurar su legado. El más importante es la Iniciativa M é rida, un paquete de varios años para ayuda militar y policiaca que incluye equipo y entrenamiento a México y, en un menor grado, a Centroamérica, Haití y República Dominicana. El Congreso ya aprobó los primeros $465 millones de dólares en junio de este año y la petición de gasto para el 2009 vendrá pronto.
Este plan, descrito como una iniciativa regional de cooperación para la seguridad, conlleva tres políticas de Bush que han tenido como resultado un fracaso demostrable, grandes violaciones a los derechos humanos y muerte: la narco-guerra, el paradigma antiterrorista y la seguridad fronteriza. La Iniciativa Mérida repite el modelo de Plan Colombia en la narco-guerra enfocándose exclusivamente en prohibición y enfrentamiento—un modelo que no funcionó en Colombia y tampoco lo hará en México. La inclusión del contraterrorismo impone las fallas del modelo aplicado en Estados Unidos en sus vecinos del sur, en donde el terrorismo internacional no ha sido una amenaza y los costos políticos podrían ser mucho más altos.
Un informe del 2004 sobre el modelo antiterrorista encontró seis defectos de esta política de Bush, que también se aplican a la Iniciativa de Mérida: un énfasis exagerado de las respuestas militares, una subestimación de papeles del papel y de los problemas en compartir de inteligencia, una clara tendencia a socavar la democracia y las libertades civiles, una falta de concentración en medidas de seguridad para la Patria en el hogar, una debilitación de las instituciones internacionales, y un fracaso para atacar las causas principales.
Por último, el conectar la aplicación de inmigración con la seguridad nacional en la iniciativa imita el idioma de la plataforma republicana y a través de los años de Bush. Los inmigrantes son el equivalente a terroristas y a traficantes de drogas. La militarización de fronteras—no sólo la de EEUU-México, sino también la de México-Guatemala, México debiendo asumir la tarea de interceptar a los inmigrantes antes de que se acerquen a los Estados Unidos—provee a la industria de defensa con contratos jugosos y ha llevado a diversos abusos y la muerte a cientos de migrantes. La militarización de relaciones internacionales y creciente gasto en defensa plasmados en este plan, ha sido apoyado por otros desarrollos. Los expertos advierten que los Comandos (Central, Norte, y Sur) han desarrollado su propia dinámica, fuera del control del Departamento de Estado. El Congreso demócrata falló en reconocer que la Iniciativa Mérida fue diseñada para atar de manos a un gobierno demócrata imponiendo una escritura clásica al estilo Bush para las relaciones con nuestros vecinos del sur. Siguiendo la finta de que México simplemente necesitaba ayuda en su guerra contra el narcotráfico, los demócratas aprobaron el financiamiento.
El libre comercio es otro frente en donde el gobierno intenta salvaguardar su legado. Descrito como el segundo pilar de de Bush en materia de estrategia nacional para la seguridad, en Latinoamérica la divis i ón que existe entre las naciones que tienen acuerdos de libre comercio con EEUU y aquéllas que no se ha profundizado gracias al gobierno de Bush hasta el grado de dividir al continente mismo a la mitad. La acción de asegurar el legado en esta frente ha sido frenética en las últimas semanas. El gobierno de Bush ha hecho mucha presión para que se acepte el tratado de libre comercio con Colombia, tanto para consolidar la cadena de naciones del Pacífico ligadas a EEUU por estos acuerdos, como para reforzar su presencia geopolítica en la región mediante lazos más fuertes y estrechos con Colombia—uno de sus pocos aliados verdaderos.
El presidente Bush ya ha sufrido innumerables reveses en su agenda del mercado libre en Latinoamérica. El anuncio de los países andinos (excepto Colombia) indicando que no tienen interés en un TLC con EEUU, el fracaso del esfuerzo por el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y en los avances en la integración Sur-Sur, han deshecho la agenda del libre comercio de EEUU.
De tal forma que, el 24 de septiembre la Casa Blanca reunió deprisa a sus aliados para una nueva "coalición de voluntad" en el comercio, bajo el auspicio del pro-negocios Consejo de las Américas en Washington DC. La resultante iniciativa Para el Camino a la Prosperidad en las Américas unen a Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, y Estados Unidos " para hacer un balance del progreso significativo que hemos logrado en nuestro hemisferio mediante compromisos compartidos para la liberalización del comercio y la inversión, la inclusión social, el desarrollo, el estado de derecho, y de la democracia".
La nueva propuesta es la de formar un área de libre comercio de Asia-Pacífico (FTAAP, por sus siglas en inglés). Esto es un reconocimiento al fracaso del FTAA (Libre Comercio de las Américas) y un ejemplo más de las contorsiones a las que la geografía ha sido sometida en nombre de la geopolítica de EEUU.
Cuando la propuesta integración regional hemisférica se topó con mayores obstáculos (gran parte de las economías más grandes de Latinoamérica rechazaron los términos intransigentes del gobierno estadounidense al más puro estilo TLC-FTAA) el mapa se volvió a trazar para incluir sólo a las naciones occidentales registradas y al Sureste de Asia. Esta replantación de la región busca específicamente evitar la integración de la Latinoamérica "bolivariana" promovida por Chávez.
Mediante el aseguramiento de tratados de libre comercio que desestabilizan a los países en desarrollo y van en contra de la llamada del público estadounidense para reevaluar estos acuerdos, el gobierno espera prevenir el retroceso a la ortodoxia del mercado libre, aunque el modelo demuestre su fracaso colosal en EEUU.
Escapando a la trampa del legado
Cada gobierno saliente procura salvaguardar sus políticas y controlar el sistema antes de entregar las riendas al campamento opuesto. Ya sea amontonando los tribunales, perdonando a compañeros poderosos, o publicando decretos ejecutivos, la práctica es tan vieja como los cerros y bastante inevitable. Pero no se debería permitir la continuación de las políticas dictatorias de Bush en los asuntos exteriores. Durante estas últimas semanas del gobierno actual, los demócratas y el público deben identificar y rechazar todas las medidas del gobierno que puedan dejar al presidente democrático incapaz de hacer cambios significativos en política exterior.
Actualmente, el rescate de la crisis financiera ha opacado a los demás asuntos, lo cual es comprensible. Pero ponga atención a lo que sucederá en las próximas semanas. Las leyes del legado de Bush podrían minar el cambio que tantos millones de americanos buscaron votando en noviembre.
