La CELAC sin consenso frente a las asfixiantes sanciones de Estados Unidos a Cuba

El mundo en foco | Columna de análisis

El lunes pasado escuchamos al presidente Donald Trump decir una frase que condensa la política exterior de su administración: “Creo que tendré el honor de tomar Cuba… Sea que la libere o la tome, creo que puedo hacer lo que quiera con ella”.

No fue un desliz retórico. Fue la proclamación prepotente e ilegal que pisotea el derecho internacional mediante el cerco económico, financiero y diplomático que Estados Unidos le ha infligido a Cuba, en particular desde que emitió la orden ejecutiva, el 29 de enero, que impuso aranceles a las importaciones de los países que exportan petróleo a la isla. El derecho internacional no otorga la facultad de imponer sanciones económicas a terceros Estados por participar en un comercio lícito con otro país soberano. 

Sesenta y cuatro años después de que John F. Kennedy firmara la Proclama 3447, el embargo que prohibía el comercio entre Estados Unidos y Cuba, esta ha dejado de ser una herramienta de presión diplomática y comercial para convertirse en una maquinaria geopolítica que busca el quiebre total de su sistema de gobierno mediante el agotamiento extremo de su población. Esta política utiliza el hambre y la falta de servicios básicos de la población civil como instrumento político para derribar a un gobierno. La perversidad de la medida es tan grave como la incapacidad de América Latina y el Caribe de manifestarse y condenarla de forma determinante y unánime, expresar su solidaridad con el país agredido y exigir su derogación con apego al derecho internacional.

La Declaración de Bogotá, un manifiesto declarativo de 35 puntos, resultante de la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), emitida el 21 de marzo, no logró una posición consensuada con respecto a Cuba pues los países miembros del Escudo de las Américas avalaron, por omisión, la política de asfixia a la población civil de ese país que Estados Unidos utiliza para derrocar al gobierno y reemplazarlo por otro, funcional a sus intereses. De los 33 presidentes convocados sólo participaron el anfitrión, Gustavo Petro, y el uruguayo Yamandú Orsi, quien recibió la presidencia pro tempore, Lula da Silva, Ralph Goncalves de San Vicente y las granadinas, y el primer ministro de Guyana, Mark Anthony Phillips. El resto de las líderes de la región, salvo algunos que enviaron a sus cancilleres (Bolivia, Perú, Chile, Venezuela, Honduras, Costa Rica, entre otros), optó por la seguridad de esconderse tras delegaciones de bajo nivel, en un acto de vasallaje preventivo. Así, la CELAC ha pasado de ser un bloque que nació para ser un contrapeso a la política de Washington, a un coro de semi mudos que esperan instrucciones de la Casa Blanca.

El emperador no escucha

La diplomacia de hacha y guadaña que ejerce Trump ha tenido éxito en América Latina y el Caribe. Nos hemos convertido en una región sin espina dorsal. Es esta la razón por la que Trump puede asfixiar a la población civil de Cuba o invadir y secuestrar a un presidente, sin que su foro más abarcativo rechace tajantemente esos delitos, independientemente de las críticas que puedan hacerse a los gobiernos agredidos. 

Un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas ha publicado un informe en el que se señala que la orden ejecutiva emitida por Trump el 29 de enero de 2026, en la que, bajo una supuesta emergencia nacional, autoriza la imposición de aranceles comerciales a las importaciones de petróleo de terceros países a Cuba, constituye una grave violación del derecho internacional y una seria amenaza para un orden internacional democrático y equitativo. Se trata de una forma extrema de coerción económica unilateral con efectos extraterritoriales, mediante la cual Estados Unidos busca ejercer presión sobre Cuba y obligar a otros Estados a modificar sus relaciones comerciales legítimas, bajo la amenaza de medidas comerciales punitivas. Señala también el informe que un orden internacional democrático es incompatible con prácticas en las que un Estado se arroga la autoridad para dictar las políticas internas y las relaciones económicas de otros mediante amenazas y coacción. Además, advierten sobre las previsibles consecuencias humanitarias de esas medidas en Cuba, que se añaden a las sanciones estadounidenses previas, derivadas de la designación ilegal que Estados Unidos ha hecho de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo”. 

El asedio promovido por el gobierno estadounidense a Cuba incluye también un cerco diplomático. Este mes, dos países latinoamericanos han roto relaciones diplomáticas con Cuba: Ecuador, el 4, y Costa Rica, el 18 de marzo. El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, ha dicho que su gobierno no reconoce la legitimidad del sistema cubano y que el hemisferio “debe ser limpiado de comunistas”. El ecuatoriano, Daniel Noboa, acusó al embajador cubano de interferir en asuntos internos y participar en “actividades violentas”.  También en febrero, varios países (Honduras, Guatemala, Jamaica, Guyana, Paraguay, Bahamas, Antigua y Barbuda y Granada) han suspendido, cancelado o reducido drásticamente sus programas de cooperación médica con Cuba. Lo han atribuido a presiones externas de Estados Unidos, desacuerdos sobre los términos de pago o la intención de fortalecer sus propios sistemas de salud. Ecuador ya había suspendido el programa principal de brigadas médicas en noviembre de 2019, bajo la administración de Lerín Moreno.

Trump justifica las medidas mencionadas bajo el argumento de que Cuba representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional. Así, en un acto de soberbia imperial, y haciendo uso de la humillación como política, el gobierno estadounidense decide quién debe ser su contraparte en las conversaciones que tienen lugar actualmente, sin respetar la institucionalidad del país. Trump ha dicho que no negocia con el actual presidente, así que todo el proceso, mientras la población se asfixia, depende de que el presidente Miguel Días Canel renuncie. 

Asfixia

Las nuevas sanciones y el bloqueo del combustible han agravado la vida diaria en Cuba. El transporte público está semiparalizado y el precio de los boletos de los microbuses particulares se ha disparado por la escasez de diésel. Los viajes interprovinciales están restringidos y varias aerolíneas internacionales han reducido sus frecuencias por la incertidumbre con el reabastecimiento de combustible en los aeropuertos cubanos. Los apagones, por déficit de generación eléctrica, que en algunas zonas del interior del país superan las 12 o 15 horas diarias, tienen impacto en los tratamientos hospitalarios (intervenciones quirúrgicas, diálisis, radioterapias, quimioterapias, entre tantas otras), así como en la refrigeración de alimentos. Asimismo, el envío de dinero a Cuba se ha convertido en un desafío al tener que saltar el cerco financiero por el incremento de sanciones a más bancos internacionales que procesaban transferencias a Cuba desde Estados Unidos. Esto obliga a usar rutas más largas y comisiones más altas. 

Asimismo, la salida de ciudadanos cubanos del país se ha complicado debido a que, en febrero, Nicaragua eliminó el libre visado, lo que les ha cerrado la ruta terrestre por Centroamérica hacia Estados Unidos. A cambio, Ortega busca que se suavicen sanciones financieras que asfixian a su propio gobierno.

Panamá y República Dominicana han endurecido también los requisitos de visas de tránsito, impidiendo que los cubanos hagan escala en sus aeropuertos. Por otro lado, el gobierno estadounidense ha condicionado el otorgamiento de visas (como la de reunificación familiar) a que Cuba acepte vuelos de deportación masivos, los cuales se han vuelto frecuentes en 2026.

Con estas medidas aumenta la presión social interna en la isla, en medio de las dramáticas condiciones de subsistencia. Es precisamente lo que buscan Trump y sus asesores, para que esta situación produzca un estallido social que tire abajo al gobierno sin haber gastado una sola bala. Por eso Trump dice que ha puesto a Marco Rubio a cargo de este tema y que “es solo cuestión de tiempo” antes de que el sistema caiga. Y como si ellos no fueran los principales autores de esta crisis, Trump dice que Cuba es una “nación fallida” y que, tras el fin del apoyo petrolero de Venezuela (luego de la captura de Maduro a inicios de año), la isla está en su punto más débil.

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“En este tablero de imposiciones, la dignidad de América Latina es la verdadera víctima que yace, junto a la población cubana, bajo el peso de una bota que ya no necesita bombas para mandar en la región.”

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Réquiem por la soberanía regional

Si bien la X Cumbre de la CELAC de Bogotá emitió una declaración final, nuestra región no fue capaz de fijar una posición única con relación a la agresión externa de los Estados Unidos a países de la región, en particular hacia Cuba. En efecto, este fue el tema que estuvo a punto de impedir una declaración, ya que estas se adoptan por consenso. Para poder emitirla hubo que redactar el siguiente texto: “Los países que apoyaron la Resolución A/RES/80/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 29 de octubre de 2025, reiteran la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, así como su oposición a las leyes y regulaciones con efectos extraterritoriales. La designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, y su mantenimiento en la lista, ha introducido obstáculos a las transacciones financieras internacionales con la isla”. El tenor de filigrana diplomática del texto permitió que Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago se “desasociaran” del texto. Perú mantuvo la posición reflejada en la Resolución A/RES/80/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que no aludió a Cuba como patrocinador del terrorismo, mientras que Guyana se retractó del “rechazo a las leyes y regulaciones con efectos extraterritoriales”, que sí estaba incluido en el texto de dicha Resolución que Guyana entonces respaldó. Además, rechazó, al igual que Perú, la afirmación del párrafo de la Declaración de Bógota que señala que “la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, y su mantenimiento en la lista, ha introducido obstáculos a las transacciones financieras internacionales con la isla.

Las discrepancias entre los gobiernos de la región en un tema tan elemental como la agresión a un país de la región por una potencia militar sorprendieron a los representantes de los 19 países africanos que participaron en la reunión conjunta con la CELAC los días 19 y 20 de marzo. La Asamblea de los 55 jefes de Estado y de Gobierno que conforman la Unión Africana, de la cual los 19 forman parte, respaldó a Cuba de manera contundente durante su última Cumbre ordinaria celebrada en Adís Abeba en febrero. En ella, aprobaron una resolución que incluyó el rechazo al bloqueo de Estados Unidos por ser “injusto e ilegal”; se solicitó la exclusión de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo; se denunció la aplicación del Título III de la Ley Hems-Burton y se reafirmaron los lazos de cooperación y la contribución de la isla al continente. De hecho, en el marco del Foro CELAC- África de Bogotá, los delegados africanos reiteraron que su apoyo a Cuba es un asunto de justicia histórica y solidaridad Sur-Sur, lo que puso en una situación incómoda a los gobiernos latinoamericanos que omitieron el tema en el Comunicado Conjunto que emitieron.

En la Declaración de la CELAC no se mencionó siquiera los asesinatos extrajudiciales perpetrados por militares estadounidenses estacionados frente a las costas de Venezuela y Colombia a más de 150 ciudadanos, tripulantes de pequeñas embarcaciones, sospechados de ser narcotraficantes, sin ninguna prueba. Tampoco se condenó la operación militar encabezada por Estados Unidos a Venezuela, en la que se bombardeó la capital del país y se capturó al entonces presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El 4 de enero, un día después del ataque, en una reunión urgente convocada para abordar la situación, la CELAC había fracasado en lograr una posición común. La situación de Venezuela, sin embargo, sí estuvo presente en las intervenciones de algunos líderes, como el caso del presidente Lula, quien se refirió a las acciones de Estados Unidos. “No podemos admitir que los demás piensen que son dueños de nosotros. Miren lo que hacen con Cuba en este momento, miren lo que hicieron con Venezuela. Eso no es democrático”, afirmó; y añadió: “No somos más países colonizados, conquistamos nuestra soberanía con independencia, no podemos permitir que alguien pueda entrar en los asuntos y en la integridad territorial de nuestros países.”

La X Cumbre de la CELAC será probablemente recordada como el acta de defunción de la autonomía latinoamericana como región, resultado del alineamiento automático de gobiernos con la política de Donald Trump. Esta división ha permitido que la prepotencia gane la partida y la región se quede sin una voz unificada. Hemos aceptado, por omisión, la intervención militar, el secuestro de un presidente y no hemos sido capaces de tener una posición unánime de firme rechazo a que el hambre y el suministro de servicios públicos elementales a la población civil sean considerados como herramientas políticas válidas.