La narrativa del fraude en las elecciones presidenciales en Perú

El mundo en foco | Columna de análisis

Una semana después de las elecciones presidenciales y congresales en el Perú, todavía no se ha definido quién será la pareja que competirá con Keiko Fujimori en la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio. Los contrincantes que disputarán con la perpetua perdedora de las tres últimas elecciones, quien obtuvo el 17% de los votos válidos, son el izquierdista radical, Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, y Rafael López Aliaga, del ultraderechista Renovación Popular. 

Con el 93,47% de actas escrutadas, y con una diferencia de apenas 13,600 votos a favor de Sánchez, el final aún está abierto. Falta esperar el resultado de más de 5,760 actas de votación impugnadas (6.2% del total) que están siendo revisadas por Jurados Especiales de Elecciones.

Este proceso, que puede llevar unas dos semanas, tendrá en vilo a los peruanos, tal como ocurrió durante la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo en 2021. La diferencia es que esto ocurre ya en la primera vuelta en la que ha vuelto a aparecer la imprevista sombra de Pedro Castillo quien le ha regalado un sombrero de ala ancha a Roberto Sánchez, que lo ha usado en su campaña electoral.

Una elección peculiar

La boleta prevista para que 27 millones de peruanos emitieran su voto fue un cuadro enorme ininteligible con 35 candidatos que representan ese mismo número de partidos, algo inédito en otros países. Se eligió Presidente, 130 diputados, 60 senadores –por primera vez desde que Alberto Fujimori disolvió el Congreso en 1992 y la nueva Constitución, vigente desde 1994, dispuso un Congreso unicameral–además de representantes al Parlamento Andino. Todos ellos para un período de cinco años.

El florecimiento de tantos partidos políticos –aunque el nombre les queda más que grande–  no es casual ni tampoco fervor democrático. Solo 19% de los peruanos está satisfecho con la democracia, el nivel más bajo de la región, después de Haití. La expansión responde más bien a una estrategia de fragmentación política promovida desde el Congreso, que ha gobernado el país desde que Pedro Castillo fue destituido en diciembre de 2022 tras su fracasado intento de autogolpe de Estado, al más puro estilo fujimorista. Fue, sin duda, el mayor error de Pedro Castillo, que terminó reemplazado por su Vicepresidenta Dina Boluarte quien, a cambio de que el Congreso rechazara las denuncias constitucionales por su responsabilidad en los 50 asesinatos cometidos durante protestas antigubernamentales y violación de derechos humanos, le regaló el poder al denominado Pacto Mafioso del Congreso.

Este estaba integrado por Fuerza Popular de Keiko Fujimori; los ultraderechistas Renovación Popular del ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; y Avanza País, actualmente en peligro de extinción. Además, los populistas Alianza para el Progreso y Podemos Perú. En esa alianza también participó el partido Perú Libre, fundado por el marxista-leninista-mariateguista Vladimir Cerrón, condenado por corrupción durante su gestión como gobernador regional y prófugo de la justicia, que llevó en 2021 a Castillo a la presidencia. Su hermano, el congresista, Waldemar Cerrón, participó activamente en la mesa directiva de un Congreso rechazado por 95% de la ciudadanía. Salvo los partidos de Keiko Fujimori y López Aliaga, los otros han sido castigados por la ciudadanía: cuentan con menos del 1% de respaldo.

La entonces Presidenta Boluarte, vacada en octubre del año pasado y reemplazada por José Jerí, quien a su vez fue censurado en febrero de este año por el actual Presidente, José María Balcázar, avaló que la coalición mafiosa del Congreso impusiera la creación de un Senado intocable, a pesar de que en 2018 un referéndum rechazó la bicameralidad. Asimismo, relajaron las normas para la creación de nuevos partidos y no cumplieron con la ley promulgada en agosto de 2019 que establecía la realización de elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esto hubiera servido como filtro para evitar una sábana impresa repleta de candidaturas, símbolos y columnas.

Además, en enero de 2025 se aumentaron los requisitos para el ingreso de diputados y senadores al Congreso. A un partido ya no le alcanza con obtener al menos 5% de votos válidos nacionales. Ahora, además, deberá tener al menos siete diputados y tres senadores para poder ser parte del Congreso. Si se elige un número menor de diputados o senadores, los electos serán descartados y esa cuota de votos será repartida entre los partidos que sí cumplan ese requisito. Por eso solo cinco o seis partidos, los más grandes, estarán representados en el Congreso electo. El plan casi se ha cumplido al favorecer a los dos candidatos poderosos, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Pero la sorpresa ha sido en esta oportunidad Roberto Sánchez del Partido Juntos por el Perú, quien le disputa a López Aliaga el segundo lugar.

Los incidentes

En efecto, durante las elecciones del domingo pasado, un total de 211 mesas de sufragio, en 15 locales, no pudieron ser instaladas debido a la falta de entrega del material electoral. Este incidente afectó a aproximadamente 63,300 ciudadanos en algunos distritos limeños y en las ciudades de Orlando en Florida y Paterson en Nueva Jersey. Hubo, además, varias mesas que abrieron tarde por la misma razón. Para dar solución a esta desorganización logística, el JNE retrasó una hora el horario de votación y autorizó, por primera vez en la historia republicana del Perú, que se abrieran las mesas electorales al día siguiente para que todas las personas pudieran ejercer su derecho a votar. Sin embargo, las principales encuestas ya habían dado los flashes electorales a boca de urna al finalizar el proceso electoral, lo que permitió que los ciudadanos que votaron el lunes dispusieran de información que el resto no tuvo el día anterior.

Es importante destacar que ninguna de las encuestadoras que publicó sus resultados dos o tres días antes de las elecciones acertó en sus pronósticos. Si bien advirtieron una tendencia creciente de Roberto Sánchez en las últimas semanas, lo ubicaron en un sexto lugar. No lo vieron venir a la velocidad real.

Como los votantes de López Aliaga se concentran en Lima, y son los primeros resultados que llegan, este ocupaba al inicio del conteo un cómodo segundo lugar. Pero el martes, Roberto Sánchez superó a López Aliaga con los votos que empezaban a llegar de la sierra y zonas más alejadas de la capital, tendencia que se mantiene.

Ese mismo día por la tarde, López Aliaga armó una tarima frente al Jurado Nacional de Elecciones y, en presencia de a una “multitud” de menos de 500 personas, transportadas en autobuses, pronunció un patético discurso de extrema vulgaridad y torpeza política. Le lanzó un ultimátum directo al presidente del JNE, Roberto Burneo, para anular el proceso electoral bajo la amenaza de insurgencia civil, figura prevista en la Constitución, pero inaplicable en este caso. 

“Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude. Si Burneo hasta mañana no declara la nulidad de las elecciones; le voy a meter todo mi plan Morrocoy bien grandazo se lo voy a meter para que se haga hombre”, le advirtió. López Aliaga utiliza el término Morrocoy, una tortuga terrestre conocida por su lentitud, para denunciar una supuesta estrategia de retraso intencional en la apertura de mesas de votación. Según él, esto se hizo para cansar a los votantes y forzar un ausentismo masivo que afectaría sus resultados. 

El candidato de Renovación Popular ha dicho que no aceptarán los resultados aunque pasen a la segunda vuelta y ha cuestionado al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien acusó de “atentar contra el voto popular”, por lo que “debe terminar en la cárcel” y ser “enmarrocado de una vez”. Asimismo, les ha dicho a sus simpatizantes: “Si es necesario entregar la vida, lo haremos”. Ha convocado a una gran movilización nacional, con el fin de exigir la nulidad del proceso bajo la premisa de fraude.

A su vez, López Aliaga ha sido denunciado penalmente ante el Ministerio Público por solicitar al  JNE la nulidad de las elecciones generales y exhortar a sus simpatizantes a sumarse a la denominada “insurgencia civil si se termina de consumar el fraude”. La denuncia fue interpuesta por el abogado Rubén Serpa, vinculado al líder etnocacerista Antauro Humala, quien solicitó la detención del exalcalde capitalino, a quien le atribuyó “la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular, contra los poderes del Estado y el orden constitucional”. 

Mientras tanto, su rival Roberto Sánchez también ha anunciado que convocará a movilizaciones, pero con un objetivo y discurso opuestos a los de López Aliaga. A diferencia del ex alcalde de Lima, quien pide anular el proceso, Sánchez exige que se respete el conteo actual. Ha declarado que el “voto profundo, andino y rural” es el que lo está llevando a la segunda vuelta y que no permitirá que sea invalidado por las quejas de fraude en Lima. Así, su agrupación, Juntos por el Perú, convocará a marchas nacionales si detectan que no se respeta la voluntad popular o si hay intentos de “desconocer” los resultados electorales.

 Desorganización pero no fraude

El viernes, el presidente del JNE, Roberto Burneo, se presentó ante el Congreso y reconoció la existencia de “serias irregularidades” en la jornada electoral del domingo pasado. En una situación complicada,  diferenció las fallas logísticas (que él llama “irregularidades”) de la narrativa de fraude que denuncian algunos candidatos.

El presidente del JNE también afirma que existe una “narrativa de fraude” diseñada para deslegitimar los resultados por parte de quienes no pasaron al balotaje, similar a lo ocurrido en 2021. La estrategia del JNE es separar las “serias irregularidades” logísticas (que sí admiten) de la existencia de un fraude (que descartan tajantemente). Esta visión es compartida por la Misión de Observación de la OEA que, en su informe preliminar, advirtió con preocupación cómo la desorganización de la ONPE fue aprovechada para alimentar estas narrativas de fraude desde sectores políticos.  

Los otros observadores internacionales se han expresado en el mismo sentido. La jefa de la misión de la Unión Europea ha señalado que, aunque hubo incidentes de gravedad (como los 13 centros de votación que no abrieron el domingo), estos se deben a fallas operativas y no a un plan para manipular votos. El Centro Carter ha emitido informes preliminares en los que validan la transparencia del proceso peruano, pero reconoció la baja confianza pública tras el caos del domingo. La asociación civil Transparencia, a nivel Perú, ha recomendado formalmente a la ONPE mejorar su logística para la segunda vuelta, enfocándose en la instalación de mesas y capacitación, sin validar las denuncias de fraude sistémico. En síntesis, los observadores extranjeros han señalado una desorganización severa, pero que los incidentes no constituyen una alteración de la voluntad popular orquestada desde las instituciones.

Con el torpe manejo logístico que hizo la ONPE del proceso electoral, difícilmente se logrará convencer a la ciudadanía de que “ineficiencia” no es lo mismo que “fraude” en el largo camino hacia la segunda vuelta electoral. Por eso la suspensión del jefe de la ONPE es una posibilidad abierta. La única entidad que puede suspender o destituir a su jefe, Piero Corvetto, es la Junta Nacional de Justicia, que tiene facultades para abrir un proceso disciplinario inmediato por “falta grave”. De hecho, el lunes, la procuraduría del JNE presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por delitos contra el derecho al sufragio y omisión de actos funcionales contra Corvetto y otros tres funcionarios el lunes pasado.

El argumento legal sería que la omisión de funciones (no llevar las ánforas a tiempo) puso en riesgo el derecho constitucional al sufragio, lo que podría llevarlo a la suspensión preventiva mientras dura el proceso electoral, lo que debería tranquilizar a López Aliaga. Pero salvo que pasara a la segunda vuelta (a pesar que ha dicho que aun en ese caso exigirá la anulación) encontrará otra vía para desestabilizar el país si los votos le son adversos.

Si el JNE cediera y anulara las elecciones, Perú entraría en un terreno jurídico desconocido y peligroso. El mandato presidencial actual termina el 28 de julio, y no darían los tiempos para una nueva elección general completa. Anular una elección donde millones ya han expresado su voluntad (especialmente en el interior del país, donde el apoyo a opciones como la de Roberto Sánchez es fuerte) sería visto como un golpe de Estado institucional. Eso podría incendiar el país, porque esos “invisibles”, los que sienten que nunca se les escucha, no se quedarían de brazos cruzados si les quitan el voto. En el interior del país se percibe que cualquier intento de anulación sería en realidad el reflejo de la voluntad de las élites por no aceptar un resultado adverso.

 Si Sánchez pasara a la segunda vuelta tendría que necesariamente construir una alianza con sectores de la izquierda variopinta para converger en un programa común, sensato, de amplio consenso. Si así ocurriera, las advertencias de fraude provendrán de Keiko Fujimori en la segunda vuelta y se repetirá un escenario similar al de 2021 en la que triunfó Pedro Castillo.