A tres años de la masacre de San Fernando, juicio contra el gobierno mexicano

Cartel-290x290Dos madres, en dos países, vieron la noticia por television.

En San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cadáveres de 72 migrantes, sus cuerpos baleados y torturados, amontonados contra las bardas de concreto de un campo a las afueras del poblado. Las imágenes recorrieron el mundo.

En un terrible instante su instinto de madre les dijo —una en Guatemala, la otra en Brasil— que entre estos cuerpos podrían estar sus hijos. Pero pasarían muchas semanas hasta recibir algún aviso oficial del gobierno mexicano, y meses para recibir y poder enterrar los restos de sus seres queridos.

Aunque nada se compara con el dolor de la pérdida, para ellas y otros miembros de sus familias, el calvario apenas empezaba. Han tenido que seguir los pasos de sus hijos migrantes por medio continente para saber una parte de la verdad, y su búsqueda de la justicia aún no termina.

Tribunal sobre violaciones a los derechos de migrantes

En agosto dos parientes de víctimas de la masacre de San Fernando acudieron a dar sus testimonios en la pre-audiencia sobre migración del Tribunal Permanente de los Pueblos. María da Gloria Aris, es la tia de Julián, que migró con un amigo de las favelas de Pará en busqueda de trabajo en los Estados Unidos. Narra que cuando se estableció que los dos jóvenes estaban entre los migrantes asesinados, el gobierno mexicano quiso cobrarles 180,000 pesos para regresarles sus cuerpos a casa. Al final, equivocadamente enviarion los cadáveres a Honduras y meses después llegaron a Brasil. Es decir, según Gloria, llegó “una bolsa con una masa irreconocible”. Hasta la fecha, las familias exigen pruebas de ADN para saber si realmente son sus familiares.

Se nota el coraje en su voz. Denuncia la situación de los derechos humanos tanto en Brasil como en México, donde ningún político les ha ayudado y, al contrario, en México un oficial “me dijo que el responable fue mi sobrino por pasar por México para ir a Estados Unidos.”

Ahora ella defiende no sólo el caso de su sobrino, sino de todos los hijos migrantes muertos y desaparecidos en México. “Cuando llegué aquí tenia mucho miedo,” dice. “Pero estando aquí me di cuenta que también hay muchas madres que están buscando a sus hijos y no encuentran a sus hijos. Me dio fuerza para ayudarlas a ellas también.”

Aris exige al gobierno mexicano el listado completo de las víctimas, la identificación de todos los cuerpos, reparaciones y garantías de tránsito seguro para migrantes en el país.

“Vengo a representar a mis hijos y mi esposo masacrados…” Así comenzó

Ángela Pineda de Guatemala su testimonio al jurado. Le costaba trabajo hablar de lo que pasó. También dijo que la respuesta del gobierno mexicano a la tragedia no ha mostrado sensibilidad ni respeto para los derechos de las víctimas y de las familias.

Ellas son las que tienen la suerte de saber el destino de sus hijos. El gobierno aún no ha identificado todas las víctimas de San Fernando, ni mucho menos los cientos de cuerpos encontrados en fosas clandestinas desde entonces, muchos de ellos migrantes mexicanos y centroamericanos. Aury Sosa, de la Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, señala que en México las autoridades están enterrando cuerpos sin identificación y sin el permiso de las familias. Acusa que el proceso de identificación es muy lento, y pide que el gobierno mexicano “deje de ver al migrante como una amenaza” y colabore en poner fin a la tragedia humana que es migrar por México.

Fray Tomás González Castillo de la Casa del Migrante la “72” en Tenosique, Tabasco- expuso: “Pensamos que San Fernando era lo peor que pudiera pasar a los migrantes, y no. Esta masacre ha tenido réplicas a partir de agosto de 2010 —allí está lo de las fosas encontradas en Durango y Zacatecas, allí están las tragedias que se han venido sucediendo en Veracruz.”

La Ruta de la Muerte

Fray Tomás afirma que la ruta migrante del Golfo de México es la “ruta de la muerte.” Sabe de qué habla. En la Casa de Migrantes “72” que se fundó en 2010, justo después de la masacre y se nombró en homenaje a sus víctimas, recibe cientos de migrantes —hombres, mujeres y niños— todas las semanas, que cuentan sus historias de terror. Estos kilómetros se han vuelto el retrato de Dorian Gray de un país que se dice en ascenso, un país en que asegura que la violencia va disminuyendo y rige un estado de derecho cada vez más fortalecido. Son kilómetros que demuestran, ocultos a la luz pública, los crimenes cotidianos de que son sujetos las personas migrantes —violación sexual de mujeres y hombres, extorsión, robo, secuestro, desaparición forzada, asalto y homicidio.

Hace la lista con indignación contenida. El objetivo del albergue es que nadie, nunca más, los vuelva a humillar por no traer un documento. Parece sencillo, digno, mínimamente humano. Pero lo que pasa, por política explícita o implícita de estado, es todo lo contrario.

Caracteriza al culpable de los hechos como “un monstruo con dos grandes cabezas: por un lado el estado incluyendo a todos los cuerpos de seguridad, incluyendo el podrido INM, y por otro lado el crimen organizado, que no deja de acusarnos, amenazarnos, de tener tomadas nuestras casas —estamos rodeados de informantes, halcones que nos han infiltrado.” Cuenta que las casas de migrantes están en los estados más violentos y bajo amenaza y hostigamiento continuo.

En la pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos “Militarización de las fronteras, criminalización y desaparición forzada de migrantes en tránsito”, una tras otra, las personas que pasan por el micrófono dan testimonios de la realidad que han vivido al lado de migrantes, como familiares, defensores de sus derechos o investigadores. Como una de los dictaminadores requeridos para analizar las evidencias, por dos días escuché los testimonios y los resultados de investigaciones, ofrecidas para sustentar los casos contra el gobierno de México, que fue acusado por su responsabilidad, “por omisión y por comisión” en los crímenes contra migrantes en territorio nacional y cruzando la frontera a EEUU.

La pre-audiencia se realizó en el tercer aniversario de la masacre de San Fernando. Cuando la noticia de la masacre recorrió el mundo, escandalizó al público con las imágenes de los muertos apilados, pero no sabíamos en aquel entonces que iba a ser solo la punta del iceberg, una pequeña evidencia de una enorme y frialdad.

El siguiente año fueron encontrados en San Fernando por lo menos 182 cuerpos de migrantes en una fosa común y pronto la noticia de migrantes asesinados dejó de ser noticia y pasó a formar parte de la normalidad. Los números ya no afectaban mucho a un pueblo endurecido y las imágenes fueron casi prohibidas en los medios por un gobierno cuya estrategia fue tapar el sol con el dedo, con un arma en la otra mano.

Además de San Fernando, el Tribunal escuchó testimonios de madres centroamericanas de hijos migrantes desaparecidos que lloraron por su pérdida y por la falta de apoyo del gobierno en la interminable búsqueda; de investigadores que reportaron numeros récord de muertes de migrantes en el nuevo corredor de la muerte en la parte suroccidental de Texas, de las Casas de Migrante bajo sitio en todo el país, de defensores de derechos humanos abrumados por las dimensiones de la crisis humantiaria y ellos mismos enfrentando graves riesgos por acompañar a las personas migrantes.

Una política de estado

En su conjunto, los crímenes impunes contra migrantes forman parte de un esfuerzo sistemático de violencia y violaciones contra ellos, con discriminación ante la ley por ser migrantes y doble discriminación por ser pobres, indígenas y mujeres. Entre los hombres, el crimen incrementa el reclutamiento forzado y entre las mujeres son muchos los casos de violación sexual, trata y secuestro (como reportó un testigo que un miembro del crimen organizado amenzó a una mujer migrante, diciéndole “tú eres un buen platillo para mi jefe”.)

En muchos casos la complicidad y protección a los delincuentes desde el estado es evidente. Se ve claramente un patrón de violaciones por omisión y comisión por parte del estado.

Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, explica que la violencia en la ruta migrante es una política de estado para frenar la migración. Figueroa, quien ha recibido amenazas de muerte y tuvo que salirse del albergue “La 72” donde trabajaba como defensor, narra que desde el 2005 empezaron los problemas con el crimen organizado, cuando se vieron involucrados miembros de la Policía Federal y otras policías y el mismo Instituto Nacional de Migración (INM).

“Tuvimos que ir al rescate de personas en el monte, los que escapan, prácticamente a diario,” dice. Relata que agentes del estado participan en el cobro de cuotas, extorsion y represalias a migrantes que no pagan. Cobran por estación y por ruta, y últimamente el IMN está entrando en los albergues cazando migrantes indocumentados, lo cual está prohibido. Según su experiencia, la violencia se ha recrudecido desde 2010-2011, y el resultado de los operativos de “seguridad nacional” ha sido más violencia y subió la cuota para pasar. Esta experiencia es un reflejo fiel de la historia de las medidas de “seguridad” en la frontera de Estados Unidos con México.

No es el único que lo ve así, ni es nueva la estrategia. El uso del terror y la muerte como forma de disuasión a la migración indocumentada se ha vuelto política pública de la zona fronteriza de los Estados Unidos en los últimos años. Christine Kovic, de Houston Unido, reporta al Tribunal que en un sector de la frontera Texas-Tamaulipas el número de muertos ha subido a 271 en sólo los últimos dos años. La militarización de la frontera en los puntos de cruce tradicionales empuja migrantes al desierto despiadado, donde la deshidratación e insolación son los depredadores que acechan a las personas que buscan cruzar.

El General José Francisco Gallardo presentó una detallada exposición de las políticas de seguridad entre Estados Unidos y México y como este enfoque contribuye a la alza de la violencia contra migrantes en el país. El Padre Alejando Solalinde de la Casa de Migrante en Ixtpec, Oaxaca, reforzó esta conclusión de que la violencia contra las personas migrantes no es sólo un problema de la falta de aplicación de la ley.  “Vivimos en el abandono. Vivimos en la irresponsabilidad, arriba los gobiernos dicen– no hay irresponsabilidad, fácilmente dicen que es la delincuencia organizada, como si hubiera una raya entre el gobierno y esta delincuencia.”

“Quiero denunciar al gobierno mexicano de abandono de su pueblo para poner todo su empeño y todo su interés en los intereses de las trasnacionales. Se le ha olvidado de la soberanía de México para buscar una trans-soberanía que es la de los Estados Unidos.”

La dignidad de la defensa

Los defensores y las defensoras de las personas migrantes presentes en el Tribunal hablaron de las amenazas que enfrentan y las condiciones de violencia que enfrentan. Los albegues reciben cada vez más amenzas. “Las amenazas no son sólo de parte del crimen organizado sino también de parte de presuntas autoridades locales y federales, dice Fray Tomás y lee la lista de ataques a defensores de cinco organizaciones en menos de dos meses: a Tenosique, el comedor San José en Huehuetoca, el albergue de Ixepec y Lechería.

La mayor parte de defensores son mujeres-familiares de víctimas, miembros de comunidades donde pasan migrantes u organizadas por la iglesia. Norma Romero del grupo Las Patronas explica, “Si nosotros estamos luchando por que se haga justicia es porque escuchamos las voces de todas y cada una de las mujeres que están gritando ‘¿dónde están mi hijos, dónde están mis hijas? Nosotras como mujeres, como amas de casa, estamos unidas al dolor de cada una de estas mujeres, porque vemos a una madre, vemos a una hermana, vemos a un hijo.”

Las Patronas se formó en el estado de Veracruz para alimentar a las personas migrantes desde sus comunidades en la ruta de “La Bestia”—el tren al que suben para viajar hacia el norte. También dice que ellas se identifican con los y las migrantes centroamericanos que pasan por su comunidad, “con hambre en sus rostros”.

“Nosotras las mujeres de Las Patronas no tenemos migrantes, pero creo que con el tiempo vamos a tenerlos también, porque nuestros jóvenes están preparándose, pero no hay fuentes de empleo. ¿A dónde los vamos a mandar? ¿También se van a subir al tren?

Todos los defensores y defensoras que presentaron sus testimonios han recibido amenazas. Y se niegan a rendirse. Fray Tomás concluyó, “No nos vamos a ir. Vamos a seguir defendiendo la vida de las personas migrantes con nuestra propia vida.”

Norma Romero dijo que más allá de las amenazas, lo que más miedo le da “es la indiferencia de la gente.” Cerró diciendo al público, “Estamos en pie de lucha… La gente que sale de sus países son personas que buscan mejorar la calidad de su vida y desafortunadamente salen en busca de una calidad de vida donde son atacados, criminalizados. Y todos estamos viendo y muchos sabemos lo que está pasando y nos hemos quedado callados. Es el momento de pedir justicia al gobierno

Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas www.americas.org/es

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