En menos de una semana el presidente de El Salvador, Nayib Bukele y su Asamblea Legislativa lograron afianzar el poder político en El Salvador, destituyendo y nombrando de facto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general y aprobando una ley que otorga inmunidad a sus funcionarios vinculados a compras irregulares durante la pandemia.

“Se ha dado un golpe a la institucionalidad democrática y a la Constitución de la República. La democracia está lesionada, el daño está hecho. Vimos ese peligro a la democracia desde acciones inequívocas del uso de coacción política a través de la fuerza armada desde el 9 de febrero cuando se asaltó militarmente a la Asamblea Legislativa y no se actuó de manera contundente en ese momento”, dijo Celia Medrano, activista de derechos humanos y excandidata a la  secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los diputados de Bukele destituyeron sin causa jurídica a los magistrados de la corte y al fiscal general. En su lugar nombraron a cinco magistrados que no estaban en la lista de candidatos al proceso que estaba en curso. Además, dos de los magistrados de facto tienen denuncias judiciales y conexiones directas con el partido Nuevas Ideas.

Además, el fiscal nombrado por los diputados de Bukele, Rodolfo Delgado, también está vinculado al partido oficialista. Fue el abogado defensor del director de la Policía Nacional Civil (PNC) en el antejuicio por haber participado en la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero. Delgado a su vez fungió como jefe de la Unidad de Delitos del Crimen Organizado de la Fiscalía en 2013. Durante este tiempo, fue vinculado  por un exagente de la DEA al grupo del narcotráfico conocido en El Salvador como el Cártel de Texis.

“Tanto en lo que ellos llaman destitución y nombramiento se han incumplido los debidos procesos señalados por la Constitución. Se han incumplido un conjunto de artículos de la Constitución que culminan en la ilegalidad de los nombramientos. Tampoco ha habido en la elección de lo que ellos llaman nuevo fiscal y nuevos magistrados un respeto al debido proceso”, explica el constitucionalista y ex diplomático Napoleón Campos.

Los magistrados destituidos no tuvieron ninguna audiencia, ni fueron objeto de ninguna investigación. Los diputados oficialistas aseguraron que los vínculos con la izquierda y con la derecha del país fueron las principales razones para removerlos de sus cargos. Pero en el documento de la Asamblea Legislativa se contempla que los magistrados fueron destituidos por no apoyar las acciones de Bukele, durante la pandemia, acciones que habían sido calificadas por la misma Corte como violaciones a derechos humanos.

“Hay otra parte en la Constitución que tiene que ver con el derecho a la defensa, que es un derecho fundamental. Se ha hecho un fraude a la Constitución y a la ley en el procedimiento de destitución que establece la carta magna, se ha hecho fraude a la ley por no haber permitido el uso del derecho fundamental a la defensa. Tanto de forma como de contenido, esta acción no puede ser considerada más que como una violación flagrante a la Constitución”, señaló Campos.

Para Celia Medrano, las acciones del gobierno de Bukele, que ocurren desde el 9 de febrero de 2020 evidencian que ni el presidente, ni los nuevos diputados tienen interés en respetar la institucionalidad, las leyes o la Constitución salvadoreña y que el panorama para El Salvador solo se torna más oscuro; pues, el que una solo persona concentre el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial deja sin protección a todos los ciudadanos que denuncian o que sufren violaciones a sus derechos.

“Quedó evidente desde el primer día de la Asamblea Legislativa que no hay respeto y no habrá respeto a la Constitución y hay que una interpretación individual del sector en el poder que entiende o da su propio entendimiento a los preceptos constituciones para justificar la violación a la constitución misma. No obstante, no es un tema de desconocimiento, es un tema de aprovechar el poder en la Asamblea para asegurar el poder total del Órgano Judicial y del Ministerio Público”, dijo Medrano.

La destitución de los jueces y del fiscal fue rechazada por organizaciones sociales en Latinoamérica, por la CIDH, por la Corte Constitucional de Ecuador y por los embajadores acreditados en El Salvador. La Organización de Estados Americanos (OEA), además, dijo a través de un comunicado que el organismo “rechaza las acciones del Ejecutivo que guiaron estas decisiones”.

Varias organizaciones civiles de El Salvador solicitaron que Estados Unidos convoque al Consejo Permanente de la OEA para que se active a la carta democrática interamericana, para “restituir el orden democrático” en el país centroamericano. “Estamos convencidos de que esta crisis no hará nada más que agravar las causas que históricamente han provocado la migración hacia Estados Unidos e imposibilitará la creación de mejores condiciones de vida”, señalaron.

Presidente y diputados aseguran amnistía para la corrupción

Cuatro días después de lo que muchos califican como “golpe al Estado de derecho”, los diputados oficialistas aprobaron una ley propuesta por el presidente y promovida en la Asamblea por la bancada del partido oficial, que en esencia blinda y protege de cualquier juicio y auditoría a los funcionarios del gobierno que realizaron o que realizarán compras irregulares bajo la excusa de ser acciones enfocadas para el combate a la pandemia. La ley además marca un camino abierto a la impunidad.

La “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia de Covid-19”, propuesta por el mismo Bukele y aprobada por 63 diputados del partido oficialista Nuevas Ideas, en su segunda sesión, permite que el ministro de Salud, Francisco Alabí y todas las instituciones del sistema de salud realicen contrataciones y compras directas fuera de las normas establecidas en Ley de Compras y Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP).

“Lo más grave es que hay un retroceso impresionante en materia de lucha contra la impunidad y la corrupción y aquí estamos frente a otro conjunto de ilícitos constitucionales y legales primero porque se está decretando una autoamnistía. Ningún gobierno puede auto amnistiarse o limpiarse de delitos eso nos coloca en otra violación flagrante al Estado de derecho”, dijo el constitucionalista Napoleón Campos.

El ministro Alabí estaba siendo investigado y había sido señalado por violar las reglas de la LACAP, que prohíbe a funcionarios públicos hacer negocios con el Estado. El funcionario aprobó durante la pandemia compras desde el Ministerio de Salud de botas de hule e insumos médicos a una empresa familiar y una empresa de otro funcionario del gobierno, a un sobre coste de medio millón de dólares.

Informes de publicaciones periodísticas de Salud con Lupa determinaron también que la empresa que produjo cubre bocas, comprados por el Ministerio de Salud durante la pandemia, era propiedad de Koki Aguilar, que ocupaba entonces el cargo de presidente en el gubernamental Fondo Ambiental de El Salvador (FONAB). Aguilar, que además regalaba el cubre bocas para hacer campaña a su favor, dijo que los protectores se produjeron con el material reciclado que compró el gobierno de Bukele.

Además, la revista Gato Encerrado, reveló que el ministro Alabí firmó un contrato por 225,000 dólares con la empresa de su familia, para la compra de botas de hule. Eso no es todo. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura firmaron contratos millonarios con empresas extranjeras que se dedican a la venta de otros productos no médicos por más de 3.5 millones de dólares. Entre las compras irregulares señaladas, destaca una realizada en Sinaloa, México, en la que el ministro de Agricultura adquirió maíz pagando 2.5 millones más de lo que cobraría una empresa en El Salvador.

La ley se aprobó, además, seis meses después que el fiscal Raúl Melara –quien fue destituido el 1 de mayo del 2021—, iniciara una investigación contra el ministro de Salud por indicios de corrupción en las compras irregulares. Y en medio de otras investigaciones sobre siete avisos de supuestos casos de corrupción en el gobierno de Bukele que realizaba la Comisión Interamericana Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

“Estamos yendo en corriente contraria a las cláusulas democráticas universales y en un momento específico especial en el que un aliado como Estados Unidos anuncia un reforzamiento financiero para la CICIES esto descoloca la posición del país y sus compromisos internacionales. Aquí se marca una línea de impunidad gravísima que se convierte en otro fraude, no podemos cubrir con manto de impunidad a procesos de investigación abiertos de la Fiscalía, por la Corte de Cuentas de compras irregulares llevadas a cabo por el ejecutivo durante la pandemia”, señaló Campos.

Estados Unidos amenaza

La reacción en Washington a la destitución de los magistrados y del fiscal no cayó en gracia en la Casa Blanca. La vicepresidenta Kamala Harris, que además es la encargada del equipo de trabajo dedicado a combatir la migración, las causas de la migración y los problemas del Triángulo Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala, reaccionó y también advirtió sobre la reacción de la Administración Biden al socavamiento de la democracia y de la institucionalidad ocasionado por Bukele y sus diputados.

“Este fin de semana vimos como la Asamblea salvadoreña trabajó para socavar a la Corte Suprema de Justicia. Un sistema judicial independiente es crítico para la democracia y para lograr el fortalecimiento de la economía. Tenemos que defender los derechos humanos básicos de toda la gente y cuando esos derechos son violentados debemos responder… Estamos enfocándonos en atacar las causas y las raíces de la migración y entre las raíces hemos identificado a la corrupción, impunidad, la falta de buena gobernanza”, dijo Harris en el foro sobre Democracia en las Américas, desarrollado en Washington DC.

Posteriormente, Bukele dijo en una reunión privada a los embajadores acreditados en El Salvador, que la destitución de los funcionarios se hizo apegada a ley; después, esa reunión se hizo pública en los canales oficiales del gobierno haciendo parecer que la comunidad internacional apoya al presidente salvadoreño.

“Debe entenderse lo sucedido dentro de un análisis geopolítico mayor al tema de las relaciones del gobierno de El Salvador con Estado Unido y con otros gobiernos. Basta atender, observar la última cadena en la que se aseguró a los representantes diplomáticos que era una reunión privada y terminó siendo publicada. La comunidad internacional difícilmente dará acciones contundentes, bastaría vernos en los espejos de Venezuela de Nicaragua, de Guatemala y de Honduras”, dijo Celia Medrano.

A los mensajes de preocupación se sumaron una vez y las advertencias de la relación China-El Salvador. Actualmente, Bukele se encuentra coqueteando al país asiático para incitarles a comprar más de $1,500 millones de deuda salvadoreña. Esto no implica una cooperación libre, si no que implica pagar la factura de cobro a un tercero. En ese sentido, varios senadores y congresistas que ya habían enviado múltiples cartas al presidente Bukele expresando preocupación ante las denuncias de abusos a derechos humanos, de ataques a la prensa y periodistas, ante el peligro de concentrar el poder en el Ejecutivo y por el acercamiento con el gobierno chino, y como esta relación puede impactar en el manejo de temas de derechos humanos, institucionalidad y Estado de derecho.

“Es evidente que las autoridades salvadoreñas no esperan un monitoreo constante de transparencia y respeto a los derechos humanos como lo ha anunciado Estados Unidos. Cada vez es más claro a nivel internacional que estamos en un régimen autoritario y que no hay límites con respecto a quienes nos gobiernan o de cara a respetar las leyes internas mucho menos las normativas internacionales y de formas de entendimiento básicas. Estamos frente a un gobierno que no le interesa ni tener una buena relación ni con sus vecinos ni con otros gobiernos que no sea aquella en la que se alaben y se acepten sus acciones”, señaló Medrano.

Esta semana, la exembajadora y ex asesora del presidente Barack Obama, Mari Carmen Aponte, advirtió además que en Washington se habla de cortar la ayuda financiera, de limitar el ingreso de salvadoreños al país, de publicar más nombres de funcionarios vinculados a casos de corrupción y de recomendar no aprobar más préstamos para el gobierno salvadoreño, mientras Bukele y sus diputados no muestran interés en respetar la democracia y la independencia de las instituciones del Estado salvadoreño.

“Esto nos coloca como un paria en el ámbito internacional porque nos coloca con una respuesta antidemocrática, anti-institucional en un momento en el que se debería de estar reforzando todos los mecanismos de rendición de cuentas. Esto no solamente tiene una dimensión política y financiera porque estamos enviando mensajes de impunidad que puede afectar al país de forma financiera, en colocación de bonos o puede ser absolutamente cuestionable este gobierno a la hora de solicitar préstamos”, señaló Napoleón Campos.

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